INTRODUCCIÓN

La seguridad en su contexto global es una garantía para que los peligros y condiciones no provoquen daños de orden físico, psicológico o material, su misión es preservar la salud, el bienestar de los individuos y la comunidad. Otro enfoque, es que la seguridad integral es una sumatoria de procesos y procedimientos que se implementan para proteger los factores: humano, bienes e intangibles contra los riesgos y vulnerabilidades, los elementos psicológicos y físicos que se conjugan en busca de la paz y de un control mental.

Por otro lado, en un contexto enfocado en una base gubernamental y política, la seguridad pública es una competencia exclusiva y privativa, en donde el estado debe garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción según como lo manifiesta la Constitución de la República del Ecuador (2018), este concepto permite desarrollar y fortalecer la seguridad ciudadana.

Por otro lado, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, tiene por objetivo brindar las garantías de seguridad, paz, orden y democracia en el marco del “Buen vivir” para respetar los derechos de las personas naturales, jurídicas, nacionalidades, pueblos y comunidades, sin embargo, aunque las instituciones y entes encargadas de la planificación de seguridad realizan estrategias para poder garantizar una verdadera seguridad ciudadana, estas políticas no se cumplen, pues es muy visible en el entorno social que la estructura de la desigualdad es latente y hoy en día se ha convertido en un privilegio de ciertos sectores con el desplazamiento de la seguridad estatal por la seguridad privada. Las consecuencias colaterales que provoca una zona en donde los niveles de inseguridad no se pueden controlar con la seguridad pública, genera varios problemas sociales que merecen ser tratados para la búsqueda de una solución.

En este sentido, la mejor manera de motivar es con el ejemplo” esta frase lo utilizan los Policías de las Unidades Comunitarias en los diferentes barrios y ciudadelas del país, es por ello que mediante la organización entre la institución de la Policía, autoridades y ciudadanía, se busca la participación activa principalmente de los adolescentes; pues con las activaciones de las mingas comunitarias en los diferentes sectores, se logra evitar problemas sociales como: alcoholismo, drogadicción e integración de pandillas juveniles.

En la presente investigación se plantea como objetivo general analizar jurídicamente el desplazamiento de la seguridad estatal por la seguridad privada.

MÉTODO

La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017).

RESULTADOS

La seguridad ciudadana y la estatal, según los especialistas son un solo conjunto, sin embargo, tienen variables diferentes, las dos están preocupadas por la integridad del ser humanos, bienestar y paz (Pontón, 2015). La diferencia radica en que la seguridad estatal se centra en las acciones de las fuerzas armadas del ecuador, la ciudadanía quiere que se respeten los derechos, el estado cumpla con sus obligaciones y responsabilidades con la población de todos los sectores, por ese motivo se solicita al gobierno mayor atención en la seguridad estatal (Vallejo, 2018).

En el caso de Ecuador, pese al incremento de la inseguridad por varios factores que se ven involucrados aún no se le asigna una importancia a la seguridad ciudadana con presupuestos, políticas a nivel nacional, no se evidencia una agenda de discusión de problemas del desarrollo y formas de vida, con la prioridad del caso, aún existe un desconocimiento de las realidades porqué la inseguridad crece a pasos agigantados, por ellos las políticas de prevención y control, se conservan dentro de un sistema tradicional de la seguridad Pública, donde se determinó la obtención de escasos resultados (Vallejo, 2018).

La diferencia geográfica en el país es determinante se puede evidenciar que Quito cuenta con un plan de seguridad ciudadana, aunque el dato obtenido no garantiza que la información se refiera de forma exclusiva a la inseguridad de la toda la ciudad. Las legitimidades para enfrentar a los problemas utilizan estrategias de pánicos, temor incluso con argumentos para generar inestabilidad política por miedo a la inseguridad porqué es competencia del estado garantizar la seguridad de cada ciudadano, es necesario establecer el origen del fenómeno delictivos, las causas y consecuencias que han acarreado, donde el Estado por su parte radicaliza la represión de la delincuencia creando leyes y estados de emergencia (Tapia, 2016). Se considera que, los latinoamericanos generalmente solicitan a sus líderes políticos que tomen medidas para frenar los altos índices de delincuencia, muchos incluso expresan realizar proyectos, programas, políticas, leyes contra la pobreza, por lo cual, las penas más severas son las opciones preferidas por la comunidad, sin embargo, se antepone la prohibición de prácticas policiales poco éticas en varios países entre esos el nuestro.

En este sentido, Quito como Gobierno local cuenta con un Plan de Seguridad Ciudadana, tienen políticas de seguridad ciudadana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida creando, combatiendo la delincuencia, la inseguridad, creando espacios seguros, de paz para los ciudadanos, la descentralización política en su interior abarca un fraccionamiento horizontal otorgando las competencias. Busca mejoramiento de la confianza en las instituciones de seguridad ciudadana y justicia que operan en la cuidad, a través de una articulación interinstitucional sostenible con presupuesto propio, para la participación en acciones estratégicas basadas en evidencias, frente a amenazas multidimensionales como pandemias, desastres naturales, como una rendición de cuentas y transparencia frente a la comunidad.

El Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público (COESCOP), en el artículo 64 numeral 6.- ministro o ministra. - coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados su participación en la construcción de la política de seguridad ciudadana, protección interna y orden público, es importante mencionar quienes conforman los organismos de control y seguridad según sean sus funciones y competencias en el Art.2 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, enfoca que las disposiciones de este código son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y se rigen al mismo las siguientes entidades; numeral 5 Entidades complementarias de seguridad de los gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos; literal a) Cuerpos de Control Municipal o Metropolitana; b) Agentes civiles de tránsito c) Cuerpos de Bomberos.

Por otro lado, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COTAD), en el artículo 54, literal n) menciona.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal crear y coordinar los concejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularan y ejecutaran políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre protección, seguridad y convivencia ciudadana. El Gobierno Central con el apoyo de sus organismos de control previo a investigaciones realizadas a nivel macro en todo el territorio nacional tomando como pauta la evolución de la delincuencia provocando un gran malestar e inseguridad en los ciudadanos ha publicado los denominados libros blancos que son planes que abarcan específicamente el tema de la seguridad ciudadana.

Se considera también lo que especifica el Código Integral Penal Ecuatoriano (2014) en el Art. 189.- Robo. - Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si se ejecuta el robo utilizando sustancias que afectan la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado será sancionado con una pena privativa de cinco a siete años. Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con una pena privativa de libertad de siete a diez años. Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

DISCUSIÓN

La llegada de las empresas de seguridad al Ecuador que aun principio estaban orientadas a la protección exclusiva de las compañías petroleras, poco a poco fueron ampliando su gama de servicios hasta llegar a la protección de entidades bancarias y hasta pequeños barrios, tal es así que en el país su funcionamiento y operaciones se encuentra regulado por la ley y bajo el control de la Policía Nacional y Ministerio de Gobierno; lo que en sus inicios era un privilegio para unos pocos hoy en día es una necesidad apremiante para el común de los ciudadanos que vive temeroso ante el auge delincuencial.

El cometimiento de delitos en horarios nocturnos en la ciudadela Ibarra de la parroquia La Ecuatoriana, del cantón Quito, provincia de Pichincha, ha conllevado a que los moradores del lugar, se organicen, recolecten recursos de forma autónoma y opten por recurrir a los servicios de la seguridad privada, acudiendo a tan trillado refrán “que sufra la plata, pero no la persona”, por cuanto han sentido que el Estado no ha sido lo suficiente diligente para solventar la inseguridad de las son víctimas, lo que todas luces es evidente con la presencia de guardias privados que tratan de suplir esa necesidad de atención seguridad estatal; y el servicio que no solo se ha limitado a la presencia física de hombres armados, sino a la implementación de cámaras de video en las casas y locales comerciales, instalaciones de alarmas comunitarias y reforzamiento de puertas y ventanas con estructuras de hierro. La seguridad pública es un servicio basado en el marco legal a las garantías individuales, además, corresponde exclusivamente al Estado y sus principales objetivos de seguridad es mantener el orden, bienestar, proteger la integridad de las personas, bienes e información, adicional prever los delitos por ese motivo tiene departamento especializados (Tapia, 2016).

Reducir los índices de violencia en la ciudadela Ibarra; con énfasis en grupos vulnerables; este objetivo es muy relevante porque su alcance está focalizado al cuidado y protección de los grupos vulnerables y a la erradicación de la violencia de género que inicia especialmente desde el núcleo familiar y en los espacios donde se desarrollan actividades de recreación y convivencia ciudadana.

Para disminuir la violencia de la Ciudadela Ibarra, es necesario la existencia de la implementación de eventos culturales y deportivos, pero para ello, la recuperación de los espacios públicos por parte del ente de control del uso del suelo es importante y en su lugar hacer respetar la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias sujetas a fiscalización, la ejecución de juegos de azar o apuestas, y recurriendo a mantener reuniones con los representantes o dueños de los centros de diversión nocturna para que cumplan con los horarios establecidos por la autoridad y respeten el Código de la Niñez de la Adolescencia, protegiendo a los adolescentes en el consumo de alcohol y drogas.

A nivel local, se debe promover las reuniones mensuales de las brigadas comunitarias, sería una modalidad para conseguir la unión del barrio con el objetivo de posibilitar al talento humano policial, liderar procesos comunitarios y desarrollar acciones proactivas, preventivas y educativas para solucionar los problemas de seguridad y convivencia ciudadana, fundamentada en la integración de la trilogía Autoridad local, Policía Nacional y comunidad.

Además, de la identificación y legalización de los comerciantes informales que participan en la feria libre los martes, sábado y domingo en la calle Martha Bucaram de la ciudadela Ibarra, a fin de que se sometan a normas y procedimientos de los agentes de control metropolitano es una estrategia para de esa manera comprometerles con la seguridad del sector.

CONCLUSIONES

Para lograr la tan anhelada seguridad es necesario incrementar el patrullaje por parte de la Policía Nacional, en modalidades a pie, en unidades móviles y en motocicletas de forma permanente en la Ciudadela Ibarra. Reforzar la seguridad con cámaras de video vigilancia conectadas al ECU 911 con un monitoreo permanente, recepción de denuncias telefónicas y respuesta inmediata ante infracciones flagrantes por parte de la Policía Nacional y Entidades Complementarias de Seguridad, debido a que existe una alta afluencia de personas caminando en horarios nocturnos lo que propicia el aumento de robos mediante asaltos a mano armada.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes; por motivar el desarrollo de la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2017). Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. [Organic Code of the Public Security and Public Order Entities]. Año I - Nº 19. https://n9.cl/coescop

Asamblea Nacional (2014). Código Orgánico Integral Penal [Comprehensive Criminal Code]. Registro Oficial Nº 180. https://url2.cl/53c6h

Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador (2008). Constitución de la República del Ecuador. [Constitution of the Republic of Ecuador]. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/i1ch

Asamblea Nacional (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. [Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization]. https://n9.cl/u4059

Asamblea Nacional (2009). Ley de Seguridad Publica y del Estado. Ley 0 Registro Oficial Suplemento 35 de 28-sep.-2009 Ultima modificación: 09-jun.-2014 Estado: Vigente. https://n9.cl/b2ckz

Congreso Nacional (2003). Código de la niñez y adolescencia. [Childhood and Adolescence Code]. Quito.

Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. [Inductive and deductive reasoning within the research process in experimental and social sciences]. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://n9.cl/nx847

El Congreso Nacional (2003). Ley de vigilancia y seguridad privada. [Private security and surveillance law]. Ley 12. Registro Oficial 130 de 22-jul.-2003. Estado: Vigente.

Pontón, J. (2015). Seguridad Ciudadana y Seguridad Pública. [Citizen Security and Public Safety].

Rodríguez, A., y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. [Scientific methods of inquiry and knowledge construction]. Revista EAN, 82, 179-200. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647

Tapia, J. (2016). La Inseguridad Pública. [Public Insecurity] El Cotidiano.

Vallejo, E. (2018). Diagnóstico Sobre Seguridad Ciudadana. [Diagnosis on Citizen Security].

©2023 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).