INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la criminalidad organizada representa uno de los mayores retos para el ordenamiento jurídico penal a nivel internacional, debido a la sofisticación y complejidad de la estructura de las organizaciones criminales. En respuesta a dicha circunstancia, a mediados del siglo XX surge en Italia la necesidad de contrarrestar la actividad delictiva de las grandes mafias; dicho modelo fue irradiado no solamente a países europeos, sino también a Latinoamérica (Momblanc y Sosa, 2022). En el Perú, la institucionalización de la figura del colaborador eficaz tiene uno de sus primeros antecedentes normativos en la Ley N° 24651, de 20 de marzo de 1987, promulgada en el contexto de la lucha contra el terrorismo; esta normativa incorporó al Código Penal de 1924 el artículo 85-A, mediante el cual se contempló la denominada “colaboración activa del reo” como mecanismo susceptible de generar efectos favorables en la determinación de la pena, siempre y cuando la información brindada tuviera especial transcendencia para la identificación de los delincuentes, la prevención del delito o el impedimento de la actuación de grupos terroristas (Ley Nº 24651, 1987).

En la legislación peruana, la naturaleza procesal de la figura de la colaboración eficaz se encuentra regulada mediante un procedimiento especial, distinto de los procesos que el Código Procesal Penal establece como comunes. Se trata de un mecanismo eficaz para la lucha contra la criminalidad organizada, de carácter autónomo y aplicable a quien se encuentre sometido o no a un proceso penal, e incluso a quien haya sido sentenciado, siempre que proporcione información relevante y veraz sobre organizaciones criminales, con la finalidad de obtener un beneficio premial (Casación N° 852-2016/Puno, 2018).

Los antecedentes bibliográficos analizados permiten advertir una coincidencia doctrinal en torno a que la colaboración eficaz constituye un instrumento relevante para la persecución y esclarecimiento de hechos vinculados con la criminalidad organizada. En efecto, Momblanc y Sosa (2022) conceptúan a la colaboración eficaz como un mecanismo de la justicia premial negociada, vinculado al derecho penal premial, que se articula en torno a la figura del arrepentido o colaborador eficaz; éste debe admitir voluntariamente su participación en hechos delictivos o, cuando corresponda, no contradecir dicha imputación, así como haber formado parte de una organización criminal. Asimismo, debe proporcionar información relevante y útil para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la desarticulación de la actividad delictiva de dicha organización, a cambio de la obtención de beneficios que puedan comprender desde la reducción de la pena hasta la remisión, cuando ostenta la condición de sentenciado.

No obstante, la naturaleza premial y negociada de la colaboración eficaz plantea cuestionamientos relacionados con la credibilidad de la información proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz, debido a que su aporte se realiza en el marco de una negociación orientada a la obtención de determinados beneficios; en este contexto, la información que proporciona debe ser relevante, significativa y transcendental para el esclarecimiento de los hechos y, particularmente, encontrarse sujeta a mecanismos adecuados de corroboración que permitan determinar su fiabilidad.

En este sentido, algunas investigaciones advierten que dicha circunstancia puede generar el riesgo de declaraciones espurias o insuficientemente corroboradas, por lo que la información proporcionada por el colaborador eficaz no puede ser considerada, a priori, como fiable únicamente por su procedencia, sino que requiere ser sometida a mecanismos objetivos de corroboración que permitan evaluar su consistencia y fiabilidad (Tello, 2024; Herrera-Garcia et al., 2026). Asimismo, la doctrina especializada y los instrumentos normativos, como el Código Procesal Penal Peruano, regulan aspectos vinculados con la fase de corroboración; en particular, el artículo 473 establece disposiciones relacionadas con esta fase (Decreto Legislativo N° 957, 2004, art. 473), las cuales deben guardar estrecha relación con lo previsto en los artículos 16 y 18 del Reglamento del Proceso Especial de Colaboración Eficaz, aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 1301 (Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, 2017, arts. 16 y 18), recientemente modificado por el Decreto Supremo N° 003-2026-JUS (Decreto Supremo N° 003-2026-JUS, 2026).

El análisis conjunto de la doctrina, la norma procesal y la jurisprudencia peruana evidencia que la corroboración de la información proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz constituye una exigencia consolidada en el ordenamiento jurídico peruano. El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1301, que dota de eficacia al proceso especial de colaboración eficaz, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, ya establecía expresamente que la información proporcionada por el colaborador eficaz debía ser relevante, suficiente, pertinente, útil y corroborable, y regulaba tanto las diligencias de corroboración como la incorporación de sus elementos a otros procesos derivados o ligados al proceso especial de colaboración (Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, 2017). Sin embargo, la jurisprudencia contemporánea ha desarrollado criterios adicionales para controlar la fiabilidad de la información brindada por el colaborador, destacando la necesidad de contar con elementos de corroboración externos e independientes, debido al carácter interesado que puede presentar su declaración, conforme se desprende de la Casación N° 277-2021/Nacional (Casación N° 277-2021/Nacional, 2022).

De este modo, el nuevo marco normativo mantiene la exigencia de corroboración y establece condiciones adicionales orientadas a reforzar su fiabilidad. Sin embargo, persiste la necesidad de determinar cómo se articulan estas nuevas exigencias con los criterios desarrollados por el Acuerdo Plenario Nº 02-2017-SPN, la Casación Nº 852-2016/Puno y la Casación Nº 277-2021/Nacional, particularmente respecto de la suficiencia, idoneidad, independencia y objetividad de los elementos de corroboración (Ley Nº 31990, 2024; Decreto Supremo Nº 003-2026-JUS, 2026). A ello se suma el criterio del Tribunal Constitucional, que ha exigido que el órgano jurisdiccional motive y precise el nivel de corroboración alcanzado (Sentencia 677/2024, Expediente Nº 02179-2023-PHC/TC, 2024).

En tal sentido, el presente artículo tiene como objetivo analizar, desde la jurisprudencia peruana, la doctrina y la experiencia comparada, los límites de la corroboración de la información proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz bajo el marco normativo vigente al 2026. Para ello, se examina la articulación entre el artículo 473 del Código Procesal Penal, la Ley Nº 31990, el Decreto Supremo Nº 003-2026-JUS y los principales criterios jurisprudenciales, a fin de determinar si estos permiten establecer un estándar suficientemente preciso para valorar la eficacia probatoria de dicha información (Decreto Legislativo Nº 957, 2004).

MÉTODO

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con diseño documental y naturaleza jurídico-dogmática, orientada a interpretar y analizar críticamente las disposiciones normativas, criterios jurisprudenciales y aportes doctrinales relacionados con los límites de la corroboración de la información proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz en el proceso penal peruano. El análisis comprendió la evolución normativa y jurisprudencial de la institución hasta el año 2026, con especial atención a las modificaciones introducidas por la Ley Nº 31990 y el Decreto Supremo Nº 003-2026-JUS (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2023).

El corpus de análisis estuvo integrado por fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales seleccionados atendiendo a su pertinencia temática, relevancia jurídica, actualidad y relación directa con el problema investigado. En el ámbito normativo se examinaron los artículos 472 al 481-A del Código Procesal Penal, el Reglamento del proceso especial de colaboración eficaz aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-2017-JUS, la Ley Nº 31990 y el Decreto Supremo Nº 003-2026-JUS. En el ámbito jurisprudencial se analizaron el Acuerdo Plenario Nº 02-2017-SPN, casaciones de la Corte Suprema vinculadas con la corroboración y valoración de la información del colaborador, así como pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Asimismo, se incorporó doctrina jurídica nacional y comparada cuando aportó criterios relevantes para el objeto de estudio.

Para el análisis se emplearon los métodos dogmático-jurídico, hermenéutico y comparativo. El primero permitió sistematizar las disposiciones que regulan la colaboración eficaz y determinar su articulación normativa (Mila-Maldonado et al., 2021). El segundo, posibilitó interpretar el alcance de las normas y criterios jurisprudenciales (Adame-Goddard, 2022). Y el tercero permitió contrastar determinados criterios con referentes doctrinales y jurídicos de otros ordenamientos. Esta combinación permitió examinar la evolución de los estándares de corroboración y su relación con las nuevas exigencias normativas, superando una aproximación limitada a la interpretación literal de las disposiciones.

La técnica utilizada fue el análisis documental y de contenido jurídico, mediante una matriz de análisis documental y jurisprudencial que permitió sistematizar los criterios relevantes de las fuentes examinadas. El análisis se organizó en torno a las categorías de suficiencia, idoneidad, independencia y objetividad de los elementos de corroboración, así como a las condiciones para la utilización de la información del aspirante en el proceso penal receptor. Finalmente, se identificaron coincidencias, divergencias y líneas interpretativas entre la normativa, la doctrina y la jurisprudencia, lo que permitió evaluar la evolución del estándar de corroboración y determinar los límites que actualmente condicionan la eficacia probatoria de la información proporcionada por el colaborador eficaz.

RESULTADOS

El examen heurístico del marco normativo permitió advertir la ausencia de un estándar definido y uniforme para determinar la suficiencia de la corroboración de la información proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz. Desde el análisis dogmático, se evidenció que la colaboración eficaz constituye una expresión del Derecho Premial, sustentada en una lógica consensual mediante la cual el Estado concede beneficios al colaborador a cambio de información útil y relevante para el esclarecimiento y persecución de delitos vinculados con la criminalidad organizada.

Desde esta perspectiva, Momblanc y Sosa (2022) la definieron como un mecanismo de justicia penal negociada donde la idoneidad y eficacia de los datos aportados por el aspirante a colaborador maniobran como el requisito funcional para obtener el beneficio premial. Asimismo, los autores analizaron posturas doctrinales que permiten diferenciar la institución del colaborador eficaz del arrepentido; debido a que la delación no indexa un auténtico remordimiento o arrepentimiento por el ilícito perpetrado sino la entrega de información relevante para obtener una consecuencia penal favorable.

Desde el análisis de la dogmática probatoria, podemos señalar que la declaración vertida por el aspirante a colaborador ostenta una utilidad de carácter reservado y restringido, quedando restringida exclusivamente para fundamentar la imposición de medidas limitativas o mandatos de coerción procesal penal. Como menciona Tello (2024):

Estos elementos de convicción que corroboran la declaración mencionada constituyen una exigencia legal establecida por lo señalado en el artículo 158 numeral 2 del Código Procesal Penal que establece que “En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria”. (p.127)

En ese sentido, no basta con proporcionar información relevante y corroborada, sino que además dicho medio probatorio está condicionado a que no se utilice en contra del delator, sino contra sus coimputados o terceros, cautelando de esta manera el principio de no autoincriminación.

Una de las cuestiones más importantes que resalta Tello (2024) es el valor probatorio de la prueba trasladada producto de proceso de colaboración eficaz que necesariamente debe ser compulsada en el proceso penal receptor, incluso verificando su validez desde el proceso de colaboración eficaz. Asimismo, no se debe perder de vista que la delación constituye una “prueba sospechosa”.

En esta línea, la jurisprudencia peruana ha considerado que la información proporcionada por el colaborador o delator constituye una prueba sospechosa que, por sí sola, no resulta suficiente para sustentar la convicción judicial, debido a los posibles intereses que pueden motivar su declaración, como la búsqueda de beneficios, la propia exculpación o incluso la venganza; de ahí el riesgo de que se aporten datos falsos o manipulados para obtener ventajas (Herrera-Garcia et al., 2026). Por ello, se ha enfatizado la necesidad de contar con elementos externos de corroboración. Este criterio también ha sido reconocido por el Tribunal Supremo español, que ha advertido que la sola declaración del arrepentido no resulta suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de un tercero, precisamente por los riesgos asociados a la finalidad perseguida por quien declara (Tello, 2024).

Esto nos indica que no basta con tomar la declaración del colaborador como prueba plena por cuanto debe estar corroborada con otros elementos de convicción objetivos en contra del coimputado, y aunque dos coimputados declaren en contra de un tercero no resulta suficiente para una acusación o sentencia condenatoria en un proceso penal receptor.

En el ámbito de la doctrina latinoamericana, Campos-Doria (2025) identificó en la regulación boliviana una evidente colisión entre la parte operativa en la persecución de la criminalidad organizada y el bloque de garantías procesales de los afectados con la delación. Desde esta óptica, el beneficio premial adquiere una dimensión relevante porque el interés del aspirante es obtener beneficios y ello trae consigo severas restricciones a los principios del proceso penal ordinario como viene a ser la publicidad, inmediación y contradicción. En consecuencia, el derecho comparado evidenció que la viabilidad del mecanismo exige la articulación de filtros de control judicial.

La colaboración premiada constituye un mecanismo particularmente eficaz para enfrentar la criminalidad organizada cuando es utilizada adecuadamente, debido a que permite obtener información y elementos de convicción que difícilmente podrían ser identificados sin la participación de personas vinculadas a la propia organización criminal; esta posibilidad contribuye a reducir los costos sociales asociados a la persecución del delito y favorece una actuación más eficiente de los órganos jurisdiccionales y de las fuerzas encargadas de la investigación; asimismo, la autora destaca que esta institución puede generar mayores beneficios que costos para la sociedad, al producir efectos disuasorios frente a la actividad delictiva, posibilitar la recuperación parcial de los bienes o productos derivados del delito, contribuir a la desarticulación de las organizaciones criminales y, simultáneamente, otorgar determinados beneficios jurídicos a los imputados que colaboran con la justicia (Campos-Doria, 2025).

Sin embargo, la colaboración eficaz también ha sido objeto de críticas desde la perspectiva del debido proceso, particularmente por la posible afectación del derecho de defensa de los delatados; la confidencialidad del procedimiento puede impedirles acceder oportunamente a determinados actos de investigación, declaraciones y elementos probatorios aportados por el colaborador, limitando sus posibilidades de contradicción. (Momblanc y Sosa, 2022, p. 247)

Finalmente, desde una vertiente axiológica y epistemológica jurídica, los hallazgos descritos trascienden el mero utilitarismo pragmático para advertir que la legitimación ontológica de la colaboración eficaz no se agota en su funcionalidad, sino que depende también de la racionalidad de su justificación en las decisiones judiciales que se edifican a partir de la información proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz.

En cuanto al análisis del Libro V, sección VI, del Código Procesal Penal (arts. 472 al 481-A) y del reglamento primigenio de colaboración eficaz, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, se determinó que la corroboración de la declaración del aspirante es un requisito indispensable para dotar de eficacia a la información proporcionada de modo que su relevancia y contundencia definen la procedencia del acuerdo de colaboración. El reglamento, además, estableció la falta de validación como causal de denegación y exigió que los hechos materia de delación fueran corroborados total o parcialmente (Acuerdo Plenario Nº 02-2017-SPN, 2017).

La articulación entre la innovación introducida a través de la Ley N° 31990 y su desarrollo reglamentario mediante el Decreto Supremo N° 003-2026-JUS demostró una intensificación del control respecto a los datos proporcionados por el aspirante a colaborador. La reforma de los artículos 473, 476-A y 481-A del Código Adjetivo Penal introdujo mayores salvaguardas y garantías en la obtención y corroboración de la información, entre ellas, la necesaria participación del abogado defensor en la declaración del aspirante, la obligatoriedad de proporcionar información relevante y los medios necesarios para su validación (Ley N° 31990, 2024). Por otro lado, la novedosa disposición reglamentaria en su artículo 16 numeral 5 destaca la prohibición expresa de corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes. Asimismo, el artículo 48 numeral 1 de la norma reglamentaria modificada precisa que los elementos de convicción recabados en el proceso especial de colaboración podrán ser utilizados en otros procesos conexos que atañen a la investigación de la organización criminal (Decreto Supremo N° 003-2026-JUS, 2026).

El examen jurisprudencial patentizó que la Corte Suprema de la República del Perú ha exigido de manera continua una corroboración externa para dotar de eficacia y validez a la información proporcionada por el aspirante, descartando que la mera sindicación constituya argumento suficiente de la imputación. En la Casación N° 852-2016/Puno (2018) se estableció que la fase de corroboración es primordial para el éxito de la colaboración eficaz y, conforme a ello, se precisó que la sola sindicación no es suficiente para concluir que la información sea veraz (fundamento décimo séptimo). La misma jurisprudencia casatoria exige la necesidad de corroboración externa a la declaración incriminatoria a fin de no vulnerar la garantía fundamental de presunción de inocencia.

Esta obligatoriedad también se evidenció en la Casación N° 1796-2018/Puno (2021) que se adhiere a la línea jurisprudencial que conceptúa al colaborador eficaz como un criminal arrepentido que proporciona información corroborada y aprobada judicialmente y que puede ser trasladada a otros procesos conexos o derivados. Dicha información para sustentar una base condenatoria debe cumplir los requisitos de procedencia, pertinencia, relevancia, eficacia y licitud que son los elementos limitantes para su validez (Casación N° 277-2021/Nacional, 2022).

El análisis de la jurisprudencia constitucional permitió reafirmar que la corroboración constituye un requisito fundamental de la colaboración eficaz y una condición necesaria para utilizar la información del aspirante como elemento de convicción en la imposición de medidas de coerción de alta intensidad. Asimismo, el Tribunal Constitucional advirtió que el uso de la colaboración eficaz sin la debida corroboración puede afectar derechos fundamentales, particularmente la presunción de inocencia. En esa línea, recogió los criterios de valoración establecidos en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116 (2005), destacando que el relato incriminador debe encontrarse mínimamente corroborado mediante elementos externos y que el órgano jurisdiccional debe precisar el nivel de corroboración alcanzado (Sentencia 677/2024, Expediente Nº 02179-2023-PHC/TC, 2024).

Los hallazgos identificados permiten, finalmente, bosquejar si los criterios normativos y jurisprudenciales estudiados hasta el 2026 resultan suficientemente precisos y coherentes para determinar cuándo los elementos de corroboración alcanzan un nivel de suficiencia, idoneidad, independencia y objetividad que consienta otorgar eficacia probatoria a la información proporcionada por el aspirante.

DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación evidenciaron que, si bien la jurisprudencia peruana y la doctrina analizada coinciden en reconocer la corroboración externa como condición necesaria para otorgar eficacia probatoria a la información proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz, no existe un criterio uniforme respecto del nivel de suficiencia, idoneidad e independencia que deben reunir los elementos destinados a corroborarla. Este hallazgo coincide con Tello (2024) y López-Ruiz (2026), quienes sostienen que dicha información debe contar con elementos externos y objetivamente verificables, cuya valoración no se agota en el procedimiento especial, sino que debe realizarse también en el proceso penal receptor. Sin embargo, el análisis efectuado permitió advertir que las fuentes doctrinales y jurisprudenciales examinadas no establecen un umbral uniforme que permita determinar cuándo los elementos de corroboración alcanzan el grado suficiente para sustentar su eficacia probatoria. En la misma línea, López-Ruiz (2026) advierte que la legitimidad del sistema de colaboración eficaz exige estándares de corroboración más rigurosos, menor discrecionalidad en la concesión de beneficios y una jurisprudencia más uniforme.

El contraste investigativo evidenció que la Ley N° 31990 y el Decreto Supremo N° 003-2026-JUS robustecieron las condiciones de control de la información facilitada por el aspirante, exigiendo la introducción obligatoria de elementos de convicción externos, frenando la validación cruzada de delatores y precisando su aporte en causas conexas (Ley N° 31990, 2024). No obstante, al contrastar estas modificaciones con los razonamientos jurisprudenciales previamente identificados, se evidencia que la Corte Suprema ya exigía dicha rigurosidad y corroboración independiente en los testimonios de los delatores. Por ello, más que la instauración de un estándar de prueba inédito, la reforma representa la sistematización taxativa y el desarrollo detallado de directrices preexistentes. En consecuencia, el debate central no gira únicamente en la incorporación de nuevas restricciones, sino en determinar si las modificaciones reglamentarias han logrado traducir esos principios en parámetros suficientemente precisos y constituyen el umbral de suficiencia, idoneidad e independencia exigible para conceder eficacia probatoria a la información del aspirante.

El análisis jurisprudencial demostró que tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional convergen en una postura uniforme respecto a la exigencia de elementos de corroboración externos y objetivos para sustentar la eficacia de la información aportada por el aspirante y el deber de una motivación cualificada en su valoración (Casación N° 852-2016/Puno, 2018; Sentencia 677/2024, Expediente N° 02179-2023-PHC/TC, 2024; Sentencia 0294/2026, Expediente 04897-2023-PHC/TC, 2026).

Pese a lo anterior, el problema radica en determinar si dicha convergencia jurisprudencial ha logrado configurar un estándar suficientemente preciso para establecer cuándo los actos de corroboración satisfacen, de manera concurrente, las exigencias de idoneidad, suficiencia e independencia necesarias para dotar de eficacia probatoria a la información proporcionada por el aspirante.

¿Ha logrado la jurisprudencia peruana consolidar un umbral técnico suficientemente preciso de idoneidad e independencia para la corroboración de la información proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz?

La respuesta que se obtuvo del análisis efectuado nos permite señalar que la jurisprudencia peruana ha consolidado la corroboración externa como exigencia ineludible vía control judicial de la información aportada por el aspirante, pero no ha logrado definir un umbral técnico que permita establecer cuándo la información corroborativa alcanza de manera concurrente suficiencia, idoneidad e independencia. Esta falta de certeza normativa resulta crítica frente al sistema reforzado a través de la Ley N° 31990 (2024) y el Decreto Supremo N° 003-2026-JUS (2026), pues, aunque este avance fortalece la verificación y veta ciertos medios de validación, obliga al juzgador a fundamentar racionalmente la aptitud epistemológica de la información aportada. Desde el enfoque filosófico del derecho ello permite sostener que la validez de la corroboración y la decisión judicial que limita derechos fundamentales como consecuencia de esta, no se agota en la presencia puramente fáctica de los datos corroborativos, sino de la viabilidad de motivar lógicamente el nexo inferencial entre los elementos de convicción externos y la delación del aspirante.

CONCLUSIONES

El análisis doctrinal y comparado del instituto de la colaboración eficaz permitió establecer que se trata de una herramienta fundamental para luchar contra el flagelo de la criminalidad organizada. Se basa en un modelo de justicia penal premial negociada entre el aspirante y el Estado, orientado a obtener beneficios mutuos para desarticular organizaciones delictivas complejas a cambio de recibir una reducción o exención de la pena por parte del aspirante.

Si bien la Ley N° 31990 y el Decreto Supremo N° 003-2026-JUS fortalecieron las exigencias para corroborar la declaración del delator, no delimitaron de manera explícita un estándar normativo uniforme de idoneidad, suficiencia y autonomía, respecto a la corroboración de la información del aspirante.

Los criterios vinculantes de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han ratificado la necesidad de la corroboración externa y objetiva de la información proporcionada por el aspirante a colaborador. Pese a ello, la jurisprudencia analizada no ha demostrado la existencia de un estándar técnico-jurídico suficientemente determinado que permita identificar pautas comprobables de los elementos de convicción que no adolezcan de niveles de suficiencia, idoneidad e independencia para revestir de mérito probatorio a la corroboración.

La presente investigación propone delimitar que la corroboración de la colaboración eficaz va más allá de un simple requisito procesal y se configura como un estándar científico de control racional de la información del delator que debe cumplir con los presupuestos de idoneidad e independencia a fin de que la magistratura cumpla con distinguir una imputación puramente subjetiva con una declaración dotada de auténtica solidez probatoria.

Finalmente, se colige que el sistema normativo peruano reconoce y consolida la corroboración como límite de validez infranqueable para la eficacia probatoria de la información remitida por el aspirante. Sin embargo, en el escenario actual (2026) subsiste la urgencia de contar con un desarrollo jurisprudencial analítico a fin de estandarizar los criterios de suficiencia, idoneidad e independencia a fin de garantizar que la valoración y decisión judicial responda a una justificación racional acorde con el respeto de los derechos constitucionales del debido proceso y derecho de defensa.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y a la Pontificia Universidad Católica del Perú, por el apoyo brindado en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Acuerdo Plenario N° 02-2017-SPN. (2017, 5 de diciembre). Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales, I Pleno Jurisdiccional 2017 (Mendoza Ayma y Sahuanay Calsín, M.P.). https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/11/AP-2-2017-SPN-LPDerecho.pdf

Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116. (2005, 30 de septiembre). Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/10/Acuerdo-Plenario-2-2005-CJ-116-LP.pdf

Adame-Goddard, J. (2022). Método y objeto de la ciencia jurídica. En M. Marván Laborde (Coord.), Metodologías de investigación jurídica y fenómenos de relevancia jurídica (pp. 13-22). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7161/20.pdf

Campos-Doria, M. (2025). La vulneración del derecho de defensa en el procedimiento para la aplicación de la colaboración eficaz en Bolivia. Reflexiones a partir de su regulación en la Ley 1390. Opinión Jurídica, 24(52), 1-25. https://doi.org/10.22395/ojum.a4745

Casación N° 1796-2018/Puno. (2021, 29 de abril). Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Transitoria (Bermejo Ríos, M.P.). https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/08/Casacion-1796-2018-Puno-LP.pdf

Casación N° 277-2021/Nacional. (2022, 7 de marzo). Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente (San Martín Castro, M.P.). https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2898625/CAS%20277-2021.pdf.pdf?v=1646855923

Casación N° 852-2016/Puno. (2018, 11 de diciembre). Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Transitoria (Figueroa Navarro, M.P.). https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/03/Casacion-852-2016-Puno-LP.pdf

Decreto Legislativo N° 957. (2004, 29 de julio). Código Procesal Penal. Diario Oficial El Peruano. https://lpderecho.pe/nuevo-codigo-procesal-penal-peruano-actualizado/

Decreto Supremo N° 003-2026-JUS. (2026, 3 de febrero). Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1301, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2017-JUS. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2483144-1

Decreto Supremo N° 007-2017-JUS. (2017, 30 de marzo). Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1301, Decreto Legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1503314-6

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2023). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores.

Herrera-Garcia, J., Rabanal-Oyarce, A., Chauca-Palma, L. F., & Burga-Tarrillo, C. C. (2026). Colaboración eficaz en derecho procesal penal y su implicancia contra la delincuencia organizada. Aula Virtual, 7(14), e644. https://doi.org/10.5281/zenodo.18641861

Ley N° 24651. (1987, 20 de marzo). Ley que modifica, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal y dicta normas sobre terrorismo. Diario Oficial El Peruano. https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/24651-mar-19-1987.pdf

Ley N° 31990. (2024, 21 de marzo). Ley que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal Penal a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2272588-1

López-Ruiz, M. D. (2026). Eficacia del sistema de colaboración eficaz en la lucha contra el crimen organizado en el Perú: análisis crítico desde la política criminal y los derechos fundamentales. PROHOMINUM. Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 8(1), 289-305. https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0442

Mila-Maldonado, F. L., Yánez-Yánez, K. A., & Mantilla-Salgado, J. D. (2021). Una aproximación a la metodología de la investigación jurídica. Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho, 8(2), 81-96. https://doi.org/10.5354/0719-5885.2021.60341

Momblanc, L., & Sosa, A. (2022). La figura del colaborador eficaz como componente del Derecho Penal Premial. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Alas Peruanas, 20(30), 229-258. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8737899

Sentencia 0294/2026, Expediente 04897-2023-PHC/TC. (2026, 2 de febrero). Tribunal Constitucional del Perú, Sala Segunda. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2026/04897-2023-HC.html

Sentencia 677/2024, Expediente N° 02179-2023-PHC/TC. (2024, 20 de mayo). Tribunal Constitucional del Perú, Sala Segunda (Gutiérrez Ticse, M.P.). https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/Expediente-02179-2023-HC-TC-LPDerecho.pdf

Tello, I. (2024). La colaboración eficaz en el Perú. Derecho Penal y Criminología, 45(119), 109-144. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9679704

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RESUMEN

ABSTRACT