http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i9.762

 

Situación laboral de los obreros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Biblián

 

Labor situation of the workers of the Biblián Municipal Decentralized Autonomous Government

 

 

Edgar Patricio Ortiz-Ochoa

edgar.ortiz@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-7889-5671

 

Juan Carlos Erazo-Álvarez

jcerazo@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-6480-2270

 

Cecilia Ivonne Narváez-Zurita

inarvaez@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-7437-9880

 

Diego Fernando Trelles-Vicuña

dtrelles@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-8466-7165

 

 

Recibido: 12 de abril de 2020

Revisado: 24 de abril de 2020

Aprobado: 01 de junio de 2020

Publicado: 17 de junio de 2020

 

 

 

RESUMEN

Las entidades deben cumplir ciertas obligaciones con los trabajadores velando por el cumplimiento de los derechos fundamentales, sin embargo, debido la presencia de opiniones diferentes estos derechos se han visto vulnerados, tal es el caso de la enmienda constitucional del año 2015, el objetivo de la investigación es analizar las inobservancias al dictamen N°. 018-18-SIN-CC dado por la Corte Constitucional (CC) en los contratos realizados por el GAD del Cantón Biblián, desde el primero de agosto de 2018 hasta el mes de junio de 2019, el enfoque fue mixto y el método dogmático para estudiar las normas legales relacionadas al tema, obteniendo como resultado del levantamiento de información mediante las encuestas que la entidad no analizó a profundidad la incidencia regresiva en el campo laboral que tuvieron las enmiendas y cómo perturbarían en la contratación del personal afectando a la equidad y estabilidad laboral.

 

Descriptores: Derecho Constitucional; Derecho al trabajo; sindicato; conflicto laboral. (Palabras tomadas del Tesauro UNESCO).

 

 

 

ABSTRACT

Entities must comply with certain obligations to workers, ensuring compliance with fundamental rights, however, due to the presence of different opinions, these rights have been violated, such is the case of the constitutional amendment of 2015, the objective of the investigation is to analyze the non-observances to the sentence N °. 018-18-SIN-CC issued by the Constitutional Court in the contracts made by the GAD of the Biblián Canton, from August 1, 2018 to june 2019, the approach was mixed and the dogmatic method to study the rules legal related to the topic, obtaining as a result of the information gathering through the surveys the entity not analyzed in depth the regressive incidence in the labor field that the amendments had and how to be disturbed in the hiring of the personnel affected to the equity and job stability.

 

Descriptors: Constitutional law; Right to employment; Trade unions; Labour disputes. (Words taken from the UNESCO Thesaurus).   

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones que pretenden cumplir eficientemente las obligaciones que mantienen con los colaboradores, accionistas y miembros de la sociedad deben establecer un vínculo solido que cumpla con las necesidades cambiantes de ambas partes. Cuando las empresas generan un ambiente ameno para los trabajadores, resulta sencillo alinear los objetivos e intereses organizacionales con los particulares, estableciendo las bases hacia un crecimiento estratégico (Sánchez & García, 2017).

Las regulaciones laborales conforman uno de los aspectos que construyen el trabajo como un vínculo social, debido a que el conjunto de las normas incluidas a describir la correlación de poder que conecta el capital y trabajo asalariado. Las regulaciones laborales surgen de la interacción entre las condiciones de trabajo y colaboradores, transformándose constantemente, generando nuevas formas de brindar servicios personales o expandiendo algunas existentes (Richter, 2013).

Según (Pérez, 2015) el inestable paradigma económico que se vive a nivel mundial, recibe afectación de las decisiones políticas que buscan un escenario favorable a la sociedad, optimizando los resultados económicos y manteniendo siempre una austeridad en los dineros gubernamentales. En este esquema doble se elaboran reformas laborales como la europea, orientadas al equilibrio entre la evolución del empleo y el paro, la contratación y la precariedad, la rotación laboral y el despido, la negociación colectiva y la evolución de los estipendios, la capacidad de las organizaciones y la generación de empleo. A decir de (Sánchez & García, 2017) se debe velar por la seguridad en el trabajo, mediante el cumplimiento de los derechos del trabajador y proporcionando condiciones laborales dignas, vinculadas a nivel de ingresos, jornadas de trabajo, capacitación, coyunturas de adelanto profesional, seguridad e higiene en el trabajo.

Dentro del marco regulatorio de Argentina se presentan cambios importantes en materia laboral, incorporando alianzas entre organizaciones sindicales y partidos políticos bajo un modelo corporativista, estas alianzas provocaron restricciones a la libertad de organizarse, de todos modos, la disputa colectiva y la negociación motivaron la recuperación de los derechos laborales. Con el tiempo la guía de las relaciones laborales se fortalece con la mediación del Estado y un carácter corporativo fuerte, se estableció que el monopolio de la presentación de los trabajadores recae sobre el sindicado por rama o actividad, mediante personería gremial (Muñoz & Villar, 2017).

(Arese, Ghunter, & Toledo, 2017), manifiestan que la reforma laboral realizada el 13 de julio de 2017 en Brasil modifica de forma sustancial la consolidación de las Leyes de Trabajo, introduciendo el derecho individual y colectivo de trabajo, donde son los sindicatos los encargados de estipular las condiciones de labores, aplicables al ámbito de sus respectivas representaciones.

La historia de los derechos e igualdades constitucionales en los diferentes marcos laborales del Ecuador, evidencian una lucha de clases entre diferentes sectores que buscan el desarrollo social y económico del país. Hasta el 2015 en la Constitución de la República del Ecuador (2008) se disponía en el art. 229 que estarán sujetos al Código del Trabajo (CT) quienes laboren en entidades públicas, sin embargo, concepción que cambia con la realidad de los trabajadores públicos, pues a partir de esta fecha se rigieron por la LOSEP.

En el Ecuador, la lucha por la igualdad laborar no es ajena al resto de países de América Latina, no obstante, en diciembre de 2015 la Asamblea Nacional Constituyente aprobó varias enmiendas constitucionales para optimizar los parámetros sociales, que a su criterio se tenía en el país. Dicha enmienda se publicó en el R.O. en el art. 10 señalando que en el art. 229 de la Carta Suprema se elimine el tercer inciso “las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo” (Asamblea Nacional, 2015, p. 3). Disposición que orientó a que todo obrero pase a formar parte de los servidores públicos y amparados bajo la Ley Orgánica del Servicio Público.

Estas disposiciones, dejaron claro que la LOSEP era el único cuerpo normativo que garantizaba los derechos y obligaciones de los trabajadores públicos; tan solo el Código de Trabajo (CT) se aplicaría al sector privado, evidenciando una desigualdad frente a la Ley entre las dos normas legales, objetando los principios de sociedad equitativa, justa y solidaria (Pesantez-Cárdenas, Erazo-Álvarez, Pozo-Cabrera, & Narváez-Zurita, 2020).

Bajo estos parámetros el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD) del Cantón Biblián, contrató personal entre agosto de 2018 a junio de 2019 bajo las enmiendas antes señaladas, es decir todo trabajador que ingreso a laborar en ese período son servidores públicos, con ello, se propició la pérdida de la figura de las organizaciones sindicales, derecho a la asociación, contrato colectivo y huelga, vulnerando asimismo los derechos laborales establecidos en el CT. En este sentido se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál es el grado de afectación y vulneración de los derechos laborales vulnerados por quienes fueron contratados entre agosto de 2018 a junio de 2019 en el GAD de Biblián con base a las enmiendas constitucionales del 2015?

Al respecto, en el presente estudio se planea analizar las inobservancias al fallo N°. 018-18-SIN-CC emitida por el organismo constitucional en los contratos realizados por el GAD del Cantón Biblián, desde el primero de agosto de 2018 hasta el mes de abril de 2019. Para lo cual, se realiza una revisión jurídica doctrinaria de las enmiendas constitucionales, estableciendo los efectos jurídicos que generó y los derechos vulnerados con la aplicación de la misma en los trabajadores de esta institución.

 

Referencial teórico

El derecho al trabajo contemplado en la Constitución Ecuatoriana.

Derecho claramente establecido y delineado en la Constitución del Ecuador, de tal manera que no se justifique su vulneración, ya que la simple omisión de este implica sanciones administrativas y judiciales en contra de las personas que las ocasionaron (Vivanco, Sarango, & Cedeño, 2017). Por medio del CT, se proporciona mayores beneficios, seguridad y estabilidad laboral para los trabajadores, por ello es importante contratar al personal del sector público bajo esta modalidad, tal como se realizaba antes del 2015 cuando se presentó la reforma de la LOSEP, porque no permite la afiliación a los sindicatos, gremios o asociaciones dejando infundado la lucha laboral para futuras generaciones de trabajadores.

En la Constitución (2008) se establece al Ecuador como un Estado legislativo de derecho e imparcialidad social, orientando el escenario político de la nación, donde los derechos y precauciones legislativas se convierten en los elementos fundamentales de la vida política. De esta manera la Carta Suprema establece en el art. 33:

El trabajo es un derecho, un deber social y un derecho económico, fuente de personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Asamblea Nacional, 2008, p. 17)

 

La carta constitucional busca mantener dentro del ámbito central el respeto de los ciudadanos, promoviendo una vida digna de los habitantes del país, a través de condiciones laborales justas y equitativas para que las personas alcancen un desarrollo económico y social. De manera similar, la Constitución intenta instituir un clima profesional conveniente que atienda y satisfaga la salud de los individuos.

La enmienda constitucional del 2015 afectó los derechos de los obreros, se entiende que bajo la modalidad de empleados públicos tienen acceso a mayor número de vacaciones y en algunos casos mejores remuneraciones, no obstante, cuando se analizan los derechos colectivos como: la sindicalización, la huelga y la negociación colectiva frente a la posibilidad de acudir al inspector de trabajo, se interpreta como una norma regresiva que afecta a los derechos humanos (Álvarez-Sanango, Narváez-Zurita, Pinos-Jaén, & Erazo-Álvarez, 2020).

Dentro de esta perspectiva, los Principios de los derechos sindicales contemplados en la Constitución representan guías internacionales que orientan la legislación laboral y configuran las relaciones de trabajo en conformidad con los valores universales de la humanidad como la dignidad, la igualdad y el respeto. En efecto, responden a la esencia del sistema normativo, guiando su interpretación y tratando de solventar los vacíos legales, convirtiéndose en una fuente de Derecho (Gómez, 2014).

La Constitución del Ecuador (2008) contempla en el art. 325 que el Gobierno central responde sobre el derecho a trabajar de las personas, reconociendo todas las formar de hacerlo, indistintamente sean bajo relación de dependencia o independientes, incluidas las actividades de auto sustento, siendo reconocidos todos quienes laboren en áreas productivas (Arichavala Zúñiga, Narváez Zurita, Guerra Coronel, & Erazo Álvarez, 2020).

Por otro lado, está el principio de intangibilidad laboral que tiene una connotación histórica cuya finalidad es proteger los derechos de los trabajadores adquiridos por la lucha que exigía el respeto para la realización del trabajo. Este principio busca recalcar la aplicación de derechos vinculados a una remuneración justa y el reconocimiento de la aplicación de normas laborales. En la Constitución (2008) la intangibilidad está contemplada en el numeral 2 del art. 326 donde se establece que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y toda estipulación en contrario es nula.

El contrato de trabajo sistematiza la relación entre el trabajo-salario, con fundamentación en la desigualdad de quienes acuerdan la relación contractual, siendo la base del principio de pro operarium vinculado con el desequilibrio contractual y la aplicación de mecanismos compensatorios para el recurso humano (Lastra, 2016).

La huelga es parte esencial de los derechos sindicales de los trabajadores y a su vez se encuentra establecida dentro de la Carta Magna (2008) donde se reconoce el  trabajo de las personas y de los colectivos sindicales a la huelga, con ello, quienes encabezan los gremios sindicales gozaran de las garantías necesarias para el efecto, considerando que los empleadores tendrán el derecho al paro de acuerdo a la ley. Sin embargo, en el mismo cuerpo legal se establece la restricción de paralizar los servicios públicos, por su lado, tanto Tratados y Pactos Internacionales reconocen el derecho colectivo de los trabajadores sin discriminación ni distinción, tanto empleados del sector público y privado de manera general y solo como excepción permitan establecer limitaciones de acuerdo a situaciones especiales (Tamariz, Sacta, Zabala, & Sánchez, 2018).

 

Análisis de la sentencia 18-18-SIN-CC.

Datos del caso

El 7 de enero del 2016 se presentó frente a la Corte Constitucional los representantes del CEDOC-CLAT, CTSP y CSE, formulando una demanda de inconstitucionalidad en contra de las enmiendas emitidas en diciembre de 2015, que fue asociado a los casos N°. 102-15-SIN-CC, 002-16-IN, 004-16-IN; y 0008-16-IN por ser similares en objeto y acción, admitidas en mayo 3 de 2016.

Los representantes de las organizaciones demandaron la inconstitucionalidad de la medida de acuerdo al art. 326, núm. 16 de la Carta Suprema donde textualmente dice “en virtud de que el estado y la administración pública tiene la obligación de velar por el interés general, sólo habrá contratación colectiva para el sector privado” (Asamblea Nacional, 2008), incorporada a través del artículo 9 de las enmiendas constitucionales de 2015.

Sumario

Los accionantes tomaron como referencia al acuerdo N°. 98 de la OIT, con base a los arts. 1, 2, 3 del convenio N°. 11; fragmentos puntuales del instrumento internacional “un pacto mundial para el empleo” (OIT, 1949); el pacto de Viena (Naciones Unidas, 1980) sobre derechos y tratados; el preámbulo, señalado en el art. 3, núm. 1, art. 6, 10, 11, núm. 2, 3, 4, 6, 8, 9; arts. 33, 34, 66, núm. 2, 4, 13, 15, 17, arts. 84, 325, 326 núm. 2, arts. 416 núm. 7 y 9, art. 417, 419, núm. 1 y 2 arts. 420, 424, 426, 427 y 441 de la Carta Constitucional, alegando la discriminación y violación de derechos al trabajador con tal proyecto.

Problema Jurídico

Entre los criterios de soporte están la restricción del derecho a la contratación colectiva y la contravención de los lineamientos establecidos en los tratados y especialmente del principio pacta sunt servanda. Adicionalmente sostienen que el órgano rector con la aprobación de esta disposición está confundiendo habilitaciones provistas en el dictamen de procedimientos «constitucional e internacional».

Los demandantes refieren la obligación de efectuar consultas a organizaciones sindicales antes de presentar la imputación del tratado, sustentando la alegación conforme lo establecido en el art. 2; 5 núm. 1 párrafo e) del Convenio 144 de la OIT (OIT, 1949).

Indican que toda ley que violenta los pactos generales de derechos humanos, no se fundamentaría desde lo jurídico, siendo inoficiosa. Todo esto enmarcado en los principios de aplicación directa de las normas determinadas en estos instrumentos legales.

 

Pretensión de los demandantes

-       Se declare la inconstitucionalidad de la frase: “en virtud que el Estado y la administración pública tiene la obligación de velar por el interés general, solo habrá contratación colectiva para el sector privado” (Ministerio de Trabajo, 2016), por ser la que irrespeta lo establecido en los mandatos constitucionales  y garantizado a través del convenio N°. 98 de la OIT (OIT, 1949), ratificados por el Estado ecuatoriano.

Argumentos de la decisión

La corte constitucional (CC) manifiesta evidenciar que el legislador omitió establecer el proceso de votación de la enmienda resuelta por la Asamblea Nacional y señaladas en el art. 441 núm. 2 de la Constitución, generándose una aplicación análoga de la ley, con un pronóstico del trámite ordinario reformatorio a la Ley, contexto que infringe la  supremacía y rigidez legislativa.

La CC como el máximo órgano de intérprete constitucional, no deja de pronunciarse sobre la necesidad de regulaciones que determinen el proceso de referéndum de las rectificaciones emitidas por la función legislativa, de acuerdo al art. 436 núm. 1 descrito en la constitución, la corte constitucional consideró que el órgano legislativo en ejercicio de lo dispuesto en el art. 120 numeral 6 (ibídem), es quien genera, o modifica los lineamientos legales para votar en el asentimiento de enmiendas codificadas, que sean iniciativa de la Asamblea Nacional, cuya medida se realiza contemplando los principios de supremacía y rigidez constitucional (Corte Constitucional, 2015).

A todo esto, la Asamblea Nacional tendrá que expedir una normativa legal correspondiente en observancia a lo manifestado por la Corte Constitucional, en el plazo que no supere el año, el Órgano Legislativo debe actuar con base al art. 84 de la Carta Suprema haciendo cumplir las garantías normativas, protección de derechos y supremacía constitucional (Corte Constitucional, 2015).

La CC en la sentencia expresa que, en dicho periodo, el proceso de enmiendas constitucionales, no queda sujeto a vicios que entorpezcan su finalidad en el modelo constitucional, es indispensable la regla jurídica actual hasta una regulación de los procedimientos por el organismo encargado (Corte Constitucional, 2015).

La Asamblea Nacional con base a lo establecido en el art. 441 núm. 2 de la Constitución, señala que el voto de las reformas se dará de forma democrática, de acuerdo a cada artículo presentado, cuya votación no podrá hacerse en bloque.

Sentencia

Con base al art. 436 núms. 1 y 2 de la Carta Magna, en correspondencia con arts. 76 y núms. 4,5,6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se manifiesta la inconstitucionalidad de las reformas legislativas aprobadas en diciembre de 2015, menos las otras señaladas en los arts. 2 y 4 que cambiaron otros como el 114 y 144 de la Carta Suprema, porque fueron derogados mediante referéndum y consulta popular del 4 de febrero del 2018 en el suplemento del RO. No. 180 del 14 de febrero de 2018.

A partir de esta sentencia el GADCB tenía la obligación de acatar y no debía celebrar contratos de trabajo bajo el régimen de la LOSEP, sino más bien acogerse al código de trabajo, sin embargo, de ello se realizaron dichas contrataciones inobservando la sentencia que es de carácter vinculante.

Valoración crítica

El derecho social de los trabajadores está contenido en el CT, los cuales fueron arbitrariamente alterados en la Constitución de 2008, pues en la anterior Carta Suprema se diferenciaba claramente el derecho público del privado, esto no quiere decir que, desapareció el visón doctrinario con enfoque de progresividad. El cambio de los trabajadores amparados por CT a la LOSEP implicó una restricción de derechos, vinculados particularmente en el ámbito colectivo como son: la sindicalización, contratación colectiva, derecho a la huelga; y en lo jurisdiccional a la conciliación tripartita y arbitraje.

El CT contempla principios sobre el trabajo y que están contemplados en varios artículos de la Constitución; sin embargo, en la LOSEP estos principios, no se aplican, porque en la mayoría de casos interviene la tutela beneficiando al Gobierno Central. De hecho, hay acciones disimiles, ya que en el ámbito público existen obligaciones implícitas de servicio, que no se ajustan a las que tiene el sector privado, pues su accionar se basa en lo económico. En este sentido en la primera se relacionan los recursos públicos y en la segunda la de los emprendedores, socios o accionistas, dependiendo del tipo de organización. Acción de Inconstitucionalidad: La Constitución de la República del Ecuador, establece en el art. 436, núm. 2 como una de las atribuciones de la Corte Constitucional:

Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado (Asamblea Nacional, 2008, p. 130).

 

De acuerdo con (Gamarra, 2014), la acción de anticonstitucionalidad debe considerarse como último recurso, al cual se recurre únicamente luego de establecerse que el suceso contrario a la norma constitucional sea evidente e indubitable y la incompatibilidad, inconciliable. La declaratoria de anticonstitucionalidad representa una de las funciones delicadas atribuidas a un tribunal de justicia.

La Constitución como norma jurídica, manifiesta la subordinación de potestades normativas, para la aplicación del principio de supremacía constitucional se requiere la existencia de modelos de fiscalización que velen por el respeto, castigando o impidiendo el establecimiento de normas inconstitucionales. El problema se basa que la inconstitucionalidad no tiene lugar en una acción normativa, sino por la abstención de la potestad que desarrolla y complementa las pautas constitucionales.

Bajo esta línea, si un precepto constitucional encomienda al legislador la elaboración de mandatos que desarrollen el contenido de la Carta Magna, en caso de no actuar, se da lugar a la inconstitucionalidad por omisión, cuando se considere que el asambleísta esta en el deber de legislar.

 

 

 

Control Constitucional en el Ecuador

El control constitucional toma como base dos premisas fundamentales, la supremacía de la constitución (art. 424 de la Constitución) y la necesidad de encomendar este control a los jueces de la Corte Constitucional como ente rector máximo de control, interpretación constitucional. Dejando sin efecto de control a organismos con fines políticos que persiguen un interés partidista, en el momento en que se encuentran en el poder. Otorgando esta competencia, a un organismo estatal con autonomía y facultad de discernimiento, pero sin fuerza ni voluntad

Las Constituciones ecuatorianas remarcan la importancia de la observancia de los principios constitucionales, estableciendo diferentes formas de control, que inician desde un juramento de fidelidad de las primeras, hasta un sofisticado y completo sistema de control constitucional, que establece diversos mecanismos y modos de control, a través de la función ejecutiva, legislativa y judicial, con un organismo especializado, como es la Corte Constitucional que establece la actual Constitución y que aspira alcanzar el ideal de convertir al Ecuador en un Estado legislativo garantista y de justicia (Mogrovejo-Gavilanes, Erazo-Álvarez, Pozo-Cabrera, & Narváez-Zurita, 2020).

La Constitución (2008) mantiene ciertos sistemas de Control Constitucional expuestos en documentos anteriores, reformando y creando otros, por ello, es necesario el análisis crítico de los mismos, basándose en la doctrina jurídica y los resultados de eficacia que las instituciones han mantenido con otros sistemas jurídicos aplicados anteriormente. La Corte Constitucional gozara de autonomía administrativa y financiera, sus miembros no están sujetos a juicio político ni podrán ser cesados de sus actividades, sin embargo, están sometidos a los controles de las autoridades públicas respondiendo por los actos u omisiones cometidas en el ejercicio de sus funciones (Asamblea Nacional, 2008).

El control constitucional en un Estado de Derecho tiene jurisdicción sobre los actos del poder legislativo, y extiende su control hacia ámbito ejecutivo y judicial, asegurando que las acciones del Gobierno durante el ejercicio de sus facultades, son objeto de supervisión constitucional es decir de control. De forma similar, las sentencias emitidas desde poder judicial deben mantener observancia con los postulados constitucionales, caso contrario, no se consideran como elementos integrantes ordenamiento jurídico por resultar contrarios a la norma suprema.

En la perspectiva que aquí se adapta a continuación se analiza los procesos de contratación de Obreros en el GAD de Biblián. Según lo observado el departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Biblián, desconociendo la sentencia emitida por la Corte Constitucional objeto de análisis, con fecha 28 de noviembre de 2018 contrató a José NN y Wilson NN para que laboren en el Departamento de Obras Publicas como ayudantes de cuadrilla bajo la modalidad de la LOSEP. En enero de 2019 se realiza la contratación del señor Carlos NN bajo el mismo régimen para que desempeñe el cargo de chofer en el Departamento de Obras Públicas.

El tres de julio de 2019 se hace una nueva contratación bajo el mismo régimen, al señor Walter NN para que preste los servicios como chofer en el Departamento de Obras Publicas sin percatarse de la sentencia antes manifestada. Como se observar los contratos se realizaron posterior a la emisión de la sentencia No. 018-18-SIN-CC, evidenciando el desconocimiento, o falta de acatamiento sobre la inconstitucionalidad declarada por la Corte Constitucional de las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional en el año 2015 (GAD Biblian, 2018).

En la tabla 1 se realiza un análisis de los derechos vulnerados a los obreros del sector público, cuando fueron contratados bajo la modalidad de la LOSEP y no bajo los lineamientos del Código de Trabajo, como se tenía que proceder por la Administración Pública para posteriormente expedirse la sentencia No. 018-18-SIN-CC.

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.

Análisis de los derechos vulnerados

 

Constitución de la República del Ecuador

Art. 326.2

Todo trabajador tiene derechos que no pueden vulnerarse, razón por la cual acciones que deriven en su alteración serán nulas.

Art. 326.3

Cuando se genere dudas con respecto a las disposiciones normativas emitidas con relación a las condiciones contractuales de los trabajadores, se aplicará la que mejor que convenga a este, respetando siempre sus derechos.

Art. 326.4

 

Art. 326.5

La igualdad es lo que prevalece con este artículo, pues al existir un trabajo semejante la remuneración debe ser proporcional.

Para realizar las actividades laborales, se debe contar con ambientes óptimos para velar la salud integral de los trabajadores.

Art. 326.7

Los trabajadores son libres de organizarse a través de organizaciones sindicales, quienes podrán entrar y salir cuando ellos lo deseen.

Art. 326.8

El Gobierno Central dará el apoyo para las organizaciones colectivas de los trabajadores, siendo el eje central su funcionamiento transparente, en donde prime la democracia.

Convenio 87 de la OIT

Art. 11

Todo miembro de la OIT está obligado a implementar medidas para garantizar tanto a trabajadores como empleadores el derecho a formar sindicatos.

Convenio 98 de la OIT

Art. 1

Los trabajadores deben gozar de protección oportuna contra actos discriminatorios, con relación al empleo, que pretendan menoscabar su libertad sindical.

 

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración.

Convenio 111 de la OIT

 

Quienes son parte de este organismo deben generar políticas públicas que orienten las prácticas nacionales a la igualdad de las personas, trato justo, eliminando la discriminación en el ámbito laboral.

Decreto Ejecutivo 1701

Art. 1.1

Enfocado a velar los contratos colectivos públicos y privados en los cuales el Estado tiene participación accionaria directa o indirectamente.

Mandato Constituyente 04 de las indemnizaciones

Art. 1

El Gobierno a través de los distintos niveles garantiza que los trabajadores no podrán ser destituidos de sus cargos, para ello se apoya la organización sindical para fomentar la disminución de las desigualdades de todo tipo.

Las indemnizaciones por despido intempestivo, de personal que trabaja en las instituciones señaladas en el públicas, acordados en contrato colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito o cualquier otra forma de acuerdo o bajo cualquier denominación qué estipule le pago de indemnizaciones, bonificaciones, o contribuciones por terminación de relaciones individuales de trabajo bajo la figura de despido intempestivo, no podrán ser superior a 300 salarios básica.

 

Fuente: (Asamblea Nacional, 2008) (OIT, 2019) (Ministerio de Relaciones Laborales, 2008) (Asamblea Nacional, 2008)

 

MÉTODO

El presente estudio tiene un enfoque mixto, cuantitativo - cualitativo, sentado en la base del análisis jurídico de la Sentencia N°. 018-18-SIN-CC, en la cual se declara la inconstitucionalidad por la forma de las enmiendas de la Constitución, exceptuando algunos artículos específicos. Es cuantitativa, porque para el acceso a la información primaria aplicó una encuesta semiestructurada a los trabajadores del GAD de Biblián, considerando un análisis secuencial y probatorio de las variables de estudio como son: a) efectos de la enmienda constitucional de 2015 a los trabajadores del Municipio de Biblián; y b) derechos y principios constitucionales vulnerados. Así lo considera (Hernández, 2014) señalando que la recolección de datos en los enfoques cuantitativos se fundamenta en la medición de variables, cuyo procedimiento debe ser estandarizado.

El estudio es cuantitativo, se orienta al análisis del material doctrinario relacionado a los derechos de los trabajadores, a través de las causas y motivos que argumenten la vulneración de sus derechos tras la aprobación de las enmiendas constitucionales de 2015. Puesto que, con la reflexión crítica de las fuentes consultadas y de la información obtenida a  través de una entrevista a expertos en derecho sobre el tema, se interpreta los fenómenos de estudio con las percepciones de las experiencias de los participantes (Hernández, 2014) .El método bibliográfico aportó la recopilación de información para el desarrollo del estudio, obtenida de varias fuentes de consulta válida a través de obras científicas, teóricas y empíricas con base a las investigaciones realizadas en analizar los aspectos jurídicos de vulneración de los derechos de los trabajadores públicos (Hernández, 2014) .

Se aplicó el método dogmático para estudiar las normas legales relacionadas con el tema, así como las opiniones e investigaciones relacionadas con la problemática observada. De igual manera se recurrió a la dialéctica para analizar científicamente los problemas que se han generado en los trabajadores el GAD de Biblián para el reconocimiento a la igualdad, estabilidad laboral, libertad para sindicalizarse, congelamiento de salarios y contratación colectiva.

El derecho es y será una norma, para la regulación de comportamientos y resolución de conflictos, por lo tanto, la primera aproximación hacia el objeto de estudio de la norma jurídica más bien desde el ordenamiento jurídico (Tantaleán, 2016).

El método racional se utilizó para entender los aspectos generales y orientarlos a lo particular considerando el objeto de estudio; asimismo se aplicó el método analítico para comprender la importancia del reconocimiento de los derechos vulnerados al trabajador, analizando el surgimiento de la problemática y de las inobservancias del departamento de Talento Humano de la entidad encargada de atender este tipo de situaciones laborales.

La población objeto de estudio de la presente investigación está conformada por los trabajadores públicos del GAD de Biblián; para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual permite seleccionar los casos que acepten ser incluidos o por la accesibilidad y proximidad de los sujetos al investigador  (Otzen & Manterola, 2017).

 

Por lo tanto, para obtener información se realizaron encuestas a 10 personas que formaron parte de la investigación entre obreros y personal de recursos humanos contratados entre agosto de 2018 a junio de 2019 en el GAD de Biblián, adicional se realizó entrevistas a profesionales en Derecho sobre aspectos relacionados a la enmienda constitucional del 2015, los resultados permitirán obtener información importante que den una visión amplia del objeto de estudio.

La recopilación de los datos fue generada mediante la herramienta realizada por Google Formularios (https://docs.google.com/forms) proporcionada a los participantes de la investigación, trabajadores del GAD de Biblián y profesionales con interrogantes respecto a la situación laboral y la enmienda constitucional del 2015 con respecto a los trabajadores públicos, posteriormente para tabular la información se utilizó el sistema Excel 2019 para presentar tablas con frecuencia y porcentaje para el análisis de los resultados (Urgilés-Urgilés, Erazo-Álvarez, & Narváez-Zurita, 2019).

 

RESULTADOS

El instrumento utilizado en el estudio fue una encuesta estructurada aplicada a 12 personas para valorar su conocimiento sobre las enmiendas constitucionales de 2015 y los efectos que tuvo sobre las condiciones laborales de los trabajadores públicos. En este contexto, se preguntó a los encuestados si conocen las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2015; observando que el 100% respondieron afirmativamente.

Sin embargo, es prudente reflexionar que no todas las personas y en particular quienes son parte de las áreas de Talento Humano en las entidades públicas entendieron el alcance de las enmiendas, en particular sobre las modalidades de contratación con base a la LOSEP; puesto que directrices establecidas con acuerdos como del MDT-2016 para el ingreso de personal señalaban determinar las necesidades del puesto, identificar el rol que asumirá y establecer el grado y grupo ocupacional. Todos estos aspectos, tenían que ser valorados para los obreros que requería una entidad pública.

Al preguntar sobre el conocimiento de la enmienda y que involucraba que los obreros del sector público pasan a la LOSEP; el 91,7% señalo estar al tanto de este particular; mientras que el 8,3% afirmaron que no.

 En este sentido, se puede inferir que las personas estuvieron al tanto de las implicaciones que tendría este cambio, pero, no se observaron a profundidad los derechos que se vulneraban al trabador público. De hecho (Ávila , 2011) afirma que los derechos son intangibles y que pueden enmarcarse como secundarios por la orientación administrativa para su defensa, sin embargo, esto no limita en considerar que el derecho al trabajo tenga dimensiones primarias como es la igualdad al trabajo y remuneración dispuesta en el Art. 326.4 de la Constitución.

Se consultó a los encuestados si conocen la sentencia No. 018-18-SIN-CC emitida en agosto de 2018, los cuales en su totalidad afirmaron conocerla. Pero, al evidenciar lo sucedido en el GAD de Biblián con la contratación de los trabajadores objeto de estudio de la presente investigación, se observa que no se analizó a profundidad la incidencia regresiva en el campo laboral que tuvieron las enmiendas; y cómo afectarían a futuro en los trámites administrativos-legales en la contratación del personal. Se afectó la equidad y estabilidad laboral, el cual está ligado a la vida digna de una persona y se encuentra dispuesto en la Carta Suprema ecuatoriana.

A criterio de  (Velaña, 2019), el Estado ecuatoriano mediante sus instituciones está en la obligación legal de proteger los derechos de los trabajadores, el derecho al trabajo está regulado por un conjunto de normas y principios, el servidor público es una persona indispensable en la administración pública, puesto que el Estado mediante las diversas instituciones presta servicios administrativos a favor de la colectividad, dicho de otra forma al momento de incorporar a una persona para prestar sus servicios en el sector público se le debe otorgar derechos que lo beneficien en el desarrollo de sus actividades.

Por otro lado, el ejercicio de la libertad de asociación debe estar proporcionalmente relacionado con los fines que persigue, es decir, si el fin de la organización es velar por los derechos de los trabajadores y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, el pretender algo fuera de los limites desnaturalizada la finalidad para el cual fue creado (Romero, 2011).

El 100% de los encuestados afirmaron estar al tanto de la contratación de obreros bajo la LOSEP entre agosto de 2018 a junio de 2019 en el GADM de Biblián, lo cual marca una preocupación en la inobservancia de lo dispuesto en la sentencia No. 018-18-SIN-CC emitida en agosto de 2018. Es más, las personas encuestadas afirman que el desconocimiento fue un factor relevante para seguir contratando personal bajo esta modalidad; algunos justifican la contratación por disposición del gobierno municipal y algo importante que es la falta de aplicación de las resoluciones emitidas por la Corte Constitucional.

Las relaciones laborales son objeto de afecciones relacionadas a los derechos de los trabajadores, ya sea por los empleadores o por el Estado, sin embargo, la existencia de criterios para establecer acciones de protección contra la discriminación ha ayudado al establecimiento del trabajo como un principio y la prohibición de establecer medidas regresivas que afecten los derechos sociales y económicos ayudado a defender los derechos de los trabajadores (Fernández, 2013).

Las enmiendas constitucionales estuvieron vigentes por casi tres años, durante todo este tiempo se eliminó el ingreso de nuevos trabajadores mediante el código de trabajo sujetándose a las disposiciones de la LOSEP, posteriormente se emitió la sentencia en el año 2018 declarando la inconstitucionalidad de la enmienda, invalidando la misma desde ese momento pero no de forma retroactiva desde su aprobación, bajo esta línea, se considera que dentro de la entidad podría existir funcionarios con cargos similares pero bajo regímenes diferentes, todo esto dependiendo si se incorporaron a laborar antes o después de la sentencia.

De acuerdo a (Montúfar, 2016) el proceso de la reforma constitucional en el sector público, muestra una implementación de leyes y prácticas que afectan tanto a la fuerza y los derechos de los trabajadores públicos y las organizaciones, se evidencio, la implementación de una política focalizada y selectiva, hacia subsectores que conforman el sector, las organizaciones y dirigentes en este proceso entra el juego de la lucha de clases.

 

PROPUESTA

Varias organizaciones laborales y personas presentaron la demanda de inconstitucionalidad contra la enmienda de la Constitución del año 2015 promulgada en el Suplemento del Registro Oficial N° 653, 21 de diciembre del mismo año, los legitimados impugnaron la inconstitucionalidad de forma y fondo de las enmiendas constitucionales.

La Corte Constitucional a través de la sentencia 018-18-SIN-CC, declara la inconstitucionalidad de forma de las enmiendas, aprobadas por la Asamblea Nacional, a excepción, de los artículos 114 y 144 de la Constitución, en virtud que fueron derogadas por los resultados del referéndum y la consulta popular del 4 de febrero del 2018, en el Suplemento del Registro Oficial N.º 180 de 14 de febrero de 2018.

 

Figura 1. Proceso de implementación de medidas de restitución de derechos y pertenencias materiales de los trabadores contratados en el GAD de Biblián bajo el régimen de la LOSEP. Fuente: Elaboración propia

 

 

 

 

 

1.    Identificar el daño

El análisis de la sentencia determinó que, varios elementos y garantías de derecho fueron transgredidos en el proceso de contratación y el tiempo de labores de los Empleados para el GAD de Biblián. Estos derechos pueden agruparse en tres principios fundamentales, contemplados por los ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales:

1.    Principio de la dignidad humana

2.    Principio a la igualdad y no discriminación

3.    Principio de condiciones adecuadas de trabajo

 

2. Valorar los elementos de reparación

De acuerdo con la apreciación de los demandantes, las reformas constitucionales resultan contrarias a varios elementos y garantías, motivo por el cual expresan su descontento y acuden a instancias superiores con el fin de alcanzar condiciones dignas para los trabajadores.

Derecho a la dignidad

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano la dignidad humana posee una doble naturaleza, como un valor humano y como un derecho. En primer lugar, como un valor, pues trasciende lo axiológico para alcanzar lo normativo manteniendo; de acuerdo con las posibilidades fáctico y jurídicas, respetando cualquier actuación pública o privada y privadas la dignidad humana.  Mientras que representa derecho, pues así se lo considera según los acuerdos internaciones como la Convención Americana de Derechos Humanos.

La dignidad humana, es inherente de cada persona, y refleja el valor que tiene cada persona de manera individual y colectiva, en igualdad de condiciones, respetando las condiciones particulares de cada ser humano.  Brindándoles la capacidad para expresarse libremente y elegir por cuenta propia; con el único límite de respetar la dignidad de los demás, reconociendo el mismo derecho en las demás personas para vivir en paz y armonía.

Derecho a la igualdad y no discriminación

La igualdad, consiste también en una concepción clásica del derecho, según la cual debe tratarse en la misma forma a todos los individuos dentro de un conjunto. Este principio, al igual que muchos otros, se desprende del derecho a la dignidad humana, pues todas las personas tienen el mismo valor, los mismos derechos, las mismas obligaciones, y por ende deben recibir el mismo trato; eliminando cualquier tipo de beneficio o perjuicio a cualquier persona.

La Constitución de la República del Ecuador en el art. 11 núm. 2 establece “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. La legislación ecuatoriana entonces contempla dos dimensiones de aplicación, en primer lugar, dentro del ejercicio jurisdiccional, disponiendo que juezas y jueces administren justicia en razón de la Constitución y la ley en todos los casos, en igualdad de condiciones para todos los ecuatorianos; mientras que, en segunda instancia refiere la igualdad de oportunidades que los ciudadanos gozan, de acuerdo con el principio de no discriminación.

En todo el derecho internacional, se prohíben de manera explícita cualquier tipo de prácticas, actitudes y políticas discriminatorias, así como las acciones que de manera involuntarios ejercen un impacto discriminatorio contra el colectivo de las personas. La discriminación, afecta de manera directa a las personas, pues les despoja derechos, les resta oportunidades y arrebata oportunidades y beneficios.

La discriminación también puede interpretarse como la falta de equidad en las condiciones en las condiciones en las que las personas realizan sus actividades. Dentro del ámbito laboral, la Constitución art. 326 núm. 3 se establece que la remuneración de los trabajadores, proviene únicamente de sus actividades y no de su condición particular de personas, por tanto, cualquier acción que otorgue mayores beneficios a un empleado por sobre otro, representa hecho inequitativo, arbitrario y discriminatorio totalmente contrario al derecho. 

 

 

Derecho a la Organización

La Constitución del Ecuador contempla el derecho que tiene los empleadores y empleador para agruparse y formar asociaciones según el criterio y la conveniencia de los empleadores y trabajadores. Estas organizaciones deben ser reconocidas legalmente por el Estado, siempre que estas tengan un objetivo positivo para los trabajadores, como capacitación laboral, desarrollo de la cultura del trabajo; apoyo socio-económico de los trabajadores o la defensa de los intereses del gremio.

En un Estado social de derecho como el nuestro, los sindicatos se erigen como representantes del ciudadano común, haciendo eco en el acuerdo social existente ente el Estado y los grupos sociales subordinados y con desventaja social y económica para brindarles condiciones dignas de vidas y escenarios equitativos que promuevan su desarrollo social y económico. 

La potestad para formar sindicatos reconocidos por la ley, resulta primordial pues les permite a los empleados contar con personalidad jurídica para emitir reclamos y exigir condiciones de trabajo justas y dignas según lo establecido en Tratados Internacionales y la Carta Constitucional. Sin agrupaciones sindicales los trabajadores pierden influencia colectiva sobre sus peticiones, obligando a sufrir condiciones laborales por debajo de los inclusive de los mínimos legales, en cuanto horarios, beneficios, y remuneración.

Consecuentemente la libertad sindical representa el derecho más importante del sistema de relaciones de trabajo, pues representa una herramienta construida sobre los principios de democratización de la sociedad para garantizar el respeto hacia las normas y principios protectoras de los trabajadores.

Medidas de restitución

Las medidas de restitución tienen el objetivo de regresar al afectado a las condiciones previas al daño que recibió sobre su intereses o bienes jurídicos. Así como restituirlo en el pleno goce de sus derechos humanos (Godínez, 2014). Por ende, una restitución adecuada comprende dos elementos importantes.

1.    Eliminar los efectos producidos por el elemento dañino

2.    Suprimir o controlar los elementos que provocaron el daño

La Constitución del Ecuador, establece en el art. 86 núm. 3 que en caso de constatarse la vulneración de los de los derechos, de una persona, grupo de personas, pueblos, comunidad o nacionalidades, el juez competente dispondrá de manera inmediata la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse.

Para el caso de análisis, los daños provocados sobre los litigantes afectan de manera directa su actividad laboral, pues las condiciones de la reforma privan a los trabajadores de derechos consagrados a nivel nacional e internacional, como la potestad para formar agrupaciones entre trabajadores, el derecho a una remuneración justa equitativa y condiciones igualitarias para los trabajadores.

A)        Con el propósito de eliminar todos los efectos dañinos de los empleados resulta necesario:

-       Compensación económica por el tiempo en los trabajadores laboraron en condiciones inferiores de remuneración y beneficios.

-       La incorporación del personal a través de un contrato en condiciones equitativas

B)        Para suprimir los elementos que originan el daño se propone:

-       Revisar las condiciones laborales y estatutos que conforman la reforma laboral, analizándola desde el punto de los empleados, para determinar elementos que incumplan o ignoren los derechos y garantías de los empleados

-       Durante el análisis de la ley, se recomienda la participación de líderes sindicales laborales, que aporten con su experticia para llegar a acuerdos dignos entre empleados, empleadores y el Estado.

La propuesta recoge dos elementos indisociables en toda reparación, el resarcimiento de los daños del gobernado y la supresión en la medida de lo posible de los elementos que provocaron los daños inicialmente; de esta manera se garantiza una adecuada restitución de sus derechos y pertenencias materiales.

 

 

DISCUSIÓN

En diciembre del año 2015, en el Ecuador se reformó la situación de los trabajadores del sector público, pues, toda persona que ingrese a laborar en dependencia del sector público estaba sujeta a la LOSEP conforme el art. 4 son servidores y servidoras públicas todas las personas que ingresen a laborar o presten servicios dentro del sector público y no al Código de trabajo, afectando al derecho de los trabajadores especialmente en el goce de los derechos alcanzados por los sindicatos contradiciendo a la Constitución al discriminar a un sector de la población impidiéndole gozar de los derechos, establecido en el art. 236 de la Carta Magna donde se indica, se garantizara el derecho de libertad de organización de los trabajadores, mediante sindicatos, asociaciones u otras formas de organización.

El estudio de las diferencias laborales entre la LOSEP y el Código se trabajó de evidencio que son muy notorias, pues, bajo el régimen laboral del código se obtienen mayores beneficios en cuanto a seguridad y estabilidad laboral para los trabajadores, mientras que la reforma del 2015 al establecer que se rige mediante la LOSEP les merma beneficios a los trabajadores como la afiliación a sindicatos, asociaciones o la creación de nuevos. Tal como señala en art. 440 del Código de trabajo con respecto a la libertad de asociación de los trabajadores sin ninguna distinción, por ende, tienen derecho a constituir asociaciones profesionales o sindicatos que sean necesarios.

Considerando que ambos regímenes jurídicos LOSEP y Código de Trabajo establecen diferentes formas para proteger los derechos de los trabajadores o asegurar la estabilidad laboral, el cambio de régimen generó que los obreros del sector público no están sujetos a la contratación colectiva , así como estar bajo un régimen donde se utilizó mecanismo de contratación precario, por ende la enmienda tuvo un efecto regresivo e inconstitucional en cuanto a los derechos de los trabajadores especialmente en la estabilidad laboral y las condiciones adecuadas de trabajo.

La disposición de la enmienda deja en evidencia la vulneración de los principios vinculados a la favorabilidad realizando una clasificación injustificada entre obreros y servidores públicos pues, ambos prestan los servicios al sector público impidiendo el acceso a los derechos que los asisten a los servidores públicos.

Si bien es cierto las relaciones laborales, están resguardadas por la Constitución y leyes laborales, mediante el análisis se evidenció que estos han sido vulnerados especialmente por el desconocimiento de las áreas de Talento Humano con respecto al alcance de las enmiendas constitucionales particularmente sobre la modalidad de contratación del sector público con base a la LOSEP.

Mediante la enmienda constitucional en el año 2018 se estableció que los trabajadores del sector público estarán amparados por el Código de Trabajo tendrán derecho a la organización para defender sus derechos y a la huelga de conformidad con la Constitución y ley. Sin embargo, al analizar la contratación del personal en el GAD se evidenció que no se realizó un análisis regresivo de la enmienda, esto es preocupante ya que no se observó el alcance de la sentencia afectando al goce de los derechos de los trabajadores contratados en la equidad y estabilidad.

Debido a la inobservancia de la sentencia emitida por la Corte Constitucional es necesario que la entidad realice medidas para restituir los derechos que fueron violados al contratar a los obreros de la entidad, mediante la evaluación de las condiciones laborales establecidas en la ley, planteando acciones de atención que favorezcan a la restitución de los derechos de los trabajadores, orientando esfuerzos para dignificar la condición del trabajador a través de medidas encaminadas a garantizar los derechos vulnerados a la clase obrera que no encuentra la garantía de sus derechos fundamentales y laborales establecidos en la constitución.

 

FINANCIAMIENTO

No monetario.

 

AGRADECIMIENTO

A los trabajadores del Municipio de Biblián  por apoyar el desarrollo de la investigación. 

 

 

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