http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i1.631
Análisis de la independencia judicial en la administración de justicia del Ecuador
Analysis of judicial independence in the administration of justice in Ecuador
Valeria Alejandra Ordóñez-Segarra
valeria.ordonez@psg.ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca
Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-7642-2507
Cecilia Ivonne Narváez-Zurita
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca
Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-7437-9880
José Luis Vázquez-Calle
jlvazquezc@ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca
Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-4980-6403
Juan Carlos Erazo-Álvarez
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca
Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-6480-2270
Recibido: 15 de noviembre de 2019
Aprobado: 16 de diciembre de 2019
RESUMEN
Se examina el fenómeno conocido como politización de la justicia. En efecto, surge la necesidad de determinar un contrapeso en el sistema judicial, frente a los excesos del poder político que producen una afectación al modelo de democracia. La función de los jueces de administrar justicia consiste en dictar sentencias apegadas a derecho y justicia. El objetivo de la investigación radica en analizar la independencia judicial como mecanismo de reducción de la politización de los tribunales en la administración de justicia en Ecuador en contraposición a la democracia y vulneración de las garantías básicas como el debido proceso. La metodología científica investigativa partió del paradigma cualitativo, sustentado en los métodos analítico- sintético e inductivo-deductivo. Se concluye que la administración de justicia, requiere de un poder judicial fuerte, con capacidad de atender las pretensiones legítimas de los ciudadanos, y esto solo se logra cuando es independiente e imparcial.
Descriptores: Independencia judicial; politización de la justicia; debido proceso; poder político, separación de poderes.
ABSTRACT
The phenomenon known as politicization of justice is examined. Indeed, the need arises to determine a counterweight in the judicial system, in the face of the excesses of political power that affect the democracy model. The function of the judges to administer justice consists in issuing sentences attached to law and justice. The objective of the investigation is to analyze judicial independence as a mechanism to reduce the politicization of the courts in the administration of justice in Ecuador as opposed to democracy and violation of basic guarantees such as due process. The scientific research methodology was based on the qualitative paradigm, based on analytical-synthetic and inductive-deductive methods. It is concluded that the administration of justice requires a strong judiciary, with the capacity to meet the legitimate claims of citizens, and this is only achieved when it is independent and impartial. Descriptors: Judicial independence; politicization of justice; due process; political power, separation of powers.
INTRODUCCIÓN
El Derecho Constitucional es la rama del Derecho Público interno con caracteres de preeminencia de todas las ramas del Derecho, tanto público como privado y establece el orden jurídico de un país, es una disciplina jurídica que brinda estabilidad al sistema democrático. Estudia los aspectos esenciales de la organización y funcionamiento de las instituciones políticas del Estado, contenidos en la legislación ordinaria o en la Constitución. Sin embargo, podría suceder que alguna institución política no figure en la ley suprema, esto no impide que el derecho constitucional lo examine. Otro campo que requiere la atención del Derecho Constitucional es el estudio de los derechos y garantías fundamentales en un Estado democrático, de esta manera garantizara el respeto a la democracia, limitando al Estado ante una posible vulneración de derechos, mismos que se encuentran plasmados dentro de la carta magna creando condiciones necesarias para que los derechos humanos sean efectivos (Salgado, 2003).
La República del Ecuador a través de un proceso jurídico y político forjo la carta constitucional del año 2008, es así que nace un nuevo modelo de Estado constitucional de derechos y justicia de los valores, principios, reglas, ponderación y el pluralismo jurídico. En esta perspectiva, se fundamenta el denominado neoconstitucionalismo y se centra en el principio de supremacía constitucional, la vigencia de los derechos fundamentales y el principio político democrático de soberanía popular, y se instaura la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación de la constitución, para cumplir un rol protector de los derechos fundamentales, cuyas decisiones son vinculantes como órgano facultado para la producción de normas jurídicas de obligatoria aplicación (Rodas, 2018).
La independencia judicial es una garantía del debido proceso y un presupuesto esencial para el desenvolvimiento del poder judicial, emprende el estudio de esta garantía establecida, con la cual se intenta impedir la injerencia de otros poderes, como lo son el legislativo y el ejecutivo, en la resolución de casos que se someten al conocimiento de jueces y tribunales; así, mediante el análisis de los principales instrumentos jurídicos como la constitución, las leyes y la jurisprudencia nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (Masabanda Analuiza, Aman Llerena, Montero Solano & Javier Analuiza, 2019).
Los temas como la manera en que se eligen los jueces, el tiempo de duración en el cargo, las valoraciones de su actuación y las injerencias externas en su desempeño, son analizados desde otros ángulos doctrinales, con el objetivo de medir el grado de confianza del pueblo en su sistema judicial, considerando mecanismos jurídicos, tendientes a proteger los derechos fundamentales. Sin embargo, requiere de otros principios como la división de poderes, juez natural e imparcialidad (Medina, Salcedo, y Huertas, 2017).
En este contexto, Medina et al. (2017) aseguran que el problema radica en que las autoridades judiciales ecuatorianas no llevan a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre denuncias de injerencia política en el poder judicial y la manera en cómo ha interferido en la resolución de casos, debido al interés político. Varios jueces y tribunales se encuentran inmersos en las tensiones y presiones políticas generadas por diversos tipos de gobiernos. Por esto, los operadores de justicia restringen derechos ciudadanos. En este orden de ideas, la investigación tiene por objetivo analizar la influencia del poder político en la administración de justicia en Ecuador como contraposición a la democracia y vulneración de garantías básicas como el debido proceso.
La manera en que el poder judicial se desempeña y se muestra ante los ciudadanos influye mucho en la confianza que se genera hacia las instituciones, considerando que la justicia es uno de los valores más importantes para el ser humano; con ello se fortalece o debilita, según sea el caso, como parte fundamental de la democracia.
DESARROLLO
Conceptos y parámetros a ser considerados en la independencia judicial
Entre los estudios sobre política y justicia en América Latina, la independencia judicial es entendida como la ausencia de influencias sobre la toma de decisiones de los jueces y tribunales, y puede ser considerada desde tres dimensiones concretas: la independencia externa, imparcialidad e independencia judicial interna. La primera, hace alusión a la injerencia política que puede establecerse sobre los fallos judiciales, la segunda se refiere a la necesidad de evitar corrupción judicial, cuando cualquiera de las partes procesales o los abogados pueden ejercer sobre las resoluciones de los jueces a través de cualquier tipo de reembolso ilegal y la tercera consiste en reducir la influencia que ejercen los jueces superiores en la escala jerárquica dentro del poder judicial (Basabe, Algunos determinantes de la independencia judicial interna: Un estudio comparado de las cortes de Chile, Perú y Ecuador, 2015).
En este sentido, la independencia judicial busca establecer un sistema judicial justo y neutral, respetando las garantías básicas del debido proceso, que pueda permitir a los jueces tomar decisiones sin ser influenciados por ninguna fuerza externa o interna. Asimismo, tiene una relevancia mayor en la macro esfera, por cuanto se considera la base de la justicia global en un sistema democrático. Con esta finalidad, Aldana y Guarin, (2016) determinan que la doctrina de la separación de poderes del Estado es la base a partir de la cual han evolucionado conceptos relacionados con las funciones gubernamentales y otras teorías afines con el gobierno mixto y los mecanismos de equilibrio. Goel, (2014) añade que no existe independencia judicial, si la administración de justicia no se encuentra dividida del poder ejecutivo y legislativo, en este caso la libertad del ciudadano quedaría evidenciados a una vigilancia ilegal para el juez quien luego es el legislador, mientras que, si se acopla al ejecutivo los jueces pueden actuar con dominación.
La independencia del poder judicial es una parte integral de la democracia, con la intención de proteger el proceso judicial de las influencias externas y proporcionar protección legal completa a todas las personas que van a los tribunales para ejercer y hacer efectivo derechos.
La Constitución de la Republica del Ecuador (2008) se refiere a independencia judicial, en su artículo número 168 como: “Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley” (p. 84). Este principio constitucional establece una de las formas más importantes del sistema democrático a través de los deberes y estructuras del Estado, ya que implica, por una parte, la determinación del funcionamiento de la justicia en términos de independencia, con lo cual se busca la transparencia, mientras que, por otra parte, plantea el respeto al sistema judicial. Es así que, se origina la obligación constitucional de proteger y garantizar tales derechos y las obligaciones adquiridas mediante la suscripción de instrumentos internacionales vinculantes en materia de derechos humanos (Salcedo, 2018).
El respeto efectivo del principio de la división de poderes ha sido señalado, en diversos informes de relatores especiales de Naciones Unidas, como un eje central en el logro de un sistema judicial independiente e imparcial (Pásara , 2014). Al respecto, experiencias vividas en varios países de América Latina que, en la época de los ochenta, desvirtuaron en gran medida la separación de poderes como un valor democrático; el ejecutivo y el legislativo ostentaban responsabilidad sobre la permanencia en el cargo, nombramientos y presupuestos, influyendo además en la impartición de justicia (Binder, 2019). Además, se singularizaban por un poder judicial sumiso a los poderes políticos; por lo que el periodo presidencial era fundamental para el periodo de los magistrados de la corte suprema y de los demás jueces, ya que los nombramientos estaban supeditados a ello.
Popkin ( citado por Basabe y Llanos, 2014) refiere que las cortes supremas en muchas ocasiones se encontraban bajo el dominio de un partido político; y, estos partidos concentraban ciertas atribuciones al poder judicial, como a la corte suprema y al presidente. La corte suprema de Ecuador, por ejemplo, nombraba a los jueces y a todo el personal judicial, para que se encargara del control disciplinario y sobre los ascensos y traslados; de manera que la falta de independencia de los miembros de la corte suprema, hizo difícil la existencia de jueces imparciales (Ibídem).
En efecto, la independencia judicial ha sido transgredida por diversos tipos de poderes, fuerzas internas y externas, siendo la más predomínate la fuerza política, ya que depende de los intereses del gobierno de turno para que los jueces puedan dar su fallo a favor de lo más conveniente para el gobierno; por lo tanto, la falta de independencia externa de los jueces afecta su rol protector. Es importante enfatizar el tema de la independencia judicial, lo que se pretende lograr es que el poder político no pueda intervenir en la función jurisdiccional que ejercen los jueces y tribunales; de manera que tal independencia pueda actuar como un freno a la arbitrariedad de los poderes ejecutivo y legislativo. El Consejo de la Judicatura puede gozar de independencia judicial en relación a otros poderes, el problema radica cuando el juez puede no serlo, en especial por presiones provenientes de la misma organización. Los nombramientos, el control disciplinario, la carrera constituyen escenarios clave para perjudicar la independencia.
El juez solo puede ser independiente cuando su nombramiento en el cargo y la permanencia en este no se hallan bajo el control de personas que tienen interés en un pleito; de manera que el juez debe ser imparcial al resolver los casos de su conocimiento (Pásara, 2014). La imparcialidad de los jueces se encuentra vinculada con la transparencia en el sistema judicial; Fuentes , Castellanos, y Faggioli (2018) enfatizan que la imparcialidad es aquello que consagra invariablemente el derecho de las personas a ser tratadas y sometidas a juicio bajo las mismas condiciones, fundamentadas en la igualdad.
En este contexto, para que todo el aparataje judicial goce de independencia y cumpla un rol garantista, debe existir separación de poderes que se fundamente en el mecanismo de frenos y contrapesos checks and balances, que exista autonomía financiera y administrativa para el buen desempeño de sus funciones, ya que sin estos factores se puede condicionar e influir sobre el comportamiento de los jueces y de la función judicial, como contrapoder, lo cual se relaciona con la independencia externa del sistema.
Con esta finalidad se requiere la selección de los jueces y juezas a través de concursos públicos de méritos y oposición con exámenes técnicos jurídicos, que propenda a que las cortes estén integradas por jueces plurales ideológicos, que la selección de jueces asegure la paridad entre hombres y mujeres para eliminar nombramientos arbitrarios de los jueces que comprometan a intereses políticos o partidistas, y que gocen de estabilidad en el cargo, para que actúen con tranquilidad y sin sufrir represalias. La situación descrita permite que la condición de estabilidad en el cargo de los jueces pueda aumentar o disminuir su influencia, lo que asegura que los jueces y funcionarios no puedan ser destituidos de forma arbitraria (Jadan, Los módelos de integración del Consejo de la Judicatura y su relación con la independencia del Poder Judicial (Tesis), 2013).
De esta manera, no habría cabida para la manipulación y la coerción sobre el funcionario, para obligarle a tomar decisiones bajo amenaza. En este orden de ideas, la palabra independencia implica la ausencia de un vínculo entre un sujeto y un objeto. A manera de ejemplo: un sujeto (A), un objeto (B) y un vínculo negativo, o la ausencia de un vínculo. En este caso, es necesario definir la noción de independencia judicial ya que existen sujetos y objetos propios en un sistema de justicia. De ello, se desprende que el sujeto A podría ser un juez individual, las decisiones judiciales o el poder judicial en general; el elemento B puede ser el gobierno, los medios de comunicación o grupos de poder económico (Guarin, Olarte, Salinas, y Parrado, 2019).
Figura 1. Representación de la influencia sobre un juez
En casos más específicos de falta de independencia judicial, se presentan situaciones en las cuales los jueces, cuando deben tomar una decisión sobre dictar o no medidas cautelares como la prisión preventiva, en los casos a su conocimiento, que genere conmoción social y mediática, se encuentran intimidados. En efecto, es posible que se sientan coaccionados por la policía que señala o el fiscal que acusa, por lo que en la mayoría de casos el presunto responsable va a prisión. En el caso de que un juez decida sustituir la medida de prisión preventiva por otra, tiene que justificarlo, ya que es contrario a lo que se espera del juez. Por otra parte, las autoridades como los ministros y políticos, para desacreditar a su adversario político, asumen como si estuviera condenado Otro grupo de actores claves está conformado por autoridades de las propias instituciones del sistema de justicia como los fiscales generales, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, entre otros.
Cabe considerar, por otra parte, el rol que aborda el Consejo de la Judicatura del Ecuador respecto a la independencia judicial, fundamentado en el análisis de 42 resoluciones dictadas por dicho organismo, todo esto en base al mandato popular realizada en mayo del año 2011, como resultado de aquello la composición del Consejo de la Judicatura establecida en la Constitución de 2008 fue modificada, el cambio en el modelo constitucional original produjo una primacía de los otros poderes en el órgano de gobierno de la Función Judicial. Los procesos disciplinarios instaurados por el Consejo aumentaron en relación a los años precedentes.
En el 2013 de cada tres procesos disciplinarios abiertos contra jueces, uno terminó en la destitución. De este modo se puede deducir que dado que las resoluciones del Consejo no son públicas se obtuvo 42 resoluciones, 37 de estos procesos se iniciaron mediante una denuncia por un funcionario del gobierno, ocasionaron la destitución de 57 jueces más un funcionario judicial, y 50 de los jueces destituidos tenían un nombramiento que les otorgaba estabilidad en el cargo. Finalmente, al examen de los casos incluidos en la muestra, los casos de procesamiento y destitución correspondieron al error inexcusable por falta de fundamentación (Pásara , 2013).
Es claro que existe una violación al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa del juez, el Consejo ha determinado que no es necesaria la previa declaración del error inexcusable por un tribunal de justicia, el propio Consejo decide si el Juez ha incurrido en esta figura. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura constituiría una interferencia con la independencia judicial, el punto de partida resultaría más preocupante, de acuerdo a la normativa. En efecto, el Consejo ha sancionado a jueces que, en materia de prisión preventiva y en relación con las acciones de protección, no adoptaron en sus decisiones la política reclamada desde instancias del Poder Ejecutivo. Con base en los procedimientos adoptados por dicho organismo se creó un precedente ante los administradores de justicia que, si no fallan a favor del interés del gobierno, habrá sanción o destitución del cargo; por lo tanto, deja de existir jueces imparciales lo que es una obligación en un Estado de Derecho (Pásara, 2014).
El fenómeno de la politización de la justicia y el debido proceso
En un Estado de Derecho es indiscutible que en los operadores de justicia que interviene en un caso, prime la independencia como garantía del debido proceso judicial con la cual se puede obtener un proceso limpio, justo, expedito y transparente. En la región latinoamericana y en varias nuevas democracias los poderes judiciales se han determinado por los bajos niveles de independencia judicial. La tematización de las judicializaciones de la política, así como también la politización de la justicia, forman parte del nuevo concepto; el poder judicial debe cumplir, por tanto, el rol protector que remite al incremento de las atribuciones formales de los poderes judiciales, en especial, en materia de control de la constitucionalidad, con lo cual se aumenta la capacidad de independencia e imparcialidad respecto a las decisiones del poder ejecutivo (Busch, 2018).
La noción de politización de la justicia se da cuando el juez al momento de dictar las resoluciones (providencias, autos o sentencias), centra sus argumentos en una racionalidad política, más no jurídica. El político tiene la responsabilidad de tomar decisiones para resolver conflictos que se generan en una sociedad. Las decisiones políticas entre izquierda y derecha serán distintas porque los modelos que se defienden son diferentes. En efecto, el juez opera en base a casos concretos, precautelando el debido proceso y sus fallos está sujetos a lo que determina la constitución, leyes, y tratados Internacionales. En consecuencia, la independencia judicial reside en que el juez debe ser autónomo de cualquier poder, para dictar sus fallos o resoluciones motivados y aplicar métodos interpretativos ya que es una garantía de la seguridad jurídica. Por tanto, son elementos relevantes en la argumentación del juez al tomar decisiones y dictar la jurisprudencia, así como establecer el precedente judicial, con lo que se garantiza la igualdad en el trato y administración de la justicia (De Carreras, 2017).
Los valores relacionados con la justicia pueden ser diferentes a las convicciones políticas, depende de la educación, en ciertos casos no es posible diferenciarlos, aún más respecto al análisis y valoración de los hechos que se han registrado en la historia y sus consecuencias se encuentran atadas, en gran medida, a las posturas ideológicas. En esa medida, casi ninguna decisión podría estar exenta de una valoración política. Por lo tanto, no es admisible que la ley se aplique solo a ciertos sujetos políticos, en este caso no existe justicia. Estos síntomas son el resultado de una enfermedad que puede ser terminal para un Estado de Derecho y para una democracia. Para tal efecto, se puede avizorar que el problema de la politización de la justicia radica en que los responsables activan la administración de justicia con el propósito de retirar de la esfera política al adversario y la posibilidad de administrar justicia disminuye hasta el punto en que la sociedad objeta el sistema judicial (Valencia, 2012).
Eventos suscitados en el Ecuador como el caso de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, que fue detenida por las autoridades el 14 de octubre de 2019, por el supuesto delito de rebelión demuestran la politización de la justicia. En este caso la fiscalía solicitó prisión preventiva, por lo tanto, fue ingresada al Centro de Rehabilitación Social Mixto Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi. La CIDH le otorgo medidas cautelares. El miércoles 25 de diciembre de 2019 fue liberada, y como medida sustitutiva a la prisión preventiva debe utilizar un grillete electrónico y presentarse semanalmente ante un juez. La comisión manifestó que realizo una visita in loco en el Ecuador del 28 al 30 de octubre de 2019, por las protestas sociales generadas tras las medidas anunciadas por el gobierno nacional durante el mes de octubre, en virtud de recibir información sobre los actos de violencia perpetrados. Ante estos hechos la CIDH visitó el Centro de Rehabilitación Social Mixto Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi, lugar donde se encontraba la privada de libertad Paola Pabón (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019).
La CIDH pudo constatar el clima de hostigamiento en la cárcel, ya que el personal de la delegación fue sometido a la toma de fotografías en secuencia, pese a la autorización previa concedida por el Estado para realizar las entrevistas, no ha resultado posible realizar la misma en condiciones adecuadas, por la actitud percibida por parte de las autoridades carcelarias. Por lo expuesto, la Comisión reitero su queja formal por los hechos y advierte que los hechos denunciados se enmarcan en un contexto de polarización por las protestas sociales, la declaración del estado de excepción y múltiples vulneraciones a los derechos humanos que presuntamente tuvieron lugar. La comisión señalo que ha recibido información de un grupo de oposición al gobierno que fueron objeto de amenazas, hostigamientos, e incluso de violencia.
Atendiendo a la problemática expuesta, se debe resaltar que la esencia de la alternancia política se refiere a que no sólo cambien las personas en los cargos públicos, sino también los partidos políticos en el poder, en busca de intentar un cambio positivo en la administración y funcionamiento de las instituciones, como reflejo de una democracia capaz de representar a todos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019). Según explica Meza (2013), no se refiere a dolo un cambio de individuos, programas o ideologías, sino a la modificación efectiva en la distribución del poder; lo que se acompaña de la introducción y respeto de los intereses de sus representantes de forma más efectiva, para así contribuir en la disminución de la incertidumbre relacionada con cualquier proceso de transición.
Factores que limitan y/o fomentan la politización de justicia en el Ecuador
El Estado de Derecho corresponde al principio de gobernanza bajo el cual, todas las personas, entidades públicas y privadas y el propio Estado, se encuentran sometidas a la legislación que se promulga públicamente, la misma que se hacen cumplir por igual a todos y se aplica de forma independiente, en este contexto, el Estado de Derecho contempla los siguientes puntos: l) establecimiento de la división de poderes; II) reconocimiento de los derechos fundamentales, logrando hacer efectivas las garantías constitucionales; III) existencia de un ordenamiento jurídico claro sobre la estructura de la constitución como norma jurídica; y, IV) creación de un método de controles y contrapesos sobre la base constitucional (González, 2017).
Una vez establecida la división de poderes nace otras nociones de independencia del poder público, al respecto Malem y Seleme (como se citó en González, 2017) consideran que instituida la partición de poderes, surgen diferentes criterios sobre este principio para que la independencia judicial sea integra en relación al poder público. Las distintas instituciones del Estado deben actuar de manera conjunta para un mejor funcionamiento y protección estatal, caso contrario podría generarse la ineficiencia estatal.
Como mecanismos para garantizar la independencia judicial se tiene el establecimiento de períodos largos de los magistrados de altas cortes, aquello para que los órganos políticos no tengan injerencia sobre los jurisdiccionales; por otra parte, en el ámbito de la carrera judicial el nombramiento e ingreso a la función pública mediante concurso de méritos, esto a priori garantizaría la independencia, sin embargo, desde una perspectiva pragmática las comisiones encargadas de realizar la evaluación y el nombramiento se encuentran directamente relacionadas con los partidos políticos, siendo los congresos o asambleas nacionales las encargadas de dicha evaluación (Estrada, 2015).
Por otra parte, la estructura del funcionamiento gubernamental puede afectar el principio de separación de poderes. La forma política de un Estado se puede distinguir de dos maneras: presidencialismo y parlamentarismo. El presidencialismo constituye las bases de la separación de poderes, en el que el ejecutivo es de carácter monista o mono-cefálico, el poder asume el Presidente de la República, elegido por medio de un proceso democrático para ejercer la función de jefe de Estado. Ahora bien, el problema radica cuando el presidencialismo podría presentar una gran antítesis, denominada híper presidencialismo; dando como resultado una riesgosa consecuencia de concentración de poder (González, 2017).
Dentro de esta perspectiva, la Asamblea Nacional presenta proyectos de ley o enmiendas constitucionales, genera pesos y contrapesos en escala mayor al de otros cargos, en gran parte están dirigidas al ejecutivo. En virtud de ello, Ecuador se desenvuelve en un sistema presidencialista, y demanda más control para mantener el equilibrio y el legislativo tiene la facultad de fiscalizar el poder público. Esto provee de herramientas para reducir los riesgos de falta de independencia en el poder judicial, aunque se mantengan las estructuras jerárquicas judiciales que responden a los partidos políticos, influyendo de algún modo en el esquema judicial.
Dentro de este marco, se puede citar como un ejemplo de la historia contemporánea reciente, los casos de corrupción relacionados con la empresa constructora brasilera Odebrecht, la cual influyó en gobiernos de Latinoamérica para conseguir la asignación prioritaria de proyectos; esto trajo consigo la influencia directa sobre las estructuras del Estado, en especial sobre el poder judicial, con el fin de salir airosos en disputas y demandas (Terradillos, 2017).Esta situación fue un claro ejemplo de la pérdida de independencia de poderes en los países de la región. Este tipo de prácticas evidencian que la administración estatal recae en nocivos gobiernos, que presentan características contrarias a los derechos de los individuos y el bienestar colectivo, por lo que su accionar obedece a intereses políticos, partidistas o individuales; generando un perjuicio económico, y altos índices de corrupción que recaen en la injerencia de la administración pública y la politización de la justicia.
En este contexto, Ramos y Álvarez (2019) exponen el concepto de politización de la justicia, como el hecho de pactar, entre jueces y políticos la estructura y funcionamiento del sistema de justicia, donde incluso se realizan nombramientos de magistrados y se plantean agendas que convienen al partido gobernante. Estas acciones son fundadas en la falta de control o autocontrol democrático, así como del control interno del poder judicial; también, cuando los períodos de magistraturas son cortos y coinciden, además, con los períodos presidenciales, facilitando el nombramiento de magistrados y jueces convenientes.
METODOLOGÍA
La metodología empleada para la edificación del artículo se sustentó en el tipo de investigación no experimental con alcance descriptivo; ya que se identificaron elementos claves de la independencia judicial que inciden en la administración de justicia, el estudio se enmarco en el enfoque cualitativo, el mismo que permitió comprender la injerencia política en el poder judicial y la vulneración de las garantías constitucionales. Los principales datos se recogieron mediante el análisis de documentación jurídica en el cual se aplicó el método analítico sintético También, se utilizó el método histórico–lógico para el análisis de la evolución del proceso democrático basado en la independencia y separación de poderes; el método deductivo permitió determinar los factores que influyen en la toma de decisiones de los jueces cuando existe presión del poder político (Almeida, Erazo, Ormaza y Narváez, 2020).
APORTES GENERADOS
La separación de poderes es un principio político, de organización del Estado, según el cual las tres principales funciones: ejecutiva, legislativa y judicial, deben funcionar de forma separada, es decir, como poderes independientes, con la finalidad de establecer un equilibrio entre ellos, conducente a un sistema de controles que limita las facultades del gobierno, por una parte, y por otra proteja los derechos individuales de los ciudadanos.
América Latina presenta un amplio historial de influencia de los partidos de gobierno y políticos como lo son los presidentes y otros, sobre el poder judicial, afectando la independencia de poderes y, por consiguiente, la correcta administración de justicia debido a la imparcialidad.
La historia reciente muestra como ejemplo la influencia de la empresa constructora Odebrecht en distintos gobiernos de Latinoamérica, afectando procesos administrativos y judiciales, con el fin de obtener mayor cantidad de contratos y poder económico. Mientras que, en Ecuador, se sigue observando casos de influencia política en las decisiones del poder judicial, en especial, aquellos relacionados con la corrupción.
La jurisprudencia ecuatoriana se fundamenta en una serie de principios normativos que se armonizan con los principios constitucionales, como un Estado de Derecho y de Justicia, democrático basado en la separación de poderes. Esto sustenta las bases para garantizar la libertad, el debido proceso y el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, lo que conduce al fortalecimiento del sistema democrático.
Es necesario mejorar en Ecuador los mecanismos para la selección de los operadores de justicia, así como mejorar los controles de transparencia en el poder judicial, con ello se podrá reducir la brecha de la corrupción, evitar el abuso de poder y salvaguardar la libertad.
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