http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i8.574

 

La reparación económica en la acción de protección

 

The economic reparation in the protection action

 

 

René Eduardo Morejón-López

rene.morejon@psg.ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-3591-8984

 

Juan Carlos Erazo-Álvarez

jcerazo@ucacue.edu.ec 

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-6480-2270 

 

José Luis Vázquez-Calle

jlvazquezc@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0003-4980-6403

 

Cecilia Ivonne Narváez-Zurita

inarvaez@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-7437-9880

 

 

Recibido: 14 de noviembre de 2019

Aprobado: 15 de diciembre de 2019

 

 

RESUMEN

En este trabajo investigativo se analiza el proceso para la determinación económica en la Acción de Protección en relación a la compatibilidad con la Constitución. Al respecto, el desarrollo en la norma infra constitucional establece un nuevo proceso, adicional al principal, es esta disconformidad entre la Norma Suprema y la infra constitucional que genera la problemática. En la actualidad en el Ecuador, la Constitución de la República resalta por la supremacía constitucional de la cual se encuentra envestida. Por ello, el objetivo que se pretende alcanzar es justificar la necesidad de un nuevo proceso. La metodología científica investigativa parte del paradigma cualitativo, sustentado en métodos tales como análisis y síntesis bibliográficos, así como también histórico lógico e inductivo-deductivo. Se concluye que subsisten incompatibilidades y contradicciones entre estas dos normas en la legislación ecuatoriana que desnaturalizan la estructura jurídica y vulneran derechos.

 

Descriptores: Constitución; Seguridad jurídica; Tutela judicial efectiva; Reparación económica; Acción de protección.

 

 

 

ABSTRACT

This research paper analyzes the process for the economic determination in the Protection Action in relation to compatibility with the Constitution. In this regard, the development in the infra constitutional norm establishes a new process, additional to the main one, is this disagreement between the Supreme Norm and the constitutional infra that generates the problem. At present in Ecuador, the Constitution of the Republic stands out for the constitutional supremacy of which it is invested. Therefore, the objective is to justify the need for a new process. The scientific research methodology starts from the qualitative paradigm, based on methods such as bibliographic analysis and synthesis, as well as logical and inductive-deductive history. It is concluded that there are incompatibilities and contradictions between these two norms in Ecuadorian legislation that distort the legal structure and violate rights.

 

Descriptors: Constitution; Legal security; Effective judicial protection; Economic repair;

Protective action.

 

INTRODUCCIÓN

El pueblo soberano del Ecuador, representado por la Asamblea Constituyente, en pro de una nueva estructura de convivencia armónica, comprometida con la integración latinoamericana presentó la Constitución (CRE) del 2008, revestida con una visión de construir un estado garante y protector de derechos, consolidado con garantías jurisdiccionales que resguarden el eficaz cumplimiento y tutela de los bienes jurídicos contemplados en la Carta Suprema y en los Tratados Internacionales reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos frente a posibles abusos de quienes ostentan el poder; entre estas garantías y transformando la Acción de Amparo prevista en la Constitución de 1998 cuya naturaleza fue eminentemente cautelar (Oyarte, 2006), instituyó la garantía jurisdiccional de Acción de Protección, dotándole de un espectro mucho más amplio de protección y precisándole como un proceso de conocimiento, no residual y útil para la protección de derechos fundamentales (Sentencia No. 055-10-SEP-CC, 2011).

A través de esta garantía, el Juez Constitucional en conocimiento de la causa si encuentra que los hechos producto del acto u omisión puestos a su conocimiento advierten una vulneración a derechos, por esta garantía tiene la obligación inmediata e ineludible de declarar la violación de los mismos y consecuentemente ordenar la reparación integral a la víctima mediante la adopción de medidas materiales e inmateriales tendientes a resarcir la afectación o derecho conculcado, estableciendo a este proceso como aquel comprometido con la ejecución integral de las decisiones adoptadas, toda vez que el proceso termina únicamente con la ejecución integral de la sentencia (Asamblea Constituyente, 2008, art. 86, num. 3).

Al respecto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJYCC), determina que el monto la cuantificado objeto de la reparación económica como parte de la reparación integral en la garantía jurisdiccional de Acción de Protección, se la establezca por cuerda separada, determinando la  vía contenciosa administrativa en tanto quien tenga que satisfacerla sea el Estado y la vía sumaria tratándose  de un ciudadano; es decir que, precisa la activación de un nuevo proceso dentro del cual se determine dicho monto, lo que origina que la víctima luego que alcance la sentencia de parte del juez Constitucional en la que declare la vulneración de sus derechos, tenga que activar nuevamente otra vía con la finalidad de ser reparada económicamente (Asamblea Nacional, 2009, art. 19).

En este contexto, la CRE, en materia de garantías jurisdiccionales y en cuanto al proceso para su materialización, lo aborda desde la perspectiva de un proceso rápido, sencillo y eficaz, que impide la necesidad de mayores trámites burocráticos, debido a que es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el efectivo goce de sus derechos ante toda acción u omisión que los pueda poner en duda; por lo que, el Estado tiene el deber de reparar integralmente a la o a las víctimas de las acciones u omisiones injustas; en este sentido, el proceso legal adoptado por la LOGJYCC para la determinación del monto económico como parte de la reparación integral, necesita ser concretado y armonizado con la Constitución, a fin de que resulte eficiente y eficaz para el cumplimiento de su cometido, lo que lleva a plantear como interrogante central de la investigación lo siguiente: ¿Cómo mejorar el proceso para la determinación del monto económico en la Acción de Protección?.

Pregunta central que de una manera clara da cuenta del objeto conceptual de estudio, que es Justificar la necesidad de un nuevo proceso que garantice la materialización de la reparación económica en la Acción de Protección; sin embargo, el objetivo conceptual de estudio será complementado con otros necesarios para el desarrollo de la investigación como  son:  el principio de supremacía constitucional, el derecho a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva; lo que se traduce que el proceso establecido para el cumplimiento integral de la decisión judicial deberá ser efectivo en la medida que alcance su cumplimiento y sobre todo no ponga en duda o lesione la Constitución.

 

DESARROLLO

La seguridad jurídica y tutela judicial efectiva desde la perspectiva de la supremacía constitucional

La Constitución como expresión de la máxima voluntad del pueblo soberano es la norma normarum, fuente creadora e inspiradora de derecho, base estructural sobre la cual se fija la forma, el contenido y las limitaciones a las cuales deben ajustase las demás normas jurídicas para su valida producción; al ser el origen desde donde se levanta toda la estructura organizacional del Estado, adquiere una cierta característica que la distingue del resto de normas jurídicas, características que imponen el respeto irrestricto a la máxima expresión de la voluntad soberana, por lo que todas y cada una de las decisiones que en lo futuro adopten sus representantes basadas ya sea en leyes, reglamentos, ordenanzas u otros, se deben adecuar formal y materialmente a la Constitución en obediencia de la voluntad del pueblo; caso contrario se estaría actuando en contra del mandato constitucional desestabilizando la estructura fundamental y poniéndola en duda, lo que conlleva a que la armonía de la norma infra constitucional con la Constitución sea la condición básica para su validez (Vásquez, 2017).

Como se señala la Constitución está conformada por un amplio catálogo de disposiciones jurídicas cuya función no es la sola invocación lírica, sino que fundamentalmente están dadas para que impongan su prevalencia sobre cualquier otra norma, es esta la razón fundamental por la que el principio de supremacía constitucional está consagrado en las constituciones de los diversos estados y en la doctrina con la finalidad de garantizar la vigencia efectiva de la constitución (Oyarte, 2007). En efecto, este texto constitucional es la norma superior y se superpone por sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, por lo que todas las demás normas, como también aquellos actos del poder público deberán ajustarse y armonizarse con las disposiciones del mandato constitucional, de lo contrario perderán validez (Asamblea Constituyente, 2008, art. 424). 

Atendiendo estas consideraciones, un Estado Constitucional de Derechos y Justicia como lo es el Ecuador se asienta en pilares constitucionales que orientan la base del ordenamiento jurídico y del constitucionalismo, entre estos pilares se encuentra la Seguridad Jurídica y la Tutela Judicial Efectiva, derechos constitucionales que les asisten a todas las personas y cuya garantía de protección le corresponde al Estado a través de sus distintas instituciones, derechos que serán abordados a continuación a objeto de precisar su importancia dentro de esta estructura (Guzmán Chávez, 2019). En cuanto tiene que ver con el derecho constitucional respecto a la seguridad jurídica, se concibe la obligación de cumplir la norma suprema, así como con las normas previas, claras y públicas de parte de quien ejerce la correspondiente facultad jurisdiccional de aplicarlas (Asamblea Constituyente, 2008, art. 82).

Como se puede deducir, este derecho está conformado por tres elementos: El primero relacionado con el respeto a la Constitución, instando a una correcta ejecución de las disposiciones establecidas en el ámbito jurídico, esto es que estén acordes con el mandato constitucional; segundo, la garantía de que los destinatarios dentro de una estructura jurídica tengan pleno conocimiento con antelación y claridad de todo aquello que les está mandado, prohibido o permitido; con la finalidad de que puedan ajustar su conducta a la normativa vigente y también planificar a futuro bajo estándares de previsibilidad; y tercero, la garantía de que las autoridades correspondientes dotarán de certeza jurídica a totas las personas a través de la aplicación de todas y cada una de las disposiciones previstas dentro de la normativa jurídica (Sentencia No. 160-18-SEP-CC, 2018).

Como complemento este derecho no solo garantiza el sometimiento a un determinado ordenamiento jurídico, sino prioritariamente el respeto a la supremacía constitucional de la cual se encuentra investida nuestra norma suprema, lo que conlleva al cumplimiento todos los derechos constitucionales reconocidos en ella (Sentencia No. 100-15-SEP-CC, 2015). En este sentido, la presencia de normas claras, previas y públicas dotan del suficiente sustento para que la respectiva autoridad encargada de la administración de justicia pueda de una manera sustentada en derecho aplicar la correspondiente sanción a fin de que dependiendo de la naturaleza del caso concreto pueda ya sea prevenir o sancionar con fundamento los procesos que para su conocimiento y resolución se les presente (Sagüés, 1997).

Lo anteriormente expuesto, garantiza la confianza de que los gobernados al ser titulares de determinados derechos consagrados en la Constitución, tengan la tranquilidad y la certidumbre de que todas y cada una de las actuaciones de las diferentes autoridades dentro del ámbito de sus respectivas competencias se desarrollen con apego estricto al mandato constitucional, desterrando por completo cualquier forma de imposición de la voluntad del Mandatario que devendría en una suerte de incertidumbre y arbitrariedad  (Sentencia No. 016-13-SEP-CC, 2013) .

En este sentido se rechaza la posibilidad de que los gobernados en conocimiento y uso legítimo de los derechos que les asisten, entre los cuales se encuentra la seguridad jurídica como pilar constitucional que garantiza el respeto a la Constitución y las normas jurídicas, puedan dejar que el gobierno de turno o un grupo de personas allegadas a él hagan caso omiso de lo establecido en la Constitución, imponiendo la voluntad de ellos sobre la Norma de Suprema, defraudando la confianza dada a las autoridades encargadas de la aplicación cabal de la Constitución en beneficio de la sociedad (Osorio, 1981).

De igual manera, otro de los pilares constitucionales que orienta el ordenamiento jurídico ecuatoriano es la Tutela Judicial Efectiva, un derecho constitucional que garantiza el acceso a los sistemas de justicia establecidos dentro de la estructura del Estado, así como también la protección judicial frente a potenciales afectaciones de los bienes jurídicos protegidos y la garantía de la defensa de los derechos y del cumplimiento de las decisiones judiciales adoptadas (Asamblea Constituyente, 2008, art. 75).

Sin embargo del contenido de la disposición antes citada, se puede deducir que la tutela judicial efectiva como otro pilar constitucional, engloba los siguientes aspectos: 1. Aquel que se relaciona al derecho de protección judicial; 2. Con la atención en los tiempo oportunos y 3. La materialización de las decisiones judiciales considerando los procedimientos establecidos para el efecto; estos aspectos son importantes de precisar toda vez que la eficacia de las resoluciones judiciales depende en su esencia de la seguridad jurídica que un estado esté en condiciones de otorgar a las mismas, por lo que, si una resolución emitida por la autoridad competente no llega a materializarse, deja en un estado de contraposición de lo que se establece como componente primordial dentro del sistema procesal que es el derecho a la Tutela Judicial Efectiva.

En este sentido el contenido de este derecho comprende tanto el poder acceder a los órganos de la administración de justicia, como el recibir respuesta al pedido de quien solicita el auxilio de forma motivada, con apego al debido proceso y en observancia de las garantías mínimas, desafiando las inconsistencias que tornen ineficaz a este derecho constitucional, lo que deviene en que este derecho requiere la observación del Estado a través de sus entidades jurisdiccionales para que puedan garantizar el goce y cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la Constitución (Sentencia No. 015-16-SEP-CC, 2016). 

La temática presentada hasta el momento fue necesaria puesto que permite comprender de mejor manera el proceso establecido para la determinación del monto económico como reparación económica a favor de las víctimas de violación de derechos protegidos por la garantía jurisdiccional de Acción de Protección, lo cual será abordado más adelante.

 

La reparación integral como modelo de garantismo constitucional y justicia restaurativa

Es necesario abordar este tema indicando primeramente que la reparación integral de las víctimas cuyos derechos han sido violentados puede producirse desde varios ángulos, en este caso la presente investigación se orientará al análisis particular de la afectación de los derechos tutelados por la garantía jurisdiccional de Acción de Protección y la necesidad de mejorar el proceso legal establecido para la determinación del monto económico, de manera tal que asegure el cumplimiento eficaz de la reparación integral.

Es interesante puntualizar que el nacimiento de esta figura de la reparación integral se la puede ubicar dentro del contexto histórico de la finalización de la segunda guerra mundial y el establecimiento de los Tribunales Internacionales de Tokio y Núremberg, para después trasladarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y luego produciendo un efecto irradiador pasar hacia los distintos sistemas regionales, como es el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), dentro del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aporta gradualmente con el desarrollo de esta figura conforme los casos que va conociendo, por lo que resulta significativo este aporte al SIDH, debido a los altos estándares generados hasta el momento, los cuales han dotado de medidas y parámetros de reparación que han abierto la posibilidad a una efectiva reparación integral. Estas medidas son: la restituto in integrum, que significa volver las cosas al estado anterior a la violación del derecho y las indemnizaciones económicas materiales e inmateriales, cuando no es posible la restitución del derecho violado.

Estas medidas y parámetros adoptados por la legislación ecuatoriana que incorpora este mecanismo con el cual determina la obligación del Estado a través de la jurisdicción constitucional de adoptar estas medidas de reparación integral como la restitución, indemnización, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado (Asamblea Constituyente, 2008, art. 86, num.3), denotan la intención de fortalecer la naturaleza garantista de la Constitución, para ello se complementa con los criterios jurisprudenciales que la Corte IDH emite en relación a temas de reparaciones y su aplicación dentro del contexto interno de cada Estado.

En este sentido, lo dispuesto en la Constitución ecuatoriana, ha sido desarrollado en la normativa infra constitucional, resultando preocupante el hecho de que la determinación del monto en cuanto a garantías jurisdiccionales, se haga por  separado; es decir, que sea mediante otro proceso por el que se  tenga que determinar el monto y dejar como resultado que la víctima luego de que obtenga la sentencia por parte del juez Constitucional, en la que se declara la vulneración de sus derechos, tenga que activar nuevamente otra vía con la finalidad de ser reparada económicamente (Asamblea Nacional, 2009, art. 19).

Es en este momento, en el cual se presenta el problema, pues de lo anteriormente expuesto se puede verificar que la reparación económica tiene como finalidad compensar de manera inmediata el daño ocasionado por vulneraciones de derechos, sin embargo  resulta contradictoria la normativa infra constitucional que dispone que la reparación económica a la que se hace acreedor la víctima, deba ser determinada por cuerda separada (Asamblea Nacional, 2009, art. 19), violando la expresa disposición constitucional que determina que el Juez en materia de garantías jurisdiccionales al verificar la afectación del bien jurídico protegido debe indicarlo en sentencia  y consecuentemente ordenar el restablecimiento inmediato del derecho conculcado  adoptando los mecanismos de restauración que el caso amerite (Asamblea Constituyente, 2008, art. 86, num. 3), entendiéndose dentro del mismo proceso constitucional, abrir la puerta hacia un nuevo proceso contradice la disposición constitucional.

Este proceso establecido para la determinación de la reparación económica que se obtiene de los parámetros legales, pretende compensar el daño ocasionado por vulneraciones que se producen a causa de una violación de derechos identificadas como afectación directa; sin embargo la incompatibilidad con la disposición Constitucional desnaturaliza a la garantía jurisdiccional de Acción de protección y la vuelven poco efectiva, transgrediendo los derechos a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, debido a que la responsabilidad del culpable implica todas las consecuencias directas del acto dañoso, resultando necesaria la adopción de una correcta interpretación de la norma suprema que lleve a mejorar el proceso de determinación del monto económico.

Así  se garantizará que esta figura pueda cumplir su finalidad y no lesione derechos fundamentales; recalcando que un Estado garantista de derechos tiene su horizonte fijado hacia la tutela y protección de derechos, concomitantemente debe concebir a la reparación como figura determinante para cumplir su objetivo y justificar su naturaleza intrínseca, en tal sentido el fin primordial que persigue la Acción de Protección en el Estado ecuatoriano es la protección de derechos, pues señala la necesidad de contar con recursos sencillos y eficaces que resguarden a los sujetos de derechos, agregando el deber del ente estatal de adoptar medidas adecuadas y eficaces que garanticen el restablecimiento en caso de producirse afectación  a las facultades jurídicas de dichos sujetos de derechos.

Por eso se hace necesario que la justicia llegue en el momento oportuno, al requerir de la activación de otro proceso para cuantificar el monto a establecer como medida de reparación económica, deviene en la posibilidad que la víctima pueda tener afecciones mucho más graves a sus derechos conculcados y en determinados casos pueda inclusive tener consecuencias irreparables.

Por ejemplo, en el caso de que un padre de familia que de una manera injusta es separado de su trabajo, sin embargo de ser declarada la violación de su derecho, no se le llegue a entregar de una manera oportuna el monto económico que por haberes laborales pendientes debía recibir, se le presenta el caso de que a su hija enferma no puede suministrarle la medicación de una manera oportuna, tal y como es requerida, a consecuencia de no recibir el dinero a tiempo, pudiendo desatarse como grave resultado la muerte de su hija y consecuentemente más daño al padre. En definitiva, con todo lo expuesto nos lleva a responder la pregunta planteada ¿Cómo mejorar el proceso para la determinación de la reparación económica en la Acción de Protección?, la respuesta es dotándole de un sentido armónico al artículo 19 de la LOGJYCC con la disposición constitucional del artículo 86, numero 3, de CRE.

Así mismo la reparación económica es un deber ineludible del Estado rescatando el vínculo de intervención que tiene en la reparación integral, frente a la vulneración de derechos toda vez que su rol principal es la protección integral de los derechos fundamentales (Sentencia No. 012-09-SIS-CC, 2009), (Sentencia No. 031-09-SEP-CC, 2009), (Sentencia No. 001-10-PJO-CC, 2010), (Sentencia No. 006-11-SIS-CC, 2011), (Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, 2013), (Sentencia No. 135-14-SEP-CC, 2014), (Sentencia No. 018-14-SIS-CC, 2014), (Sentencia No. 024-14-SIS-CC, 2014), (Sentencia No. 198-14-SEP-CC, 2014), (Sentencia No. 11-16-SIS-CC, 2016). Además, mediante precedente jurisprudencial obligatorio refuerza de una forma clara que los procesos judiciales no terminan con la sola expedición de la sentencia, por el contrario, destaca que lo esencial es su ejecución, es decir su cumplimiento, que se materializa con la reparación integral (Sentencia No. 001-10-PJO-CC, 2010).

Finalmente, con el presente estudio se demuestra la disconformidad del artículo 19 de la LOGJYCC con la disposición 86.3 de la CRE, así como la necesidad de intervención efectiva del Estado en la reparación económica de las víctimas de violación de sus derechos declarados en la garantía jurisdiccional de Acción de Protección y propone la necesidad de mejorar el procedimiento establecido para la determinación del monto económico como consecuencia de la reparación económica, teniendo como vértice el principio de supremacía constitucional.

 

Reparación económica en la acción de protección

La Acción de protección, en las Constituciones de los países que también la han adoptado, la podemos ubicar con diferentes denominaciones, como, por ejemplo: el recurso de amparo en España, el recurso de protección en Chile y la acción de amparo en Perú, con la diferencia de que en este último caso no se lo hace desde la Constitución, sino mediante una ley que es el Código Procesal Constitucional del Perú. De cualquier manera, indistintamente de la denominación que esta adopte en las distintas legislaciones, el objeto que persigue es siempre el mismo, la protección o tutela de los derechos fundamentales.

La definición que la legislación ecuatoriana adopta determina que la Acción de Protección tiene como objeto el amparo de los derechos constitucionales, frente a acciones u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial y también de un particular, cuando por daño grave, prestación de servicios impropios, si la víctima se encuentra en situación de desigualdad por subordinación, indefensión o discriminación, la garantía cumple con la finalidad de restablecer el derecho conculcado por la intervención de un ente que amenaza, priva o perturba de algún derecho constitucionalmente reconocido al sujeto de derechos (Asamblea Constituyente, 2008, art. 88).

En efecto esta garantía jurisdiccional de acción de protección abre la posibilidad de que quien la requiera pueda acudir de manera directa ante un juez constitucional a efecto de que sea atendido mediante una sentencia direccionada a la inmediata y eficaz protección de los derechos fundamentales violentados (Rodríguez, 1998). En suma, la Acción de Protección tutela al sujeto de derechos no únicamente de la administración pública, sino también de los particulares como potenciales agentes que por acción u omisión pudieren vulnerar derechos. Escenario en el que actúa esta garantía como fuente y naturaleza constitucional convirtiéndose en un mecanismo idóneo para el restablecimiento inmediato del derecho conculcado al estado anterior (Asamblea Nacional, 2009, art.18); así como también el resarcimiento a través de una reparación integral y dentro de ella la reparación económica.

A este respecto la acción de protección pretende que el Juez constitucional una vez que encuentre que algún acto u omisión ha vulnerado derechos fundamentales así lo declare y conjuntamente con ello ordene en sentencia la reparación por parte del agente que lo haya provocado (Asamblea Nacional, 2009, art. 6). También la orden de reparación de los derechos tiene obligatoriamente que estar contenida como una parte de la decisión adoptada dentro de la sentencia (Asamblea Nacional, 2009, art. 17, num. 4).

Así se ha verificado en líneas generales la naturaleza y el objeto de esta garantía, no  profundizamos mayormente este tema, pues la presente investigación no se centra únicamente en esta materia, sino que más bien lo considera  como un referente para que el lector pueda ubicarse dentro del contexto en el cual el problema del presente trabajo se ubica; de esta manera considerando los elementos conceptuales que dentro del principio de supremacía constitucional, derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva han sido desarrollados, corresponde realizar el contraste con el art. 19 de la LOGJYCC, con el que se demuestra el problema de la investigación que deviene en la incompatibilidad de la norma infra constitucional con la Constitución.

Atendiendo estas consideraciones, a manera de esquematizar lo que el Legislador ecuatoriano debió observar al momento de determinar en la LOGJYCC el proceso para la determinación del monto económico en la acción de protección, se presentará a continuación la Figura 1.

 

Figura 1. Derechos que debió observar el Legislador

 

METODOLOGÍA

La metodología empleada en la investigación, se basó según el enfoque cualitativo utilizando la recolección y análisis en una tipología documental – bibliográfica, sostenida desde la perspectiva descriptiva en función a la determinación de las causas sobre el problema. Los métodos aplicados son: Inductivo-deductivo, entendiéndose como el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Histórico – Lógico, que tiene que ver con la sucesión cronológica, que ha ido modificándose las leyes a través de los tiempos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Analítico – sintético separa el objeto del estudio en dos partes: el análisis, encargado de manejar los juicios, y por otro lado la síntesis que considera los objetos como un todo (Behar, 2018). La aplicación de todos estos métodos permitió analizar teorías, leyes, procedimientos judiciales, jurisprudencias, bibliografías, como parte de la población de estudio, generándose mediante el análisis documental jurídico, la construcción de aportes reflexivos teóricos en el campo del derecho constitucional (Vidal, Erazo y Narváez, 2019).   

 

APORTES

Sobre lo expuesto a lo largo de la presente investigación, se analiza lo siguiente:

La determinación del monto económico en la acción de protección requiere el inicio de un nuevo proceso, adicional al de la garantía jurisdiccional en el que se ordena dicha medida (Asamblea Nacional, 2009, art. 19); el procedimiento en la acción de protección será sencillo, rápido, eficaz y sin la necesidad de mayores trámites burocráticos (Asamblea Constituyente, 2008, art. 86); la Constitución es la norma suprema y está por encima de las demás normas, debiendo estas últimas ajustarse tanto formal como materialmente  a la norma suprema, caso contrario carecerán de validez (Asamblea Constituyente, 2008, art. 424). En conclusión la norma infra constitucional frente a esta incompatibilidad con la Norma Suprema carece de validez.

La garantia jurisdiccional de acción de proteción es de naturaleza ampliamente reparatoria (Sentencia No. 055-10-SEP-CC, 2011);  la determinación del monto para la reparacion se realiza en otro proceso distinto a la acción de protección (Asamblea Nacional, 2009, art. 19). Por consiguiente si no se repara dentro del proceso de acción de protección, la garantia no estaria cumpliendo su naturaleza; por lo tanto la norma infra constitucional desnaturaliza a la acción de protección.

La reparación es un derecho por medio del cual las victimas cuyos derechos han sido violentados reciben el auxilio inmediato del Estado a fin de que obtengan el resarcimiento por dicha violación  (Asamblea Constituyente, 2008); el concepto de inmediatez es roto con la necesidad de abrir un nuevo proceso que se espera quiza llegue a cumplir su cometido y si a lo mejor llega, sea demasiado tarde como en el ejemplo que se planteó anteriormente, que esta falta de inmediatez trajo cosecuencias irreparables y mas daño inclusive a la víctima; en definitiva el proceso para la determinación del monto económico tampoco guarda coherencia con el objeto de la reparación económica.

Considerando los elementos conceptuales estudiados con relación a la Seguridad Jurídica, se determina que el procedimiento desarrollado para la determinación del monto económico, como reparación económica dentro de la Acción de Protección, que abre la puerta al establecimiento de un nuevo proceso (Asamblea Nacional, 2009, art. 19), se desarrolla de forma inadecuada a consecuencia de una errónea interpretación, respecto de los principios de sencillez, inmediatez y rapidez con que se rige el proceso en la Acción de Protección (Asamblea Constituyente, 2008, art. 86), aspectos que han causado inobservancia al texto constitucional y producen falta de certeza a las partes dentro de este tipo de procesos; por lo que se concluye que, el proceso establecido para la determinación del monto económico violenta disposiciones de la norma suprema.

Cabe considerar, por otra parte, que la relación de interdependencia que existe entre los derechos constitucionales descritos, se correlaciona y sirven de sostén al Estado Constitucional de Derechos como es el modelo adoptado por nuestro país, por ello y por el principio de interconexión e igual jerarquía de los derechos, se determina que, si existe vulneración de uno de estos derechos consecuentemente también existirá violación de los demás. Concluyendo que la no aplicación o aplicación defectuosa de normas contenidas en la Constitución vulneran los bienes jurídicos fundamentales (Sentencia No. 045-15-SEP-CC, 2015).

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26. Sentencia No. 160-18-SEP-CC, 1416-10-EP (Corte Constitucional del Ecuador 02 de Mayo de 2018).

27. Sentencia No. 198-14-SEP-CC, 0804-12-EP (Corte Constitucional del Ecuador 13 de Noviembre de 2014).

28. Vásquez, J. C. (2017). La fuerza normativa de la constitución actual. Revista de derecho, (3), 89-108.

29. Vidal Beltrán, K. P., Erazo Álvarez, J. C., & Narváez Zurita, C. I. (2019). La lógica difusa como herramienta de evaluación financiera de proyectos de inversión. Koinonía, 325.

 

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