INTRODUCCIÓN
La cadena de custodia es importante en el sistema judicial del Perú, ya que constituye un procedimiento para garantizar los medios probatorios que orientan al juzgador al momento de tomar una decisión de responsabilidad o culpabilidad de una persona mediante pruebas materiales o científicas. Ello implica no presentar cuestionamientos, certificando de este modo, la seguridad y conservación de los indicios probatorios. No obstante, en el Perú, esto solo está regulado en los procesos penales de forma taxativa, por lo tanto, es de imperiosa necesidad normar un proceso único para todos los procesos judiciales y administrativos, tanto en el fuero civil como en el castrense, a fin de no vulnerar el principio de legalidad (Beraún & Corcino, 2026).
El problema advertido, se debe a la falta de un procedimiento único y, ante su importancia en los procesos judiciales, es necesaria la regulación de dicha cadena de custodia para todos los sistemas de la administración de justicia, por cuanto se precisa como una situación similar a la percibida a nivel internacional en diversos casos, donde se carece de una normativa explícita que la defina como un procedimiento autónomo (Solekah & Delano, 2026).
En varios países latinoamericanos, la protección de la evidencia se regula de manera indirecta, principalmente por medio de disposiciones generales sobre inspección, registro y pericia, siendo influenciadas por el modelo de Código Procesal Penal para Iberoamérica, la cual no desarrolla integralmente la cadena de custodia (Brito & Muñoz, 2023; De gallo et al., 2023).
Cabe mencionar, que el Estado al implementar un procedimiento único de cadena de custodia, avala una procedente gobernanza, al ser un adecuado modelo de gestión pública y al garantizar un procedimiento de cadena que asegure la validez de la prueba en los procesos legales del Perú; de este modo, por su adecuado funcionamiento, estaría vinculado con la institucionalidad estatal, por cuanto emite estabilidad y confianza en el sistema judicial, generando inversión y crecimiento económico. Por consiguiente, esto va de la mano con la seguridad jurídica, tanto en su respaldo constitucional como en la predictibilidad y confianza en los procesos donde se aplique, evitando arbitrariedad estatal y desconfianza en el poder judicial. (Damascena et al., 2022; Jarrin et al., 2024).
Desde esta perspectiva, se evidencia la necesidad de regular un procedimiento único de custodia en el Perú, en función de lograr una adecuada administración de justicia, ya que en la actualidad solo se encuentra regulada para procesos penales.
Considerando esta aseveración, el objetivo del presente artículo se centró en analizar el procedimiento único de cadena de custodia en la justicia penal peruana, a partir de una revisión sistemática. En este sentido, se persiguió plantear una propuesta legislativa para implementar y estandarizar tal procedimiento único, a fin de hacerlo aplicable a todos los procesos judiciales comunes y castrenses.
Por ello, el enfoque del estudio se centró en garantizar una adecuada administración de justicia, ya que avalaría la intangibilidad de las pruebas a emplearse para la decisión del fallo final, resaltando no solo el empleo de la cadena de custodia en el proceso penal, sino también en otro proceso. De igual modo, se destaca la imperiosa necesidad de emplearla para valorar adecuadamente sus medios probatorios (Beraún & Corcino, 2026; Zuluaga et al., 2025).
MÉTODO
El estudio fue básico pues permitió la obtención de conocimientos novedosos, mediante un tipo de investigación de revisión sistemática basada en diferentes aportes con bases doctrinarias, a fin de ahondar acerca de los puntos de vista de diversos autores desde cada una de sus realidades o visiones. Además, tuvo un enfoque cualitativo, por cuanto buscó entender la sociedad en su estado más puro, a partir del análisis e interpretación de experiencias variadas sustentadas en sus problemáticas, en pro de ofrecer soluciones innovadoras ante estas situaciones.
De esta manera, se procedió a realizar una búsqueda bibliográfica y sistemática de fuentes documentales en las siguientes bases de datos: Scielo, Scopus y Web of Science u otras, seleccionando artículos a través del procedimiento PRISMA, el cual es detallado en la figura 1.
Figura 1. Diagrama de flujo prisma para la revisión sistemática de inclusión y exclusión de artículos.
Elaboración: Los autores.
Según la figura 1, el proceso de búsqueda y selección de las investigaciones científicas, se realizó por medio de una estructura de carácter organizada que, en primer término, consistió en revisar el resumen, el título y las palabras claves para ubicar los artículos y así, verificar la congruencia con los criterios de inclusión previamente determinados. Estos criterios fueron los siguientes: artículos publicados entre los años 2020 al 2026, redactados en idioma castellano e inglés, artículos con acceso abierto, pertenecientes a las bases de datos: Scielo, Scopus y Web of Science (WoS) y revisado por pares. Se excluyeron artículos publicados en otros idiomas, por cuanto al ser traducidos, podrían dificultar su interpretación según el dialecto y, por ende, la comprensión fidedigna de lo trasmitido; también se excluyeron artículos y documentos no académicos, así como publicaciones y estudios que poco aportaran al campo jurídico, criminalístico y forense. Cabe señalar que las palabras o términos empleados para ejecutar la búsqueda fueron: procedimiento, cadena de custodia, administración de justicia, regulación, prueba pericial y Perú.
En segundo término, se procedió a realizar una lectura de las investigaciones seleccionadas aleatoriamente según la importancia de su aporte, obteniéndose investigaciones científicas de texto completo que fueron consideradas para su elegibilidad y para su análisis respectivo.
Teniendo en cuenta los párrafos supra, en el proceso de selección según los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvo un numero inicial de 61 artículos, con una depuración de 15 artículos, culminando con una cantidad final de 46 estudios, de los cuales siete han sido redactados en idioma extranjero (ingles) y treinta y nueve en castellano, así como cuatro normas publicadas en el portal del Estado Peruano. De allí, se obtuvo un número final de DIECISEIS (16) documentos, entre artículos (15) y la Constitución Política del Perú (1).
RESULTADOS
En este acápite, se presentan los resultados de los análisis de los artículos seleccionados, donde se evidencia un incremento de investigaciones sobre el tema en mención, denotándose un interés en este procedimiento. Ello refleja la importancia de su empleo en un proceso judicial, mayormente enfocado en el área penal, ya que es el campo donde se dio la génesis primigenia de la cadena de custodia. A esto se suma, contar con la figura de la prueba trasladada, por lo que se requiere tener un estándar uniforme para la valoración de dicha prueba (Damascena et al., 2022).
En cuanto a los buscadores académicos, las plataformas más frecuentes empleadas por los autores de los artículos fueron Scielo, Scopus y WoS. A esto se agrega, la variedad de autores de diferentes países, que permite dar una diversidad de posturas y puntos de vista, con una línea única, a pesar de la diversificación normativa y cultural.
En otro contexto, después de revisar los 16 artículos relacionados con la cadena de custodia, se pueden clasificar y analizar los resultados de la siguiente manera: Alcalá (2025) enfoca su estudio en el aprovechamiento de las tecnologías para la administración de la justicia penal peruana en la aplicación de los procesos judiciales. Isea et al. (2025) sugieren el uso de las tecnologías para el alcance de la innovación. También el artículo de De Gallo et al. (2023), se centra en la aplicación de la tecnología blockchain mediante un modelo arquitectónico para la implementación de contratos inteligentes que conducen al registro seguro de la cadena de custodia en las pruebas judiciales. Asimismo, estos autores resaltan la necesidad de regular la cadena de custodia en procesos administrativos disciplinarios.
Por su parte, García et al. (2026) destacan la importancia del uso de la IA como herramienta de apoyo en cualquier área del saber. Sedera & Colombage (2025) determinan el rol clave de las tecnologias para superar los desafios de la cadena de custodia.
Em el caso de Solekah & Delano (2026), suponen que la regulación fragmentada en materia de pruebas genera inconsistencias judiciales, las cuales deben ser superadas mediante la equidad judicial y la rendición de cuentas tecnológicas dentro de la justicia penal digital.
Beraún & Corcino (2026) trata de los estándares internacionales a considerar en los procesos judiciales. Brito & Muñoz (2023) centraron su estudio en la custodia de las pruebas materiales, resaltando su autenticidad y fidelidad. Isea et al. (2026), apoyan tomar como ejes centrales la equidad y la justicia social.
Damascena et al. (2022) refieren que la cadena de custodia constituye una necesidad en la identificación positiva de las pruebas materiales. Fernández et al. (2020) conceden importancia a las evidencias y huellas tomadas de una inspección, dando lugar a las investigaciones correspondientes. Jarrin et al. (2024) sugieren direccionar la investigación pre-procesal y la investigación procesal penal para trabajar con bases sólidas.
Para complementar los estudios anteriores, Khanyile (2025) destaca que el objetivo de la cadena de custodia garantiza la integridad y autenticidad de las pruebas presentadas ante un tribunal. Marchena (2026) propone la consideración de imputaciones claras para evitar las indefensiones y garantizar la calidad del funcionamiento jurídico.
Para Toro & Valdivieso (2023), es importante resguardar los procesos judiciales para los cumplimientos justos de las penas. Zuluaga & Galain (2025), en su estudio, plantean el uso de nuevas formas de intervención para un control judicial equitativo, unificado y justo.
Por los planteamientos expuestos, los artículos abordan aspectos vinculados a regular la cadena de custodia para una adecuada administración de justicia en el Perú (Isea et al., 2026). En atención a todo lo expuesto, emergen las premisas presentadas a continuación.
Establecer si es necesario regular un procedimiento único de Cadena de custodia en la administración de justicia en el Perú
Los estudios de una correcta administración de justicia, de Gallo et al. (2023), Solekah & Delano (2026) y Brito & Muñoz (2023), se enfocan en explicar el impacto de la cadena de custodia en los procesos judiciales, destacando su importancia por garantizar la integridad de las pruebas en la administración de justicia; por ello, reposa en el estado regular un procedimiento riguroso para aseverar la validez, autenticidad y confiabilidad de los indicios, desde su recolección hasta su presentación en el juicio oral. De este modo, se salvaguardan los principios procesales que rigen la admisibilidad de la evidencia en los tribunales, en caso contrario, los juicios penales, debilitaran la acusación o la defensa.
El estudio de Brito & Muñoz (2023) evalúa y examina la implementación del procedimiento de manejo de la evidencia, en América Latina; sin embargo, estas mayormente están enfocados en la materia penal, pero con la finalidad de garantizar que los elementos materiales probatorios, conserven su autenticidad y valor demostrativo hasta el juzgamiento.
Mientras Isea et al. (2025) y García et al. (2026), amplían sus posturas, junto con los avances tecnológicos, ya que, con el avance de la figura tecnológica, como la IA, a diferencia de la tradicional en materia penal, también tiene que estar cubierta por la normativa de forma textual y específica, ya que esto puede traer al ser insuficiente, jurídicamente hablando. Por lo tanto, queda evidenciada la necesidad de incorporar un procedimiento único de cadena de custodia, ya que brindará seguridad jurídica al garantizar la fiabilidad de la prueba en el proceso electrónico, por cuanto estas pruebas tienden a ser altamente vulnerables a la manipulación física e informática, por carecer de control técnico y jurídico (Sedera & Colombage, 2025; García et al., 2026).
Según Beraún & Corcino (2026), Jarrin et al. (2024) y Zuluaga & Galain (2025), evidenciaron las consecuencias jurídicas de la omisión de un procedimiento de esta naturaleza, por su impacto en los medios probatorios. Esto se debe, a que genera perjuicio en la estabilidad jurídica, generando dudas y cuestionamientos en la acusación fiscal y, sobretodo, en la decisión final del fallo, ya que puede afectar decisiones judiciales que ameritan garantizar la validez probatoria y la legitimidad de la sanción a imponerse; por consiguiente, se evitaría generar nulidad o ineficacia. En este orden de ideas, es necesario delimitar sanciones a los funcionarios que afecten la cadena de custodia, siendo necesario implementar un procedimiento único propicio para garantizar todo lo mencionado.
La ruptura de esta, uno de los principales motivos de afectación en el derecho a la defensa y a las garantías esenciales del proceso, puede calar hasta en el derecho constitucional, al comprometer la validez de la prueba sin necesidad de ser excluida del proceso. Por este motivo, se hace énfasis en los efectos jurídicos de la ruptura de la cadena de custodia, sobretodo, en la nulidad por prueba contaminada, lo que afectaría directamente a los litigantes. La figura 2 sintetiza los argumentos antes detallados.
Figura 2. Necesidad de regular un procedimiento único de cadena de custodia en el Perú.
Elaboración: Los autores.
Establecer si es necesario un procedimiento de cadena de custodia para los procesos judiciales que no sean penales en el Perú
Las posturas de Brito & Muñoz (2023), Jarrin et al. (2024) y Khanyile (2025), resaltan que la cadena de custodia es de vital importancia en los procesos judiciales, a fin de asegurar a los tribunales la autenticidad de la prueba presentada; por tanto, es indispensable al momento de garantizar la continuidad de la custodia de los elementos materiales desde el recojo en la escena, su estudio en el laboratorio para su análisis pericial, hasta el momento en el cual se da su disposición final, siendo así, resguarda la integridad y autenticidad de los indicios recolectados.
Con este procedimiento, se aplica la “Teoría de la Responsabilidad de los Custodios”, cuyo enfoque no solo garantiza la autenticidad de la prueba, sino también las responsabilidades que pueden afrontar los custodios en situaciones de violación de sus obligaciones.
Este criterio debe ampliarse a otro tipo de proceso, como el civil, conforme postula Alcalá (2025), ya que también es necesario salvaguardar la integridad de los datos y elementos electrónicos con los mismos estándares técnicos. Desde esta visión, es menester salvaguardar la admisibilidad y valoración, contribuyendo con la justicia e igualdad procesal, por lo que un procedimiento único es lo más recomendable, para el adecuado manejo de todos los medios probatorios.
Cabe acotar que quienes están a cargo de dicho manejo, deben estar capacitados y ser sancionados en caso de incumplimiento. Por ejemplo, en el resultado del fallo final dentro de un proceso de filiación de paternidad, donde se velan por los intereses no solo del niño sino de ambos padres; se desprende la necesidad de implementar tal procedimiento único, a fin de buscar una solución justa y equitativa (Constitución Polìtica del Perú, 1993).
Por otro lado, es imprescindible hacer referencia a la implementación de la cadena de custodia en el derecho informático, así como de las nuevas tecnologías, destacando la IA para exámenes forenses digitales, a fin de realizar un registro como garantía del resultado. Ello constituye un reto y desafío para la administración de justicia, por cuanto puede ser aplicable no solo a ciberdelitos, sino a otros procesos donde se emplee la evidencia digital (Alcalá, 2025). Esto nos lleva a la necesidad de usar un procedimiento que garantice la aplicación estandarizada de cadena de custodia y, a su vez, permita afrontar la complejidad técnica en la evidencia informática, en pro de asegurar la validez probatoria de los elementos digitales en las sedes judiciales (Sedera & Colombage, 2025; Isea et al., 2025; García et al., 2026).
De este modo, se describe la aplicación de la cadena de custodia en el sistema sanitario hospitalario, señalando que la falta de este procedimiento en entornos clínicos, podría causar daños en el desarrollo de esta profesión. Por lo tanto, no se debe delimitar a la escena del crimen, reforzando la idea de formular directrices únicas, armonizadas e internacionalmente validadas, sino asegurar la autenticidad de la evidencia a ser mostrada en procesos judiciales, tanto en los penales como en los laborales. La figura 3 muestra los aportes señalados.
Figura 3. Necesidad de regular un procedimiento de cadena de custodia para procesos judiciales que no sean penales en el Perú.
Elaboración: Los autores.
Establecer si es necesario un procedimiento de cadena de custodia para el proceso penal militar policial
En el Perú, la cadena de seguridad está regulada como un homólogo de la cadena de custodia dentro de los procesos penal militar policial; sin embargo, se evidencian dos puntos importantes: el primero, establece que ese procedimiento no es manejado con la misma experticia como la cadena de custodia, ya que no son muy comunes los casos que se presentan en esos procesos y, el segundo, argumenta que si el proceso penal que tiene basta normativa para regularla, tiene deficiencias, es inimaginable lo que se puede esperar de un procedimiento apenas conocido, por lo cual, es necesaria la uniformidad de criterios, el conocimiento y el manejo de la cadena de custodia en un procedimiento único que garantice un resultado unificado (Zuluaga et al., 2025).
No se puede obviar que en este proceso también está en juego la libertad de una persona, pero de profesión militar o policial al haber incurrido un delito de función, por lo tanto, debería mantener los mismos estándares que la de un proceso penal común, evitando caer en el error humano.
Esto podría ser consecuencia de una falta de capacitación, de las deficiencias en la documentación, del etiquetado inadecuado o de las condiciones deficientes de almacenamiento. Vale resaltar que las consecuencias de un mal manejo de la evidencia física, pueden observarse, en varios casos, en la falta de resguardo adecuado de la escena, la inobservancia de protocolos y la ruptura del proceso de cadena de custodia, lo cual afecta directamente la fiabilidad de los indicios y dificulta su valoración durante una investigación (Khanyile, 2025).
Todo ello implica grandes deficiencias que pueden comprometer el resultado final, por cuanto podría mancillar el valor probatorio de las pruebas, incluso, favorecer errores judiciales, en este caso, cometidos por militares y policías, quienes muchas veces exceptúan principios procesales jurídicos basados en sus costumbres institucionales o en la obediencia a sus superiores, por lo que se califica también como un error humano (Zuluaga et al., 2025).
Lo expuesto demuestra que la ausencia de lineamientos uniformes y de coordinación técnica entre la Policía, el Ministerio Público y las instancias forenses puede generar debilitamiento en las pruebas actuadas, no solo en el campo penal sino también en otros procesos como el penal militar policial donde debe asegurarse la integridad, la trazabilidad y la autenticidad de la prueba. La figura 4 ilustra lo argumentado.
Figura 4. Necesidad de regular un procedimiento de cadena de custodia en proceso penal militar policial.
Elaboración: Los autores.
Establecer, si es necesario, un procedimiento de cadena de custodia para los procesos administrativos disciplinarios
Al igual que en los procesos penales castrenses, los administrativos disciplinarios tienen en salvaguarda otro tipo de bienes jurídicos protegidos como: la disciplina, el servicio, la ética y la imagen institucional, donde también están en disputa derechos importantes para los administrados como su empleo, imagen personal, entre otros. En base a ello, se propone la implementación de un procedimiento adecuado en el manejo de cadena de custodia, con la cual el estado garantiza el debido proceso en las investigaciones por faltas administrativas disciplinarias en la policía, garantizando así, el debido proceso y la seguridad jurídica de los servidores policiales para certificar que las actuaciones investigativas tengan validez y eficacia probatoria (Toro & Valdivieso, 2023).
Es preciso mencionar que, la aplicación de cadena de custodia en este tipo de procedimiento administrativo disciplinario, se logra siguiendo el principio de “mismicidad”, el cual garantiza que el juzgador valore la evidencia material ubicada en la escena o incautada a la persona investigada, cuyo objetivo principal es asegurar su integridad, autenticidad y preservación. Por ello, Damascena et al. (2022) sostienen que, en base a lo expuesto, este procedimiento es importante para mantener los elementos probatorios, libre de alteraciones o contaminaciones, asegurando la precisión en la toma de decisiones. La figura 5 resume estas aseveraciones.
Figura 5. Necesidad de regular un procedimiento de cadena de custodia en procesos administrativos disciplinarios.
Elaboración: Los autores.
DISCUSIÓN
Al realizar un análisis integral de los postulados sobre la cadena de custodia en la administración de justicia, considerando tanto procesos penales como judiciales civiles o castrenses al igual que procedimientos administrativos disciplinarios, se llegó a establecer su importancia para garantizar la integridad de los elementos materiales. Con ello, se busca evitar que estos sean sometidos a cuestionamientos al momento de ser valorados por el juzgador cuando el mismo deba tomar una decisión, logrando de este modo, defender derechos y generar legitimidad en los ciudadanos y, por ende, una adecuada gobernabilidad en el país.
En cuanto a la necesidad de tener un procedimiento de cadena de custodia para los procesos judiciales que no sean penales en el Perú, se sugiere el empleo de pruebas auténticas en los tribunales.
En relación a la implementación del procedimiento de cadena de custodia para los procesos penal militar policial, se sugiere mantener los mismos estándares que la de un proceso penal en el fuero común, ya que tienen el mismo objetivo, asimismo, la fiabilidad del resultado de este procedimiento, fortalece el debido proceso a pesar de su enfoque castrense.
Sobre su implementación en los procesos administrativos disciplinarios, se menciona que la cadena de custodia avalaría el debido proceso en las investigaciones enfocadas en faltas administrativas disciplinarias, garantizando la seguridad jurídica de los servidores policiales. Por tanto, al aplicarse el principio de “mismicidad”, se podría garantizar la integridad, autenticidad y preservación de los elementos materiales. Por ello es viable su aplicación.
La coincidencia principal de los autores citados en el estudio, lo constituye la importancia del procedimiento de cadena de custodia en el manejo de los elementos materiales dentro del proceso judicial en el Perú, ya que el objetivo principal es el mismo, garantizar la integridad, autenticidad y preservación de los elementos materiales, teniendo como contradicciones, que algunos autores consideran su aplicación en procesos penales y otros en tipos de procesos distintos, tales como: civiles, laborales, de familia, penal militar y hasta administrativos disciplinarios.
Al revisar las normas que regulan los procesos civiles, laborales, de familia, penal militar policial y hasta administrativos disciplinarios, se puede advertir que no existe un procedimiento de cadena de custodia aplicable en los elementos materiales que servirán de pruebas al momento de emitir sentencia, por lo tanto, urgen su regulación al existir estos vacíos normativos, ya que pueden tener una influencia sustancial en el manejo de estos. Para ello es esencial iniciar citando la Constitución Política del Perú (1993), la cual respalda la justicia y la equidad en todas las áreas del saber.
La aplicación regular de un procedimiento único de cadena de custodia en todos los procesos judiciales, garantiza el principio del “debido proceso”, ya que su aplicación seria de carácter obligatorio y, por ello, las pruebas no sufrirían alteraciones que podrían cambiar la decisión del juzgador y, por ende, vulnerar derechos de las partes. Por otro lado, el garantizar que todos los medios probatorios estén revestidos por un proceso que garantice su intachable actuación procesal, coincide con el principio de “Seguridad jurídica”, ya que el estado garantiza una actuación con reglas claras antes de iniciar un juicio, evitando actos de arbitrariedad (Marchena, 2026). De esta forma, las decisiones judiciales o administrativas no tendrán motivación antojadiza y el principio de “Transparencia institucional” permitirá el empleo de un procedimiento único de cadena de custodia, capaz de ganar la confianza de la ciudadanía hacia la administración de justicia en el Perú. Ello facilitaría, además, un adecuado procedimiento, que otorgaría legitimidad y, con ello, beneficiaría una adecuada gobernabilidad en el país, al mantener un sistema judicial sustentado en la voluntad y confianza de los ciudadanos (Solekah & Delano, 2026).
En conclusión, se llega a establecer la necesidad de regular un procedimiento de cadena de custodia único, para una correcta administración de justicia en el Perú, teniendo como base, el análisis de las normas que le dan amparo legal a los procesos de administración de la justicia en el país, así como la doctrina y artículos científicos citados en la Constitución (Fernández et al., 2020).
Asimismo, es importante el empleo de pruebas materiales no solo en los procesos ordinarios en el fuero común, es decir, en materia penal, civil, laboral y familiar, sino también en el proceso penal militar policial, y en procedimientos administrativos disciplinarios. Por este motivo, se debería tener las normas claras y precisas, a fin de no generar cuestionamientos sobre las reglas establecidas en dicho proceso, donde las partes pueden amparar su requerimiento.
Al tener una misma finalidad de garantizar la autenticidad, seguridad y protección de los elementos materiales a actuarse, indistintamente del tipo de procesos, se deben tener las reglas claras según una base legal que respete el principio de seguridad jurídica. Si en el proceso penal, se aplican diversos amparos legales para salvaguardar su correcta aplicación, sin mencionar los amplios pronunciamientos doctrinarios, en ese criterio jurídico, se debe aplicar un mismo reglamento con la misma importancia para otros procesos, ya que también se van a debatir sobre derechos (Fernández et al., 2020).
Actualmente el Perú, considera dos procedimientos de cadena de custodia, el primero dispuesto por la Policía Nacional del Perú y otro por la Fiscalía de la Nación, creando la necesidad de unificar un solo procedimiento para evitar duplicidad.
CONCLUSIONES
En la presente investigación, se pudo constatar la necesidad de regular un procedimiento único de Cadena de custodia en la administración de justicia en el Perú, ya que, indistintamente de la materia y de su procedencia civil o militar – policial, los diversos procesos judiciales y administrativos disciplinarios se amparan en el resultado de las pericias, a fin de tomar una decisión en el fallo final, amparado y legitimado por las partes, al garantizar la intangibilidad de los elementos materiales antes de ser peritados. A esto se suma el respeto por el principio de legalidad, cuya finalidad es garantizar a las partes un proceso justo, donde no se vean mermados sus derechos en litigio.
Uno de los fundamentos en el párrafo supra, se genera cuando se estableció la necesidad de emplear el procedimiento de cadena de custodia en los procesos judiciales, ya que, al utilizarse pericias como sustento en los fallos judiciales, se requiere rigurosamente su uso en todo tipo de proceso civil, laboral, de familia u otro. De igual forma, esto es aplicable en el proceso penal, puesto que, desde la lógica, si se aplica inflexiblemente en uno, también puede aplicarse en otros, muy indistintamente de la pretensión en litigio, por cuanto en todos se busca la justicia ante la afectación de un derecho.
Otro fundamento radica en el sustento del empleo del procedimiento de cadena de custodia en los procesos penal militar policial, al igual que en el poder judicial y con ciudadanos civiles, debido a que la única diferencia entre ellos radica en el tipo de delitos y bienes jurídicos protegidos, pero los derechos que le asisten a los imputados son los mismos; por lo tanto, estos se tienen que garantizar, ya que el pertenecer a una institución castrense, no limita tales derechos procesales donde está en juego su libertad personal.
Cuando se aplica el procedimiento de cadena de custodia en procesos judiciales y administrativos, tanto en el fuero penal como en el castrense, se garantiza la valoración de las pruebas materiales, las cuales dan su aporte al aval de la decisión de los jueces e instructores al realizar la valoración de los medios probatorios, respetando el principio de legalidad. Lo expuesto confirma que las deficiencias en las pruebas, generan vacíos normativos e inconsistencias en su aplicación.
Para culminar, se precisó la necesidad de emplear un procedimiento de cadena de custodia en los procesos administrativos disciplinarios, ya que, en estos, se evidencia una disputa relacionada con la permanencia en el cargo, la remuneración, el honor profesional o incluso la carrera institucional, los cuales constituyen derechos tutelados e importantes para los trabajadores. No obstante, pese a su importancia, la normativa no ha considerado la protección de los elementos materiales que regirán en la decisión final del Inspector o Instructor a cargo, concluyendo así, que, al avalar la autenticidad de los indicios, antes de peritarse, se podría conceder legitimidad al fallo final, sinónimo de garantía en la justicia.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTOS
Gracias a quienes nos acompañaron durante el desarrollo de la investigación, cuyos aportes fueron significativos.
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