http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i1.602

 

La injerencia política en el Estado y su afectación en la inmunidad parlamentaria

 

Political interference in the State and its effect on parliamentary immunity

 

Vicente Ferrer Sarmiento-Arce

vicente.sarmiento@psg.ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-6001-8585

 

Juan Carlos Erazo-Álvarez

jcerazo@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-6480-2270

 

Diego Adrián Ormaza-Ávila

daormazaa@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-3492-0943

 

Cecilia Ivonne Narváez-Zurita

inarvaez@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-7437-9880

 

 

Recibido: 14 de noviembre de 2019

Aprobado: 15 de diciembre de 2019

 

 

 

RESUMEN

La inmunidad parlamentaria, es un proceso que se fundamenta en conceptos históricos presentes en los territorios democráticos, como un sustento de validez de la constitución. En su acepción de inmunidad se han establecido dos categorías en las que se divide este concepto, inmunidad material y personal, cada una guarda características propias en la formulación de un sustento doctrinario y jurídico. Por otro lado, en el artículo se plantea como objetivo analizar el papel del Estado ecuatoriano dentro de los procesos donde rija la inmunidad parlamentaria. En cuanto a la metodología se recurrió a un análisis de caso y síntesis bibliográfica de método inductivo. Por último, se concluye haciendo una síntesis de los elementos que han llevado un estudio profundo de este proceso en el Ecuador, como está solventado en la constitución y mediante un estudio de caso se analiza su fundamentación y aplicación.

 

Descriptores: Inmunidad parlamentaria; Constitución; Inviolabilidad; Política comparada; Estado.

 

 

 

ABSTRACT

Parliamentary immunity is a process that is based on historical concepts present in democratic territories, as a basis for the validity of the constitution. In its meaning of immunity, two categories have been established in which this concept is divided, material and personal immunity, each one having its own characteristics in the formulation of a doctrinal and legal support. On the other hand, the article aims to analyze the role of the Ecuadorian State in the processes where parliamentary immunity governs. Regarding the methodology, a case analysis and bibliographic synthesis of the inductive method were used. Finally, it is concluded by making a synthesis of the elements that have carried out an in-depth study of this process in Ecuador, as it is solved in the constitution and through a case study its foundation and application is analyzed.

 

Descriptors: Parliamentary immunity; Constitution; Inviolability; Comparative politics; State.

 

 

 

INTRODUCCIÓN

El Derecho Constitucional en el Ecuador se establece como un elemento que permite esclarecer los lineamientos expuestos en la constitución del país. El mismo se instaura dentro de paradigmas y supuestos que conforman una nueva visión de los procesos en los que se valida lo político, lo legal y lo legitimo dentro de las concepciones mismas de las normas jurídicas que permitan gestar una institucionalidad que asegure la eficacia de los derechos expuestos en la constitución (Grijalva, 2011). En este cuerpo legal se fundamentan las normativas de ley que garantizan los derechos de los ciudadanos y por otro lado se constituye en un elemento garantista de derechos. Su marco institucional radica en el apego a principios de defensa de una serie de principios y valores que han sido elevados a un rango superior. Todo esto con el fin de orientar políticas y acuerdos que tengan asidero jurídico y que fundamenten conceptos integrales de derecho.

Es así que se trata de entender la inmunidad parlamentaria desde el constitucionalismo. La misma se conforma en un tema de actualidad trascendental que desde su concepción tiene varias acepciones por lo que doctrinarios y textos legales no han llegado a un acuerdo si se trata de una inmunidad, una prerrogativa o un privilegio. Cabe recalcar que en la constitución actual no se menciona la inmunidad parlamentaria, lo que se establece como una garantía exclusiva cuando el asambleísta realice sus funciones. Una vez justificada la naturaleza jurídica se hará referencia a como el Estado afecta a la inmunidad parlamentaria, a través de un análisis del cumplimiento del debido proceso, con la finalidad de evitar violaciones respecto de quienes se encuentran en la función legislativa que permitirá precisar y determinar los casos en los que un asambleísta goza o no de este privilegio (Pérez Carrillo, 2019).

En base a lo expuesto, desde el constitucionalismo, este artículo se plantea como objetivo analizar la intervención del Estado ecuatoriano dentro de los procesos judiciales donde rija la inmunidad parlamentaria. Por un lado, medir sus alcances y limitaciones, y por otro cualificar desde lo jurídico los procesos que se han dado contra asambleístas como Cléver Jiménez. Esto lleva a plantearse que el problema de la presente investigación consiste en ¿Cuál es la incidencia del Estado en la promulgación de la Inmunidad Parlamentaria? Por lo anteriormente expuesto, la finalidad consiste en examinar el alcance y fundamentar teóricamente la aplicabilidad del fuero constitucional, marcando problemáticas y concluyendo en la existencia de una separación de poderes y sobre todo ratificar a la constitución del país como la base de un país democrático. Es significativo recalcar también que para esta investigación se ha partido de una concepción teórica, enmarcada en el estudio de los antecedentes, luego se ha realizado un estudio sistemático e histórico filosófico del tema en contexto, con el fin de no dejar recovecos o vacíos en la investigación final, la cual al concatenar lo teórico y lo práctico permitirá dirimir y conformar de mejor forma toda la información seleccionada.

DESARROLLO

Origen, conceptos y divisiones de la inmunidad parlamentaria

No es uniforme la nomenclatura utilizada por autores y textos legales para designar un término que permita denominar las garantías destinadas a proteger a los miembros de las asambleas legislativas de las eventuales persecuciones arbitrarias de que sean objeto. Además, son varias las acepciones que se dan de este mismo término, en unos países se denominan privilegios, en otras inmunidades y en otras prerrogativas parlamentarias. En gran parte esto se deriva del derecho ingles el cual utiliza con frecuencia los nombres de libertad de expresión y prohibición de arresto (Fernández, 2011).

En el caso de Ecuador la constitución del año 1830, expone que “No serán jamás responsables de las opiniones que manifiesten en el Congreso, y gozan de inmunidad hasta que regresen a su domicilio" (Cancillería 2019, p.13). Existen después cambios que se van combinando en el transcurso del tiempo y se establecen en las necesidades, es así que, en el año 1835, se agrega un nuevo acápite salvo el caso de delito in fraganti. En el transcurso de los años se marcan varias constituciones como la elaborada en el año 1896 y en el año 1906 por Eloy Alfaro en la cuales se ratifica la inmunidad parlamentaria como un proceso de carácter perecedero (Cancillería, 2019).

En tanto, la inmunidad parlamentaria se ha desarrollado y ha obtenido un estatus constitucional, ya que se muestra como una prerrogativa de los cuerpos legislativos, que se enmarcan en la constitución de un país. Según lo señala Oyarte (2014), “estas inmunidades se aplican con excepciones y pueden ser creadas solo por Norma Suprema y no por Ley” (p.23). La inmunidad parlamentaria está plasmada en las constituciones y es parte de los Estados democráticos y al ser solo consagrada como norma suprema su importancia radica en cuanto al funcionamiento del Estado constitucional.

El análisis de la inmunidad parlamentaria en el Ecuador se establece en dos espacios, y se resume en la constitución de 1998 en los artículos 135, 136, 137. En el que se tipifica las sanciones para los diputados que incurren en algún delito, los mismo son sometidos al código de ética, aunque no hay una especificación sobre el tipo de violaciones que serán juzgados bajo esta figura. En cambio, en el art 135 de la misma constitución hace referencia a que los diputados responden políticamente ante la sociedad por sus deberes encomendados, y queda de lado su actuación en el actuar ajeno de sus facultades y competencias (Ávila, 2011). Este artículo si se analiza detenidamente deja un vacío legal que da paso a la lesión al derecho de igualdad garantizado en la propia constitución.

Por otro lado, es necesario recalcar lo que menciona Carrión (2017) que el Congreso en más de una ocasión se convirtió en un campo de batalla donde se dieron agresiones tanto verbales como físicas inclusive llegando a amenazas con armas de fuego. Muchos delitos políticos quedaron e la impunidad. El poder cegó a muchos de estos congresistas quienes actuaron a su antojo, y de alguna forma se vieron protegidos bajo el manto de la inmunidad parlamentaria.

En tanto que, en la Constitución de la Republica del ecuador del año 2008, la inmunidad Parlamentaria se ve representada en el art. 128 “Las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan” (Asamblea nacional, 2008, p.56).

Su interpretación es amplia y esto ha dado paso a la formulación de procesos judiciales, se estudiarán en acápites posteriores, por otro lado, la ley reglamenta el actuar de los asambleístas, quienes bajo el cobijo de la ley pueden manejar su actividad de legislar en el amparo de la constitución. Mientras que en el art. 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece:

Del Fuero y de Responsabilidades. Las y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán ni civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional. (Asamblea Nacional, 2009, p.89)

 

Si bien desde sus orígenes el objetivo principal de la inmunidad parlamentaria, ha sido el de proteger al recinto legislativo y su funcionamiento de los caprichos del Ejecutivo o de los órganos judiciales, en la práctica ha llevado a que los legisladores como individuos, adquieran una protección a la que el resto de ciudadanos no tiene acceso (Orentlicher, 2005). Esto como garantía en procesos que involucren las funciones de asambleístas.       

Potencialmente la Inmunidad parlamentaria puede ser vista como sinónimo de impunidad, ya que la misma involucra la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria.

Por otro lado, se analiza la naturaleza jurídica de la inmunidad parlamentaria, en la cual se establece el debate si es prerrogativa o privilegio. Por lo mismo, Fernández, (1977) menciona.  “Que el privilegio como una excepción graciosa y gratuita de las disposiciones de una ley, y la prerrogativa como una situación o atribución especial reconocida como necesaria para el funcionamiento de un órgano constitucional” (p.35). Estas acepciones hacen que la inmunidad parlamentaria caiga en el campo de las ambigüedades, ya que no se puede tener una acepción suficientemente clara de un proceso que está latente en varios países del mundo, y aunque no se tiene clara su concepción y alcances, se hace plausible un entendimiento de este concepto.

Esto según lo explica Latorre (2018) indica. La inmunidad no es un privilegio personal establecido en beneficio de los parlamentarios si no que se establece como una prerrogativa para los miembros del parlamento, lo que genera seguridad jurídica. Se trata dice Fernández (2011) afirma que la misma es una prerrogativa de carácter colectivo ya que protege a todo el grupo parlamentario y a la vez es de carácter individual porque protege a cada parlamentario. Los alcances de la inmunidad parlamentaria o también conocida como fuero, se anclan principalmente en un componente teórico, hace que la practicidad de la misma se vea afectada por las diferentes interpretaciones que se establezcan al concepto de inmunidad. Definición que varía de país en país y se apega más a los principios democráticos y a la constitución que la rija.

La inmunidad por su naturaleza y sus características propias puede dividirse en inmunidad e inviolabilidad, cada una guarda sus propias características y se ejemplifica. En el caso de la primera la inviolabilidad parlamentaria es propia de los miembros del parlamento y sus funciones radican en la no responsabilidad de los actos relacionados con sus funciones, Pero quedando claro que representan actos propios de su función de parlamentario. Por lo tanto, Rodríguez (2019) expone que la inmunidad parlamentaria protege de discursos, votaciones, mociones interpelaciones, informes, exposiciones de hechos y opiniones, presentación de enmiendas o proposiciones, pero no protege de actos que permanezcan al margen de la ley, tales como escritos de prensa, agresiones y palabras pronunciadas fuera de las cámaras.

Existen dos vertientes que se derivan del atributo protector de los legisladores: son la inmunidad funcional o material y la inmunidad personal o inviolabilidad. Los dos tipos establecen un trato desigual irrenunciable, que se confiere no a título individual, la persona no puede abdicar a la misma, pues se confiere por su carácter público. De esta manera, con este primer análisis se podría hablar de cómo estos tipos de inmunidad pueden conformarse en estrategias de inviolabilidad del fuero parlamentario, el cual cómo se puede observar tiene una concepción subjetiva, ya que es difícil medir los alcances por su mismo carácter. A continuación, se analizará los dos tipos de Inmunidades que existen, cuáles son sus alcances y las formas de concepción como ley dentro de las constituciones de un Estado (Rodríguez, 2019).

La inmunidad rationae materia o funcional tiene por objeto proteger a la institución. Por el interés que este régimen representa, impone un obstáculo absoluto y definitivo de cualquier clase de pretensión jurídica sea civil o penal, que incluso se extiende a la conclusión del mandato del representante. Si bien no hay una lista cerrada de las actividades que entran en la función parlamentaria, los actos que se dan necesariamente a la función del diputado, que en nombre del Estado actúa como representante popular. Por medio de esta figura el legislador no puede ser perseguido, detenido o juzgado a consecuencia de sus votos, opiniones, discursos, en función de su actividad como legislador (Rodríguez, 2019).

Como segunda especie, los representantes populares pueden verse inmersos en procesos o actos antijurídicos. Se debe tener claro que esta clase de inmunidad subsana aquellos actos distintos a la expresión de ideas o de votos en el hemiciclo (que como ya se mencionó anteriormente esto se incorpora a la primera especie de la inmunidad material). Por lo tanto, la esfera de protección (descrita en la especie como inviolabilidad) se ve reducida sustancialmente, al entenderse al estatuto personal del representante. Además, tiene por objeto evitar obstrucciones a su actuación regular, si bien, limitada mientras dure su cargo de representante. Cuando se hace referencia al parlamentario que tiene este tipo de inmunidad, este figura desaparece al término del mandato, es decir cuando el Diputado o Senador, haya dejado de actuar como parte del Estado (Chiriboga, 2004).

La inviolabilidad se aplica exclusivamente para aquellos actos que puedan ser denunciados como delitos en contra de un legislador, durante su mandato y que no estén vinculados a su función de legislador (emitir votos y opiniones). Esta inmunidad no protege al legislador por causas personales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión de su cargo. En este caso las causas seguirán tramitándose y si en ellas el juez ordena una detención, la fuerza pública cumplirá con ella y el juez no requerirá de autorización del congreso para proceder a tal detención (Chiriboga, 2004).

Es así que el art 128 de la constitución del Ecuador, reza:

Sólo se podrá privar de libertad a los asambleístas en caso de delito flagrante o sentencia condenatoria ejecutoriada. Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo continuarán en trámite ante la jueza o juez que avocó el conocimiento de la causa. (Asamblea nacional, 2009, p.89)

 

Esto es en el caso de Ecuador, se debe tener claro que desde un estudio comparado de las inmunidades estas se manifiestan de diferente manera en las diferentes constituciones de países en el mundo, para conocer sus alcances se tendrá que hacer un estudio más exhaustivo de dichas prerrogativas.

El análisis de la literatura y los marcos teóricos referentes a la figura de la inmunidad parlamentaria se ven muy bien plasmados en los mismos se desprenden una sobriedad explicativa, en cuanto a cómo, dónde y cuáles son los alcances que ha tenido la inmunidad parlamentaria. Esta prerrogativa a lo largo de los años ha sido sometida a entendimientos y enfoques que no han llegado a sistematizar los principales abusos que han contribuido a desnaturalizar esta prerrogativa. Esto se ha manifestado en desviaciones conceptuales, que en el campo de los jurídico se prestan para muchos análisis doctrinarios, que escapan el entendimiento común, y que se establecen como conjeturas que se pueden lidiar, con un análisis próximo de sus componentes estructurales, es así que se analiza el tipo de delito que se comete.

Es, por tanto, como se ha establecido o fundamentado la inmunidad ya que existe un criterio apriorista que marca el tipo de delito y una línea en concreto que marca la diferencia o distinción entre delitos políticos y delitos comunes, es aquí, donde se manifiesta la diferencia entre los dos. Ya que se establece un criterio ajustado a dicha manipulación, y que una eventual arbitrariedad en el proceso, pueda viciar el mismo y llevar a una persecución de uno o de varios miembros del legislativo. Este sería el punto de inflexión que marque el desarrollo o no de un juicio político, es por eso que, se necesita efectuar un estudio que en primera instancia erradique la corrupción y se mantenga el orden constitucional que se pretende establecer (Zan, 2004).

Así mismo, es usual que se generen procesos de suplicatorio en base a la levedad de los cargos imputados. esto se fundamenta en el no perturbar el mandato parlamentario, debido a procesos de carácter leve, que no conllevan mayor complejidad en sus estructuras, es más bien estudiar sistemáticamente la estructura de los mismos y encontrar una ruta ante supuestos fallos judiciales.

En la actualidad los procesos de juzgamiento de la inmunidad parlamentaria han sufrido un vuelco estructural, porque estos se analizan en su conjunto y marcan pautas que nos han llevado a pensar que solo el examen del caso en su conjunto ha llevado a la formulación de un auténtico juicio, es decir se analizaba todo en su conjunto y se emitían sentencias. De lo contrario estaba que cuando se deseaba otorgar la concesión, con frecuencia por motivos políticos derivados de factores como la lucha partidaria, se analizan las variables y no se llega a entender cuál fue el móvil o no se tiene suficiente información que garantice la formulación de un juicio político. Son en sí variables estudiadas en el campo de la subjetividad y los intereses partidistas que pueden estar dentro del parlamento (Gentile, 2008).

En el proceso de inmunidad parlamentaria se establecen parámetros y estructuras influenciadas por procesos, dentro de la impunidad se han implementado vicios por los cuales un legislador puede ser absuelto de uno de sus cargos, entre esos existe mecanismo que también subyace en no realizar las acciones que se consideren pertinentes para el orden legislativo. La Inmunidad hoy en día se ha convertido en un instrumento de dominación de las mayorías, es decir los grupos políticos dominantes crean principios de autodefensa, estos momentos de agitación y enfrentamiento contribuyen a la radicalización de posturas cuando existe una disyunción entre amigo y enemigo.

Esta lucha de poder atenta contra el orden constitucional, en perjuicio de las minorías. Esta es una de las dicotomías que presenta esta Norma de inmunidad Parlamentaria, ya que puede ser manejada al antojo de partidos políticos fuertes (Delgado, 2011). Es así que se fundamenta uno de los temas que presenta mayor análisis, porque la inmunidad parlamentaria en si no se aleja de la regulación de los órganos de justicia, lo que no contribuye a la formulación de una normativa acorde a lo que se busca como medida individual. Por lo cual se ha generado una verdadera preocupación por parte de los legisladores, quienes vivifican las posibles persecuciones que se pueden dar por parte del gobierno.

Es claro que los legisladores se deben y tienen que enfrentar a sesgo partidarios y de otras índoles que llevan a pensar la introducción de procesos que de algún modo su accionar se vea detenido por la falta de seguridad, esto debido a la intromisión de normas de carácter subjetivo que no tengan un orden lógico prestablecido y que la doctrina del derecho no haya estudiado a cabalidad.

 

La inmunidad desde el Derecho Comparado

Es relevante realizar una comparación y un diagnóstico sobre cómo se está fundamentando la inmunidad parlamentaria en otros países. Teniendo claro que difieren en los tiempos en las definiciones y en los conceptos, sin embargo, en realidad intentan trasmitir la misma intención. En el caso de Perú esta garantía se recoge en el art 9330 el cual expresa:

Los congresistas no podrán ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso. (Congreso Constituyente Democrático, 1993, p.56)

En esta Constitución se establecen algunas prerrogativas que marcan la judicialización de un proceso o no. En el caso de cometer delito flagrante se establece el entender desde la Inmunidad si suscita cesar dicha inmunidad parlamentaria y procesar a la persona como si no fuera parlamentario. En el caso de Chile en su art. 58 se afirma:

Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o designación, o desde su incorporación, según el caso, puede ser procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva. (Congreso República de Chile, 2005, p.45)

 

Podemos deducir que en este caso la inmunidad parlamentaria se mantiene, las prerrogativas se establecen como causales de privación de la inmunidad Parlamentaria, y su judicialización se puede dar por cometer algún delito flagrante. Aunque en esta Norma se marca que puede ser estudiada en la Corte Suprema si esto es necesario. Una vez más se da paso a un entendimiento de la ley, en la cual no hay una separación de poderes, lo que sería beneficioso para los legisladores.

En este caso la inmunidad parlamentaria se mantiene, las prerrogativas se establecen como causales de privación de la inmunidad Parlamentaria, y su judialización se puede dar por cometer algún delito flagrante. Aunque en esta Norma se marca que puede ser estudiada en la Corte Suprema si esto es necesario. Una vez más se da paso a un entendimiento de la ley, en la cual no hay una separación de poderes, lo que sería beneficioso para los legisladores. En el caso de México la inmunidad parlamentaria toma otras connotaciones que varían desde la terminología, hasta las formas en las que se imparte, por eso es importante analizar desde este punto de vista. En este país se lo menciona como fuero constitucional y se ha denominado procedimiento para la declaración de procedencia al mecanismo de resolución del suplicatorio. La historia de este procedimiento es rica en historia ya quien fue aplicado desde 1812 a semejanza de la Constitución de Cádiz (Rivera, 2012).

Su reglamentación más reciente se dio con la constitución de 1917 y entre sus características se establece: solo la cámara de Diputados puede conocer la declaración de procedencia. La denegación de la inmunidad parlamentaria, produce tan solo puntos suspensivos sobre la acción penal, no prejuzga sobre el fondo. La mayoría absoluta es necesaria para la declaración de procedencia, y por último, la constitución solo establece leyes generales, dejando a los reglamentos y a la ley general la aplicación de leyes sancionatorias (Rivera, 2012).

Todo esto se puede estudiar en el derecho Comparado, hacer un análisis de las constituciones aunque esto caería en el campo de los dogmático, la ley es subjetiva y se presta a entendimientos diversos, es por eso que se marcara un análisis de lo que sucede en el Ecuador, como un mecanismo para entender las variables a las que está sujeta la Constitución de este país, y analizar ese nexo o separación si es que existe sobre la función judicial (Oyarte, 2014). Para estudiar la inmunidad parlamentaria en el Ecuador, se debe recurrir a lo expresado en el artículo 128 de la constitución de año 2008. Como se señaló anteriormente el Ecuador ha tenido alrededor de 20 constituciones, y desde la primera que fue redactada en 1830 se ha analizado las normas que se practican para sustentar la inmunidad parlamentaria. Por cuanto se analiza una supuesta separación de poderes que hasta hoy en día no existe. Además de otras variables que hoy en día aun ponen en tela de juicio la validez y la aplicabilidad de esta norma.

En este punto se necesita hacer un análisis de interpretación de la norma, con el fin de verificar su validez en el sistema jurídico nacional. Para lo mismo se analizará dicha Norma en la Constitución del año 2008 y lo que dicta en su art 128 y el art 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

 

Violación a la Inmunidad Parlamentaria, caso: Cléver Jiménez.

Este artículo tiene como fin mostrar un proceso en el que no se aplicó la inmunidad parlamentaria en el Ecuador, en este caso emblemático que incluyo al ex asambleísta Cléver Jiménez y a dos miembros de la sociedad civil Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. A su vez, se analizará el juicio abierto contra el asambleísta a quien se e vulnero el principio de inmunidad Parlamentaria. Como antecedente de este caso se manifiesta la revuelta policial llevada a cabo el 30 de septiembre de 2010, cuyo motivo fue el veto presidencial de la Ley Orgánica de Servicio Público. En este día se dieron actos por los cuales Cléver Jiménez demanda al presidente Rafael Correa para que se esclarezcan e investiguen a los culpables de los acontecimientos de ese día.

Esta denuncia va marcada por relacionar al mandatario con delitos de Lesa Humanidad, así como Denuncia Pùblica en contra del Eco. Rafael Vicente Correa Delgado por parte de Kleber Jimenez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio en donde se señala una incitación a desorden público, alteración del orden y discordia civil, lo que ocasiono lesiones a civiles, miembros militares y policía nacional. En cuanto al seguimiento que se dio al caso el Fiscal Galo Chiriboga tras nueve meses de investigación, solicitó al presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia que se archive definitivamente la denuncia. Lo que expuso el Consejo de la Judicatura (2016) Las conclusiones del conjuez, Richard Villagómez, encargado del caso fueron que no había una versión existente que señale que el presidente Correa hubiera incitado públicamente al separatismo. Además, que el presidente no era posible de atentar contra la seguridad del Estado, al ser el elegido democráticamente. Conclusiones segmentadas en las que no se da un orden judicial congruente y que tenga sentido, sino más bien se apegan al subjetivismo de los jueces que llevaron el caso.

Esto obligo a que el procesado Cléver Jiménez, busque un lugar donde esconderse y es así que desde la comunidad de Sarayacu en el oriente ecuatoriano en el año 2014 los sentenciados acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se manifiesten acerca de las medidas cautelares impuestas en su contra. LA CIDH señala lo siguiente:

En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia, e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento. En consecuencia, la comisión solicita al Estado del Ecuador que suspenda inmediatamente los efectos de decisión de 14 de enero de 2014, emitida por el tribunal de casación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal militar de la Corte Nacional de Justicia, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2013, p.13)

 

Ante esta situación el Estado ecuatoriano, rechaza este argumento, aludiendo que la Comisión es incompetente y solicito la revocatoria de la misma. En marzo del 2015, el juez de Corte Nacional Luis Enríquez, declara la prescripción de la pena basándose en el artículo 107 del Código Penal anterior el cual manifiesta “Las penas privativas de la libertad, por delito, prescriben en un tiempo igual al de la condena, no pudiendo, en ningún caso, el tiempo de la prescripción ser menor de seis meses” (Asamblea Nacional, 2014, p.90). Bajo esta figura Cléver Jiménez regresa de la clandestinidad.

Esto fue en resumidas cuentas el proceso que llevó Cléver Jiménez por la denuncia al presidente Correa. Para lo cual no necesitaron permiso por parte de la Asamblea nacional para seguir el caso. Mientras tanto en el año 2016 se lleva un nuevo proceso judicial en contra del ex asambleísta Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio el juez Jorge Blum emite una nueva providencia.

Aquí sale a relucir la siguiente incógnita ¿Por qué se solicitó permiso a la Asamblea Nacional?, en un segundo caso de juicio presentado al ex asambleísta Jiménez, y cuando fue juzgado en el 2012, se dejó de lado a la asamblea Nacional, esto deja entredicho que no se aplicaron los principios de inmunidad Parlamentaria ratificados en el Ecuador, sino más bien fueron una serie de conveniencias amparadas en las necesidades básicas de las autoridades de turno. Es así que el 18 de octubre del 2013, la inmunidad parlamentaria fue considerada de la siguiente manera:

Para iniciar un proceso penal en contra de una o un asambleísta por un acto en ejercicio de sus funciones, se requieren atención de la Asamblea Nacional, conforme en los artículos 111 de la Ley Orgánica de la Función legislativa y 128 de la Constitución de la República del Ecuador, lo que debía obtenerse en la primera providencia, que no se hizo en el presente tramite, violándose las normas indicadas y causándose nulidad al ser un requisito de procedibilidad. (Asamblea Nacional, 2014, p.45)

 

En este punto se establece el motivo de la investigación ya que hay que señalar que el asambleísta Cléver Jiménez no fue llevado antejuicio en la Asamblea Nacional, lo que no le permitió señalar que se vulneraron sus derechos a la inmunidad parlamentaria al denunciar los hechos del 30 de septiembre del 2010 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2014). Este es un argumento transcrito y tomado de la Constitución del Estado la cual manifiesta, sobre la imputabilidad de los miembros de la asamblea nacional que en el artículo 128 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa lo mencionan.

El campo de análisis es extenso y más bien se hace eco en manifestar las acciones tomadas por los jueces competentes haciendo caso omiso a lo expreso en la Carta Magna y en la Ley Orgánica de la Asamblea. Esto va de la mano del irrespeto de las normas jurídicas expresas en las leyes del país. Por otro lado, está claro los vicios de nulidad que trajo consigo un primer juicio elaborado al asambleísta Jiménez en el año 2012, en el cual no se pidió permiso a la Asamblea. En el segundo juicio por hackeo informático realizado en el año 2016 se pidió permiso a la Asamblea Nacional. Los términos jurídicos y Normas que se siguieron no serán analizadas, sino más bien se deja claro que no se dio un seguimiento de los procesos acordes a la realidad nacional ni a su normativa expresa.

 

Figura 1: Asamblea Nacional Constituyente (2008)

 

 

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en esta investigación es un análisis documental, referido a revistas indexadas la Constitución del país y el análisis de la sentencia expuesta contra Cléver Jiménez. Dichos documentos permitieron tener una visión más compleja de la investigación. Es por eso que al ser una investigación cualitativa se deben identificar las relaciones entre varios conceptos, pero esta investigación al ser de naturaleza inductivo-deductivo, no es posible anticipar dichas vinculaciones al inicio del proyecto (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Sino más bien se fueron estructurando los preceptos que nacieron desde la propia investigación.

En cuanto al método en el que se validó el estudio se hace referencia el método inductivo-descriptivo, esto debido a que se basó un análisis de caso judicial con el fin de inducir la investigación y formular los conceptos y lineamientos en los que la constitución no está acorde en la normativa jurídica al momento de dictaminar sentencias o fundamentar la inmunidad parlamentaria en el Ecuador (Ortiz, Narváez y Erazo, 2019).

 

APORTES GENERADOS

La Constitución ampara jurídicamente a la inmunidad parlamentaria, sin embargo, necesita un campo de actuación que permita dirimir y establecer verdaderos parámetros donde se sustente como una medida dentro de un proceso garantista de derechos, haciendo valer cada uno de los principios fundamentales cimentados en el orden constitucional y los preceptos de justicia y democracia del país.

Otras constituciones de países de la región guardan una similitud y desde el derecho comparado se establece cual es el campo de acción y los medios en los que se fundamenta dentro de la constitución y leyes que rigen dichos países. Todos con el fin de ordenar democráticamente sus territorios y la obligatoriedad de hacer cumplir cuyos derechos ya establecidos.

En el caso de Ecuador se necesita que se ampare una separación de poderes que respete las directrices de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Que no exista una intromisión del poder ejecutivo como parte de un sistema hiperpresidencialista ni de corte dictatorial.

 En cuanto al análisis de caso del ex asambleísta Cléver Jiménez se irrespetaron los principios democráticos en los que se fundamenta este principio lo que llevo a que se dé un proceso jurídico mal fundamentado desde la constitución sin respetar el debido proceso. El asambleísta tenía el derecho de denunciar cualquier actividad por parte del Estado, pero no se utilizaron los canales regulares para enjuiciarlo.

Ecuador tiene la necesidad de establecer un orden y un estatuto fuerte en cuanto al respeto de la inmunidad parlamentaria, el cual goce de garantías para establecer una democracia fuerte y solidaria con los miembros del poder público, quienes deben estar exentos de persecuciones políticas y más bien se deben dentro de la asamblea dar procesos transparentes que busquen el bien común del ciudadano.

 

 

REFERENCIAS CONSULTADAS

1.    Arguello. (2018). Plan V, Hacemos Periodismo. Recuperado de https://www.planv.com.ec/historias/politica/juicio-villavicencio

 

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