http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i2.757

 

Deberes del Estado y la Vulneración de Derechos Humanos en los delitos de lesa humanidad

 

Duties of the State and the Violation of Human Rights in crimes against humanity

 

Cristina Gabriela Serrano-Burgos

cristina.serrano@psg.ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-8184-6483

 

Cecilia Ivonne Narváez-Zurita

inarvaez@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-7437-9880

 

Juan Carlos Erazo-Álvarez

jcerazo@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-6480-2270

 

Diego Fernando Trelles-Vicuña

dtrelles@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-8466-7165

 

 

Recibido: 14 de abril de 2020

Revisado: 18 de mayo de 2020

Aprobado: 26 de mayo de 2020

Publicado: 14 de junio de 2020

 

 

 

RESUMEN

El Ecuador al ser Estado constitucional de derechos y justicia, consagra en su Constitución derechos y el deber del Estado de respetar y hacer respetar estos derechos. En los delitos de lesa humanidad el Estado incumple con estos deberes, siendo importante determinar cómo afecta el tratamiento de estos delitos y la vulneración de derechos que se produce por este incumplimiento, siendo el objetivo elaborar un proyecto de ley que establezca la actuación del Estado para procurar la judicialización de estos delitos. Esta investigación utilizó un diseño no experimental transversal descriptivo. Es indispensable la existencia de una ley que obligue al Estado a la judicialización de estos crímenes como mecanismo para el cumplimiento del deber de protección y que además se busque la reparación integral que incluyan garantías de no repetición para el cumplimiento del deber de respeto por parte del Estado.

 

Descriptores: Derecho constitucional; crimen; derechos humanos; derecho internacional. (Palabras tomadas del Tesauro UNESCO).

 

 

ABSTRACT

Ecuador, being a constitutional State of rights and justice, establishes in its Constitution rights and the duty of the State to respect and ensure respect for these rights. In crimes against humanity, the State fails to comply with these duties, and it is important to determine how the treatment of these crimes and the violation of rights caused by this failure are affected, and the objective is to prepare a draft law that establishes the State's action to to try the judicialization of these crimes. This research used a descriptive cross-sectional non-experimental design. It is essential the existence of a law that compels the State to prosecute these crimes as a mechanism for the fulfillment of the duty to protect, and also to seek comprehensive reparation that includes guarantees of non-repetition for the fulfillment of the duty of respect by the State.

 

Descriptors: Constitutional law; crime; human rights; international right; International law. (Words taken from the UNESCO Thesaurus).

 

 

 

INTRODUCCIÓN

El Ecuador en la Constitución del 2008, realizó un cambio sustancial a la forma de Estado, constituyendo al Ecuador como un Estado constitucional de derechos, esto se encuentra plasmado en el artículo 1 de la Carta Magna, razón por la que en su texto se consagran un gran número de derechos y garantías. Considerando que en un Estado constitucional de derechos la Constitución es de cumplimiento obligatorio, es necesario que el ordenamiento jurídico esté acorde a lo dispuesto en la Carta Magna, es decir, conforme a derechos, principios y valores constitucionales.

En la Constitución de 2008 en adelante CRE, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, en adelante CADH, se precisa que los Estados tienen el deber de respetar y proteger los derechos humanos reconocidos, deberes a los cuales el Estado ecuatoriano se ha comprometido a cumplir de manera estricta. El cumplimiento de estos deberes por parte del Estado, responde a la necesidad de mitigar el riesgo que existe en la vulneración de los derechos humanos, en especial cuando se vulneran aquellos derechos más sensibles de la persona humana como en el caso de los delitos contra la humanidad.

En Ecuador a lo largo de la década de los años ochenta, se cometieron varios delitos de lesa humanidad, según se determinó por parte de la Comisión de la Verdad creada para tal efecto, delitos que consistieron en ejecución extrajudicial, homicidio, muerte bajo custodia, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, detención arbitraria, (Comisión de la Verdad, ni silencio ni impunidad, 2010) ataques que según lo establecido en el Estatuto de Roma reúnen las características para ser considerados como delitos de lesa humanidad, estos es, ataque generalizado, sistemático, contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Los delitos de lesa humanidad al ser actos inhumanos masivos, cometidos con el ánimo de dañar a la persona y por su carácter gravísimo deben ser juzgados, sin embargo en el Ecuador esto no ha sucedido, salvo dos excepciones. En consecuencia, el problema de la presente investigación radica en establecer ¿Cómo afecta el tratamiento de los delitos de lesa humanidad por parte del Estado ecuatoriano en el cumplimiento de sus deberes respecto a los derechos humanos? Por lo tanto, se plantea como objetivo elaborar un proyecto de ley que establezca la actuación del Estado para el tratamiento de los delitos de lesa humanidad como mecanismo que garantice el cumplimiento de los deberes de respetar y hacer respetar los derechos por parte del Estado frente a los derechos humanos.

Referencial teórico

La vulneración de los derechos humanos por parte del Estado

Otorgar un concepto de derechos humanos, ha sido un poco complejo, sin duda alguna, lo que se conoce hoy es conocido universalmente como derechos humanos ha sido un concepto que se ha encontrado en constante evolución. El autor (Nikken, 1994) señala que los derechos humanos son propios de la persona humana, y que se encuentran correlacionados con el concepto de dignidad humana; por su parte, (Alexy, 2000), menciona que los derechos humanos son aquellos que se diferencian de los demás derechos por sus características que los convierten en tal, entre ellas, la universalidad y la validez moral; (Borowski, 2003) afirma que los derechos humanos son derechos morales, su característica más importante es la universalidad, pues se le atribuye a todos los hombres por igual. Por lo que se puede entender por derechos humanos aquellos derechos que pertenecen a la persona humana por el hecho de serlo sin discriminación alguna.

Cada vez es más difícil ignorar los derechos humanos que se han vulnerado en todo el mundo, siendo las más graves aquellas cometidas dentro del marco de las guerras mundiales, es así que después de la primera guerra mundial se creó una comisión que encargada de analizar el quebrantamiento a los preceptos de la humanidad, sin embargo, se consideró que estas leyes solo podían ser sancionadas en el ámbito moral y la moral no estaba considerada como algo prohibido o que pueda ser juzgado en la esfera penal (Liñan-Lafuente, 2015); no obstante, es hasta después de la segunda guerra mundial que se reconocen los derechos innatos de las personas con la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el año 1948.

Posterior a esta declaración surge la Convención Americana de Derecho Humanos, en el año 1969 la cual nace por la necesidad de reconocer que los derechos esenciales de las personas, les pertenece a estas por su calidad de tal y no por tener cierta nacionalidad, por lo que estos derechos deben ser protegidos y reconocidos de forma universal, es decir, un complemento a lo que haya dispuesto cada Estado que forme parte de la Convención. Los derechos humanos surgen por la necesidad de protección a las personas, derechos que deben ser reconocidos en cada Estado, sin embargo, al ser inherentes a la persona humana, estos derechos gozan también de protección internacional (Nikken, 1994).

Es importante recalcar que la idea de que todas las personas humanas gozan de derechos, y que éstos deben ser protegidos, surge después de que se hayan cometido las más graves vulneraciones de derechos humanos, derechos que al no haber estado reconocidos en algún documento válido o al no tener un fundamento legal que le otorgue validez a la idea de su protección, fueron vulnerados principalmente por los Estados, en función del poder que ostentaban y de las creencias propias de cada gobierno de turno. La Corte IDH expresa a través de la opinión consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, que la noción de protección de los derechos humanos, nace por el hecho de que son atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser menoscabados en forma legítima por el ejercicio del poder público que de ninguna manera pueden ser restringidos o violados por el ejercicio del poder público (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1986).

En este contexto, las mayores vulneraciones de derechos humanos que se han producido en el Ecuador datan de la década de los años ochenta, donde un grupo diverso de personas “sufrieron diversos ataques por parte de agentes de Estado: detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, o diferentes formas de hostigamiento y persecución, entre otros” (Comisión de la Verdad, ni silencio ni impunidad, 2010, p.353), delitos que se encuentran tipificados y reúnen las características establecidas en el Estatuto de Roma para ser considerados de lesa humanidad, esto es, ataque generalizado, sistemático, contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque (ONU: Asamblea General, 1998) que fueron de gravedad tal que no ha sido posible que pasen desapercibidos.

Posterior a la segunda guerra mundial, cuando las atrocidades cometidas en contra de las personas, y la vulneración de derechos fue tan grave que ya no podían ser considerados como delitos simples por atentar contra toda la humanidad, se origina la noción de los delitos de lesa humanidad como delito internacional. Rodríguez, citada por (Monroy-Cabra, 2011), los define como todas las vulneraciones de derechos ejecutadas en contra de toda la humanidad, en las que se han perjudicado derechos, y han sido perpetrados por un grupo de personas que pueden ser por omisión o por acción siendo responsables quienes cometen estas atrocidades así como el Estado, el que tiene la obligación de actuar para prevenir estos actos y para sancionar a quienes lo han cometido.

La Corte Penal Internacional fue creada con el fin de que este tipo de delitos no se queden impunes, pues si se considera que el sujeto activo de estos crímenes, puede ser el mismo Estado o un agente estatal bajo la aquiescencia de un gobierno de turno, es muy posible que estos crímenes no sean juzgados, por lo que es necesario un tercero imparcial que juzgue estos delitos, y así se trate de resarcir los daños causados. En el ámbito internacional los delitos de lesa humanidad son rechazados, pues se constituyen como un grave atentado a los derechos humanos que deben ser protegidos por parte del Estado, y cuando esto ya no sea posible, al ser considerados como crímenes internacionales por el grado de afectación que generan, atentando contra la dignidad humana, traspasando así el ámbito estatal, deben ser juzgados en la esfera internacional (Lirola-Delgado, 2011).

La definición de delitos de lesa humanidad dada por el Estatuto de Roma, según (Ambos, 2013) es la más acertada al momento de definir estos crímenes, puesto que se enumeran los delitos y con ello se garantiza la protección de más derechos humanos, además de establecer cuáles son las características que deben reunir para ser considerados como delitos de lesa humanidad. La víctima de los delitos de lesa humanidad es la humanidad entera ya que el cometimiento de estos delitos pone en riesgo inminente a toda la sociedad (Ferreira, 2007), razón por la cual estos delitos fueron tipificados para proteger a toda la humanidad teniendo como fundamento el cumplimiento por parte de los infractores de las leyes más simples y básicas como aquellas que contienen el reconocimiento de derechos humanos (Ambos, 2013). Los derechos humanos al tener valor jurídico, es decir, al estar positivizados, permiten encontrar un sentido a su protección que sería sin duda la justicia (Vergara, 2017).

 

El deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos por parte del Estado

El Estado por haberse constituido como tal, frente al pueblo, tiene deberes que debe cumplir, los que responden a la idea de la esencia del pacto social sostenida por Hobbes, en la que el pueblo renuncia a su estado de naturaleza en la que se incluye su auto protección y le otorga al Estado, a cambio de recibir una protección superior (Valiente-Lanuza, 2016). Estos deberes han sido ya positivizados, al estar contenidos tanto en tratados y convenios internacionales como en las constituciones de los diferentes Estados, como es el caso de Ecuador. Según lo que establece (Peces-Barba, 2000), el deber surge cuando una persona tiene el derecho de exigir el hacer o no hacer algo, o cuando no tiene libertad, esto es, cuando no puede impedir que una persona exija una acción u omisión de otra, el deber de no hacer surge entonces cuando no puede realizarlo con libertad.

La Convención Americana de Derechos Humanos, así como la Constitución establecen que los Estados tienen los deberes u obligaciones de honrar y proteger los derechos humanos reconocidos, surgiendo de esta forma dos de los deberes más importantes del Estado, referentes a los derechos humanos, deberes que son ineludibles, pues son deberes a los cuales el Estado se ha obligado de manera voluntaria y que debe cumplirlos, ya que el no hacerlo le acarrearía responsabilidad inclusive internacional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en adelante Corte IDH, en varios casos como en Velásquez Rodríguez vs. Honduras, y en González y otras Campo Algodonero vs. México, ha determinado la importancia del artículo 1.1 de la CADH, ya que este es fundamental al momento de establecer la responsabilidad del Estado en las vulneraciones a los derechos humanos reconocidos en este cuerpo legal, pues son los Estados quienes tienen la obligación de proteger y de respetar los derechos humanos por lo que considera que cualquier acto u omisión inclusive por parte de cualquier persona que ostente el poder público, el Estado será responsable (Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, 1989), por lo expuesto, el ejercicio del poder estatal debe ser restringido, en el momento en el que se llegue a determinar que la vulneración a los derechos humanos se dio por una acción u omisión del poder público, el Estado es responsable de manera directa por el incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 1.1 de la CADH (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009).

El deber de respeto que tiene el Estado consiste en no vulnerar los derechos reconocidos en la CADH, esta obligación parte del hecho de que éstos son derechos fundamentales, inherentes a la persona humana, atributos que no pueden ser vulnerados por ninguna persona, y mucho menos por el Estado o por un agente estatal, por lo que es su obligación restringir el ejercicio del poder estatal (Ferrer Mac-Gregor & Pelayo-Moller, 2012), para lo cual es importante la utilización de mecanismos suficientes y viables para lograr la eficacia en el cumplimiento de este deber.

El deber de protección de los derechos humanos por parte del Estado, surge por la particularidad de estos derechos, la obligación de garantía o de protección que debe proporcionar el Estado frente a éstos, es un intento de prevenir o hacer todo lo posible para evitar violaciones a los derechos humanos (Ferrer Mac-Gregor & Pelayo-Moller, 2012). El Estado, se convierte en un Estado garantista, protector de los derechos humanos, para ello debe establecer mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos tanto para los agentes estatales como para la sociedad en general, los mismos que deben ser inflexibles, en especial para aquellos que ostentan poder público (Prieto-Sanchis, 2000).

En un Estado de derechos, las garantías para un verdadero ejercicio de los derechos son esenciales, pues sin estas garantías los derechos contenidos en el texto constitucional o en instrumentos internacionales, no podrán hacerse cumplir en el caso de que sean vulnerados, la forma en que los derechos reconocidos en la Constitución se protejan o se garanticen, determinará la eficacia o no de los mismos, siendo así que el Estado debe organizarse de tal manera que pueda asegurar en el ámbito jurídico la protección de los derechos, señalado así por la Corte IDH.

 

Alcance de los deberes del Estado en el cometimiento de delitos de lesa humanidad

En la vulneración de los derechos humanos por el cometimiento de los delitos de lesa humanidad, el cumplimiento de los deberes de respetar y hacer respetar los derechos humanos por parte del Estado es fundamental. Por el deber de respetar como ya se había analizado el Estado tiene la obligación de no vulnerar derechos, lo que se traduce en la obligación de no cometer estos delitos, una obligación de no hacer; deber que se incumple cuando estos crímenes han sido cometidos por el Estado como ha sucedido en el caso ecuatoriano. Este deber está plenamente relacionado con el deber de hacer respetar los derechos humanos, pues por éste último el Estado debe convertirse en el Estado protector, en donde intervienen los poderes públicos, obligados a  salvaguardar estos derechos, teniendo los titulares de los derechos humanos tutela robustecida para el ejercicio de las acciones que les permitan conseguir el respeto de éstos (Wunder-Hachem, 2014), para lo cual el Estado debe perseguir de forma interna e incansable estos delitos, considerando que son imprescriptibles.

La Corte Constitucional por otra parte ha referido en la sentencia 016-16-SEP-CC, que el Estado se encuentra en la obligación de garantizar los derechos a través de sus obligaciones positivas y negativas (Corte Constitucional del Ecuador, 2016), siendo una obligación positiva del Estado, el establecer mecanismos que permitan garantizar los derechos humanos con el fin de protección, en estricta aplicación de las normas internas e internacionales para la erradicación de la vulneración de referidos derechos, por el contrario las obligaciones negativas consisten en que el Estado no debe vulnerar los derechos humanos, siendo este el deber de respeto al cual está obligado. Es el Estado quien tiene la obligatoriedad de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, por lo que es el poder estatal el que debe estar al servicio de las personas procurando su bienestar. El ejercicio del poder público es fundamental respecto de vulneraciones de derechos humanos, por lo que no podría ser utilizado así sea lícito, con el fin de vulnerar estos derechos (Nikken, 1994).

En el caso Goriburú y otros vs. Paraguay, el Juez A.A. Cancado Trindade, en su voto razonado señaló que los crímenes de lesa humanidad se cometen por la falta de control de un cuerpo social que no tiene mecanismos efectivos para impedir su cometimiento de estos delitos, que son parte de un conjunto de acciones, ya que no son hechos aislados, utilizando recursos inclusive personal del Estado para el efecto (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006). Según el derecho internacional, los Estados pueden ser acusados de vulnerar derechos y deberes de los que debe respeto por el hecho de haberse sometido a tratados y convenios internacionales, considerándose la responsabilidad de los Estados, en el ámbito internacional como principio general (Álvarez-Londoño, 2006).

El Estado tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional tiene la obligación de reparar de manera integral los daños que se hayan causado por los derechos humanos vulnerados. Las formas de reparación integral que se produzcan en el ámbito interno, deben ser suficientes para el cumplimiento y respeto de los derechos humanos; mientras que, en la esfera internacional, por el cometimiento de los delitos de lesa humanidad, los Estados deben reparar de manera integral a las víctimas y cumplir con sus deberes y responsabilidades internacionales.

Los delitos de lesa humanidad son un instrumento de protección de los derechos humanos, por su carácter de imprescriptibles (Servin-Rodríguez, 2014), debiendo el Estado, como parte del cumplimiento de sus deberes y con base al principio de responsabilidad individual, juzgar a los responsables y adecuar su ordenamiento jurídico interno para la consecución de este fin, puesto que el Estado determinará la responsabilidad individual de quien ha cometido el delito, sin embargo, se debe tener presente que cuando se ha vulnerado los derechos establecidos en la CADH, tendrá responsabilidad internacional (Ferreira, 2007).

 

En Ecuador, recién en el Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial No. 180, del año 2014 en el artículo 89, el delito de lesa humanidad aparece tipificado como tal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, estableciéndose para el efecto la pena más alta que se regula en el país que va desde 26 a 30 años (Vázquez-Vázquez, Narváez-Zurita, Guerra-Coronel, & Erazo-Álvarez, 2020). Es importante recalcar que estos delitos son imprescriptibles y que la definición de víctima incluye la determinación de la persona a quien se le ha vulnerado sus derechos humanos, que trasciende considerándose como víctima a toda la humanidad (Padrón-Espinoza, Narváez-Zurita, Guerra-Coronel, & Erazo-Álvarez, 2020), siendo esta la razón de la consecuencia del concepto de delitos o crímenes de lesa humanidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte IDH, ha hecho referencia a la trascendencia de los crímenes contra la humanidad en algunas sentencias; como en los casos Goiburú Vs. Paraguay, Gelman Vs. Uruguay, La Cantuta Vs. Perú, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, Caso Almonacid Arellano vs. Chile,  Caso Herzog y Otros vs. Brasil, entre otros, en las cuales se ha referido la responsabilidad de los Estados en la perpetración de estos delitos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2018).

En el Caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte IDH refirió que dé acuerdo a la evidencia presentada se concluye que se ha cometido un delito de lesa humanidad, cabe recalcar que la Corte IDH no puede juzgar estos delitos pues no es de su competencia, sin embargo, si puede determinar la responsabilidad estatal por el incumplimiento de los deberes y la violación de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos; en el caso referido la Corte determinó que, “Dicha prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens, y la penalización de estos crímenes es obligatoria conforme al derecho internacional general” (Caso Almonacid Arellano vs. Chile, 2006, p.46).

De igual manera en el caso Herzog y otros vs. Brasil, se estableció que por el hecho de que los crímenes de lesa humanidad y su imprescriptibilidad son normas que pertenecen al llamado ius cogens, no existe una condición de tiempo para que estos delitos sean juzgados, siendo la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad una norma declarativa, pues la imprescriptibilidad como principio internacional ya existía antes de la expedición de esa convención, por lo que los Estados tienen la obligación de aplicar su contenido así no la hayan ratificado y de igual manera debe aplicarse inclusive en los delitos que se hayan cometido con anterioridad a la expedición de referida Convención (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2018).

Por lo tanto, en el cometimiento de estos delitos, los Estados tienen el deber esencial, de evitar que sean cometidos, sin embargo, al no haber podido evitar esto y al haberse cometido el delito de lesa humanidad, se genera el deber del Estado de perseguir y condenar a los autores de la perpetración de estos crímenes, con el fin de evitar la impunidad y de que la humanidad que ha sido vulnerada en sus derechos conozca la verdad por la gravedad de los delitos referidos. En el preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se ratifica el deber que tiene cada Estado de juzgar los delitos de lesa humanidad, con el fin de evitar la impunidad y de esta forma prevenir la comisión de estos delitos en un futuro (ONU: Asamblea General, 1998).

En el Ecuador, en el año 2013 se creó una ley con el fin de reglar la reparación integral a las víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos en el país (Asamblea Nacional, 2013) delitos que al no estar tipificados a la fecha de su publicación en la legislación ecuatoriana, se sometieron a las disposiciones de los convenios y tratados internacionales por ser una norma ius cogens. Cabe recalcar que la referida ley se realizó para el cumplimiento de una de las recomendaciones que realizó la Comisión de la Verdad del Ecuador 2010, para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos cometidos en el Ecuador, sin embargo, esta ley abarca solo a los delitos ocurridos en los años determinados en el título de referida ley y a los determinados por la Comisión, dejando de lado cualquier otro delito que haya podido haberse cometido antes o después de lo que determina la ley o inclusive cualquier otro delito de lesa humanidad que no haya sido recogido en el mencionado informe.

Por medio de la ley referida, se creó el “Programa de Reparación, por vía administrativa, para las víctimas de violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad, a cargo de la Defensoría del Pueblo” (Asamblea Nacional, 2013, art.4), sin embargo, se refiere solo a aquellos delitos determinados por la Comisión de la Verdad del 2010, por lo que el resto de delitos de lesa humanidad o de vulneraciones a los derechos humanos quedarían fuera de este programa o inclusive fuera de la reparación que el Estado a través de esta ley pretendió realizar. La Corte IDH en la sentencia de Vásquez Durand vs. Ecuador, refirió que en esta ley no se ha reconocido la responsabilidad del Ecuador por el cometimiento de estos delitos, por lo que internacionalmente si el Estado ha vulnerado derechos humanos reconocidos en la CADH, será juzgado por referida Corte (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017).

Cabe recalcar que la ritualidad con la que el Ecuador ha pretendido reparar de cierto modo las grandes vulneraciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad cometidos, se ha dado en un ámbito de desconcierto por parte de las víctimas, quienes no han logrado concebir la idea de que el Estado quien ha vulnerado sus derechos pretenda resarcir los daños causados, a cargo de instituciones que coadyuvaron al cometimiento de estos delitos y su impunidad (Solis-Chiriboga, 2018), tornando a este programa ineficaz para el efecto.  

Es importante resaltar que a pesar de todas las limitaciones que ha tenido el Ecuador y la escasa o ninguna estrategia para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad (Solis-Chiriboga, 2019), a la presente fecha se han judicializado por delito de lesa humanidad dos casos en el país, de los cuales ninguno ha prosperado. El Caso Vaca, Cajas, Jarrín, signado con el número 17721-2013-1329, sustanciado en la Sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito, en el que la última providencia es de fecha 26 de abril de 2017. En este caso, se planteó un recurso de nulidad y apelación del auto de llamamiento a juicio, lo importante a resaltar de este caso es que se dictó el auto de llamamiento a juicio por el delito de lesa humanidad que se encuentra tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que no se encontraba vigente al momento del cometimiento de este delito, razón por la cual se plateó este recurso, petición que fue aceptada por los jueces, determinando que el estatuto no es aplicable al caso, sin embargo, se deberá seguir sustanciando como crimen de lesa humanidad en observancia de normas internacionales (Caso Cajas, Vaca, Jarrin, 2013).

Situación similar es la del caso Jarrín Arturo, signado con el número 17721-2015-1819, en el cual la última providencia es de fecha 2 de abril de 2018. En este caso es importante resaltar que a pesar de que existe un auto de llamamiento a juicio, no se ha concluido el proceso (Caso Arturo Jarrin, 2015). Estos han sido los únicos casos que han sido judicializados por parte del Estado ecuatoriano por delito de lesa humanidad, sin embargo, al no haberse concluido con una sentencia en la cual se establezca la responsabilidad de los procesados ni la reparación del Estado a las víctimas, se puede considerar que el Estado sigue en incumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución, por lo tanto, sigue vulnerando derechos humanos.

 

MÉTODO

La presente investigación utilizó un diseño no experimental transversal descriptivo, se analizaron los deberes que tiene el Estado determinados en la Constitución de la República del Ecuador, cuando se han vulnerado los derechos humanos por el cometimiento de los delitos de lesa humanidad. La información se obtuvo de varias fuentes como Constitución de la República del Ecuador, convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos firmados y ratificados por el Ecuador, jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, libros, artículos científicos, entre otros.

Para el desarrollo de este estudio se aplicó un enfoque mixto, utilizándose en la primera fase el método cualitativo, en la cual se recolectó y analizó datos aportados a través de la revisión bibliográfica, posterior a ello se utilizó un enfoque cuantitativo mediante la aplicación de encuestas. Los métodos que se emplearon en esta investigación fueron el histórico – lógico, pues se analizó el problema planteado a través del tiempo, para determinar su injerencia en la actualidad; el analítico – sintético, por cuanto se estudió en forma general los deberes que tiene el Estado en la vulneración de derechos humanos, para posterior a ello analizar el impacto de estos deberes cuando se cometen delitos de lesa humanidad; el inductivo-deductivo, a partir de la observación de los casos particulares que ha ocurrido en el Ecuador, permitió determinar que el Estado ha incumplido los deberes a los cuales se ha obligado.

En este trabajo se empleó un muestreo por conveniencia, no aleatorio y no probabilístico; considerando los criterios: ubicación geográfica, disponibilidad y conocimiento sobre la temática en estudio de catedráticos de Derecho Constitucional,  abogados en libre ejercicio profesional que se desenvuelven en el ámbito de derechos humanos y  Derecho Constitucional y población en general.

 

RESULTADOS

Las encuestas realizadas sobre los deberes que tiene el Estado cuando se cometen crímenes de lesa humanidad respecto de las vulneraciones de derechos que se ocasionan, se enfocó dentro del Derecho Constitucional como mecanismo para el fortalecimiento de la obligación del Estado en el cumplimiento de los deberes de respetar y hacer respetar los derechos humanos consagrado en el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador.

La investigación se realizó con fines académicos y se contó con la participación de dos muestras, la primera muestra estuvo conformada por 17 ciudadanos en general,  y la segunda muestra estuvo conformada por 15 personas entre las cuales se encuentran académicos y abogados en libre ejercicio de la profesión que se desenvuelven en el ámbito del Derecho Constitucional y derechos humanos.

De la participación de la ciudadanía en general se obtuvieron los siguientes resultados:

 

 

Conocimiento de derechos humanos

Según los resultados, el 79% de los encuestados conoce sus derechos reconocidos en la Constitución y el 63% conoce sus derechos reconocidos en otros tratados y convenios internacionales de derechos humanos, lo cual evidencia el conocimiento de la ciudadanía de sus derechos reconocidos tanto en la Constitución de la República del Ecuador y en los diferentes tratados y convenios internacionales de derechos humanos.

 

Deberes del Estado y vulneración de derechos humanos

Según la encuesta realizada el 79% de la unidad de análisis, conoce los deberes que tiene el Estado respecto a los derechos humanos, lo que evidencia el conocimiento de cuál es el papel del Estado en la protección de sus derechos (figura 1). Es importante recalcar que el 21% de los encuestados ha referido haber sufrido vulneración por parte del Estado a uno de sus derechos, lo que evidencia la existencia de la falta de cumplimiento de los deberes del Estado en la protección de los derechos humanos.

Figura 1. Deberes del Estado. Fuente: Encuesta aplicada a personas voluntaria.

 

 

 

Delitos de lesa humanidad y juzgamiento

Respecto a los delitos de lesa humanidad, el 63% tiene el conocimiento de estos; de igual manera el 90% ha señalado que desconoce si el Ecuador ha juzgado estos delitos.

El 79% de los encuestados considera que los delitos de lesa humanidad deben ser juzgados, sin embargo, el 21% considera que bastaría con la reparación a las víctimas (figura 2); lo cual tiene injerencia al momento del cometimiento de estos delitos puesto que es posible que se busque la reparación que pudiera realizarse en sede administrativa y de esta forma no se cumpla con la obligación del Estado de juzgar a los responsables. 

 

Figura 2. Reparación o juzgamiento de delitos de lesa humanidad. Fuente: Encuesta aplicada a personas voluntarias.

 

En lo que refiere a la segunda unidad de análisis, se realizó siete preguntas cerradas con alternativa de respuestas y una pregunta abierta, que entre los resultados principales se encontró:

Deberes del Estado y su cumplimiento

Respecto al conocimiento de los deberes que tiene el Estado en relación a los derechos humanos, el 100% de esta unidad de análisis los conoce a profundidad y de igual manera considera que el Estado vulnera los derechos humanos cuando no cumplen con sus deberes establecidos en el artículo 11 numeral 9 de la Constitución (respetar y hacer respetar los derechos humanos).

 

 

 

Delitos de lesa humanidad y su juzgamiento

Por otra parte, el 100% de la unidad de análisis conoce que se han cometido delitos de lesa humanidad en el Ecuador, sin embargo, el 40% conoce de su juzgamiento por parte del Estado ecuatoriano. En cuanto al conocimiento de la Ley creada para la reparación de las víctimas de delitos de lesa humanidad, el 60% de la unidad de análisis tiene el conocimiento de la existencia de esta ley, desconociendo sobre esta ley el 40% restante (figura 3).

 

Figura 3. Ley de reparación de víctimas de delitos de lesa humanidad. Fuente: Encuesta aplicada a personas voluntarias

 

 

Vulneración de derechos humanos

Según los resultados el 100% de la unidad de análisis ha referido que conoce las causas que se han ventilado en la Corte IDH, en contra del Ecuador por la vulneración de derechos humanos por parte del Estado, es importante recalcar que el 46% de la unidad de análisis, considera que la actuación de los jueces en el ámbito interno es imparcial, el 47% refiere que la actuación es parcializada a favor del Estado y el 7% establece que la actuación de los jueces es parcializado a favor de la víctima (figura 4). Esto tiene injerencia en el cumplimiento de los deberes del Estado, al encontrar la actuación de los jueces parcializada a su favor, se estaría frente a un juzgamiento incapaz de coadyuvar al cumplimiento de estos deberes.

 

Figura 4. Actuación de los jueces en procesos contra el Estado. Fuente: Encuesta aplicada a personas voluntarias

 

Con base a los resultados obtenidos, se ha identificado que la ciudadanía, tiene el conocimiento de sus derechos y la obligación que tiene el Estado de protegerlos, es importante recalcar que han considerado que el Estado ha vulnerado sus derechos en alguna ocasión, lo que influye en el incumplimiento del deber del Estado de respetar los derechos. En cuanto a los delitos de lesa humanidad se tiene el conocimiento que éstos han sido cometidos en el Ecuador y que no han sido juzgados, sin embargo, un porcentaje mínimo de la primera unidad de análisis considera que bastaría con la reparación de la víctima más no su juzgamiento; un elemento a resaltar es el desconocimiento que existe de la ley creada para la reparación de las víctimas de delitos de lesa humanidad por parte de los catedráticos y abogados en libre ejercicio de la profesión que se desenvuelven en el área de derechos humanos y Derecho Constitucional.

 

 

 

PROPUESTA

Los resultados obtenidos determinan la necesidad de proponer una ley (ver figura 5) que tenga injerencia en los diferentes órganos del Estado para investigar, sancionar y juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador, como mecanismo de protección de los derechos humanos vulnerados por éstos con el fin del cumplimiento de los deberes a los cuales el Estado está obligado.

Figura 5. Esquema de propuesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Ley Orgánica de Judicialización de Delitos de Lesa Humanidad

Exposición de motivos

El Ecuador, al ser un Estado constitucional de derechos y justicia, consagra en su Carta Magna derechos y garantías para hacer efectivos estos derechos, además de establecer como deber primordial del Estado el respetar y hacer respetar los derechos reconocidos en la Constitución como en convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos.

En el Ecuador, se han cometido delitos de lesa humanidad y otros delitos que se encuentran dentro del marco del derecho internacional humanitario, los que no han sido judicializados en su integridad. Desde el año 2013, existe una ley creada para la reparación de las víctimas y la judicialización de estos delitos, sin embargo, esta ley busca la reparación y la judicialización de estos delitos que hayan sido reconocidos como tal por la Comisión de la Verdad creada en el año 2010.

En el cometimiento de delitos de lesa humanidad el Estado no cumple con los deberes de respeto y garantía de los derechos, surgiendo así una doble vulneración de derechos humanos y una responsabilidad inclusive internacional para el Estado. Al ser considerada como víctima de estos delitos la humanidad, es fundamental su judicialización, sanción, el esclarecimiento de la verdad y su publicidad como garantía de no repetición, procurando el cumplimiento de los deberes del Estado.

 

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución, señala que es un Estado constitucional de derechos y justicia,

Que, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución, establece que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos,

Que, el artículo 80 de la Carta Magna, establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no serán sujetos de amnistía,

Que, el Ecuador ha suscrito y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, publicada en el Registro Oficial No. 801, del 6 de agosto de 1984,

Que, el artículo 1 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que es deber del Estado respetar los derechos recogidos en este instrumento sin discriminación alguna,

Que, el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que es obligación del Estado adoptar medidas legislativas para hacer efectivos los deberes de respeto y garantía de derechos humanos por parte del Estado,

En ejercicio de sus facultades previstas en el artículo 120 numeral 6 de la Constitución, la Asamblea Nacional expide la siguiente:

 

Ley Orgánica de Judicialización de Delitos de Lesa Humanidad

Capítulo I

Objeto y principios 

Art. 1.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto regular la judicialización de los delitos de lesa humanidad.

Art. 2.- Responsabilidad del Estado.- El Estado reconoce su responsabilidad objetiva por la vulneración de los derechos humanos por el cometimiento de los delitos de lesa humanidad.

Art. 3.- Reparación integral.- El Estado buscará a través de la judicialización de los delitos de lesa humanidad la reparación integral a las víctimas y sus familiares por el cometimiento de delitos de lesa humanidad.

Al ser estos delitos atentatorios contra toda la humanidad, en todas las sentencias que declaren la responsabilidad, como medida de no repetición y con el fin de procurar el deber de respetar del Estado se ordenará la publicación de la sentencia en todos los diarios de circulación nacional.

 

 

 

Capítulo II

De la Investigación y el juzgamiento

Art. 4.- Investigación.- Al ser el delito de lesa humanidad de acción pública, la Fiscalía General del Estado de oficio, está obligada a realizar las investigaciones necesarias, exhaustivas y de carácter primordial de los delitos de lesa humanidad que se han cometido y que se cometan en el territorio ecuatoriano; que estará a cargo de la Fiscalía Especializada de Personas y Garantías.

Art. 5.- Juzgamiento.- Los delitos de lesa humanidad serán juzgados de manera obligatoria, y el testimonio de la víctima, de sus familiares o personas que hayan conocido el hecho serán considerados como prueba principal, especialmente en los crímenes cometidos en años anteriores.

Los responsables del cometimiento de estos delitos deberán cumplir la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio del acuerdo reparatorio a que pudiera haber lugar.

Art. 6.- Sentencia.- Las sentencias que se dicten en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, observarán los parámetros de una reparación integral que incluirá a la víctima, familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge o pareja en unión de hecho o unión libre.

 

Disposición final

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la Sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los… días del año 2020.

 

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue determinar cómo afecta el tratamiento de los delitos de lesa humanidad por parte del Estado ecuatoriano en el cumplimiento de sus deberes de respetar y hacer respetar los derechos humanos. Al ser éstos intrínsecos a la persona humana por ser tal, y al estar positivizados requieren de la actuación del Estado para honrar y protegerlos lo cual se logra a través de mecanismos eficaces que permitan el correcto cumplimiento de sus deberes con  mayor amplitud en el cometimiento de delitos de lesa humanidad,  donde las víctimas deben gozar de una reparación integral que incluya la judicialización de éstos y la sanción a los responsables, considerando que estos delitos tienen como víctima además a toda la humanidad.

Con base a los resultados obtenidos por medio de las encuestas realizadas a las dos unidades de análisis, se ha evidenciado el conocimiento que se tiene sobre derechos humanos, delitos de lesa humanidad, deberes del Estado en la protección de derechos y la falta de judicialización de los delitos de lesa humanidad, dando como resultado que existe una constante vulneración de derechos humanos por la falta de acción del Estado.

Es indispensable la existencia de una ley que obligue al Estado a la judicialización de estos crímenes como mecanismo para el cumplimiento del deber de protección y que además se busque la reparación integral que incluyan garantías de no repetición para el cumplimiento del deber de respeto por parte del Estado, por cuanto la actual ley solo considera a los delitos cometidos en cierto período de tiempo y los determinados por una Comisión de la Verdad que fue creada para el efecto, situación que conduce a que el Estado no cumpla con sus deberes determinados en el artículo 11 numeral 9 de la Constitución y en el artículo 1 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En consecuencia, en esta investigación se propone un proyecto de ley que tiene por objetivo la judicialización de los delitos de lesa humanidad de manera obligatoria y que exige a la Fiscalía investigar de forma exhaustiva estos delitos, con el fin de procurar la sanción a los responsables, la reparación integral a la víctima y a la sociedad considerada como víctima en estos delitos, obteniendo como resultado el cumplimiento de los deberes del Estado para evitar la vulneración de derechos humanos por parte de éste.

 

FINANCIAMIENTO

No monetario.

 

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Católica de Cuenca por apoyar el desarrollo de la investigación. 

 

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