El objetivo general de la investigación fue analizar jurídicamente el cambio de hábitos en la seguridad ciudadana. Caso: centro de rehabilitación social de Cotopaxi. Ecuador. La presente investigación utilizó el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplicó el método inductivo-deductivo. Se planteó además el método analítico-sintético. Se concluye que, Las sociedades demandan cada vez más el deber del Estado de proporcionar seguridad ciudadana y de propiciar la convivencia pacífica de todos sus miembros; para lo cual se endurecen las políticas públicas y el sistema de justicia penal que ve un aliciente en estructuras físicas que permiten el control de aquellas personas que han delinquido y que la propia sociedad percibe como elementos que deben estar al margen hasta tanto cumplan con sus sanciones y puedan reinsertarse en la sociedad como personas productivas.

Descriptores: Preso; prisión; administración pública. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The general objective of the research was to legally analyze the change of habits in citizen security. Case: Cotopaxi social rehabilitation center. Ecuador. The present research used the quantitative method which produces descriptive data, originating from data collection. Supported by the documentary-bibliographic review. In addition, the inductive-deductive method was applied. The analytical-synthetic method was also used. It is concluded that, Societies increasingly demand the duty of the State to provide citizen security and to promote the peaceful coexistence of all its members; for which public policies and the criminal justice system are hardened, which sees an incentive in physical structures that allow the control of those people who have committed crimes and that society itself perceives as elements that should be on the margin until they comply with their sanctions and can be reintegrated into society as productive people.

Descriptors: Prisoner; prison; public administration. (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población determinada, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia. Es decir, que su enfoque se concentra en tratar de atender todas las causas potenciales de los delitos y de la violencia.

En la República del Ecuador, se encuentra vigente en Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019 – 2030, donde se ha decretado que la seguridad ciudadana es uno de los bienes públicos más preciados, porque permite ejercer derechos y libertades para vivir en un entorno seguro, pacífico y de confianza, es más que la mera lucha contra los delitos, abarcando ámbitos como la prevención de la violencia, la cohesión de la comunidad, la resolución de conflictos, la eficiencia del sistema de justicia, la efectividad de la rehabilitación social, entre otros. La violencia es una de las principales preocupaciones de la población, y por ello demanda una respuesta integral: políticas de prevención, control del delito, reparación integral de los daños a las víctimas, y reinserción de las personas privadas de su libertad una vez rehabilitadas. Y, por supuesto, incluye el involucramiento de todos los actores de la sociedad, sean públicos o privados.

En la última reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se ha abordado lo relacionado a la ubicación poblacional de los centros de rehabilitación así como las medidas de seguridad las cuales han de adaptarse en los territorios donde se considere situarlas, en este sentido establece el artículo 694 que para la ubicación poblacional y el tratamiento de las personas privadas de libertad en los centros de privación de libertad, se considerarán diferentes niveles de seguridad, entre los que destacan: 1. Máxima seguridad, 2. Media seguridad y 3. Mínima seguridad, siendo las características de cada nivel ajustados a las normas técnicas que correspondan. Se entenderán por niveles de seguridad, la ubicación física del privado de libertad.

El Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, se encuentra ubicado en la provincia de Cotopaxi, cantón Saquisilí; y como bien se comentó en el párrafo inicial, esta construcción no ha sido bien recibida por los pobladores de la ciudad, quienes consideran que representa inseguridad por lo que han tenido que efectuar cambios bruscos en sus hábitos de seguridad ciudadana, ante el temor derivado de los últimos crímenes entre privados de la libertad que ha conllevado la presencia de personas de dudosa conducta en la ciudad que coincidencia o no ha incrementado el cometimiento de delitos.

En la actualidad y de acuerdo con datos ofrecidos en la página web oficial de la municipalidad de Lacatunga, sus autoridades afirman que sus habitantes transitan por un delicado problema de inseguridad que se repite en el resto de la provincia. Se estima que este fenómeno es atribuido a la presencia del centro de rehabilitación social ya que los pobladores no fueron preparados para convivir con este centro de privación de libertad y que su construcción fue impuesta. A partir de lo que el nivel de inseguridad presente ha traído como consecuencias iníciales el robo de vehículos, accesorios, celulares, ganado, animales entre otros delitos.

Los pobladores, cuestionan las estadísticas de prevención y de seguridad ciudadana ofrecida por las entidades estatales y policiales, donde se asegura que Cotopaxi es la segunda provincia más segura del país. Así mismo, de acuerdo a datos publicados por el Ministerio del Interior, entre enero y junio del 2021 hubo seis muertes violentas, pero en el mes de septiembre del mismo año subió a 14 casos. De los seis delitos medidos por el gobierno, en cinco hay incremento entre el primer semestre del 2021. Estos son robo a personas, a locales comerciales, robo de carros, de motos y de accesorios de automotores. Solo hay una reducción del índice en el robo a casas.

En la presente investigación se plantea como objetivo general analizar jurídicamente

el cambio de hábitos en la seguridad ciudadana. Caso: centro de rehabilitación social de Cotopaxi. Ecuador.

MÉTODO

La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos. (Rodríguez y Pérez, 2017).

RESULTADOS

La construcción y puesta en marcha de un recinto penitenciario o centro de rehabilitación social dentro de las ciudades siempre ha sido un asunto de entraña sentimientos encontrados por parte de los pobladores de los centros urbanos y rurales.

En tal sentido, la construcción y el funcionamiento de dichos centros genera relaciones internas y externas, a la vez que cambia las dinámicas sociales, al crearse, por ejemplo, puestos de trabajo directos e indirectos, así como impactar forma negativa en la economía, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica de los lugares en los cuales estos centros de rehabilitación son edificados. Por otra parte, recientemente un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que en el país se privilegia el encarcelamiento como medida para atender y resolver los problemas de seguridad ciudadana, que resulta en un incremento del encarcelamiento durante los últimos años; a lo que se le suma el abuso de la prisión preventiva, obstáculos legales y administrativos para conceder beneficios e indultos.

Se justifica la adopción de políticas que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a la inseguridad ciudadana en materia de prisión preventiva se refleja en la existencia de legislación que busca privilegiar la utilización de este régimen mediante la imposibilidad de aplicación de medidas alternativas a la misma en determinados supuestos.

Al respecto según la CIDH (2022), destaca que la legislación ecuatoriana prioriza el uso de la prisión preventiva al excluir la aplicación de medidas alternativas por razones que no se encuentran vinculadas con los fundamentos legítimos de la prisión preventiva–peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la investigación. En ese mismo informe, se expone que, dentro de las medidas adoptadas en 2014 para enfrentar la situación de hacinamiento en los recintos penitenciarios del país, se encontró la de construcción de complejos penitenciarios grandes, conocidos como “mega cárceles”, ubicados en lugares alejados de los centros urbanos. Adicionalmente, ha indicado que los mega complejos penitenciarios ocasionan diversas problemáticas, tales como la generación de condiciones contrarias al principio de individualización de la ejecución de la pena, el incremento de la vulnerabilidad de las personas pertenecientes a grupos en situación especial de riesgo, y la dificultad de que los agentes de custodia ejerzan efectivamente el control interno de las instalaciones. Esta situación se observa claramente en la crisis penitenciaria que actualmente atraviesa Ecuador. Resulta alarmante, como se describe la imposibilidad de garantizar la reinserción social a las personas privadas de la libertad.

Dentro de este escenario, se advierte que los recintos penitenciarios como el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, han sido víctimas de la disminución de su presupuesto, falta de personal técnico y de custodia, así como ausencia de políticas públicas penitenciarias, lo que sin lugar a duda va en detrimento de toda la sociedad, y muy especialmente, de los lugares en los cuales se encuentran estos ubicados. De conformidad con un informe de 2014 del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, las zonas de impacto del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, comprende a las provincias de Pichincha y Cotopaxi, cuyos límites son: al norte: Imbabura y Esmeraldas; sur: Bolívar y Tungurahua; este: Sucumbíos y Napo; oeste: Esmeraldas, Manabí y los Ríos; El emplazamiento del proyecto fue priorizado dentro de un área de terrenos de 76 hectáreas, una implantación de 16 hectáreas y 700.000 M² de construcción, está ubicado en el Cantón de Latacunga, Parroquia de Guaytacama, Junto a la Panamericana Sur.

El alcalde de Latacunga relató que, a partir del 2014, cuando entró a operar la cárcel Cotopaxi, la inseguridad aumentó, dicho que corroboran vecinos de La Calera o San Felipe, cercanos a la zona penitenciaria. (El Comercio, 2019). En el mes de julio de 2021, el titular La pesadilla de vivir cerca de la cárcel de Latacunga, en el cual se anota que las personas que viven en los alrededores de la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, no logran conciliar el sueño ante el temor de que se produzca un motín y la fuga de algunas personas privadas de libertad que se escondieron en zonas aledañas (Primicia, 2021).

Del mismo tenor, es la noticia de fecha 10 de agosto de 2021, que lleva por titular: La cárcel representa temor e inseguridad en Cotopaxi, en la cual se plantea que en los tres últimos años, los dirigentes provinciales han enviado numerosos oficios a autoridades locales y nacionales, incluida la dirección del Centro de Rehabilitación Social, en dicho documento solicitaron que en ese centro no se albergara presos nacionales sino solo a los de la provincia; que haya más presencia policial en los poblados y que se retiren los inhibidores de señal que impiden que la cobertura telefónica llegue con normalidad (Opinión, 2021). Se trata entonces de una situación de percepción de inseguridad o de la realidad que viven los pobladores de la localidad de Latacunga, quienes padecen los impactos que significan tener un Centro de Rehabilitación Social como parte de su entorno.

Por otra parte, es menester indicar como factor que incide a las actividades delincuenciales, la situación de pobreza que tiene la zona de impacto del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, particularmente en la Latacunga, según el informe sobre el análisis de vulnerabilidad presentado en 2014 por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Oficina Ecuador, revela que dentro de la variable pobreza, los índices marcados por las necesidades básicas insatisfechas (NBI), las cuales indican que un grupo humano enfrenta mayores niveles de pobreza tiene menor acceso a conocimiento, información, redes sociales, otros, correspondientes al promedio de la población del cantón Latacunga posee niveles de pobreza por NBI superiores al promedio nacional, razón por la cual el nivel de vulnerabilidad por este parámetro es categorizado como alto.

DISCUSIÓN

La existencia de un recinto carcelario o centro de rehabilitación social en las ciudades tiene implicaciones que han sido referidas como negativas, así lo anota Aguilera (2018) al referir como la construcción y puesta en marcha de una cárcel ha representado una crisis urbana, la cual se puede describir como un proceso de deterioro social, que se evidencia en una emigración de los sectores de más altos ingresos a otras ciudades que a su vez conlleva altos índices de hacinamiento poblacional en esas otras ciudades, el cierre de talleres y comercios, el aumento de pequeños almacenes o bodegaje, así como de delincuencia y de un sinfín de actividades que pueden ser consideradas contrarias a las buenas costumbres.

La existencia de un recinto carcelario o centro de rehabilitación social en las ciudades tiene implicaciones que han sido referidas como negativas, así lo anota el mismo autor, al referir como la construcción y puesta en marcha de una cárcel ha representado una crisis urbana, la cual se puede describir como un proceso de deterioro social, que se evidencia en una emigración de los sectores de más altos ingresos a otras ciudades que a su vez conlleva altos índices de hacinamiento poblacional en esas otras ciudades, el cierre de talleres y comercios, el aumento de pequeños almacenes o bodegaje, así como de delincuencia y de un sinfín de actividades que pueden ser consideradas como contrarias a las buenas costumbres.

Por otra parte, no se puede dejar de considerar que la participación ciudadana es un recurso vital en todas las estructuras públicas, especialmente en la toma de decisiones sobre la seguridad ciudadana, el tratamiento de las personas privadas de libertad e incluso la ordenación urbanística del territorio; esto último es descrito por Santos e Hidalgo (2020), al anotar que la participación ciudadana es un concepto utilizado en variables situaciones y escenarios político-administrativos en el Ecuador, desde la última Constitución de 2008, su integración a las políticas públicas y conformación del nuevo Estado se aprecia no solo en la importancia y obligatoriedad que tiene en todos los procesos administrativos y en la toma de decisiones concernientes a las políticas públicas, sino incluso en que llegó a convertirse en un nuevo poder del Estado.

Por otro lado, Anitua (2018) afirma que la cárcel es la sociedad, por lo que en una relación de espejo todo lo que está mal en una se refleja en la otra, puesto que se trata de un sistema que debe ser estudiado e investigado para su comprensión, con la finalidad de atender las principales cuestiones que le aquejan, tanto a la sociedad como a los centros de reclusión.

En este mismo sentido, la seguridad ciudadana, según sostienen Guerrero et al. (2021) dentro de las sociedades democráticas, se deberá enfocar en la seguridad humana, que tiene como centro las personas, sustentada en una articulación institucional (Estado, entes de seguridad y ciudadanía) y en las leyes para procurar mejorar el nivel de vida de las personas y reprimir el delito y la reincidencia. Dentro de este esquema que tienen como epicentro al ser humano, no se pueden ver las personas privadas de libertad y los centros de reclusión o de rehabilitación que los acogen como lugares al margen de la sociedad, sino como estructuras que se necesitan de forma complementaria.

CONCLUSIONES

Las sociedades demandan cada vez más el deber del Estado de proporcionar seguridad ciudadana y de propiciar la convivencia pacífica de todos sus miembros; para lo cual se endurecen las políticas públicas y el sistema de justicia penal que ve un aliciente en estructuras físicas que permiten el control de aquellas personas que han delinquido y que la propia sociedad percibe como elementos que deben estar al margen hasta tanto cumplan con sus sanciones y puedan reinsertarse en la sociedad como personas productivas.

Sin embargo, este proceso resocializador requiere de recintos que permitan desarrollar los esquemas de rehabilitación, lugares que no pueden estar fuera de la propia sociedad, puesto que se busca esa rehabilitación por medio de ejes de tratamiento que involucran tanto a los grupos familiares como a la sociedad en su conjunto. Las situaciones de descontrol que se viven dentro de los centros penitenciarios, que han llevado a motines en los cuales se alcanzan elevados números de heridos y de pérdidas de vidas, así como fuga de personas privadas de libertad, generan sin lugar a duda una percepción de inseguridad en toda la población vecina.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, por motivar el desarrollo de la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Aguilera, C. (2018). La memoria está llena de ciudad: Renovación urbana y memorias subterráneas en la demolición de la cárcel pública en la postdictadura chilena. [Memory is full of city: Urban renewal and subway memories in the demolition of the public prison in post-dictatorship Chile]. Límite: revista de filosofía y psicología, 13(41), 60-69. https://n9.cl/8cppv

Anitua, G. (2018). La necesidad de investigar la prisión (desde afuera y desde adentro) para transformarla. [The need to investigate the prison (from the outside and from the inside) to transform it]. Revista Brasilera de Políticas Públicas, 8(1), 179-194. https://n9.cl/99qrib

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