Responsabilidad tuitiva de padres en la educación sexual de sus hijos versus el salvador externo

Los derechos de niños, niñas y adolescentes requieren un tratamiento especial, herramientas y guías suficientes para que tomen decisiones libres e informadas sobre su vida sexual y reproductiva. Considerándose como objetivo el diseñar medios óptimos para efectivizar los derechos ahí reconocidos y la regulación de la intervención estatal sin que vulnere la obligación de cuidado de los padres, la investigación se realiza mediante análisis bibliográfico documental utilizando el método analítico-sintético. Se diseñó una política pública sobre derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, para propiciar la armónica aplicación de la sentencia 003-18-PJO-CC y de los derechos de carácter sexual establecidos en la CRE, como medio para que los adolescentes con las herramientas otorgadas desde el ámbito educativo, social, familiar y estatal, puedan tomar sus decisiones y desarrollar su vida sexual a plenitud de acuerdo con su edad, sin generar conflictos y afectar las obligaciones de los padres, sociedad y Estado.

Descriptores: Derecho constitucional; adolescente; comportamiento sexual; educación sexual; administración de justicia. (Palabras tomadas del Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The rights of children and adolescents require special treatment, tools and sufficient guidelines for them to make free and informed decisions about their sexual and reproductive lives. Considering the objective of designing optimal means to give effect to the rights recognized therein and the regulation of state intervention without violating the obligation of parental care, the research is carried out through documentary bibliographic analysis using the analytical-synthetic method. A public policy on adolescent sexual and reproductive rights was designed to promote the harmonious application of judgment 003-18-PJO-CC and the sexual rights established in CRE, as a means for adolescents with the tools granted from the educational, social, family and state level, they can make their decisions and develop their sexual life to the full according to their age, without generating conflicts and affecting the obligations of parents, society and the State.

Descriptors: Constitutional law; youth; sexual behaviour; sexuality education; administration of justice. (Words taken from the UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

La presente investigación, refiere a las reglas emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador, respecto de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes, dentro del expediente 0775-11-JP, sentencia signada con el número 003-18-PJO-CC, de tipo Precedente Jurisprudencial Obligatorio (Corte Constitucional del Ecuador, 2018). Las características principales, son las interrogantes o problemas jurídicos planteados por la Corte, primero el determinar “¿cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran los adolescentes, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos?” (Corte Constitucional Ecuador, 2018, p.4); en segundo lugar, el saber “¿en qué momento cesa la autoridad tuitiva de los padres y puede intervenir un salvador externo como el Estado?” (Corte Constitucional Ecuador, 2018, p.5).

Cuestionamientos que generan interés social para analizarlos desde la perspectiva de la problemática generada, requiriendo considerar las circunstancias que la motivaron, como la influencia que ejercen los padres o personas al cuidado de los adolescentes, no solo en lo que engloba su vida sexual, sino en general, del desarrollo como individuo que necesita una persona en estos años de su vida, para ser en un futuro una persona productiva para la sociedad, actuando apegada a principios éticos, morales, sociales e incluso religiosos, transmitidos a ellos mediante enseñanzas y ejemplos de convivencia vertidos en su mayor parte desde el seno del hogar.

De aquellos problemas jurídicos surge una interesante observación, pues, aparece la figura de salvador externo frente a la responsabilidad de la familia, sobre los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes, circunstancia de especial interés, por cuanto se debe entender en que consiste dicho concepto, cual es su implicación jurídica y en definitiva concluir si aquella con el afán de salvaguardar ciertos derechos constitucionales de algunos individuos vulneran el de otros.

Desde la perspectiva profesional, estos aspectos jurídicos, sociales y de familia, generan interés, pues muestra de ello, es que en varios países como Perú, Chile, Brasil, Colombia y Argentina han sido creados colectivos de padres de familia como el denominado -con mis hijos no te metas-, protagonizando marchas de manifestación y protesta, alegando la vulneración de distintos derechos.

El presente trabajo considerando el interés jurídico-académico, se lo ha realizado bajo un enfoque de análisis crítico, mediante la recolección de información proveniente de distintas ópticas de su emisión y contrastándola con las opiniones y criterios de diversos autores, pues se debe considerar que las principales circunstancias fácticas generadoras del pronunciamiento jurídico en análisis son aquellas que nacen del individuo y de su seno familiar.

En este contexto, se plantea como problema de estudio sobre la base de la resolución 003-18-PJO-CC, el siguiente: ¿cómo afecta la falta de políticas públicas claras en la intervención de la figura del salvador externo sobre el ejercicio de la autoridad tuitiva de los padres en la educación sexual y reproductiva de los adolescentes?. Por consiguiente, el objetivo de la investigación consiste en plantear políticas públicas que establezcan lineamientos que determinen los casos específicos en los que el Estado mediante la figura de salvador externo intervendrá limitando la responsabilidad tuitiva de los padres, atendiendo a circunstancias sociales, edad, etnia y religión.

Referencial teórico

Perspectiva de sexualidad

En el desarrollo físico, psicológico y social de un individuo constituye un elemento importante el aspecto sexual y de sexualidad pues es connatural con el ser humano, durante todo su ciclo de vida desde el momento mismo de la concepción y que permanece hasta el final de sus días, con características que no se vivencian ni se expresan siempre en conjunto, ya que está influenciada a través de la participación de varias circunstancias como las biológicas, sociales, religiosas, etc.

Es importante resaltar que es la sexualidad en el individuo, pues, aquella constituye una manifestación biológica inherente al ser humano, que confluye distintas ópticas, el deseo sexual como una manifestación desde lo más íntimo de la personalidad, así como las reglas que al respecto imponen las normas sociales, todo ello, sumado a las conclusiones en la formación de parejas, es decir, vincula lo íntimo con las exigencias sociales en el comportamiento de las personas (Zúñiga-Benavides, 2017).

La sexualidad hace referencia a un concepto multiforme, esto ocasiona que se subsuman varias circunstancias o consecuencias, algunas como complementos, pues, en este sentido están los derechos sexuales, a los que un organismo de carácter internacional como la (Organización Mundial de la Salud, 2018), los liga con los derechos humanos, considerando a los derechos sexuales como muestra de su aplicación, pues, para la satisfacción de la salud sexual abarcan derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, autonomía y seguridad de la persona, además de que los derechos sexuales tutelan el derecho a la satisfacción de necesidades y de placer del individuo así como disfrutar de la salud sexual, respetando los derechos de otros, en una esfera de protección ante una posible discriminación.

Se puede concluir que la sexualidad engloba varios aspectos de la vida propensos a evolucionar, circunstancias cambiantes por las que no se puede minimizar su contenido, notando que este aspecto se desarrolla y expresa de diferente forma en las etapas del desarrollo del individuo, característica que varía de persona a persona y de acuerdo a su edad.

Sexualidad en los adolescentes

Es en esta etapa de la vida de toda persona donde ocurre el desarrollo y crecimiento humano, luego de la niñez, para al fin llegar a ser un adulto, sus características principales son los cambios de carácter biológico, cognitivo y sociales (Kliegman, Stanton, Geme, Schor, & Behrman, 2013); (Organización Mundial de la Salud, 2016). Es una etapa compleja de la vida humana que al mismo tiempo debe ser considerada como una etapa sana, ya que el individuo esta recién iniciando su vida y adquiriendo conocimientos, por lo que siempre va a necesitar una guía a seguir, pues está aprendiendo a vivir en sociedad y, por lo tanto, experimentando distintas ópticas del desarrollo.

En la actualidad, los adolescentes reciben basta información, vertida de distintos órganos de la sociedad, a través de varios y distintos medios, ante ello, es necesario considerar que esa información, en todos los casos no significan sinónimo de un comportamiento preventivo en prácticas sexuales, así, el sexólogo (Sáez-Sesma, 2016), en su ponencia marco, dictada en las jornadas jóvenes y sexualidad: algunas situaciones de exclusión, manifiesta que una conducta herrada acarrea consecuencias inesperadas sobre la educación sexual, considera que es básica en la formación íntegra de personalidad de un individuo, recomendando reforzar las actitudes humanas tales como identificar el peligro de una decisión determinada o percepción, trabajar en la autoestima, con especial hincapié en factores emocionales, siempre partiendo de la concepción del desarrollo de un adolescente, además, reforzar y crear aspectos de desenvolvimiento social.

Los adolescentes cada vez inician una vida sexual a edad más temprana, con promedios que oscilan entre los 13,5-16 años, en Latino América y el Caribe, cerca del 50% de los menores de 17 años tienen una vida sexual activa (Mendoza-Tascón, Claros-Benítez, & Peñaranda-Ospina, 2016), lo cual genera circunstancias de especial atención, tanto para el núcleo familiar, como a la sociedad y al órgano estatal central, por el alto índice de embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual e inclusive el embarazo de riesgo.

Intervención de la familia

La familia ha constituido la principal institución de formación de las personas desde la niñez hasta la época adulta, procurando que lleguen a ser personas exitosas, tanto en el aspecto social, productivo e intelectual, es decir, constituyan valores importantes para la sociedad. En este contexto, se debe considerar, que la familia como grupo humano es fundamental, ya que el individuo vive en familia, ahí nace y luego procrea, es una circunstancia real que al conformarse una pareja, otorgan a su descendencia sus valores, actitudes y en general su forma de pensar, inclusive modos de actuar y proceder con los demás, circunstancias que reflejan la forma en que ellos actuaban a esa edad y aprendieron, con lo cual crean un círculo que se genera nuevamente (Toala-Castro, Vergara-Ruiz, & Yepez-Cedeño, 2016).

En el informe de la (Organización Mundial de la Salud, 2014), sobre la promoción de la salud en los adolescentes del mundo, se refiere al tema, indicando que una vez que el adolescente ha llegado a la edad adulta, puede tener problemas o secuelas en su salud y desarrollo, generadas por las afecciones sufridas en esta edad temprana de la vida, inclusive dicha organización se va más allá, al manifestar que la afectación puede ser también para la siguiente generación, sugiriendo entonces la necesidad de otorgar más atención al individuo en esta etapa del crecimiento humano.

La familia tiene el pleno derecho y el deber de proporcionar y fomentar los valores en los que crean, sin negar información básica a los hijos, preparándolos para que en un futuro lleven una vida responsable y sean útiles para la sociedad, los padres de familia deben hablar abiertamente con los hijos sobre el tema que les ocupa, de ahí nace una primera orientación que se verá robustecida con la que le pueda proporcionar el Estado mediante la institución educativa respectiva, sin embargo, en referencia al acceso a este tipo de contenido informativo, que provengan de otras fuentes, tales como la televisión o el internet, aquella carece de legitimidad, y por lo tanto, no pueden usarla abiertamente.

En la mayoría de los casos, la información que poseen los adolescentes o hijos, es ocultada por ellos a la familia, educadores o profesionales entendidos en la materia, ya sea de manera furtiva o no la tienen en cuenta; para un adolescente, si no se puede hablar de la sexualidad en familia, escuela o en su entorno social, no favorece la conducta responsable, entonces cabria la necesidad de la intervención estatal para prevenir situaciones graves en un futuro en torno a la formación del individuo e interrelación social.

Función educativa de la familia y el Estado

Cada familia es un núcleo, único y diferente de los demás, tanto el padre como la madre o la persona encargada del cuidado y tutela del hogar, utilizan formas de crianza generadas desde su situación social, educación, cultura e inclusive economía, es decir, determinan límites a la formación y educación, desde su perspectiva con pleno fundamento, por lo tanto, fomentan en sus hijos normas de convivencia, valores de personalidad e inclusive formas de proceder, vale la pena decir que, en la mayoría de los casos a su criterio, en cierta forma procurando limitar su curiosidad, iniciativa y sentido de competencia.

Los padres deben observar aquellos fundamentos necesarios para una tenencia adecuada de sus hijos, tales como, proveerles de lo necesario para la satisfacción de necesidades materiales y psicológicas, procurarles una educación adecuada, encaminarlos por la senda del respeto al prójimo, inculcar en ellos valores, conciencia colectiva, formación cultural, participación en decisiones familiares (Vázquez-Quezada, Narváez-Zurita, Trelles-Vicuña, & Erazo-Álvarez, 2020).

La legislación ecuatoriana otorga distinta normativa sobre la cual se ha de desarrollar los cimientos de una familia, así, el articulo 2 literal “p” de la actualizada Ley Orgánica de Educación Intercultural (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016), delimita el principio de corresponsabilidad, según el cual la educación requiere la participación otorgada a los menores, incluyendo el esfuerzo de los estudiantes, familia, profesores, establecimientos de educación, sociedad y el Estado a través de sus distintas instituciones.

A nivel de sociedad, la familia, tiene un gran significado, así como las diferentes consecuencias de su conformación, aquellas circunstancias generadas pueden desembocar en aspectos jurídicos, como la protección que le ofrece la legislación, con el objetivo de generar condiciones igualitarias, oportunas y por sobre todo de libertad de ejercicio de derechos (Organización de los Estados Americanos (OEA), 2016).

La actuación del Estado es fundamental, pues mediante la elaboración y aplicación de políticas públicas se le otorgaría al adolescente herramientas efectivas para procurar un ejercicio correcto de derechos sexuales, sin embargo, es importante considerar que estas herramientas no pueden resumirse a la creación de módulos de información anticonceptiva o métodos gratuitos para la población adolescente, es imprescindible capacitar a los funcionarios públicos entendidos en la materia, puesto que su labor les vincula de manera directa a trabajar con adolescentes, lo que incidirá positivamente en su salud sexual y reproductiva implicando un cambio de conductas y percepciones sobre la sexualidad.

El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), considera que el desarrollo de la personalidad es el fin que persigue la educación, indicando que la misma tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad, así como fortalecer el respeto a las libertades y derechos humanos, además de la autoridad del estado de intervención en violaciones de derechos sexuales, para finalizar considerando que los padres tendrán la legitimidad preferente para escoger que tipo de educación se le dará a sus hijos. Es importancia resaltar la inclusión del precepto detallado en el cuerpo legal en mención, ya que, dicha declaración se ha catalogado como básica para un Estado, acarreando la imposibilidad de que se pueda negar o manipular por parte del ente estatal o sus órganos descentralizados.

En el Ecuador, en la Constitución de la República (CRE) elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente (2008) tutela los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos, manifiesta:

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas (p.33).

El ser humano por naturaleza es un ser social, es decir, requiere siempre convivir con otros, circunstancia que se evidencia con mayor fuerza durante el desarrollo, así, la educación por lo tanto es algo implícito al individuo, sin dejar de lado la necesidad de desarrollarse en sociedad, adoptar aspectos culturales y conocimiento, aquellos aspectos son parte de la paternidad y cuidado, se debe notar la gran semejanza existente entre la procreación y educación.

Un individuo al nacer, adquiere una serie de derechos y a lo largo de su vida obligaciones, en el caso de los hijos, principalmente el derecho a una vida digna, determinado en la CRE, donde el Estado reconoce y garantiza la educación como parte de los derechos denominados del buen vivir, aspecto importante para el desarrollo de las capacidades, no obstante, por el principio de corresponsabilidad, es obligación del progenitor el propiciarle educación, finalizando la protección constitucional, en forma general dicha carta magna establece la reciprocidad de padres e hijos y viceversa, para tutelar el núcleo familiar como pilar fundamental de la sociedad (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

El Papa (Juan Pablo II, 1994), en su carta a las familias, recalca lo expuesto, ya desde una perspectiva religiosa, considerando que la fundamental y primera educación que reciben los niños es otorgada por los padres, con un hincapié en que son educadores por ser padres, aquella obligación educativa compartida con otras actores sociales o personas e incluso instituciones como la Iglesia y el Estado, debiendo realizarse dicha actividad respetando el principio de subsidiariedad de la doctrina de la iglesia, según el cual, el Estado ejecutará su labor orientada al bien común cuando los particulares no la realicen de forma adecuada, sea por imposibilidad o por cualquier otra razón.

En conclusión, el artículo 44 de la CRE (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), obliga al Estado, sociedad y familia a procurar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, garantizando el cumplimiento de sus derechos. Con este fin el Estado creará normas, directrices y políticas públicas, la sociedad respetará aquellos derechos otorgados a la niñez y adolescencia así como a la familia, para garantizar una vida digna y el desarrollo integral de los menores como medio de efectivizar sus derechos (Torres-Rivera, Narváez-Zurita, & Vázquez-Calle, 2020).

Repercusiones de la Sentencia 003-18-pjo-cc

Mediante acción de protección presentada por Marcel Rene Ramírez, como presidente del colectivo papá por siempre, se reclamó por la presunta vulneración de derechos constitucionales a partir de la entrega de preservativos a adolescentes, dentro de una campaña emprendida por el Ministerio de Salud, ya que consideraron que por haberse emprendido dicha entrega sin previa consulta a los padres, se habían vulnerado los derechos contemplados en los artículos 69.1; 83.16; y, 85.2, de la CRE (Rosero, 2018).

La Sentencia 003-18-PJO-CC, emitida en el proceso número 0775-11-JP, determinó el alcance y los límites de la posibilidad de intervención de los padres o personas a cargo y cuidado de los adolescentes, en lo que concierne a sus derechos de carácter sexual y reproductivo, además, de indicar que aquella intervención se encaminará a conferirles herramientas suficientes y que necesiten, otorgadas por la familia y el Estado, así como una adecuada guía que les permita la toma de decisiones libres y responsables, gozando siempre de información previa, concluyendo que corresponde únicamente al adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva (Corte Constitucional del Ecuador, 2018).

Ahora bien, es pertinente el recalcar que la educación es en esencia paterna y a través de su potestad es por un agente externo (Juan Pablo II, 1994), de ahí se puede dilucidar, lo que orilló a la fundación a reclamar por la supuesta vulneración, sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador (2018) se va más allá, al referirse a la autoridad tuitiva afirmando:

Cesa en el momento en el que el ejercicio de la obligación de cuidado (…) vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva, transgrediendo los principios constitucionales de su interés superior, su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten y su calidad de sujetos de derechos, activando la intervención del Estado como un salvador externo (p.34).

Surge la interrogante de saber el momento en el que se vulnera la obligatoriedad de cuidado y proporcionar información a sus hijos por parte de los padres, lo que llamaría a la intervención del salvador externo, es decir, del Estado mediante un órgano descentralizado, dejando de lado a los padres, sin un proceso previo que determine claramente las causales de dicha situación.

La Constitución de la República en su artículo 26, considera a la educación como un deber del Estado, derecho ligado al individuo durante su vida, proceso en el que la familia y sociedad en general tienen la plena potestad de participar, el cual ha sido complementado con la disposición del artículo 29 inciso segundo del mismo cuerpo legal, otorgando a los padres la libertad de optar para sus hijos la educación que crean más adecuada según sus requerimientos y posibilidades (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

Según el código de la niñez y adolescencia (Congreso Nacional del Ecuador, 2003), desde los 12 años hasta los 18, es considerada como la etapa de adolescencia, frente a ello, no se ha puntualizado lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 167, de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el consentimiento dado por un menor de 18 años es irrelevante, catalogado víctima (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014).

La aplicación de la sentencia afectaría la efectividad de la normativa penal, ya que, una persona que ha mantenido relaciones sexuales consentidas con un adolescente que decidió iniciar su vida sexual, bajo la perspectiva legal en análisis, incurriría en un delito de estupro o violación, sin embargo, la sentencia podría ser utilizada como un atenuante de la pena a imponer, pues, al no existir herramientas jurídicas como fuentes del derecho, que resulten efectivas para que el juzgador pueda determinar si la sentencia o la normativa penal prevalecerá, ya que, según la interpretación constante en el precedente judicial emitido por la corte, y a criterio de aquella, los derechos constitucionales podrían prevalecer sobre la normativa penal, entonces, estaría frente a conflictos entre las normas civiles y penales.

El criterio de los padres se verá afectado, reducido a una guía, sin poder emitir un contrario a la decisión del adolescente, de hacerlo, activará el aparato estatal bajo la modalidad del salvador externo, aplicando herramientas jurídicas que según la Corte, actuaran procurando el completo goce de los derechos de los adolescentes, en virtud de que el cuidado al que están obligados para con sus hijos, ha vulnerado los derechos de los adolescentes, entonces, en armonía con el criterio constitucional, facultará al adolescente para que una vez haya recibido la información y guía que en el mundo actual es basta por las distintas fuentes tecnológicas existentes, a tomar una decisión sin importar su madurez emocional o social, e inclusive consecuencias económicas.

En el Ecuador, dicha decisión ha tenido un aluvión de críticas, provenientes de distintas ópticas y sectores sociales, incluso políticos, ha existido manifestaciones radicales en su contra, en este marco, la Asamblea Nacional del Ecuador, luego de un intenso debate requirió que las funciones del Estado y de manera particular la Corte, mediante su accionar respeten las garantías y derechos constitucionales, además, petición que incluía la tutela del derecho de los padres de otorgar una educación y crianza en apego a sus principios, creencias y recursos (Última Hora Ecuador, 2018).

MÉTODO

El diseño empleado en la investigación fue no experimental, con un carácter descriptivo, sustentado en la descripción de teorías, principios y características de las variables de estudio, el análisis del marco del Derecho Constitucional, permitió comprender la capacidad de la Corte Constitucional del Ecuador, como órgano de control constitucional para emitir precedentes judiciales obligatorios con efecto inter pares, respecto de la responsabilidad tuitiva y el salvador externo en referencia a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Mediante el método analítico-sintético se procedió a la recolección de datos utilizando el análisis de información a través de la consulta de libros, revistas indexadas en Dialnet y Scielo, artículos de prensa, normativa jurídica como la constitución del Ecuador, leyes de carácter inferior, sentencias judiciales, normativa de derecho internacional, documentos electrónicos, a través del método histórico-lógico se procedió a determinar el proceso evolutivo de los derechos a la educación sexual y reproductiva de adolescentes en el Ecuador, así como mediante el método deductivo se determinaron las circunstancias que influyen en el reconocimiento progresivo de derechos por parte del Estado y sus órganos.

Con el método cuantitativo a través del uso de estadística inferencial, se procesaron los datos obtenidos mediante la técnica de encuestas, a través de un muestreo por conveniencia, direccionadas a determinar la experiencia que Jueces de primera instancia y Abogados en libre ejercicio profesional tienen sobre el tema, la capacidad de resolución ante circunstancias similares y el nivel de percepción que ellos tiene sobre los asuntos sexuales relacionados a adolescentes.

RESULTADOS

En el desarrollo del presente trabajo se analizaron diferentes factores, a partir de la aplicación de encuestas para valorar la responsabilidad familiar o tuitiva que ostentan los padres en el ámbito educativo sexual de sus hijos y el rol del salvador externo en el ámbito del Derecho Constitucional y derechos prioritarios de menores.

En virtud del campo de estudio y objetivo que se ha propuesto para la presente investigación académica desde el aspecto jurídico, se contó con la colaboración de 14 personas ligadas al ámbito del derecho y de manera especial de jueces de primera instancia y abogados en libre ejercicio profesional.

Para el desarrollo de la encuesta se elaboraron 14 preguntas, cada una con distintas opciones de respuesta a elección y criterio del encuestado.

En el caso de la primera pregunta, referente a medir el conocimiento y nivel de percepción que los entendidos en la materia tenían sobre que es la responsabilidad tuitiva en el cuidado de los adolescentes, el 92,9% (ver figura 1) indicaron que es una obligación y un derecho, mientras que, el 7,1% manifestaron que es un derecho.

Figura 1. La responsabilidad tuitiva de los padres.

Es importante para el desarrollo de la investigación medir el nivel de conocimiento que tienen los encuestados sobre el tema como usuarios y principales conocedores del derecho, pues si bien es cierto, el aspecto consultado es algo común, resulta interesante observar que la gran mayoría cataloga a la responsabilidad tuitiva como una obligación y un derecho, por lo tanto, se puede exigir su respeto y cumplimiento.

Se debe considerar el criterio expuesto respecto del rol estatal como salvador externo, pues, el 85,7% coincidieron en que el Estado debe proceder mediante la imposición de medidas a favor del ejercicio de los derechos de los menores, lo cual es importante por cuanto no lo consideran un desplazamiento del rol de los padres, como si lo hace el 28.6% o intervención emergente que lo considera el 35,7%, es decir, el actuar estatal será tutelar, mas no impositivo, sin embargo, frente a la consulta realizada sobre si en caso de conflicto prevalecerá el salvador externo o la responsabilidad tuitiva (Ver figura 2), el 78,6% considera que prevalece el salvador externo y el 21,4% la responsabilidad tuitiva.

Figura 2. Salvador externo y responsabilidad tuitiva.

En lo concerniente al poder de decisión que los padres tienen sobre la información de carácter sexual a la que los adolescentes puedan acceder, se ha generado opiniones divididas, el 57,1% considera que este poder de decisión es ocasional, mientras que, el 42,9% piensa que siempre, discusión enriquecedora ya que teniendo en cuenta la opinión de la minoría, se estaría frente a un conflicto social, de donde nacen las posibles protestas o acciones legales por presuntas violaciones de derechos por parte del Estado.

La totalidad de encuestados considera que la Constitución de la República garantiza el ejercicio de los derechos sexuales de los adolescentes, sin embargo, un 64.3% considera que para la aplicación de estas garantías se requieren de políticas públicas, frente a un 35,7% que opina que estos derechos y garantías son aplicables por si solos, entonces se determina la necesidad de la expedición de políticas públicas, con el aditamento de que estas sean aplicables y oportunas, desde la perspectiva de recursos estatales.

En este sentido, se ha consultado lo referente a si las políticas públicas existentes dictadas en protección de los derechos sexuales de los adolescentes cumplen su cometido, resultando que un 78,6% dice que no y un 21,4% considera que sí cumplen.

Sobre el precedente judicial obligatorio emitido en la sentencia 003-18-PJO-CC de la Corte Constitucional del Ecuador, referente a la intervención del salvador externo sobre la responsabilidad tuitiva de los padres en la educación sexual de sus hijos, un 71% (Ver figura 3) cree que es una directriz obligatoria, pues se estaría en lo correcto, considerando el artículo 436 numeral 6 de la CRE, su expedición es una facultad de la Corte; y tan solo el 29% no están de acuerdo con el precedente.

Figura 3. El precedente judicial

Se ha consultado sobre si la aplicación tutelar de derechos proveniente del precedente judicial podría sobreponerse a los derechos consagrados a los padres, el 92.9% de los encuestados indica que ocurriría en algunos casos, un 7,1% piensa que nunca sucedería, así, su aplicación sería necesaria mediante un criterio ponderativo de acuerdo al conflicto que se observe del caso, que puede surgir a través de la percepción, experiencia o sana critica del juzgador. Considerando que las circunstancias de un proceso judicial pueden ser distintas a las de otro, en este sentido, la CRE en sus artículos 35, 48 y 49, de los grupos de atención prioritaria y de doble vulnerabilidad, e interés superior de niños, niñas y adolescentes, en relación con los artículos 11 y 12 del CONA, se constituyen en fundamento esencial para dilucidar tal interrogante, para precautelar los derechos sexuales de los adolescentes se requiere la aplicación del precedente y conforme el último artículo citado prevalecería a los derechos conferidos a otros grupos.

PROPUESTA

Para la toma de decisiones de los adolescentes en aspectos de sexualidad y reproducción, se les dotará de herramientas a través de una política pública exclusiva que esté en armonía con la sentencia 003-18-PJO-CC, para efectivizar sus derechos sexuales y reproductivos y así cumplir con la obligación de cuidado de los padres. En la figura 4 se presentan los componentes que integraran la política pública propuesta.

Figura 4. Esquema de política pública.

Política pública de salud sexual y reproductiva de adolescentes

Situación problemática

La responsabilidad tuitiva y el salvador externo desarrollan un papel preponderante en la educación y formación del adolescente, promoviendo valores y respeto mediante la participación de la familia, sociedad y Estado, con el fin de que los menores tomen sus decisiones libres e informadas sobre su vida sexual y reproductiva, evitándose de esta forma que sus derechos sean vulnerados por la obligación de cuidado de los padres, manifestada a través del otorgamiento de información sexual o acceso a ella, de ocurrir alguna privación se estaría ante la trasgresión de su interés superior y derecho a ser consultados, dando cabida a la intervención del Estado.

Sin embargo, en la sentencia 003-18-PJO-CC emitida por la Corte Constitucional del Ecuador en el año 2018, no se ha establecido la forma de verificar cuando ocurre la vulneración de derechos de los adolescentes, pues, la Corte se limita a manifestar que la autoridad tuitiva de los padres cesa al momento en el que el ejercicio de la obligación de cuidado (…) vulnera su derecho a la información, (…), sin que se observe un medio para determinar el tipo de información al que pueden acceder los adolescentes de acuerdo a su edad o si están listos para iniciar una vida sexual que depende de distintas circunstancias individuales e incluso biológicas.

No obstante, de verificarse el que por parte de los padres se ha vulnerado los derechos de los adolescentes, es vital saber hasta dónde llega la intervención del salvador externo, buscando que su intervención en el afán de salvaguardar los derechos de los adolescentes no vulnere el de los padres para tomar decisiones respecto de sus hijos, ya que la CRE en su artículo 66, numeral 20, incluye el derecho a la integridad familiar y personal, debiendo procurar la intervención estatal sin violentar el derecho a la integridad e intimidad familiar.

La sentencia 003-18-PJO-CC de la Corte Constitucional del Ecuador, emitida en el año 2018, habla de la capacidad legal de los adolescentes para tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su vida, salud sexual y reproductiva, mediante herramientas otorgadas por la familia y el Estado, que incluye información y guía adecuada y oportuna, considerando a la educación como el ámbito de más importancia y trascendencia en su vida. El artículo 26 de la CRE, de los derechos de educación, establece la corresponsabilidad y derecho de la sociedad y familia en conjunto con el ente estatal de intervenir en el proceso educativo, con especial importancia en la labor de los padres.

En esta óptica, la sentencia limita el ejercicio de la responsabilidad tuitiva de los padres, mediante la figura del salvador externo, entonces, es fundamental la elaboración de políticas públicas que provean lineamientos para determinar los casos en que se requerirá esta intervención y en qué condiciones se realizara la misma, pues, el artículo 44 de la CRE, prioriza el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, así como el ejercicio de sus derechos, con atención a su interés superior, por lo que las instituciones de naturaleza pública o privada, ajustaran sus decisiones y acciones con el objetivo de velar por su cumplimiento garantizando su desarrollo integral y vida digna.

Introducción

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, garantiza el buen vivir como medio para el ejercicio de los derechos a través de un elemento fundamental como es la salud, bajo este criterio, se emite la política pública de salud sexual y reproductiva de adolescentes para promover el correcto ejercicio y desarrollo.

Antecedentes

Los derechos sexuales y reproductivos han avanzado ante grandes obstáculos para llegar a ser tutelados como derechos humanos, su incorporación a este sistema constituye un progreso significativo de reconocimiento de derechos humanos, en este marco, la sentencia 003-18-PJO-CC define directrices obligatorias de tutela de derechos sexuales y reproductivos de adolescentes.

Contexto de vida sexual y reproductiva de adolescentes

El desarrollo de la sexualidad y de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, es una obligación otorgada para distintos sectores sociales como la familia, sociedad y Estado, con el objetivo de consolidar en conjunto herramientas y guías efectivas para que este grupo pueda desarrollarse en plenitud, constituyendo componentes esenciales para la definición de la identidad de los adolescentes.

Situación general

Es de suma importancia que el individuo posea herramientas efectivas para que pueda vivir en salud y plenitud, especialmente en la etapa de formación que atraviesa un adolescente, así, la Asamblea General de las Naciones Unidas, otorga guías en aspectos de salud sexual y reproductiva que deben ser tomados en cuenta a nivel nacional.

Situación de adolescentes

En la etapa de formación y generación de circunstancias para su crecimiento como es la adolescencia, es necesario considerar la sexualidad como parte de su desarrollo íntegro de vida, en donde, es importante determinar la capacidad del adolescente de tomar decisiones libres e informadas sobre su vida sexual alejada de las limitaciones e imposiciones.

Contexto de la familia

La familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad, desempeña un rol esencial en el desarrollo sexual y reproductivo, ahí se le debe proporcionar al adolescente de información efectiva con base en su edad y etapa de crecimiento, referente a todos los aspectos relacionados al crecimiento educativo, social, sexual y moral del menor.

Base legal

Artículos 11, 12, 26, 29, 48, 49, 66.3, 66.10, 66.20, 66.25, 69.1 y 70 de la Constitución de la República del Ecuador; los artículos 1, 11 del Código de la Niñez y Adolescencia y la Sentencia 003-18-PJO-CC de la Corte Constitucional del Ecuador.

Constitución de la República del Ecuador

Esta norma fundamental del Estado Ecuatoriano, otorga a las personas la calidad de titulares de derechos elementales, debiendo también otorgar condiciones suficientes para su ejercicio, incluyendo mecanismos de exigibilidad.

Sentencia 003-18-PJO-CC de la Corte Constitucional

Para la tutela efectiva de los derechos de salud, educación, alimentación, vida digna y desarrollo individual, la resolución 003-18-PJO-CC, considera circunstancias como libertad de los adolescentes de tomar sus decisiones libres e informadas sobre su sexualidad, frente a la obligación de los padres de escogerles una educación acorde a sus principios, opciones pedagógicas y creencias, establece la intervención del Estado cuando los derechos sexuales de los adolescentes han sido vulnerados por la obligación de cuidado de sus padres.

Política pública con enfoque en derechos sexuales de adolescentes

Con el objetivo de satisfacer las necesidades en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, mediante propósitos de corto tiempo y objetivos de mediano y largo plazo, utilizando estrategias para consolidarlos dentro de una concepción social, con la participación de distintos sectores de la sociedad y así obtener circunstancias igualitarias y equitativas sobre los derechos de los adolescentes.

Problema, la necesidad de acceso a información de carácter sexual de adolescentes frente a la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos por la obligación de cuidado de los padres; propósito, establecer condiciones para un libre acceso a dicha información sin vulnerar la obligación de cuidado de los padres por la intervención del salvador externo; objetivo, a corto plazo la toma de decisiones libres e informadas por parte de los adolescentes y a largo plazo consolidar concepciones generales de sexualidad en la adolescencia.

Estrategias, priorización de servicios en ámbitos educativos y de salud para este grupo y la generación de participación familiar en la toma de decisiones; programas públicos, atención preferente en planificación familiar en áreas de salud; participación, en forma conjunta la familia, sociedad y Estado, participaran con el intercambio de nociones y experiencias de sexualidad generados a través de espacios de diálogo; resultados, prevención de riesgos generados a partir del inicio precoz de la vida sexual y reproductiva de los adolescentes y conflicto de derechos; seguimiento, para garantizar que la salud sea consecuencia de las necesidades perceptibles de los adolescentes, previo asesoramiento a los profesionales de la salud y educación en el uso de herramientas para la atención de estos aspectos individuales y familiares, se dará seguimiento y evaluará la atención brindada.

Competencias y responsabilidades

Es necesario establecer un modelo de gestión para articular líneas y procesos de acción en contexto con la sentencia 003-18-PJO-CC, pues, mediante coordinación intersectorial el Estado procurará la oferta de servicios de salud adecuados a adolescentes y familia, por su parte, el ente familiar, interactuará entre los recursos disponibles ya sea estatales o personales y las necesidades del menor procurando efectivizar los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes; la sociedad, mediante la solidaridad general procurará el debido respeto a las concepciones familiares e individuales de derechos sexuales, reproductivos y de salud del adolescente.

DISCUSIÓN

En el presente trabajo, se ha obtenido concepciones relacionadas con varios aspectos, partiendo de la capacidad legal conferida en el artículo 436 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, para que la Corte Constitucional emita jurisprudencia vinculante o precedentes judiciales a través de sentencias (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), derecho objetivo creado con la intensión de que en casos análogos se pueda resolver en forma semejante al precedente (Medios Públicos Ecuador, 2015).

En la sentencia 003-18-PJO-CC, la (Corte Constitucional del Ecuador, 2018), trata circunstancias primordiales, como la responsabilidad tuitiva de los padres, madres o personas al cuidado de los adolescentes, determina que el derecho a la información, educación, salud sexual y reproductiva del que gozan los adolescentes puede ser vulnerado mediante las actividades propias del ejercicio de la obligación de cuidado que los padres ejercen.

El Estado intervendrá como salvador externo, imponiendo medidas tendientes a tutelar el goce y efectivo ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, considerando que los padres en su labor de guía y otorgamiento de herramientas traducidas en información de sexualidad, salud y reproducción, para la toma de decisiones responsables, libres e informadas, han transgredido su interés superior, a ser consultados en los asuntos que los afecte y en calidad de sujetos de derechos.

El artículo 69 numeral 1 de la CRE, manifiesta que con el fin de proteger los derechos de las personas integrantes de la familia se promoverá la paternidad y maternidad responsables, estableciendo la obligación de los padres de cuidar, criar, educar, alimentar, procurar un desarrollo integral y tutelar los derechos de sus hijos e hijas (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), entonces, se vislumbra una contradicción ya que los padres como legítimos tutores de los menores y en ejercicio de su obligación, estarían tomando decisiones que a su criterio serían las adecuadas.

La intervención del Estado como salvador externo, es importante para tutelar los derechos constitucionales conferidos al adolescente, sin embargo, es preciso que dicha intervención se realice en la esfera del respeto a las obligaciones y libertades de los padres de proveer la educación para sus hijos, acorde a sus principios, creencias y opciones pedagógicas como lo determina la CRE en el artículo 29 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), por lo que en el ejercicio de sus derechos y obligaciones es imprescindible dotar de herramientas adecuadas y guía al menor y a su familia.

Los artículos 48 y 49 de la CRE (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), determinan la atención prioritaria de la que gozaran los niños, niñas y adolescentes, siempre procurando la tutela efectiva de sus derechos e interés superior, complementado con lo dispuesto en el artículo 66 numerales 3 y 10 del mismo cuerpo legal que establece el derecho de las personas de tomar decisiones liberes e informadas respecto de su vida sexual; y, el derecho a la integridad personal que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual.

Se observara que existen más dudas que certezas en la sentencia 003-18-PJO-CC, si bien es cierto, fue emitida en tutela de los derechos de los menores, sin embargo, su aplicación genera criterios divididos sobre el alcance, intervención estatal y el cese de la obligación de los padres, no se establece si su aplicación será permanente o para casos específicos, o si es necesaria la opinión del adolescente e inclusive si considerará circunstancias sociales, religiosas y de edad, en este sentido, es imprescindible la emisión de políticas públicas que encaminen su aplicación, con reglas de intervención y condiciones claras para precautelar el bien jurídico protegido como es el interés superior de niños, niñas y adolescentes en conjunto con la responsabilidad tuitiva para asegurar la efectiva intervención del salvador externo; pues el Ecuador es un estado de derechos, lo que sitúa al ente gubernamental y la sociedad en una posición tendiente a garantizar en forma prioritaria el derecho de todas las personas (Ávila-Santamaría, 2008).

En la presente investigación se diseñó una política pública sobre derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, para propiciar la armónica aplicación de la sentencia 003-18-PJO-CC y de los derechos de carácter sexual establecidos en la CRE, como medio para que los adolescentes con las herramientas otorgadas desde el ámbito educativo, social, familiar y estatal, puedan tomar sus decisiones y desarrollar su vida sexual a plenitud de acuerdo con su edad, sin generar conflictos y afectar las obligaciones de los padres, sociedad y Estado.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Católica de Cuenca por estimular la realización de este proceso investigativo.

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