La crisis penitenciaria y la problemática carcelaria que se vive en Ecuador, pese a el sistema que está respaldado por la norma internacional y nacional garantizando los derechos humanos, el tratamiento que se ha brindado a las personas privadas de la libertad y el actuar de esta administración penitenciaria no ha sido suficiente, pues sin la voluntad política de los gobiernos de turno no se verá precisada la resocialización. El objetivo de esta ponencia es dar a conocer el carácter de la crisis carcelaria en Ecuador y plantear una discusión que vaya más allá de las respuestas tradicionales frente a esta problemática. Se utiliza en la investigación el método descriptivo utilizando técnica de análisis bibliográfico documental relacionados al tema. Se resalta como el sistema de corrupción que opera en la institución penitenciaria ecuatoriana se funda en una relación personalista sostenida entre funcionario e internos, en un contexto de sobrepoblación y hacinamiento.

Descriptores: Libertad; corrupción; derechos humanos; política. (Tesauro UNESCO)

ABSTRACT

The penitentiary crisis and the prison problem in Ecuador, despite the system that is supported by international and national norms guaranteeing fundamental rights, the treatment given to persons deprived of liberty and the actions of this penitentiary administration have not been sufficient, because without the political will of the governments in power, re-socialization will not be achieved. The objective of this paper is to make known the nature of the prison crisis in Ecuador and to propose a discussion that goes beyond the traditional responses to this problem. The descriptive method is used in the research using bibliographic and documentary analysis techniques related to the topic. It is highlighted how the corruption system operating in the Ecuadorian penitentiary institution is based on a sustained personal relationship between officials and inmates, in a context of overcrowding and overcrowding.

Descriptors: Freedom; corruption; human rights; politics. (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

La investigación tiene por objetivo comunicar los resultados de investigaciones de una manera clara, concisa y fidedigna. Iniciando porque el sistema penitenciario en Ecuador enfrenta un estado de excepción debido a la escalada de violencia dentro y fuera de las cárceles tomando como referencia el penal del Litoral, en el norte de Guayaquil, donde el tiempo se mide en muertos.

Para (Carrión, 2006) La seguridad ciudadana se sustenta en tres instituciones que operan en sistema: policía, justicia y cárcel, donde cada una cumple una función específica. Si una falla, el sistema falla; si la justicia pierde eficiencia, la policía y la cárcel se afectan, siendo causa y efecto de más violencia. La cárcel tiene dos funciones: la disuasión, para inducir a no cometer delitos y la rehabilitación y reinserción de presos a la sociedad. Sin embargo, la cárcel perfecciona y reproduce la violencia –como capital social negativo- bajo la llamada “universidad del delito”. La reincidencia y la nula reinserción lo confirman.

El 28 de septiembre de 2021 se registró una masacre en el Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 de Guayaquil, conocida como la Penitenciaría del Litoral. Este violento episodio involucró al mayor número de víctimas mortales en la historia carcelaria del Ecuador y una de las mayores en América Latina. El levantamiento en el Reclusorio Litoral se debió a enfrentamientos entre bandas criminales que se especializan en el tráfico de drogas. (CDH,2021)

En los pasillos de las principales cárceles del país se escucha entre voces que varias organizaciones quieren llegar a dominar el narcotráfico y también el poder de las cárceles. Todos quieren asumir el poder, es una pelea interna para ver quién se queda con el alto mando en esta organización. Según en la cárcel del litoral la gente de confianza de los altos mandos mueven millones de dólares mensuales.

El objetivo de la presente investigación es el Comunicar, contrastar y constatar los resultados obtenidos en la investigación acerca del amotinamiento ocurrido en la penitenciaría del Litoral de una manera clara, concisa y transparente con la comunidad científica interesada.

MÉTODO:

De tipo descriptiva documental con diseño bibliográfico, se aplicó análisis sociológico jurídico con la finalidad de lograr el objetivo planteado, a partir de la aplicación de la técnica análisis de contenido y método analítico – sintético.

RESULTADOS

La actual situación del sistema penitenciario en Ecuador se ha convertido en el ejemplo por excelencia del fracaso de distintos gobiernos e instituciones públicas en su misión de luchar contra la desigualdad estructural y la violencia. Hasta la actualidad hemos podido evidenciar los antecedentes que se han suscitado por la mala administración y mal manejo de las cárceles en los que se ha podido evidenciar muertes violentas, tráfico de drogas, organización de nuevos carteles dentro de la vida carcelaria.

Durante los últimos tres años estos hechos se han suscitado de una manera continua, ya sea por la rebelión de los PPL hacia el gobierno o por los conflictos entre bandas delictivas para ver quien lidera en la cárcel. (Montaño, 2021) nos dice que:

En el Ecuador hay 38 mil personas en las cárceles. El sistema que los acoge “se ha venido deteriorando por años”, dice Daniela Oña, experta en derechos humanos y personas privadas de libertad. Oña dice que la crisis carcelaria en Ecuador empezó alrededor del 2017 y se intensificó en 2018 cuando Ecuador alcanzó un índice de hacinamiento del 36%, el más alto en los últimos 4 años. Según la Policía Nacional, en 2018 hubo 15 muertes violentas dentro de los centros de rehabilitación social del país. En 2019, la cifra aumentó a 32 y en 2020, a 51. En 2019, la crisis fue tan grave que el presidente Lenin Moreno decretó un estado de excepción en las cárceles que se extendió por 90 días. A pesar de la medida, mientras el estado estaba vigente, 14 personas privadas de la libertad fallecieron en enfrentamientos entre bandas.

El 16 de mayo de 2019, el expresidente Lenin Moreno firmó el primer estado de excepción en las cárceles. 36 meses después la violencia empeoró. Durante el actual gobierno de Guillermo Lasso, desde mayo de 2021, Ecuador ha afrontado cinco masacres al interior de las cárceles, que significaron 276 personas asesinadas. Pero, la peor crisis penitenciaria de la historia empezó hace tres años, cuando el expresidente Lenin Moreno declaró en emergencia a las prisiones en mayo de 2019.

(Vega, 2005) En el Ecuador hay 35 cárceles en 17 provincias, diez son de varones, cuatro de mujeres, 20 mixtas y una de detención provisional. De acuerdo con la región, están distribuidas así: 14 en la Costa, 19 en la Sierra y dos en el Oriente. El 53% de las personas privadas de libertad se encuentran en la Sierra, 45% en la Costa, y sólo 2% en el Oriente. El 60% de las internas y el 77% de extranjeros/as presos/as están en la Sierra. La cárcel más grande es la de varones de Guayaquil, con 3106 personas, equivalente al 31% de la población total. La estructura del sistema penitenciario está compuesta por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS) y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS). La primera institución está encargada de definir las políticas de Estado en materia de rehabilitación social; la segunda funciona como organismo dependiente del Consejo Nacional y constituye la unidad ejecutiva superior de la política penitenciaria. Durante los últimos diez años, las políticas de Estado en materia de cárceles en el Ecuador se han orientado principalmente al ámbito jurídico, en particular al tema de los mecanismos de excarcelación. Por esta razón, en 2002, año en que se desmontaron estos mecanismos legales, se produjo un aumento acelerado de la población penitenciaria.

Se han registrado los más grandes amotinamientos a partir del año 2021, con un ataque coordinado en tres prisiones que dejó 78 muertos, las cárceles del país latinoamericano han registrado más de 300 víctimas en 15 meses. Los incidentes más graves han ocurrido durante el mandato de Lasso, que achaca a los gobiernos anteriores haber sido permisivos con el crimen organizado en el territorio nacional.

Varios testimonios nos demuestran que los presos más afectados han sido los que se encuentran ahí dentro ya sea por alguna multa de tránsito o pensión alimenticia. Como parte de las afectaciones, en medio de estos levantamientos está el hecho del poco acceso que tienen los familiares a información sobre el bienestar de sus seres queridos que se encuentran detenidos en los centros de privación de la libertad. Se ha reprochado en múltiples ocasiones luego de los motines y demás escenarios de violencia que las redes sociales se han vuelto el único medio por el cuál la gente se puede enterar de las circunstancias de vida y seguridad bajo las que se encuentra las PPL. Aquí se señala la falla por parte del Estado en su rol de garante de derechos y su baja capacidad organizativa que permita dar frente a los problemas estructurales de violencia . (Velasco, 2022) dice:

A lo largo de 2021, Ecuador vivió la peor crisis carcelaria de su historia. Durante los meses de febrero, julio, septiembre y noviembre, se produjeron cuatro matanzas en diferentes recintos carcelarios del país que terminaron con la vida de unos 250 presos, cometidas con una brutalidad nunca vista. En febrero murieron 47 personas en motines simultáneos en tres diferentes cárceles (ubicadas en las ciudades de Latacunga, Guayaquil y Cuenca). En julio, la violencia interna cobró la vida de unas 27 personas en la penitenciaría de Guayaquil, lugar donde también ocurrieron las matanzas de septiembre y noviembre, en las que murieron 112 y 62 personas privadas de la libertad respectivamente. Si el sistema carcelario del Ecuador fuera una ciudad, sería, después de Guayaquil, la segunda urbe más violenta del país.

Las cárceles han representado el medio de represión, contención y eliminación del delito. Es entonces, el medio cómo la sociedad impone el o los castigos a aquel o aquellos individuos que transgreden las normas, reglas, leyes, la tranquilidad, etc. Por lo tanto, es un tema importante y de gran impacto en el medio, porque parte de la idea que cualquier hombre o mujer puede caer en ella -la cárcel- en el momento menos pensado, o en el momento menos justo y por ello en situaciones diversas. En distintas naciones, estados y repúblicas, las características de estos métodos, representan el avance de la sociedad o el retroceso de su humanidad. (Monteverde,1998)

En el caso de Ecuador, la seguridad en las cárceles es uno de los principales retos del Estado. Ecuador cerró el año 2021 con un promedio de 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en los centros penitenciarios Los principales problemas que enfrenta el sistema son: el hacinamiento, la falta de infraestructura y personal, presupuesto y agilidad de los trámites judiciales.

Con estos antecedentes, la violencia de las cárceles ecuatorianas constituye el resultado de la aplicación de un modelo de gestión carcelario en el que convergen una sociedad y un sistema judicial que privilegian el encierro como castigo al cometimiento de delitos, lo que ha generado un sobre encarcelamiento, especialmente de gente joven y pobre. Por otro lado, esta situación evidencia a una clase gobernante que impulsa el encierro, pero que da la espalda a la prisión, al tiempo que es negligente con los recursos necesarios para su operación en condiciones dignas y humanas. En estas circunstancias, las cárceles ecuatorianas se asemejan más al modelo de prisión depósito, cuya característica es que busca retribuir a los sentenciados el daño que han hecho a la sociedad, a través del aislamiento y la reclusión, para neutralizarlos frente a la posibilidad de que vuelvan a cometer otro crimen en el futuro.

La seguridad que se brinda a las cárceles del Ecuador es uno de los principales retos del estado, el gobierno ha dado giros en su política, uno de ellos es la aprobación de una reforma legal que esta favorecía el encarcelamiento, incluso para el hurto de bienes menores y flexibilizo los requisitos para dictar prisión preventiva, y hoy en día estas han sido las mas afectadas debido a los enfrentamientos que se dan en las cárceles, sin tener mayor culpa los han golpeado incluso asesinado por dichos conflictos. Por ello los gobiernos se han visto afectados al enfrentar dichas masacres ocurridas durante estos años hasta la actualidad por lo que se ha tomado la decisión de adoptar discursos que se responsabilice directamente de las bandas por las violencias existentes, desconociendo completamente la falta de control, las condiciones humanas y así también como la responsabilidad del estado sobre toda esta situación

En un reportaje publicado por el diario el país al menos 43 reos murieron en un motín, más de cien prisioneros escaparon en el enfrentamiento entre pandillas rivales que se suscitó dentro de la cárcel, familiar de un reo dice haber recibido a la 1 de la mañana una llamada de su familiar dentro de la cárcel que se estaba armando un conducto totalmente desastroso. Según (España, 2022):

Las prisiones ecuatorianas albergan alrededor de 35.000 reos, con un 15% de sobrepoblación, a qué llegamos con esto? que el problema radica en la sobrepoblación de presos que existe a nivel nacional en las cárceles en donde claramente se puede ver la inconsistencia de la administración al igual que la del gobierno. El ministro del interior Patricio Carrillo señala que la mayoría de los reos o casi por no decirlo de otra forma el 100% dice que en informes a simple vista se pudo ver que fueron quitadas la vida con arma blanca y no con arma de fuego, estos actos de violencia se suscitaron en las celdas y pabellones correspondientes.

En promedio un recluso es asesinado cada día en las cárceles ecuatorianas, en el 2021 se registró el acto más violento del sistema carcelario en el país, 300 privados de libertad perdieron la vida.

La seguridad en las cárceles es uno de los principales retos del estado ha tenido la peor cifra de violencia causada por la crisis carcelaria en los últimos 10 años inferior a la taza promedia en América Latina de 17 casos pero muy por encima del promedio mundial de 5,8 según cifras oficiales.

El presidente en ese entonces Guillermo Lasso dijo no tener control de este grave problema que enfrenta el sistema carcelario

DISCUSIÓN

En Ecuador, de acuerdo con el código integral penal (2014) en la rehabilitación de las personas privadas de libertad se considerarán sus necesidades, capacidades y habilidades con el fin de estimular su voluntad de vivir conforme con la ley, trabajar y respetar a los demás. Es decir, el objetivo del centro Rehabilitación de la sociedad es restaurar al individuo privado de libertad para su reinserción social y desarrollo de capacidades. El Reclusorio Litoral, cuyo nombre oficial es Centro de Rehabilitación masculinidad social 1 de Guayaquil, es la cárcel más grande del Ecuador.

Este complejo penitenciario se convirtió en el sitio de la peor masacre de la historia del país. El 28 de septiembre, estalló el "choque de gángsters" según la policía, 118 reclusos fueron asesinados por otros presos. Incompetencia, omisiones, tolerancia, corrupción y coerción de las autoridades, según la (Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2022).

La práctica muestra que el principal desafío para el Ecuador es pleno respeto y aceptación de los derechos de las personas privadas de libertad, además de repetir reglas o leyes para protegerlos, estas políticas generales para restaurar y reformar la reinserción social deben ser efectiva medio y largo plazo, sin perjuicio de las medidas de urgencia necesarias en respuesta a una reciente situación de alto riesgo en Ecuador, donde las violaciones la plenitud de los derechos humanos básicos de las personas privadas de libertad.

Además, el art. 12 del código orgánico penal plenamente reconocido las personas privadas de libertad, así como el derecho a su seguridad, Nutrición adecuada, comunicación, relaciones familiares y acceso a los servicios salud, la prohibición del aislamiento como castigo, la proporcionalidad en castigo disciplinario.

CONCLUSIONES

El sistema de cárceles del Ecuador atraviesa un proceso de crisis institucional profundo que instala, una vez más, en el debate público los alcances, límites y supuestos de la rehabilitación social. El objetivo de este boletín es dar cuenta del carácter de la crisis carcelaria en Ecuador y plantear una discusión que vaya más allá de las respuestas tradicionales frente a la problemática. Tres características definen la situación de las personas encarceladas en Ecuador: la corrupción del sistema penitenciario; la dependencia económica del preso/a de su familia para poder sobrevivir el encierro y la violación sistemática de los derechos humanos de las personas recluidas.

El sistema de corrupción que opera en la institución penitenciaria ecuatoriana se funda en una relación personalista sostenida entre funcionario e internos, en un contexto marcado por la sobrepoblación y el hacinamiento. El estado gasta más por preso porque el sistema está parcialmente privatizado. Finalmente, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y las precarias condiciones de vida que los propios detenidos domésticos consideran como factores contribuyentes a la falta de reinserción social. Es paradójico hablar de reinserción cuando los presos son maltratados y torturados. La crisis carcelaria se agrava y tiene nuevos matices. En Ecuador, por cada 26 privados de libertad hay un agente. La SNAI confirmó que existe un déficit de aproximadamente 2.530 agentes y en octubre pasado reveló que no había presupuesto para la capacitación de más guías. En el 2020, una de las imágenes que revelan la cantidad de armas que ingresan a estos centros sucedió el mes de septiembre pasado cuando se encontraron más de 500 armas blancas en la Penitenciaría del Litoral. En ese centro, 11 reos fallecieron y otras 15 personas (entre presos y policías) resultaron heridos tras un motín en agosto pasado. Según la SNAI, 989 internos se han contagiado, de los cuales 420 pertenecen a la cárcel de Ambato. De ellos, 38 han fallecido por COVID, entre confirmados y sospechosos.

Según la Constitución, las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria. En la línea de tiempo, a partir de la implementación de este modelo, se evidenció un ascenso tremendamente acelerado de la población carcelaria que no tienen comparación con ningún otro momento de la historia.

Los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL) que se encuentran en situación de intramuros están siendo transgredidos de manera progresiva y sistemática, lo cual va en detrimento de los preceptos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y que van en franca armonía con los tratados internacionales. (Intriago y Arrias,2020, p.21). Ecuador atraviesa por una grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural, caracterizada por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral. En este escenario, durante 2021 un total de 316 personas privadas de libertad fallecieron bajo custodia del Estado, y otros cientos resultaron heridas, en una sucesión de ataques violentos ejecutados de manera planificada por grupos organizados conformados por las mismas personas detenidas. Como resultado de la visita y con base en el detallado análisis de distintas fuentes de información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publica el presente informe que tiene por objeto presentar sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en la materia.

Para tal fin, el informe presenta datos sobre la población carcelaria, información acerca de los hechos de violencia intracarcelaria ocurridos en 2021, las causas que han ocasionado estos niveles de violencia, los factores de la crisis penitenciaria, y las medidas estatales para enfrentar esta situación. Según la información recibida, la mayoría de ellas eran personas jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusadas por la comisión de delitos menores. Sobre la identificación de cuerpos de personas fallecidas en estos sucesos, según datos aportados por el Estado, se ha logrado la identificación de todas las víctimas fatales. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022)

En este contexto, se presentan conflictos entre bandas criminales por el control de pabellones y centros penitenciarios, motivados principalmente por ganancias económicas que pudieran obtener a través de negocios ilícitos.

El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), establece que: las Personas Privadas de Libertad constituyen un grupo de atención prioritaria, y deben recibir, por lo tanto, un trato justo y humano debido a su condición. Para lograr ese propósito las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes, deben ofrecer educación, formación profesional y trabajo, y este especial rol le corresponde a cada una de estos ministerios y servicios dependientes.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes; por motivar el desarrollo de la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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