INTRODUCCIÓN
Con la puesta en vigencia de la Constitución en el año 2008, el Ecuador marca un antes y después sustentada en una norma suprema enfocada en el garantismo de los derechos, es así como bajo esta premisa nace este nuevo Estado de derechos, brindando un panorama de efectividad en el cumplimiento de las normas establecidas y sobre todo preocupado en precautelar la efectiva ejecución de los mismos (Albán, 2018). Este principio o figura procesal, se desarrolla específicamente en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución la misma que refiere y se contextualiza en las garantías básicas del debido proceso y así también lo estipula el Art. 5 numeral 4 del cuerpo penal vigente, estableciendo que toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario (Código Orgánico Integral Penal, 2014).
Se infiere que la presunción de inocencia, es el derecho de las personas a que no se le trate como culpable mientras no exista una sentencia debidamente motivada (Ramírez, 2019); y con base a esto siempre prima el hecho de que se haya desarrollado después del juicio y bajo la imparcialidad del juzgador, que haya emitido su sentencia (Aguirrézabal, 2018). La presunción consiste en un juicio subjetivo, en virtud del cual se considera como cierto un hecho con fundamento en indicios someramente analizados. Es suponer que algo existe y que es indiscutible, aunque no se encuentre probado. Con relación a las presunciones judiciales las cuales se encuentran deducidas por el juzgador por medio de la sana crítica, fundamentado en que deben ser graves, precisas, concordantes y fundamentales (Bustos, 2015).
El Código Orgánico Integral Penal en diciembre del 2019, aprobó las reformas que fueron publicadas en el Registro Oficial Suplemento N° 107 estableciendo en el numeral 20 del artículo 47 del cuerpo legal mencionado, que el juzgador al momento de determinar una sentencia condenatoria, pueda agravar el quantum de la pena, al establecer una circunstancia agravante como es la aprehensión previa de la persona en un delito flagrante, de esta manera dicha disposición legal atenta el principio de inocencia (Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral, 2019).
Se ha tratado mucho respecto de la vulneración al principio de inocencia desde diferentes puntos de vista, sin embargo no existen trabajos anteriores respecto del tema propuesto, puesto que como se evidencia es un tema reciente, cuya norma tiene menos de un año de vigencia y tomando en cuenta la realidad que se ha estado viviendo no han existido investigaciones al respecto, pero no debemos olvidar que este particular afectaría a los derechos a tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y el derecho a la defensa (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Partiendo que, a la persona sentenciada por una infracción penal, se agravará su situación jurídica, al establecer que contar con una aprehensión previa es decir no habla la norma de una sentencia condenatoria previa, sino que únicamente una aprehensión respecto del mismo delito se agravaría la pena, así haya sido ratificada su inocencia en ese proceso (Chunchilla Fuentes, 2018).
En la presente investigación se plantea como objetivo general analizar jurídicamente la aprehensión previa y la vulneración de la presunción de inocencia.
MÉTODO
La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017). Se aplica una encuesta a 93 abogados.
RESULTADOS
La reforma que se realizó en diciembre del año 2019 al Código Orgánico Integral Penal dio un giro al garantismo de los derechos constitucionales que tanto hace exhibición a la carta magna sobre todo a lo que respecta al principio de inocencia, al integrar dentro en sus novedades un numeral que toma como antecedentes de juzgamiento para la persona que haya sido aprehendido previamente en delito flagrante, sin necesidad de que peste haya sido formulado como responsable de la infracción.
La figura 1 corresponde a la pregunta ¿Considera que la nueva figura de aprehensión previa pone una limitante al ejercicio del principio de inocencia? a lo cual los encuestados dividen su opinión de la siguiente manera, el 90% considera que efectivamente en un estado garantista de derechos, donde prima el principio de inocencia es inaudito que se juzgue por su pasado judicial, sin embargo, el 10% de encuestados no lo considera así.
Figura 1. Figura de aprensión.
Elaboración: Los autores.
La figura 2 corresponde a la respuesta de los encuestados respecto de la pregunta ¿El Ecuador con la última reforma realizada en el mes de diciembre 2019 al Código Orgánico Integral Penal respecto de la figura aprehensión previa refleja lo dispuesto en la Constitución de la República en cuanto a respeto a garantías constitucionales?, ante lo cual se muestran que del 98% de la población encuestada considera que No es un resultado de lo plasmado en la Carta Máxima del Estado, mientras que un 2% manifiesta que la reforma Si es va a la par de lo que manda la ley suprema.
Figura 2. Garantías constitucionales.
Elaboración: Los autores.
La figura 3 demuestra que frente a la pregunta ¿El principio de inocencia puede hallarse limitado con anterioridad a haber tenido una sentencia condenatoria? la totalidad de los encuestados coinciden que en ningún caso puede permitirse juzgarlo sin la aplicación del debido proceso.
Figura 3. Principio de inocencia.
Elaboración: Los autores.
DISCUSIÓN
Desde que entró en vigencia la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 se hablado considerablemente que el Ecuador es un estado social de derechos, y más allá de eso al encontrase adherido a Tratados e instrumentos internacionales da la idea de que es país garantista de los derechos y principios que se plasman en varios mencionados cuerpos legales y, partiendo justamente de esta idea, que se debe mencionar que los legisladores cuando realizan proyectos de ley, deben observar minuciosamente su forma y fondo, para posterior cumplir con un protocolo a fin de promulgar la ley.
Parece que mencionada situación no fue realmente valorada en la reforma que se realizó al Código Orgánico Integral Penal, el 19 de diciembre del 2019, por cuando crean la figura de aprehensión previa cuya finalidad es convertirse en una agravante para sancionar drásticamente a la persona que anteriormente tenga registrado una aprehensión por delito flagrante poniendo en completa evidencia que está yendo contra lo plasmado en la constitución.
CONCLUSIONES
La Constitución de la República ofrece a la sociedad un marco jurídico garantista y coherente que permite el verdadero ejercicio de los derechos propios de una persona como son los derechos humanos y en este caso de las personas que enfrentan un proceso penal en el cual se halla vulnerada su inocencia. Para el efecto es menester aplicar la esencia de los tratados e instrumentos internacionales que han configurado la necesidad de resaltar la maximización de los principios, entre ellos la inocencia.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, por motivar el desarrollo de la Investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
Aguirrézabal, M. (2018). Algunas precisiones en torno a las vulneraciones. [Some clarifications regarding the violations]. Revista Chilena de Derecho Privado, 21, 459-473. https://n9.cl/q50yp
Albán, E. (2018). Manual de Derecho Penal. [Criminal Law Manual]. Quito, Ecuador: Legales. https://n9.cl/o1utt
Asamblea Nacional (2014). Código Orgánico Integral Penal. [Comprehensive Criminal Code]. Registro Oficial Nº 180. https://url2.cl/53c6h
Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador, (2008). Constitución de la República del Ecuador. [Constitution of the Republic of Ecuador]. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/sia
Asamblea Nacional República del Ecuador. (2019). Ley Orgánica Reformatoria Al Código Orgánico Integral Penal. [Organic Law Reforming the Comprehensive Organic Criminal Code]. Suplemento del Registro Oficial No. 107, 24 de diciembre 2019. Normativa: Vigente. https://n9.cl/brn2o
Bustos, J. (2015). Derecho Penal. [Criminal Law]. Madrid, España: Trotta.
Chinchilla Fuentes, L. (2019). La reparación integral de las víctimas con enfoque en la violencia de género. [Comprehensive reparation for victims with a focus on gender-based violence]. Revista De Derecho, (25), 04–21. https://doi.org/10.5377/derecho.v0i25.7419
Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. [Inductive and deductive reasoning within the research process in experimental and social sciences]. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://n9.cl/nx847
Ramírez, B. (2019). Acceso a la justicia como derecho en clave de género: Intersecciones entre los estándares internacionales y el rol de la justicia constitucional en casos de violencia contra las mujeres en Perú y Colombia. [Access to justice as a right in a gender perspective: Intersections between international standards and the role of constitutional justice in cases of violence against women in Peru and Colombia]. Anuario de Derechos Humanos, 11(28), 110-128. https://n9.cl/1aojn
Rodríguez, A., y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. [Scientific methods of inquiry and knowledge construction]. Revista EAN, 82, 179-200. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647
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