El objetivo general de la investigación fue analizar jurídicamente la rehabilitación y reinserción familiar del sentenciado por violencia contra la mujer. La presente investigación utilizó el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Se apoyó en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplicó el método inductivo-deductivo. Se planteó además el método analítico-sintético. En conclusión, la rehabilitación con miras a lograr la reinserción social de cualquier persona privada de libertad resulta ser un tema complejo de realizar en la práctica, puesto que requiere no solo de un ordenamiento jurídico acorde y proclive al tratamiento respetuoso de los derechos de estas personas en su condición de vulnerabilidad.

Descriptores: Violencia de género; terapia; derecho penal. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The general objective of the research was to legally analyze the rehabilitation and family reintegration of those sentenced for violence against women. This research used the quantitative method, which produces descriptive data that originate from data collection. It was supported by the documentary-bibliographic review. In addition, the inductive-deductive method was applied. The analytical-synthetic method was also used. In conclusion, rehabilitation with a view to achieving the social reintegration of any person deprived of liberty turns out to be a complex issue to carry out in practice, since it requires not only a legal system that is in line with and prone to the respectful treatment of the rights of these persons in their condition of vulnerability.

Descriptors: Gender violence; therapy; criminal law. (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

El Código Orgánico Integral Penal (2014) consagra dentro de los artículos sobre la rehabilitación de los privados de libertad, la necesidad de la vinculación familiar, de allí surge precisar cómo tiene lugar dicha vinculación en el caso sentenciado por violencia contra la mujer con miras a su rehabilitación y reinserción familiar. Por su parte, Alfocea y Ponce (2019) describen que no existe un perfil ni jurídico ni psicológico homogéneo y claro sobre los agresores en los casos de violencia de género contra la mujer en situación de pareja, aunque se han identificado ciertos patrones que son comunes en determinadas conductas, lo cual permite a los profesionales el preparar los tratamientos para abordar los casos de una forma personalizada.

La rehabilitación de estos agresores que se pretenden vincular nuevamente con sus familias, y muy especialmente, con su pareja mujer, requiere como sostiene Alarcón (2019), de la imposición de la obligación de someterse a unas determinadas reglas de conducta como lo sería el sometimiento a programas para control de la violencia y la agresividad, incluyendo en los casos en que la pena privativa de libertad ha sido suspendida o sustituida.

En este contexto, el eje tratamiento de la vinculación familiar y social dentro del proceso de rehabilitación resulta ser crucial a los fines de evitar una reincidencia por el delito de violencia contra la mujer una vez haya concluido su tiempo de sentencia, lo que además conlleva a la evaluación del riesgo, que según Caballé et al. (2020), en países como España se realiza en dos tiempos, el primero corresponde a la Valoración Policial del Riesgo (VPR) y el segundo la Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (VPER), clasificando en niveles el peligro o la posibilidad de ocurrencia de la situación de violencia de género, en no apreciado, bajo, medio, alto, extremo, a los fines de incorporan medidas de protección policial, bajo la figura de los protocolos se lleva a cabo esa valoración, por medio de dichos protocolos se diseña la forma integral de atención en estos casos (Beltrán, 2019).

La importancia que reviste el tema del tratamiento de la vinculación familiar del sentenciado por violencia de género contra la mujer con miras a su reinserción, como objetivo de la presente investigación, se encuentra como declara Faraout Ait (2020), en las consecuencias de la propia vulnerabilidad y del desamparo que surgen de una situación en la cual la víctima comparte vivienda con su agresor, por lo que este análisis jurídico desarrollara las posibilidades de esa reinserción o si por el contrario es postergar la reincidencia.

En todos estos casos el riesgo de reincidencia no solo coloca a la mujer como víctima sino también a su entorno familiar, puesto que como enfatiza Carrillo (2020), la violencia hacia los niños y adolescentes, hijos o no de la pareja, pero que conviven en el núcleo familiar, suele ser desapercibida sin que se llegue a tomar conciencia sobre su existencia y posibles consecuencias, quedando completamente desprotegidos.

En la presente investigación se plantea como objetivo general analizar jurídicamente la rehabilitación y reinserción familiar del sentenciado por violencia contra la mujer.

MÉTODO

La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017).

RESULTADOS

Según Arguedas (2011), la impunidad, la falta de protección efectiva de las mujeres maltratadas frente a un posible femicidio, las deficiencias en los procesos judiciales, la resistencia a penalizar la violencia contra las mujeres, son algunos de los obstáculos con los que deben enfrentarse las mujeres junto a las dificultades para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, por la indiferencia y la corrupción, entre otros, no solo complejizan la problemática de la violencia contra la mujer.

Aunque como puntualizan, Gómez y Román (2019), dentro del marco del ordenamiento jurídico nacional, toda mujer que sufre violencia por parte de su pareja tiene la posibilidad de denunciarla o de exigir sanción para el agresor. Teniendo como antecedente de la regulación la creación en el año 1994 de las primeras Comisarías de la Mujer y la Familia (CMF) como instancias especializadas de administración de justicia con un modelo de atención integral a las usuarias, orientado a prevenir, atender, juzgar y sancionar la violencia intrafamiliar, particularmente la ejercida contra las mujeres en el ámbito de sus relaciones personales y/o afectivas.

Sin embargo, en aquellos casos en los cuales se logra una sentencia condenatoria por violencia contra la mujer que conforme al COIP puede sancionado con pena privativa de libertad de meses hasta años, de acuerdo a cómo se adecue el tipo penal, la mujer víctima del delito deberá lidiar con los derechos de su agresor como persona privada de libertad a un tratamiento rehabilitador que se basa en el cumplimiento de ejes de vinculación familiar y social.

El eje de tratamiento de la vinculación familiar y social conforma junto a los ejes laboral, educación, cultura y deporte, y salud, la fórmula para la rehabilitación que tiene como perspectiva la reinserción social de la persona una vez que haya cumplido con el tiempo de su sentencia. Estos ejes además forman parte del plan individualizado de cumplimiento de la pena, que consiste en un conjunto de metas y acciones concertadas con la persona, que conllevan a superar los problemas de exclusión y carencias que influyen en el cometimiento del delito, que pueden ser considerados como factores criminológicos, tanto exógenos como endógenos que han dado lugar a la violencia contra la mujer. El COIP consagra como objetivo central de este plan la reinserción y el desarrollo personal y social de la persona privada de libertad, pero nada dice acerca de la participación de la pareja que es la víctima de la violencia que se ha materializado en el delito.

De igual forma, que corresponde a la autoridad estatal tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; incorporando procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, entre esos, adoptando medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; y muy especialmente, estableciendo las herramientas judiciales y administrativas necesarias para asegurar que la mujer víctima de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

Por otro lado, se encuentran los derechos de las personas privadas de libertad, que internacionalmente cuentan con el instrumento que establece las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, conocidas también como las Reglas Mandela, las cuales fueron reformadas el 17 de diciembre de 2015 y en su contenido corresponde a la instauración de los estándares básicos que deben sustentar la política penitenciaria de cada país, en el cual se propone un modelo innovador para la gestión penitenciaria en el siglo XXI (González, 2018), y que si bien no establece de forma expresa el procedimiento de los tratamientos por medio de ejes de vinculación familiar y social desarrollando planes individualizados, esto se puede inferir como el objetivo último de la privación de libertad, que corresponde a la reinserción social de una mejor y más calificada persona.

Asimismo, resultan oportunas las anotaciones realizadas por Marcano y Palacios (2017), que permiten conceptualizar la violencia de género como una transgresión de los derechos humanos, que se traduce en una forma de discriminación contra la mujer, caracterizada por violencia física, sexual y psicológica que producida en el ámbito familiar y en la comunidad. Esa violencia se materializa con actos, prácticas o conductas, activas u omisivas, que van desde los malos tratos, el abuso sexual, pasando por la violencia relacionada con el aspecto económico, que en muchos casos tiene lugar como parte de las agresiones que realiza el marido o del cónyuge, y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, y los demás miembros del núcleo familiar, especialmente los hijos.

En este contexto, el tratamiento por medio de los ejes de vinculación familiar y social como medio de la rehabilitación de las personas privadas de libertad, como propone Machado et al. (2019), se traduce en los ejes de la dignificación de las personas privadas de la libertad, lo que comprende el momento entre la reclusión y la recuperación de la libertad, y que como se mencionó conlleva un plan individualizado a los fines de la reeducación y la resocialización, por medio de la búsqueda del correctivo del delincuente, que tiene, en el caso de los delitos de violencia contra la mujer características y factores criminológicos particulares, que pueden ser de interés e incluso limitar la ejecución de la vinculación con la familia.

DISCUSIÓN

Los autores Miramontes y Mañas (2018), plantean que las mujeres que padecen agresiones por parte de sus parejas frecuentemente presentan una problemática derivada de la fase del ciclo de la violencia conocida como el círculo del maltrato y el retorno con el agresor. De allí la necesidad de atender íntegramente a la víctima de la violencia doméstica o violencia de género, aquella que tiene lugar en las relaciones de pareja, a la vez de que se busquen los mecanismos jurídicos y criminológicos que permitan la reparación integral de la víctima, especialmente en el derecho a la garantía de no repetición de la conducta, una vez que el agresor ha cumplido su sentencia, como parte integrante del derecho que tiene toda persona y en este caso particular, las mujeres a una vida libre de violencia.

En este sentido, Puchaicela y Torres (2019) sostienen que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se constituye en una de las normas que gozan de jerarquía constitucional, por lo cual desencadena una protección preferente con relación de otros grupos de personas reconocidos igualmente por la CRE por encontrarse en algún tipo de situación de vulnerabilidad.

Es así como la normativa constitucional establece ciertos grupos de personas que se encuentran en tales situaciones, por ejemplo, en el caso bajo análisis, la persona privada de libertad se constituye en un grupo altamente vulnerable, por la posibilidad que el sistema penitenciario le quebrado sus derechos humanos; a la vez, las mujeres, las personas mayores, los niños y adolescentes, se constituyen en los principales grupos de vulnerabilidad, cuyos derechos se encuentran comprometidos, por lo que requieren una especial protección y garantía por parte del Estado.

CONCLUSIONES

La rehabilitación con miras a lograr la reinserción social de cualquier persona privada de libertad resulta ser un tema complejo de realizar en la práctica, puesto que requiere no solo de un ordenamiento jurídico acorde y proclive al tratamiento respetuoso de los derechos de estas personas en su condición de vulnerabilidad. Desde el ordenamiento jurídico receptor de las tendencias de reconocimiento y protección de los derechos de las personas privadas de libertad a recibir el correspondiente tratamiento, pasando por la infraestructura física y de personal que requieren los establecimientos del sistema nacional de rehabilitación, como de la puesta en práctica de los planes y programas de rehabilitación que tomen en cuenta la situación particular de cada persona recluida, son todos elementos que convierten en compleja o muy compleja el tratamiento de los privados de libertad en el marco del respeto de sus derechos a un trato digno.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, por motivar el desarrollo de la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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