Una mirada analítica sociopolítica contemporánea desde el Derecho Constitucional en Ecuador

La investigación tiene por objetivo realizar un análisis desde una mirada analítica sociopolítica contemporánea sobre el derecho constitucional en Ecuador. Se abordó una concepción analítica descriptiva con la finalidad de analizar las fortalezas y debilidades del derecho constitucional ecuatoriano, esto a la luz, de la revisión documental de 13 artículos científicos publicados en revistas arbitradas. El derecho constitucional ecuatoriano ha asegurado mantener un estado democrático y plural desde la participación púbica, la democracia al ser protegida por el derecho constitucional, garantiza que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales ecuatorianos ejerzan su autonomía en la toma de decisiones para equilibrar su contexto social al declarado en la constitución.

Descriptores: Derecho constitucional; derechos civiles; derechos humanos. (Palabras tomadas del tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The research aims to carry out an analysis from a contemporary socio-political analytical perspective on constitutional law in Ecuador. A descriptive analytical conception was approached in order to analyze the strengths and weaknesses of Ecuadorian constitutional law, this in light of the documentary review of 13 scientific articles published in peer-reviewed journals. Ecuadorian constitutional law has ensured maintaining a democratic and plural state from public participation, democracy, being protected by constitutional law, guarantees that the autonomous decentralized Ecuadorian provincial and municipal governments exercise their autonomy in decision-making to balance their social context. to the one declared in the constitution.

Descriptors: Constitutional law; civil and political rights; human rights. (Words taken from the UNESCO thesaurus).

INTRODUCCIÓN

En el Ecuador se ha venido abordando desde el 2008 un modelo constitucional basado en un Estado de derechos y justicia social; focalizándose el poder en el pueblo, para lo cual se implementó la estrategia política del buen vivir, contribuyendo a promover el cierre de brechas sociales – económicas de la población, entre los cuales se aplicó la entrega de subsidios, abrasados de un sostenimiento ambiental con la finalidad de promover un mejor estado de vida colectiva (Casanova-Montero & Zuaznabar-Morales, 2017).

De ese modo, se entiende una interrelación entre derecho – política – economía, como un trio para generar beneficios sociales a la población, por lo tanto, deben estar en concordancia en el contrato social denominado constitución, en ese sentido, el derecho constitucional debe prever el sostenimiento de esta relación con la finalidad de no prescribir en contrariedad del bienestar colectivo.

Siendo necesario que las decisiones políticas en el orden social, económico, deben estar alienadas al precepto constitucional, siendo el derecho una especie de ente contralor de alertar la contradicción política en intención de transgredir la norma constituida, siendo necesario aplicar mecanismos de participación popular para producir transformaciones profundas en la letra de la constitución ecuatoriana.

En el ámbito económico, tradicionalmente han existido básicamente dos paradigmas, el capitalismo y socialismo, el primero ha sido redefinido en liberalismo económico, keynesianismo, neoliberalismo (Meza-Palma, 2011). Hoy día el Ecuador se encuentra ante un posible giro en la concepción política – económica, siendo necesario desde el derecho constitucional, prever que no se pierdan derechos consagrados por parte de la población ecuatoriana.

Otro factor a tener en consideración es que no existe una diferenciación marcada entre derecho constitucional y fundamental en el constitucionalismo ecuatoriano (Pineda-Quinde, et al., 2020), esto es una materia pendiente que debe ser resuelto con la finalidad de esclarecer cuando una persona puede gozar de un derecho fundamental o constitucional, en ese caso al no existir un firme dictamen en diferenciación, debe generarse el cumplimiento del bien mayor.

En este sentido, la actual investigación, procura generar una reflexión sobre los avances y retos del derecho constitucional en Ecuador para los próximos años en razón de proteger a la sociedad desde un orden jurídico claramente establecido, donde las instituciones puedan cumplir de modo independiente y armónico sus funciones en probidad de mantener la armonía entre política – economía – derecho, propiciándose un clima de confianza para establecer el crecimiento de la población desde un contexto integral – humanista.

En razón de lo planteado, la investigación tiene por objetivo realizar un análisis desde una mirada analítica sociopolítica contemporánea sobre el derecho constitucional en Ecuador.

MÉTODO

Para la configuración metodológica del actual trabajo, se abordó una concepción analítica descriptiva con la finalidad de analizar las fortalezas y debilidades del derecho constitucional ecuatoriano, esto a la luz, de la revisión documental de 13 artículos científicos publicados en revistas arbitradas, caracterizándose por ser una bibliografía actualizada y en relación directa al tema abordado, empleándose la técnica de análisis de contenido, mediante el método analítico – sintético, construyéndose una síntesis teórica como resultado investigativo.

RESULTADOS

Se presentan los hallazgos relacionados al derecho constitucional ecuatoriano desde el abordaje analítico – sintético generado de investigaciones publicadas en los últimos años, en consideración:

Tabla 1.

Hallazgos.

Autor	Cita
Castro-Pizarro, et al., (2019)	Se necesita de una mejor selección y capacitación de los servidores públicos, administrativos y profesionales de justicia; así como de una eficiente divulgación dirigida a la población sobre las normas y derechos, para así promover la aplicación y cumplimiento de las políticas públicas y el ordenamiento jurídico, en aras de eliminar los actos inconstitucionales e infractores de la Ley.
Ramos (2017).	En la Constitución ecuatoriana se regulan principios, categorías e instituciones que ofrecen posibilidades para el combate a la corrupción. Un derecho penal garantista y el debido proceso penal son exigencias de un sistema de derecho en un Estado Democrático. Se precisa legislar con mayor precisión en los conflictos y vacíos en la legislación ecuatoriana, que podrían ofrecen resquicios para la aparición y desarrollo de hechos de corrupción.
Ortiz-Ortiz (2018).	En otras palabras, el hiperpresidencialismo sería un régimen no democrático en que el poder es ejercido arbitrariamente bajo una Constitución que diseña un sistema presidencial con una posición preeminente del Jefe del Ejecutivo. Por tanto, el núcleo problemático de la denominación “hiperpresidencialista” es que no deja en claro la frontera entre los ámbitos democrático y autoritario. Desde esta perspectiva, la propuesta de este trabajo es, primero, separar los elementos estrictamente institucionales del hiperpresidencialismo para valorarlo desde su estructura y, en un segundo momento, observar cómo él contribuye a las prácticas antidemocráticas y autoritarias. Este modo de proceder podría servir para futuros trabajos sobre regímenes políticos que se mueven en la zona gris entre democracia y dictadura.
López-Hidalgo (2019).	Para el caso ecuatoriano, con una Constitución en la que ciertos derechos aparecen con unos contornos más definidos, y otros más generales y abstractos, no resulta apropiada una teoría absoluta del contenido en todos los casos, en razón de que no todos los derechos fundamentales ofrecen de forma clara un contenido esencial, estático y definitivo.
Galiano-Maritan & Tamayo Santana (2018).	El buen vivir se materializa en una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales que se caracterizan por promover una relación armoniosa entre los seres humanos, que excede los contornos económico, social o político y adquiere un perfil regulador del conjunto de la vida. Por tanto, los derechos de la personalidad, que se corresponden como ningún otro derecho con la vida y la existencia humanas, deben interpretarse y aplicarse conforme a esta filosofía articulada en principio.
Torres-Maldonado (2020)	Cuando los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales ecuatorianos ejerzan la facultad legislativa en materias de su competencia exclusiva, determinadas en la Constitución, las antinomias que se produzcan entre ordenanzas y leyes deben ser resueltas por el principio de competencia, cuando las ordenanzas regulen otras materias distintas a las exclusivas, como es el caso de las que desarrollan los impuestos locales, no pueden ser válidas si de algún modo contradicen los preceptos legales.
Pineda-Reyes & Vilela-Pincay (2020).	La participación pública en la elaboración y discusión de las normas ambientales, como ejercicio democrático que contribuye al fomento de la cultura medioambientalista, enfatizando en los grupos con mayor riesgo de vulneración, como son niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, mujeres, discapacitados, minorías étnicas, personas en situación de pobreza, etc. En el caso de Ecuador por su carácter multicultural la presencia de los pueblos aborígenes es esencial por las aportaciones desde su cosmovisión.
Pineda-Quinde, et al., (2020)	al no existir diferenciación conceptual entre lo que es un derecho constitucional y un derecho fundamental, es decir, cualquier persona que sienta que su derecho a la vivienda digna ha sido vulnerado o no atendido adecuadamente a través de políticas públicas, puede activar el aparataje constitucional para que los operadores de justicia reparen este derecho protegido.
Cabrera-Palomeque, et al., (2020)	Vulneración del derecho constitucional al trabajo por parte de los patronos
Ortega-Pineda, et al., (2020)	La aprobación de la consulta popular efectuada en el año 2018 negó la figura de postulación para la reelección indefinida con carácter popular vulnerando el derecho de igualdad y participación política ciudadana consagrado en la Constitución de la República, entendiéndose como una restricción y regresión injustificada de derechos.
Arichavala-Zúñiga, et al., (2020)	Se puede evidenciar la existencia de limitaciones en el ejercicio práctico de la acción de protección en Ecuador, por esta razón, es de suma importancia que las instituciones y personas que conforman la justicia constitucional de manera directa, e indirectamente toda la ciudadanía, respeten la norma máxima y los procesos que esta implica, a fin de garantizar una verdadera tutela de todos los derechos de rango constitucional.

Elaboración: Propia (2021).

DISCUSIÓN

El derecho constitucional ecuatoriano ha asegurado mantener un estado democrático y plural desde la participación púbica, evitando posibles atentados jurídicos – político como el hecho de una reelección presidencial indefinida (Ortega-Pineda, et al., 2020), evitándose el hiperpresidencialismo (Ortiz-Ortiz, 2018), el cual no es bien visto dentro de lo considerado como democracia, donde la alternancia en el poder contribuye a la no existencia de dictaduras disfrazadas de democracia, evitándose además la vulneración de la autodeterminación de las instituciones para asumir una postura independiente con la intención de mantener el equilibrio político y la justicia social en equidad para todos los miembros de la nación.

La democracia al ser protegida por el derecho constitucional, garantiza que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales ecuatorianos ejerzan su autonomía en la toma de decisiones para equilibrar su contexto social al declarado en la constitución, existiendo posibilidad de equilibrar las brechas de distanciamiento social entre la población (Torres-Maldonado, 2020), evitándose el centralismo que toma el poder para sí o para un segmento reducido, viéndose con mayor favoritismo cuando esto ocurre, los poblados donde se concentra mayor cantidad de votantes, con lo cual, el populismo pasa a distorsionar los recursos socioeconómicos y por ende a desequilibrar el estado de justicia social.

Siendo necesario para complementar una democracia madura y robusta en su accionar constitucional, el fortalecimiento de la identidad ética de los servidores públicos con la intención no solo de prestar un servicio óptimo, sino, evitar la corrupción como flagelo distorsionador de los beneficios sociales, por cuanto se colapsa el sistema democrático en detrimento de la población más desfavorecida (Castro-Pizarro, et al., 2019).

Lo anterior perjudica la generación efectiva de la política del buen vivir, por cuanto se reducen los recursos en actos de corrupción (Galiano-Maritan & Tamayo Santana, 2018), ocasionando que el pueblo al necesitar de lo público, vea mermado su bienestar, el derecho constitucional en cuestión, debe configurar una robusta normativa para el castigo de la corrupción, por cuanto esta daña irreparablemente los beneficios necesarios para un óptimo vivir social (Ramos, 2017).

Con lo cual, se evidencia la fragilidad jurídica en el ejercicio del derecho constitucional (Arichavala-Zúñiga, et al., 2020), siendo considerable promover un accionar colectivo que promueva la participación ciudadana como mecanismo de presión a las autoridades políticas a accionar en la aprobación de leyes favorables para incentivar una protección con mayor vigor en razón de proyectar un clima de confianza no solo para la población nacional, sino, extranjeros con capacidad de invertir en el Ecuador, proyectándose la dinamización de la economía como arista promotora de la adquisición de un nivel económico favorable para ejecutar prácticas sociales en dignidad de la humanidad.

Lo anterior, se complementa con lo planteado por (Cabrera-Palomeque, et al., 2020), sobre la necesidad de evitar la vulneración por parte del patrono, de la economía familiar, por cuanto se vulnera un trabajador, se coacciona el buen vivir de la familia, fracturando su capacidad económica de crecer en dignidad, debido que con ello, además, se vulnera su seguridad social, viéndose comprometidos derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda, para lo cual, además es necesario destacar desde el punto de vista jurídico, la diferenciación con los derechos constitucionales (Pineda-Quinde, et al., 2020), aclarándose que los derechos fundamentales son invariables, mientras que los constitucionales pueden variar en función de la visión política gobernante.

En consecuencia, es considerable consolidar los derechos constitucionales desde una teoría absoluta del contenido constitucional, evitándose ambigüedades originarias de vacíos jurídicos, interpretados según la conveniencia de quien tiene el poder (López-Hidalgo, 2019), un área con mayor fortalecimiento, es el ambiental donde se proyecta la participación de la ciudadanía organizada para generar leyes y mecanismos para propiciar un ambiente sostenible en pro del buen vivir (Pineda-Reyes & Vilela-Pincay, 2020).

CONCLUSIÓN

El derecho constitucional en el Ecuador debe fortalecer la diferenciación entre los derechos fundamentales y constitucionales, con la finalidad de establecer una sociedad basada en la participación ciudadana como mecanismo de empoderamiento de las políticas públicas establecidas desde la constitución, así las normas y leyes no contradicen el marco constituido, lo cual, es aplicable al accionar de los líderes políticos, quienes no pueden aplicar acciones contrarias a lo establecido en el contrato social.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A UNIANDES; Quevedo; por motivar la realización de la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Arichavala-Zúñiga, J., Narváez-Zurita, C., Guerra-Coronel, M., & Erazo-Álvarez, J. (2020). La acción de protección: ¿Una vía idónea para tutelar derechos constitucionales? [Protection action: An ideal way to protect constitutional rights?]. IUSTITIA SOCIALIS, 5(8), 162-186. http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i8.567

Cabrera-Palomeque, L., Narváez-Zurita, C., Erazo-Álvarez, J., & Trelles-Vicuña, D. (2020). Vulneración del derecho constitucional a la seguridad social por incumplimiento de responsabilidades patronales [Violation of the constitutional right to social security for breach of employer responsibilities]. IUSTITIA SOCIALIS, 5(2), 236-260. http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i2.744

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Ortega-Pineda, R., Narváez-Zurita, C., Erazo-Álvarez, J., & Vázquez-Calle, J. (2020). La transgresión del derecho de participación por la alternabilidad. Estudio de la reelección indefinida [The violation of the right of participation by alternation. Study of indefinite reelection]. IUSTITIA SOCIALIS, 5(2), 536-558. http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i2.755

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Torres-Maldonado, Á. (2020). Solución de conflictos de competencias municipales: Ecuador [Solution of conflicts of municipal competences: Ecuador]. Revista Derecho del Estado, (45), 211-243. https://doi.org/10.18601/01229893.n45.08

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