http://dx.doi.org/10.35381/i.p.v4i1.1856
Políticas públicas del adulto mayor. Eficiencia en la atención sanitaria estatal del Ecuador
Public policies for the elderly. Efficiency in state health care in Ecuador
Edwyn Williams Marín-Tapia
Universidad César Vallejo, Piura, Piura
Perú
https://orcid.org/0000-0003-4144-5359
Recibido: 02 de febrero 2022
Revisado: 20 de marzo 2022
Aprobado: 15 de mayo 2022
Publicado: 01 de junio 2022
RESUMEN
La población de adultos mayores trae implícito necesidades sanitarias propias de la edad; en respuesta, el Estado formula y aplica políticas públicas para atender éstas necesidades, que supone deben ser enfocadas de acuerdo a los requerimientos propios de cada grupo etario. Por lo que se desprende el objetivo de conocer su eficiencia e incidencia de las políticas públicas enfocadas a los adultos mayores; con un alcance de investigación descriptivo, utilizando la técnica del análisis documental, e instrumentos como la ficha de investigación; que permitió conocer que las política públicas son diseñadas en forma general, sin la caracterización de las subcategorías longevas, carece de estrategias para su aplicabilidad, falta implementar una evaluación ex post, insuficiente voluntad e interés político, y recursos económicos; por lo que se concluye que los adultos mayores tienen inmensas necesidades sanitarias y económicas no resueltas, lo que impide tener un nivel óptimo de calidad de vida.
Descriptores: Gerontología; lucha contra las enfermedades; política de la salud; política y gobierno. (Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
In response, the State formulates and applies public policies to meet these needs, which are supposed to be focused according to the requirements of each age group. Therefore, the objective is to know the efficiency and incidence of public policies focused on older adults; with a descriptive research scope, using the documentary analysis technique, and instruments such as the research form; This allowed us to know that public policies are designed in a general way, without the characterization of the long-lived subcategories, lacking strategies for their applicability, lacking the implementation of an ex post evaluation, insufficient political will and interest, and economic resources; therefore, it is concluded that older adults have immense unresolved health and economic needs, which prevents them from having an optimal level of quality of life.
Descriptors: Gerontology; fight against diseases; health policy; politics and government. (UNESCO Thesaurus).
INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de la población es una agenda de orden mundial, y más cuando actualmente la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a 60 años; así, para el 2050 se proyecta que éste grupo llegue a 2.000 millones, incrementándose 900 millones, en relación al año 2015; así mismo, las subcategoría de 80 años llega a 125 millones de personas, para el 2050 se prevé 434 millones de personas en todo el mundo; de cuya cantidad, 120 millones corresponderá a China, y el 80% corresponderá a poblaciones de países con medianos y bajos ingresos; los cambios para adaptarse a este incremento, demanda que los Estados realicen modificaciones, adaptaciones a escala mundial, con cambios drásticos que se perciben mayormente en países de economías de ingresos altos y medianos, con pautas que pueden tardar desde 150 años como el caso de Francia; y Brasil; China e India 20 años aproximadamente; los países con mayor índice de este grupo de población se concentrará en los países de Chile, China, Irán, Rusia, con cifras similares que Japón (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2021).
El ciclo de vida del ser humano está conformada por varias etapas, una de ellas, la vejez; que por su edad es llamado adulto mayor; este grupo etario merecen la atención, acogida y amparo de los derechos humanos, que desde 1945 viene gestionándose internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin exclusión de raza, color, sexo, idioma, religión, edad, u otra condición humana; el envejecimiento de las personas conlleva transformaciones sociales como laborales, financieras, y promoción de bienes y servicios (Naciones Unidas, 2021), y requieren atención y protección especial, priorizada, personalizada, en materia de inclusión social, económica, de forma prioritaria, especializada y llevando una vida de paz, sin violencia (Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2018); de estas personas cuya edad sea a partir de 60 años (Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 2019), por lo que debe ser una declaración política con orientación prioritaria para fomentar la salud y bienestar en la vejez de las personas (Segunda Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento, 2002).
La Constitución ecuatoriana reconoce a los adultos mayores como un grupo de atención preferencial; así mismo, establece la obligación del Estado en lo referente a protección y garantía de los derechos, que lo expresa en el artículo 37, de la Constitución del Ecuador, mediante políticas públicas de atención a personas adultas mayores, en conformidad con el artículo 38 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008); y es promovida, regulada y garantizada, la vigencia, difusión y ejercicio mediante la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019); cuyos lineamientos, directrices y norma esta expedido en su Reglamento (Asamblea Nacional del Ecuador, 2020).
Para atender a 1,3 millones de ciudadanos adultos mayores que viven en el país, que tienen más de 65 años, de lo cual, el 53% corresponde a mujeres y el 47% a hombres (El Universo, 2021). La OMS en la 69 ª Asamblea Mundial de la Salud, determina estrategias y el Plan de Acción Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud 2016 – 2020, insta a los países miembros, entre otros Ecuador, a que se gestione un nuevo paradigma de envejecimiento saludable y con medidas públicas para promoverlo; y que se contribuya con el apoyo y ejecución de estrategias.
El problema de investigación está en torno a las incidencias que ha sufrido una frágil población debido a la influencia de los modelos económicos. En torno la vida del adulto mayor gira ideologías derivadas del neoliberalismo, por lo que es descuidado, desplazado, considerado como un estorbo, inclusive en las familias; expresiones de desprecio, dando una interpretación negativa de la vejez, relacionándolo con inconvenientes de segregación, deterioro, dependencia, inactividad, inutilidad, como deseando únicamente la muerte para los adultos mayores; agravándose más, en una sociedad cada vez más injusta, insensible y egoísta; que vulneran sus derechos, pero se imponen sus obligaciones, quedando sus vidas en la marginación, y destinando a la exclusión social, parecería que la ilusión de tener una vejez digna, solo queda como un sueño, y en el imaginario de muchos ancianos que no tienen un merecido descanso, y aún más se agrava la situación, cuando adolecen de algún tipo de discapacidad que lleva a la dependencia.
¿Qué es una persona adulta mayor?, son personas que tienen derechos, activos, amparados por garantías, responsabilidades, consigo mismo, su entorno familiar, la comunidad y futuras generaciones; estas personas envejecen de distintas formas que está relacionada con su desarrollo de vida e involucra periodos de deterioro de su organismo; es decir, se produce un envejecimiento humano, entendido como un proceso multidimensional heterogéneo, que involucra un proceso de cambios de tipo biológico y psicológico, intrínseco e irreversible, que inicia desde el nacimiento del ser humano y culmina con la muerte de la persona; la vejez entonces como consecuencia irreversible del deterioro del ser humano, lleva a tener necesidades especiales, limitaciones cambios, perdida de facultades o capacidades físicas y mentales, oportunidades y vigorosidad (Ministerio de Salud de Colombia, 2021).
Varias son las enfermedades relacionadas con el incremento de la edad, por deficiencia en el organismo: pérdida de audición, visión y movilidad; intensificándose comorbilidades, cardiopatías respiratorias crónicas, cerebrovasculares, cáncer y demencia (Rosero, 2020), trastornos de sueño (Cepero-Pérez et al., 2020); deterioro cognitivo, depresión, hipertensión arterial y osteoartrosis; enfermedades cardiovasculares: o hipertensión, cardiopatía isquémica, valvulopatías degenerativas, miocardiopatías y trastornos del ritmo cardiaco, estrés, (Liao et al. 2020).
Con la finalidad de promover una mejor la calidad de vida de los adultos mayores, han surgido iniciativas como la década del envejecimiento saludable (2021-2030), que mediante su plataforma convoca a los sectores interesados como gobiernos y administraciones, ciudadanía, entidades internacionales, profesionales, a la academia, medios, sector privado, para articular acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, familia y comunidad; que concretamente se enfocan en cuatro aspectos: cambiar la percepción mental del envejecimiento, fomentar las capacidades del grupo de personas mayores, orientación de atención integral y de servicios enfocados en adultos mayores y accesibilidad a los servicios a largo plazo (Organización Panamericana de la Salud OPS, 2021). The Stakeholder Group on Ageing (SGA) es una entidad preocupada en los adultos mayores cuyos objetivos pretenden integrar los problemas del envejecimiento en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y mundial (Dongilli et al. 2016).
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), consiste en un llamado mundial realizado en el año 2015 a sus países miembros, como un desafío conjunto con la finalidad que en planeta se brinden las condiciones adecuadas para que las personas gocen de paz, prosperidad, como también erradicar el hambre, pobreza y proteger el planeta, discriminación contra la mujer y niñas, SIDA, para el año 2030; estos objetivos ambiciosos se sintetizan en los diez y siete objetivos que lo conforman, con sus enfoques, cuyas incidencias positivas, beneficiarán a otras áreas, en un marco de desarrollo equilibrado con la sostenibilidad del medio ambiente, económico y social; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuenta con la participación de ciento setenta países que a su vez, dicho organismo está interesado en que los ODS brinden soluciones integradas, y que se trate estos objetivos de forma conjunta, para lo cual es necesario tratarlo desde una perspectiva de conocer las causas profundas y sus conexiones, centrado en los sistemas sociales y de la comunidad, para de esta forma cumplir con las metas planteadas en los ODS, con una participación cooperadora y conjunta entre los países miembros que convoca también al Estado y sus entidades del Sector Público, al Sector Privado y sus organizaciones, sociedad civil, quienes deben asumir roles de participación activa y poder de esta forma facilitar un desarrollo sostenible, y que futuras generaciones puedan recibir el beneficio de los esfuerzos actuales (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , 2021).
Dentro de los ODS que mencionan a los adultos mayores, pretende insertar en la Agenda 2030 para reivindicar sus derechos, en el contexto de dicha Agenda, y los derechos humanos de las personas mayores (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021). En los objetivos y metas que se intenta involucrar a los adultos mayores, se encuentra el objetivo 2 poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, la meta 2.2 expresa de aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025.
Las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad; así mismo, bajo el objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, la meta 11.2 de aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad, y la meta 11.7 expresa de aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2018). Como en el caso de México, sin lugar a duda, los que sufren más impacto ante el incumplimiento de las garantías y protecciones sociales, son los adultos mayores de ingresos económicos bajos, y llegando más a profundidad, las mujeres, siendo el género que más tiempo dedican a actividades domésticas y de cuidado (Rea-Ángeles et al. 2021).
METODOLOGÍA
La investigación tubo un estudio descriptivo; para poder realizar un análisis y describir las situaciones que atraviesan los adultos mayores, el contexto donde se desarrollan y la serie de sucesos que atraviesan, en un contexto social y familiar; se llegó a describir el fenómeno de investigación una vez que el alcance explicativo permitió llegar a conocer las causas por las que las políticas públicas no logran el efecto esperado, para lo cual fueron diseñadas, así como estimar el alcance de estas políticas en la población investigada.
Para poder llegar a conocer la situación actual del problema de investigación y describir el contexto sanitario, se partió de una revisión sistemática, mediante el análisis documental de: informes de organismos internacionales, material bibliográfico, artículos científicos de investigación y periódico en línea, tomando criterios lógicos relacionados con políticas públicas, estilo de vida y servicios sanitarios, orientados a los adultos mayores (Hernández Sampieri et al. 2014).
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Al momento de formular y aplicar las políticas públicas del cuidado y protección del adulto mayor, se debe contemplar aspectos sociales, económicos y psicológicos del adulto mayor, que permitan gozar de una vida adecuada, acceso universal de servicios de salud, cuidado, protección, en forma de restitución de sus derechos, hacia una vejez positiva. El Estado ecuatoriano brinda atención a los adultos mayores mediante las siguientes prestaciones de servicios en centros gerontológicos residenciales y centros diurnos gerontológicos; servicios gerontológicos en espacios activos de socialización y encuentro y de atención domiciliaria; Servicio de atención en el hogar y la comunidad para personas con discapacidad y en centros diurnos de desarrollo integral para personas con discapacidad; servicios de atención en centros de referencia y acogida para personas con discapacidad.
La situación de cuidado del adulto mayor en el Ecuador se brinda a través de servicios de salud brindados por el sistema de protección social, sin embargo, su existencia no conlleva a una garantía que estos sean de calidad, suficientes y que se puedan sostener financieramente y que se encuentren enfocados adecuadamente al grupo etario dependiente, considerando también la equidad de género; el sistema de protección social está orientado tradicionalmente a la atención de personas con requerimientos sanitarios para trabajadores formales, así como también a los más pobres.
En todo caso, en la última década han surgido cambios demográficos, económicos, políticos y sociales, trayendo consigo necesidades del envejecimiento de la población, en un contexto donde el reparto del cuidado no es equitativo entre hombres y mujeres, no considera el involucramiento laboral femenino y se evidencia la ausencia de servicios de atención al adulto mayor dependiente; ante lo cual el Ecuador ha formulado una matriz de servicios y cuidados enfocados en pobreza y extrema pobreza, revisando los servicios actuales y generando la norma respectiva, con alcance conceptual y análisis legal de las políticas, para la atención y satisfacción de necesidades de poblaciones prioritarias como el caso de personas mayores dependientes, con responsabilidad compartida entre el Estado, las familias.
En este sentido, el sistema de cuidando no está eficientemente organizado o no brinda la cobertura según los objetivos planteados. El Estado ecuatoriano, aplica sus políticas públicas mediante el MIES, mismo que debe fortalecer algunos aspectos: implementar la unidad de cuidados, que diseñe y coordine las subsecretarías del ministerio; considerar las ofertas de las personas cuidadoras del adulto mayor en temas como por ejemplo nivelación de competencia, capacitación, autocuidado, etc.; profesionalización del cuidado con miras a un trabajo formal; analizar y evaluar la eficiencia, y calidad de los servicios de cuidado; no solamente se debe contemplar la variable vulnerabilidad, sino que se debe también agregar la variable dependencia del adulto mayor.
Para determinar la demanda real de servicios de discapacidad; implementar un sistema propio que recopile y proporcione información de personas que requieran atención, como también brinden datos de su familia, en centros de referencia y acogida, servicios de centros diurnos y atención en hogar; mejorarla en proporcionar información cualitativa de seguimiento y monitoreo de atención que permita tener un mejor análisis de focalización y cobertura; avanzar en fortalecer la articulación e integración intersectorial, entre entidades de educación, salud, trabajo y seguridad social, para una evaluación real de requerimientos de apoyo y cuidados, diseño del plan de cuidos, requerimientos de servicios y seguimiento; modernización en la atención sanitaria como por ejemplo mediante la teleasistencia, para casos de personas de leve a moderada dependencia (Ibíd.). Con la intención de conocer las demandas actuales de servicios, mejorar las políticas públicas y asistencia, el Ecuador ha recibido el acompañamiento de Eurosocial +, para lograr una mejor cohesión social, y se ha realizado seguimiento conjunto en los años 2020 y 2021 (Eurosocial: programa para la cohesión social, 2021).
Respecto a los servicios sanitarios que acceden los afiliados al Instituto de Seguridad Social (IESS), actualmente atraviesan falta de liquidez en sus arcas fiscales, que afectan al fondo de invalidez, vejez y muerte; lo que lleva a entender que el fondo de pensiones se encuentra en crisis; para ello es pertinente analizar lo que sucede con los afiliados. Así, el número de asegurados crece en menor medida; de esta manera, entre el año 2010 y 2011 se incrementó en un 7%, no así, luego de siete años, en el 2018, cayó al 3%, y a decir de las proyecciones, este comportamiento se mantendrá hasta el año 2030; por otra parte, las cifras de afiliados y jubilados han experimentado picos, así la curva de jubilados, en el 2016 se incrementó un 16%, para el año 2017 sumó más 12%, en el año 2018 un 18% más; la caída del crecimiento de jubilados en el 2019 fue del 5%
En relación al incremento del 1% de afiliados; esto significa que se requiere más recursos que proporciones los afiliados para el pago de pensiones de los jubilados; desde el 2017 se viene dando que ocho afiliados sostienen a un jubilado, no así para el 2050, en el que solamente habrá dos asegurados para un pensionista; en este orden, la demanda de recursos por concepto de pensiones es creciente, es el caso que para el 2013 se desembolsó 1.965 millones, para el 2020 4.470 millones, por lo que la demanda de mayores recursos es urgente; y en consecuencia, de mayor número de afiliados que alimenten los fondos frescos de forma periódica, para el sostenimiento del sistema se seguridad social estatal y no se vea amenazado; se requiere además que el Estado ecuatoriano cumpla con la asignación de su aporte que le corresponde, al IESS, que significa el 40% de total, de cuyo porcentaje, proporcionó el 28%, dejando un déficit del 12% (El Comercio, 2020). A medida que crece la población, se requiere de más inversión social, mediante la implementación de equipos, médicos y tecnología, para atender este segmento de población, cuyos recursos deberían ser proporcionados por el Estado (El Comercio, 2017).
En relación a este análisis, el Estado ecuatoriano informa a la ONU, mediante su Misión Permanente de Ecuador, de la implementación de políticas de protección de los adultos mayores, sustentada en la Constitución y la norma pertinente, que aplica mediante el programa mis mejores años, para atender con servicios de asistencia sanitaria a un grupo etario que hasta el 2030 se incrementará en un 46% en el mundo (El Telégrafo, 2021a).
A nivel nacional, existe un alto índice de adultos mayores en estado de pobreza y pobreza extrema, o adolece algún tipo de discapacidad, muchos pasan sus días en la soledad, sumidos en la exclusión y discriminación étnica, género y académica, como también atraviesan momentos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, parece que aún falta mucho por hacer; una cosa es informar estadísticas oficiales donde la entidad es juez y parte y otra la realidad que se encuentra los adultos mayores en Ecuador, por lo que se debería trabajar en algunos frentes, uno de ellos es también el nivel de entrenamiento y capacitación de los profesionales de la salud para atender los cuadros clínicos de los adultos mayores, en este sentido, los médicos desconocen en mucho la especialidad los cuadros médicos en temas geriátricos, dándoles una atención y tratamiento igual que los adultos jóvenes, en temas relacionados a farmacología, estrategias clínicas, actividades rutinarias, funcionabilidad rutinaria (El Telégrafo, 2021b).
Para el año 2030, el Ecuador contará con una población adulta mayor de alrededor del 20%, pese a que la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores beneficia a las personas que tengan más de 65 años de edad, con algunos beneficios manifestado en exoneraciones en el pago de servicios básicos, impuestos fiscales y municipales, con alcance internacional en protección y asistencia para residentes en el extranjero; se suma también algunos derechos como a una vida digna mediante una protección integral, acceder al trabajo voluntario, digno y remunerado, a gozar de vivienda digna y adecuada, recursos para alimentación por parte de sus familiares para el caso de carecer de pensión Estatal o ingresos por otros medios, acceso a la salud integral; pese a los derechos y garantías planteadas, en territorio, la condición de vida de gran parte del grupo etario no es buena; si se toma en cuenta el costo de la canasta básica, para el mes de agosto del 2021 fue de 711,68 dólares americanos, al frente de personas que tienen ingresos, que en promedio recibieron en el 2020 una cantidad de 276, 8 dólares americanos; y los jubilados que reciben por pensiones del IESS 655,20 dólares americanos, en promedio; con todo, esos ingresos no son suficientes para sufragar el valor de la canasta básica; en relación al trabajo digno, remunerado y adecuado.
En Ecuador también hay una política en las empresas, especialmente privadas, que resultan ser excluyen y discriminan, al dejar de lado a personas que luego de cumplir determinada edad, no son idóneos para ser parte de los procesos de selección, y menos, dan oportunidades laborales a los adultos mayores que deseen trabajar de forma voluntaria; del grupo de adultos mayores que desean trabajar voluntariamente, acceden a un empleo adecuado un 11,3% y al empleo inadecuado el 86,2%.
Una de las razones por la que el Estado no se cumple con los beneficios y derechos de los adultos mayores, es principalmente por la falta de liquidez Estatal; una muestra de ello es que en la pandemia del COVID-19 fallecieron 10.000 adultos mayores, esta cifra alarmante se debe a que no tenían protección social, en tanto que no se encontraban afiliados al seguro social, quedando de esta manera desprotegidos; esto sin contar que los servicios médicos en muchos casos causan inconformidad y que la mayoría de las medicinas las adquieren con sus propios recursos; con todo, los funcionarios públicos, respecto a los servicios de los centros gerontológicos que el Estado proporciona a través del MIES, expresan que no responden a los requerimientos de los adultos mayores, que no cuentan con servicios complementarios; sumado a eso el nivel de extrema pobreza de los adultos mayores, para lo cual, el Estado, al carecer de un sistema económico de distribución de la riqueza, entrega a través del MIES 100 dólares americanos y pensión no contributiva de forma mensual (El Universo , 2021).
Existe una gran parte de adultos mayores que no reciben pensiones jubilares mensuales, tampoco tienen un ingresos promedios mensuales de otras fuentes, ni reciben ayuda Estatal mediante bonos: ya sea porque se los niegan, no son empadronados por la distancia residencial, o simplemente son excluidos por falta de disponibilidad de recursos del Estado, y peor aún, insertarse en un empleo formal; parece que el único camino que les queda es el emprendimiento, que en el mejor de los casos se haga realidad, también tienen que sortear algunas dificultades por la edad misma, sumada a la carga impositiva de tasas municipales, falta de acceso al sistema financiero para obtener un crédito, cosa que lleva a solicitar dinero a los llamados chulqueros, con onerosas tasas de intereses, que en algunos casos no repara la situación longeva; que adicionalmente la capacidad adquisitiva y el circulante se ve agudizada por las secuelas desprendidas de la pandemia de la COVID-19; en el mejor de los casos, y luego de una batalla con las dimensiones analizadas, el adulto mayor logrará con dificultas apenas sobrevivir y resulta difícil gozar de una vida digna.
No se valora el conocimiento adquirido, atributos y experiencia de personas mayores de 55 años, que les daría una tasa de éxito superior que los jóvenes, no se valora al adulto mayor porque la población de Ecuador está compuesta de en gran parte de jóvenes; tampoco se ha reformado las normas financieras para apalancar el talento sénior; yendo más profundo, el desenvolverse en emprendimientos demanda de otras necesidades como por ejemplo manejo de herramientas digitales, acceso a internet, disponibilidad de un teléfono celular inteligente y manejo de redes sociales; pero la realidad es que el 7,8% de adultos mayores usa equipo de cómputo, antes de la pandemia el 47% tenía un celular activo, de ello, el 18,9% disponía de un celular inteligente; el 9% de personas mayores de 55 años usa redes sociales como Facebook, el 15,5% de la edad mayor a 65 años son usuarios de WhatsApp; dimensiones que limitan relacionarse con nuevas generaciones y realizar gestiones comerciales con herramientas tecnológicas.
En consecuencia, y en algunos casos se dedican a realizar manualidades, que en un mercado de productos importados como los chinos y al frente de generaciones que no valoran estos trabajos tradicionales, carecen de espíritu de ayuda para adquirir estos productos, deja un sin sabor de abandono y se ven obligados a desistir de las actividades manuales y oficios que elabora este segmento social; en cuanto a financiamiento para iniciativas de emprendimiento o determinadas necesidades, el Estado otorga créditos especiales a personas de la tercera edad mediante la institución financiera Estatal BanEcuador, que ante la demanda actual, resulta también insuficiente; las políticas públicas deben incluir sus replanteamientos en la población del adulto mayor en las dimensiones mencionadas (Zambrano, 2021).
Por tanto, (Villacrés-Endara & Saavedra-Yépez, 2021), manifiestan que la sostenibilidad del sistema financiero del IESS del Ecuador, en relación al envejecimiento de la población, se agrava al frente de dos realidades: los ingresos percibidos por el IESS, generados por ahorro de las personas que estuvieron activas, es insuficiente para cubrir las pensiones de los pasivos, y por otra parte, los valores que reciben las personas por pensiones para cubrir sus requerimientos, son insuficientes; por lo que el sistema de protección social requiere ser rediseñado, esto para que el sistema financiero de seguridad social no colapse, sino que sea sostenible, que también es necesario reconsiderar al grupo de adultos mayores no como una carga familiar dependiente de su familia o un grupo vulnerable para el Estado, sino como una continuidad para ser parte activa en el desarrollo económico de sus hogares y el Estado, mediante la iniciativa de envejecimiento productivo, desterrando el estigma social errado que enfrenta este grupo etario, que dicho sea de paso, es una limitación para el cambio de paradigma.
La protección social que atiende las necesidades sociales, económicas y ambientales, en Ecuador, no cumple conforme lo diseñado o formulado en territorio, o en su defecto, es insuficiente para atender las múltiples necesidades de los adultos mayores, de modo que es importante dar prioridad a la red de apoyo primario; que contempla también el cambio de imagen del adulto mayor ecuatoriano, considerándolo como un sujeto social activo y comprometido y elimina la percepción del envejecimiento como una carga o improductividad, y que solo le resta recibir bonos del Estado para sobrevivir; al contrario, que sea considerado como una persona autónoma, independiente, con las cualidades para estar cohesionado con la familia, su entorno y comunidad.
La vulneración de derechos del adulto mayor rural atraviesa una odisea aún más acentuada, sumando un problema social en el Ecuador, debido a la insensibilidad familiar, social e incumplimiento de las políticas públicas que protegen a este grupo social, quedando excluidos de recibir los beneficios sociales propios; si bien, en el país se ha visto avances en atender las necesidades de adultos mayores, a través de políticas públicas, no ha sido suficiente, aún queda por ajustar algunos aspectos que permita tener igualdad de oportunidades condiciones y participación; al Estado ecuatoriano le queda fortalecer con más programas y proyectos, junto a ello, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) están llamados también a ser parte de la solución con una asignación permanente de recursos, de su presupuesto, para asignarlos en programas de protección socioeconómica y sanitaria; generalmente los adultos mayores son víctimas del abandono por parte de su propia familia, en este caso, el Estado o GADS deben realizar un levantamiento de información real, asistencia en cuidados.
CONCLUSIONES
En el presente trabajo de investigación, varias dimensiones son las que giran alrededor de los adultos mayores, que deberían conjugarse favorablemente para brindar cobertura, goce de derechos y servicios sociales sanitarios, a decir: políticas públicas enfocada en sus categorías y subcategorías (adultos mayores: pensionados del IESS y otros que no reciben ingresos personales ni de otra fuente, dependientes por su estado de salud e independientes, en estado de pobreza o extrema pobreza.
Con residencia urbana y rural, etc.), estrategias para su aplicación; implementación de tecnología en el almacenamiento de datos de la población adulta mayor y sus familiares, acceso universal a los servicios de salud, envejecimiento saludable; acceso al sistema financiero para obtener créditos; acceso a la tecnología e internet, conocimiento y manejo de redes sociales; acompañamiento familiar; liquidez y presupuesto del Estado; facilidades para acceder al emprendimiento y valoración del trabajo artesanal y de oficios; exoneraciones fiscales y tasas municipales; sostenibilidad del sistema del IESS: ingresos por afiliados activos, erogaciones por pensiones a jubilados, deuda Estatal con el IESS y con el Fondo Monetario Internacional (FMI); secuelas económicas a causa de la COVID-19; empleo voluntario; calidad y calidez de los servicios gerontológicos; eficiencia y eficacia de servicios gerontológicos.
Que deben ser tomadas en cuenta al momento de formular las políticas públicas, dado que son correlaciónales y pueden incidir directa o indirectamente en una o varias dimensiones o variables paralelas, y que en la presente investigación se ha evidenciado que, en su mayoría, no ha estado a favor del adulto mayor en los últimos años.
Dichas variables han estado interviniendo en el escenario del fenómeno estudiado, de tal modo que su comportamiento no ha favorecido para que se evidencie un cumplimiento en territorio de las políticas públicas en materia de salud orientada para los adultos mayores. Para iniciar, el MIES no cuenta con la implementación de sistemas o programas informáticos, junto con herramientas tecnológicas a fin de almacenar información de los adultos mayores que permita de esta manera levantar información pertinente y generar reportes a tiempo real de las condiciones y situaciones que concierne al adulto mayor, para en función de esta tomar decisiones.
La población adulta mayor que ocupan áreas urbanas y el grupo de zonas rurales, se encuentra atravesando una situación alarmante y muy crítica que impide gozar de una vida digna; siendo una causa la insuficiente asignación de recursos públicos e inversión para atender los requerimientos plenos, sumado a esto el abandono de las familias que están en edad laboral activa; de tal forma que ha sido asentado un falso concepto del adulto mayor tanto para el Estado como para las familias, como un sujeto dependiente, inactivo y una carga, sinónimo de incapacidad e improductividad, excluyéndolo del protagonismo social, sanitario y económico, cosa que también ha limitado al acceso laboral voluntario para quienes desean seguir trabajando.
Queda mucho por reformar, fortalecer, plantear estrategias junto a las políticas que surjan el efecto deseado en su aplicación en torno a las variables expuestas, e involucren a los actores sociales, públicos, privados, familia y comunidad. Fortalecer planes, programas y proyectos en torno al cuidado del adulto mayor, no basta la creación de la norma, si no hay voluntad política. Si bien, el Estado ha realizado los esfuerzos para atender la demanda de necesidades, estos no ha suficientes para resolver la amplia gama de necesidades gerontológicas. Una de ellas, y quizá la más importante, es la falta de liquidez estatal.
FINANCIAMIENTO
No Monetario
AGRADECIMIENTO
A la Unidad Académica de Posgrados de la Universidad Católica de Cuenca, por haber sembrado la semilla del interés por la investigación.
A la Universidad César Vallejo, por acogerme en el programa de Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad.
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