INTRODUCCIÓN

El establecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia en Ecuador implicó una transformación cualitativa en el sistema judicial, la administración de justicia dejó de ser vista como un procedimiento mecánico y pasó a ser un sistema de garantías, en este nuevo esquema, el deber del proceso, la defensa y la tutela judicial efectiva son los principios que determinan la validez de cada acto del poder público. En el ámbito penal, este cambio requiere un análisis más riguroso, ya que las resoluciones de los jueces tienen un impacto directo sobre la libertad individual y la presunción de inocencia.

En tal sentido, el derecho a una resolución judicial motivada es un pilar fundamental en un Estado de Derecho, puesto que garantiza que las decisiones de los tribunales sean lógicas y claras, en Ecuador, como en otras naciones de la región, la motivación no es simplemente un requisito formal; más bien, es un componente esencial para asegurar el debido proceso y una tutela judicial eficaz, sin embargo, en la práctica judicial se observan carencias en la fundamentación de las resoluciones, lo cual tiene un impacto en otros derechos constitucionales, como la defensa y la seguridad jurídica (Plúas Espinoza et al. 2025).

Por ello, para garantizar la transparencia, la razonabilidad y la legitimidad en el Estado constitucional de derechos, es indispensable motivar las resoluciones judiciales, esto es especialmente importante en un sistema jurídico como el ecuatoriano, que desde 2008, con su Constitución, considera este aspecto como una garantía esencial del debido proceso. La motivación no únicamente posibilita la comprobación de que la decisión judicial se basa en hechos verificados y en normas aplicables, sino que además garantiza que los ciudadanos entiendan las explicaciones que respaldan el accionar jurisdiccional (Alcívar Junco, & Estrella Cedeño, 2025).

En esta estructura garantista, la decisión penal obtiene validez jurídica siempre que la evaluación de la prueba y la argumentación de la sentencia se conecten coherentemente, por ello la necesidad de motivación evita que el ejercicio del poder punitivo se desvíe hacia la arbitrariedad, forzando al juzgador a hacer transparente el razonamiento lógico por el que transforma las pretensiones y los elementos de convicción presentados en el proceso en una verdad procesal justificada. Además, la falta de valoración integral de los elementos probatorios no solo compromete principios esenciales como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, sino que también evidencia posibles deficiencias estructurales en el razonamiento y motivación judicial (Cedeño Rodríguez, M., & Alvarado Ajila, 2026, p.262). La valoración parcial impide constatar si la hipótesis acusatoria de la Fiscalía ha sido acreditada más allá de toda duda razonable o si, por el contrario, existen elementos suficientes que sostengan la postura de la defensa técnica.

Por consiguiente, la motivación del apartado fáctico del fallo penal requiere que la autoridad judicial no se limite a transcribir los testimonios o los informes periciales, el juez está obligado a expresar la fuerza convictiva que asigna a cada prueba y la razón por la cual un determinado elemento de convicción le merece crédito o es descartado, solamente a través de esta explicación es posible evaluar la racionalidad del juicio de hecho formulado en la resolución.

La evolución jurisprudencial de la motivación, la conceptualización y los parámetros de evaluación de la motivación en el Ecuador han experimentado una transformación notable impulsada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador (Pérez Bolaños et al., 2026). La evolución del concepto de motivación en el país, desarrollado ampliamente por este organismo constitucional, denota un avance jurídico significativo dentro del sistema procesal. Con el constante cambio que ha tenido el tribunal en lo que respecta a la motivación, se pone de manifiesto la necesidad imperiosa de que la fundamentación de las sentencias sea cada vez más determinante y técnica para toda resolución judicial. Este dinamismo en las líneas jurisprudenciales evidencia que el país, al menos en el plano jurídico y a nivel de las altas cortes, propende hacia la modernidad jurídica y el aseguramiento de la tutela real de los derechos de los ciudadanos.

En el desarrollo de este precedente, la Corte Constitucional precisó el alcance de esta garantía en la Sentencia 1852-21-EP/25, la cual recoge los criterios de la regla de precedente 1158-17-EP (Corte Constitucional del Ecuador, 2025). La jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que la garantía de la motivación "exige que la motivación sea suficiente, independientemente de si también es correcta, o sea, al margen de si es la mejor argumentación posible conforme al Derecho y conforme a los hechos"(p.6). Esta diferenciación conceptual es crucial para la práctica procesal penal, la jurisprudencia indica de manera explícita que; si una motivación es incorrecta, aunque sea suficiente, la garantía de la motivación no se ve vulnerada. El parámetro de suficiencia requiere que el juez explique con claridad los motivos fácticos y legales básicos que respaldan su decisión, distinguiendo la ausencia de motivación del error en la valoración de la prueba o en la implementación del derecho.

El desarrollo jurisprudencial impulsado por la justicia constitucional impone a los operadores la obligación de elevar la calidad técnica de sus resoluciones, asegurando que cada condena o ratificación de inocencia sea el resultado de un razonamiento fáctico y jurídico suficiente, comprensible y respetuoso del marco constitucional.

Surge la siguiente interrogante de investigación: ¿Cómo incide la valoración probatoria en la motivación de las sentencias penales ecuatorianas? Planteándose como objetivo general analizar la incidencia de la valoración probatoria en la motivación de sentencias penales.

MÉTODO

Para el estudio se organizado el método mediante la investigación, recopilación y evaluación crítica de documentos y fuentes bibliográficas, lo cual se realiza a partir de un análisis exhaustivo, minucioso y riguroso de diversas fuentes documentales. En el estudio, se utiliza la revisión documental como método, dicha técnica posibilita la obtención de información significativa para comprender los sucesos, conflictos y respuestas más frecuentes de las personas y culturas que se están analizando (Sánchez y otros, 2021).

En este sentido, las principales técnicas aplicadas son el análisis de contenido y el análisis documental, apoyadas en instrumentos de recolección específicos, tales como fichas de análisis, que facilitan la organización y sistematización de la información extraída de fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales (Witkner, 2021). Se recurre, además, al método inductivo-deductivo, el cual propone que para hallar una verdad se deben escudriñar los hechos y no basarse en meras especulaciones, igualmente a partir de afirmaciones generales para llegar a las específicas (Dávila, 2006).

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se muestran a continuación.

Tabla 1.

Motivación judicial.

Autor(es)	Investigación	Aportes
Vera Mora. (2026)	Racionalidad argumentativa de la motivación judicial en el marco del debido proceso constitucional ecuatoriano.	La racionalidad argumentativa de la motivación judicial constituye uno de los pilares esenciales del Estado constitucional de derechos y justicia, particularmente en sistemas jurídicos garantistas como el ecuatoriano. En el Ecuador, la Constitución de 2008 consolidó un modelo de justicia constitucional basado en la protección efectiva de los derechos fundamentales y en la exigencia de decisiones judiciales debidamente fundamentadas. (p.169). En este marco, la motivación judicial no se restringe solo a la presentación formal de las normas que aplican, sino que requiere una argumentación racional, coherente, adecuada y comprensible que posibilite defender las decisiones jurisdiccionales ante los actores del proceso y ante la sociedad.
Marcelino Olano Tantalean et al.(2026)	La prueba judicial y sus dificultades en la administración de justicia: Una revisión sistemática.	Hablar sobre la prueba, en el campo de lo jurídico, es relacionar necesariamente al entorno de un proceso judicial, donde por su relevancia lo constituirán como eje de atención central, al momento que se emita un pronunciamiento judicial (sentencia), no obstante resulta claro que el sentido de un fallo, no será discrecional o arbitrario al ánimo del juzgador.(p.25).
Alvarado-Vélez et al.(2025)	Motivación en garantías jurisdiccionales: estándares y aplicación en Ecuador.	La motivación es un requisito sine qua non de toda sentencia judicial y un mecanismo que fortalece la credibilidad en el sistema judicial ecuatoriano y el respeto a los derechos fundamentales. (p.2). El principio de motivación se extiende más allá de la normativa nacional y se integra en un marco de estándares internacionales que regulan tanto la justicia como los derechos humanos. Esto requiere que los sistemas judiciales de las naciones firmantes implementen prácticas de fundamentación en sus resoluciones y protejan a la ciudadanía contra decisiones arbitrarias.
Aranda-Yáñez et al.(2025)	Habeas corpus y su aplicación en personas privadas de libertad de Esmeraldas, Ecuador, año 2021.	La exigencia judicial de vínculos probatorios directos entre los hechos alegados y el riesgo o la ilegalidad invocados se alinea con el estándar de motivación reforzada propio de las garantías jurisdiccionales. (p.2040).
Toro Garzón et al.(2025)	La probática y la prueba digital en el ámbito penal: juicio de convicción.	Esta expresión(Probática) es representativa, por lenguaje teórico y práctico o por cultura jurídica, de variados escenarios conceptuales y explicativos, pero por generalidad etimológica se identifica con aquel hecho que permite o posibilita constatar, por inferencia, la existencia de otro hecho.(p.201)
Mora Bernal, & Rojas Yerovi. (2023)	El cambio de precedente en la garantía de la motivación en el Ecuador.	El derecho ecuatoriano, siguiendo a España y Francia, forma parte de la familia jurídica del civil law, que abogaba por la legislación como principal fuente del derecho. Se rige en gran medida por leyes codificadas para cumplir con las finalidades del Estado. (p.93)
Liza Castillo. (2022)	Importancia de la motivación de las resoluciones.	La importancia de la debida motivación de las resoluciones reside, entre otras, en garantizar el principio-norma del debido proceso como expresión del principio de tutela procesal. En tal sentido, es obligación de las autoridades, y en especial de los que administran justicia, desarrollar una exposición clara y ordenada de los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoyan y los que respaldan su decisión.(p.295)
Serrano-Vázquez et al.(2020)	Análisis de los parámetros de la motivación judicial en el Ecuador.	La motivación si bien está regulada, no posee un tratamiento minucioso y dada la importancia de esta institución jurídica de derecho público se vuelve imprescindible la existencia de criterios para el obrar judicial. Surge una necesidad de obtener, de un estudio doctrinario, jurisprudencial, constitucional y legal, reglas claras que expresen que es ese ideal de motivación constitucionalmente consagrado en Montecristi en el año 2008. (p.358)
Hernández Marín. (2021)	¿Qué es, cómo es y cómo debe ser la motivación de una decisión judicial?	Es más frecuente que la motivación de una decisión judicial, entendida como justificación de la decisión, sea calificada como una justificación racional de la decisión o como un razonamiento justificatorio de la decisión. A veces se añade la precisión de que esa justificación racional de la decisión consiste en dar las razones fácticas y jurídicas que han inducido al tribunal a dictar la decisión.(p.32)

Elaboración: Los autores.

Tabla 2.

Valoración probatoria y motivación.

Normativa	Artículo de aplicación
Constitución de la República del Ecuador.(2008)	Artículo. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.
Código Orgánico Integral Penal.(2014)	Artículo. 5.- Principios procesales. - El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el proceso.
Código Orgánico General de Procesos.(2015)	Artículo 89.- Motivación. Toda sentencia y auto serán motivados, bajo pena de nulidad. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos, que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas como a la interpretación y aplicación del derecho.
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.(2009)	Artículo 4.- Principios procesales. - La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: 9. Motivación. - La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso.

Elaboración: Los autores.

DISCUSIÓN

La revisión de las evidencias, investigativa y doctrinaria muestra que la reflexión judicial en Ecuador va más allá de meramente citar criterios legales y se convierte en un precepto de racionalidad argumentativa, los fallos judiciales demandan la exposición clara de premisas jurídicas y fácticas en el contexto del sistema constitucional garantista; esto advierte acciones facultativas a través de criterios de fundamentación ordenada, que avalan el control de las sentencias judiciales y la tutela efectiva, mediante estándares de motivación.

En el ámbito de la prueba, la valoración del acervo fáctico funciona como un nexo esencial entre los hechos y el derecho, la ciencia de la prueba exige el establecimiento de inferencias lógicas a partir de las evidencias recolectadas, lo que obliga al tribunal a aclarar los vínculos entre el material convictico presentado y las pretensiones argumentadas, de este modo, la apreciación probatoria se aleja de la libre convicción subjetiva para someterse a patrones de análisis revisables y lógicos.

CONCLUSIONES

En conclusión, valorar las decisiones de la jurisdicción en el proceso penal de Ecuador es una garantía fundamental de la debida causa que acopla de modo inevitable el análisis normativo con la valoración lógica del material probatorio, el régimen jurídico nacional insta al juez que muestre de forma clara las inferencias fácticas y relacione los elementos de la evidencia esgrimidos durante el juicio.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los agentes sociales involucrados en el desarrollo de la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Pérez Bolaños, F. R., Lombeyda Segura, L. D., Caveda, D. A., & Vanegas Maingon, A. R. (2026). Estándares de motivación de las sentencias penales en el Ecuador: análisis de su aplicación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Revista Científica Ecociencia, 13(2), 1–27. https://doi.org/10.21855/ecociencia.132.1181

Alcívar Junco, G. del C., & Estrella Cedeño, M. M. (2025). La motivación de las resoluciones judiciales en el proceso civil ecuatoriano, que equilibren técnica jurídica y comprensión ciudadana. Ciencia y Educación, 6(10.2), 545 - 562. https://doi.org/10.5281/zenodo.17614148

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