http://dx.doi.org/10.35381/racji.v7i1.1773
Conculcación de los derechos fundamentales del investigado y del sentenciado
Violation of the fundamental rights of the investigated and sentenced person
Adolfo Frank Barreto-Quinteros
adolfo.barreto.84@est.ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca, La Troncal, Cañar
Ecuador
https://orcid.org/0000-0003-4558-8349
Gina Lucia Gómez-De-La-Torre-Jarrin
Universidad Católica de Cuenca, La Troncal, Cañar
Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-1093-0418
Ricardo Agustín Alarcón-Vélez
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Cuenca
Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-1910-8527
Recibido: 10 de enero 2022
Revisado: 10 de marzo 2022
Aprobado: 15 de abril 2022
Publicado: 01 de mayo 2022
RESUMEN
Se tiene como objetivo analizar la conculcación de los derechos fundamentales del investigado a través del pasado judicial, así como indagar la normativa existente a fin de evitar discriminación penal y social en la realidad ecuatoriana. Se llevó a cabo un estudio descriptivo documental, mediante la técnica de la revisión bibliográfica. La conculcación se mide mediante las violaciones de los derechos de las personas, en este caso de las personas que atraviesan un proceso judicial, que cumplieron una pena o que después de las investigaciones pertinentes fueron declarados inocentes, sin embargo, en el estado ecuatoriano en el ordenamiento jurídico no se estructura leyes que colaboren con estos casos, simplemente se instaura que es su obligación respetar, proteger, garantizar y promover los derechos, por esta razón se encontró conveniente la promulgación de políticas públicas que avalen estas obligaciones.
Descriptores: Procedimiento legal; sentencia judicial; tribunal. (Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The objective is to analyze the violation of the fundamental rights of the investigated through the judicial past, as well as to investigate the existing regulations in order to avoid penal and social discrimination in the Ecuadorian reality. A descriptive documentary study was carried out by means of the bibliographic review technique. The violation is measured through violations of the rights of people, in this case of people who are going through a judicial process, who served a sentence or who after the relevant investigations were declared innocent, however, in the Ecuadorian state in the legal system there is no structure of laws that collaborate with these cases, it is simply established that it is its obligation to respect, protect, guarantee and promote rights, for this reason it was found convenient the enactment of public policies that support these obligations.
Descriptors: Legal procedure; legal decisions; courts. (UNESCO Thesaurus).
INTRODUCCIÓN
La necesidad de la comprensión jurídica de la conculcación de los derechos fundamentales del investigado a través del pasado judicial y del sentenciado una vez cumplida la pena, es de suma urgencia que sea efectivizada y garantizada en la esfera normativa, para ello el enfoque que se realiza es a partir de la realidad social a fin de que de manera definitiva no se continúen cometiendo atropellos a los derechos de las personas.
En este contexto, el análisis de las diferentes normas, doctrinas, artículos científicos, estudios de derecho y de los diferentes pensamientos filosófico jurídicos, sistemas jurídicos y los temas propuestos por los profesionales del derecho, van a la par con el desarrollo técnico jurídico de teorías que desencadenen en la creación de seguridad y garantías para el desarrollo de la sociedad en la esfera del respeto a los más fundamentales derechos de las personas inmersas dentro de este grupo de estudio.
Hoy en día en Ecuador el problema legal, penal y social en el que se desenvuelven las personas que han enfrentado una fase investigativa y/o un proceso penal afrontan problemas graves de discriminación en las áreas penal, laboral y social, como es el caso del rechazo en una fuente de trabajo o de los compañeros al estar expuesto o vinculado a casos de delitos, es decir, para el desempeño cotidiano se ven afectados sus más elementales derechos como el buen vivir, la vida digna, al buen nombre y la honra, en virtud que no hay normas claras predefinidas.
Como se presenta en la Constitución de la República del Ecuador se garantiza los derechos de la población en general, sin embargo, en el Código Orgánico Integral Penal no se cuenta con normativa concreta para el análisis y consideración de la supresión de datos de identificación de los registros informáticos de los sistemas del procesado una vez que cumplió la pena, de aquel que no recibió sentencia, fue sobreseído o siendo sentenciado se confirmó su inocencia.
En este sentido, existe una violación del derecho al honor cuando los datos de las personas que son evidenciados a la luz pública, resultan erróneos o faltos de veracidad, así como los datos que constan en el Sistema Informático de Trámite Judicial. Entonces, habrá simultáneamente violación del derecho a la propia imagen y del derecho al honor. Esta manifestación puede lesionar un bien jurídico protegido, como el derecho al honor de las personas que son escrachadas en redes sociales (Galiano-Maritan & Tamayo-Santana, 2018).
Es preciso reafirmar que la conculcación, se basa principalmente en el incumplimiento o violación de una ley, sin embargo, al no existir una normativa jurídica no están claros los derechos de cualquier persona en las investigaciones, a través del pasado judicial, como se determina en este tema de estudio (García-Villanueva & Luján-Ponce, 2018).
Dentro de este orden de ideas, es importante la creación de leyes o normativas dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP), orientado a la supresión de datos en casos determinados, previamente estudiados de aquellos justiciables inmersos en causas de bagatela y delitos que no atenten a la estructura del Estado; así como, el retiro inmediato de datos en aquellos delitos que culminaron en archivos definitivos, extinción de causas, sobreseimientos y condenas absolutorias. Estos procedimientos pueden constar en diversos sistemas informáticos como en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE, SAI Fiscalía y el Sistema Administrativo de la Policía Judicial y Nacional Ecuatoriano.
En función de lo planteado se propone como objetivo analizar la conculcación de los derechos fundamentales del investigado a través del pasado judicial, así como indagar la normativa existente a fin de evitar discriminación penal y social en la realidad ecuatoriana.
METODOLOGÍA
En la presente investigación, se llevó a cabo un estudio descriptivo documental y exploratorio, siendo necesario destacar la técnica de la revisión bibliográfica que advierte las causas y las características de la conculcación de los derechos fundamentales del investigado a través del pasado judicial y del sentenciado una vez cumplida la pena, así como de la falta de normativa que supere el vacío legal en cuanto a una verdadera reinserción a la sociedad civil. Se parte de la investigación descriptiva porque es necesario puntualizar las características del problema expuesto, así como de los procesos con criterios sistemáticos para entender y establecer la estructura de la investigación, por los que la información que se desarrolla se presenta organizada y comparable.
Se realizó también, la investigación de forma exploratoria para lograr conseguir información estructurada, a fin de comprender el problema de la conculcación de los derechos más fundamentales de los investigados, se consideró esta propuesta por la falta de la normativa en el Régimen de Derecho Penal Ecuatoriano. Es decir, este tipo de investigación se llevó a cabo porque existe nociones que no se han investigado previamente y se presenta un gran interés por analizar sus características (Ramos, 2020).
Por otra parte, en cuanto a las técnicas y procedimientos de la investigación por tratarse de un estudio descriptivo, se estableció el fenómeno investigado a través de referencias y revisión documental, tanto de literatura nacional como extranjera, para la construcción del conocimiento. En este sentido, para llevar a cabo la investigación, la información se obtuvo de las principales bases de datos entre ellas se precisó Latindex, Scielo, Dialnet, Redalyc, Scopus y Google Académico, se tomó como relevancia los estudios publicados en los cinco últimos años.
Además, se indagó el régimen jurídico ecuatoriano que reglamenta el tema de estudio, para referirse con información de aquellos que han pasado por procesos penales en cualquier etapa del pasado judicial. Finalmente, se realizó en análisis del régimen jurídico de la conculcación de los derechos en Argentina, Bolivia y Colombia, para su posterior contraposición.
ANÁLISIS
En el régimen normativo ecuatoriano, no se presenta una determinación concisa sobre la conculcación de los derechos fundamentales del investigado a través del pasado judicial, por lo cual es un tema que necesita discusión en el entorno jurídico, por la discriminación penal o social que puede ocurrir en el ámbito que se desarrolla estas personas, en consecuencia, se expone una explicación detallada para entender las nociones principales de la investigación planteada.
Los individuos que atraviesan un proceso penal generalmente poseen la incertidumbre de admitir una sentencia y por lo tanto la facultad de recibir un fallo judicial, lo que deriva un antecedente judicial. La sentencia que recibe una persona se plantea a partir de la normativa del ordenamiento jurídico, este procedimiento parte de demostrar o justificar la pena correctamente probada y considerando los derechos constitucionales, puesto que, si la sentencia no cumple con las garantías especificadas, las autoridades deben prescindir de emitir una sentencia condenatoria, lo que resultaría la ratificación de inocencia al sujeto procesado (Torres, 2020).
Adicionalmente, la sentencia se singulariza por definir un delito con parámetros congruentes que motiven la decisión del juez, la autoridad debe pronunciar si se prueba o accede a excepciones enunciadas en el litigio (Toscano-López, 2016). En este contexto, es pertinente mencionar que existen dos tipos de sentencia, las mismas que se deciden al culminar la audiencia oral de un juicio. La sentencia se puede manifestar absolutoria o condenatoria. La primera se presenta cuando el juez o jueza dicta la resolución al no comprobar un delito, se presenten dudas de los hechos o responsabilidad del procesado. Por otro lado, la sentencia condenatoria corresponde a la decisión que manifiesta el juez al comprobarse la presencia del delito y la responsabilidad del culpable (Guerra, 2011).
En la sentencia condenatoria, una vez que se realiza el dictamen, el sistema judicial instaura el pasado judicial o los antecedentes penales del procesado, con la debida certeza que se establezca la ejecutoriedad al terminarse todos los recursos previstos en el ordenamiento jurídico (Torres, 2020).
En este sentido, los antecedentes penales se establecen como un medio para constatar las circunstancias jurídicas y relevantes asociadas a procesos penales. Este procedimiento se configura en un componente principal para conocer el pasado y a su vez valorar el presente y las consecuencias del futuro del procesado (Carnevale, 2016). Se encuentra una creencia a nivel mundial que generaliza los antecedentes penales, las mismas que causan consecuencias en el entorno de una persona, como su futuro laboral y por ende el ejercicio de sus derechos (Larrauri, 2015)
En Estados Unidos un porcentaje que va del 50% al 80% de empresas, antes de contratar a un aspirante, examinan el pasado judicial, en ciertos casos lo realizan porque así lo exige la ley y en otras circunstancias lo hacen de manera voluntaria (Blumstein & Nakamura, 2009). Este procedimiento es considerado para reducir la responsabilidad civil, al no contratar a personas que supuestamente son menos fiables y se evita futuros delitos efectuados por empleados, sin embargo, esto deriva a la discriminación laboral tanto en el sector privado como público. Esta discriminación en ciertos países no está sancionada, puesto que no existe leyes que promulguen la conculcación de los derechos, pero que si avala la prohibición de contratar personal con pasado judicial.
Ahora bien, el desarrollo de los antecedentes penales, se precisan como la historia del contexto de control estatal, a partir de este método se obtiene un tipo de insignia o marca que distingue al “delincuente”. Se debe transformar este sistema de marcas en un sistema mayormente civilizado, para obtener un método menos implacable y evitar generalizar el desarrollo del sujeto sometido a proceso (Carnevale, 2016).
Este mecanismo, genera que se mantenga un estándar de inferioridad y minimiza las oportunidades de vida, las personas con pasado judicial en gran parte de los escenarios sociales pueden ser reservados y evitar su divulgación, sin embargo, en el ámbito laboral se sujetan a supervisión y verificación de los antecedentes para la integración laboral, es decir en este ámbito el obstáculo es mayormente riguroso (Gastón, 2018). Sin duda alguna, en el caso de la integración en la sociedad, es entendida como una labor compleja, debido a la variedad de acepciones que le dan a esta noción, ya que no solo se basa en la ausencia de conducta delictiva, ni en las escasas prácticas y desarrollos teóricos.
La reinserción social es considerada un derecho para todas las personas privadas de la libertad, debido a que, en el proceso penal, parte de su labor es la rehabilitación para que un individuo pueda convivir en su entorno al cumplir su condena, es decir, los estados poseen la responsabilidad de llevar a cabo acciones dentro de una penitenciaria, para que las personas concreten procedimientos para adaptarse a la sociedad con mayor facilidad y con posibilidades de que su vida se aleje de los delitos (Astudillo, 2020).
Por otro lado, se hace alusión los casos de las personas que tuvieron un proceso judicial, resultaron inocentes del delito que se involucraba, además al no detectar las pruebas suficientes para llevar a cabo una sentencia, es pertinente fijar una reparación civil, por el hecho de vulnerar los derechos a la presunción de inocencia, es decir, se lleva a cabo estos procesos en personas que recibieron sentencias absolutorias (Veliz, 2018).
Evidentemente, el inconveniente principalmente radica al efectuar equivocaciones judiciales, por lo que es fundamental que el estado y por ende de las autoridades correspondientes, tengan la obligación de resarcir el daño del individuo declarado inocente, ya que este ha sido afectado y vulnerado el principio del debido proceso y por ende sus derechos (Ballena, 2021).
Además, se considera que apartar indefinidamente del mercado laboral a personas que tienen antecedentes penales, implicaría la imposición de una pena con frecuencia mucho más grave de la merecida (Larrauri & Jacobs, 2011). En este sentido y con lo expuesto, se prevalece la conculcación de los derechos de las personas que atraviesan estos procedimientos del ámbito jurídico, por lo que se puede mencionar que la violación de un derecho económico, social o cultural ocurre cuando el Estado incumple su obligación de garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de esos derechos sin discriminación o cuando no satisface su obligación de respetar, proteger o hacerlos cumplir. A menudo, la vulneración de uno de esos derechos está vinculada a la violación de otros (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009).
Al mismo tiempo, la conculcación de los derechos, se refiere o se mide en base a las violaciones de estos. Es decir, los derechos humanos están compuestos por obligaciones generales, como respetar, proteger, garantizar y promover los derechos (Serrano y Vázquez, 2013). Para otorgar cumplimiento de los derechos se debe tomar como base las políticas públicas, leyes, normativas o instrumentos institucionales de cada país, sin embargo, el incumplimiento de estas obligaciones, permitirá revisar las violaciones que se efectúan a la misma (Cardona, et al. 2018).
De igual forma la Convención Americana sobre Derechos Humanos manifiesta que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; adicionalmente describe que ninguna persona puede ser tratada con injurias o tratos abusivos a su vida privada, tanto de su familia como de su entorno general, no se permite que sufra ataques ilegales a su reputación. Es decir, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra cualquier injerencia o agresión (Organización de los Estados Americanos, 1969).
Con lo establecido en este apartado, no se encuentra información pertinente para la conculcación de los derechos, por lo que en el caso de sentencias condenatorias y que cumplieron su pena, en las circunstancias de las sentencias absolutorias, personas que fueron sobreseídas o siendo sentenciadas se confirmó su inocencia, debe existir un procedimiento penal expedito, al que pueda acceder cualquier persona. Es decir, se debe proceder con las autoridades pertinentes para que se resuelvan los casos que deban ser analizados para su posterior supresión de los registros informáticos de los sistemas que, sin duda, con la propuesta del análisis de datos, coadyuvaran a la reinserción a la sociedad cumpliendo así el fin del Derecho Penal que no solo consta de la aplicación de la pena sino el mantenimiento y consecución del bien común de la sociedad.
En este apartado se resalta el marco normativo nacional e internacional, así como la identificación de los principales elementos que influyen en la conculcación de los derechos fundamentales del investigado a través del pasado judicial y del sentenciado una vez cumplida la pena. Se tomará en primera instancia el régimen jurídico ecuatoriano desde lo general a lo particular para luego compararlo con países de Latinoamérica. Se hace referencia en primera instancia a la Constitución, la misma que está considerada como la norma suprema, la piedra angular del sistema jurídico de un estado y su supremacía tiene que ser más que una mera declaración (Arévalo-Ramírez & García-López, 2018).
En relación con lo establecido, es importante mencionar que la Constitución de la República del Ecuador al respecto de los derechos de la ciudadanía, determina en el artículo 11, numeral 2 que todos los individuos son iguales y por lo tanto tienen los mismos derechos, deberes y oportunidades, además se precisa que ninguna persona puede ser discriminada por su pasado judicial (Asamblea Nacional, 2008).
En este mismo orden se configura también el artículo 76 de la Constitución, en el cual se encuentra las determinaciones del proceso, el mismo que debe ser definido al cumplimiento de los debidos derechos y obligaciones con garantías de las partes involucradas, de la misma manera, el régimen normativo establece la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, por lo que el procesado debe ser atendido en el momento oportuno y con condiciones equitativas (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Por su parte, se hace énfasis también en el artículo 393 de la Constitución en donde se establece que el estado tiene la obligación de garantizar la seguridad humana mediante políticas y acciones integradas, para fortalecer la convivencia pacífica de la ciudadanía, fomentando la paz y la prevención de cualquier tipo de violencia y discriminación en el país (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Así mismo y adentrándose en el tema de estudio, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014), en el capítulo sobre garantías y principios rectores del proceso penal dispone en el artículo 4 que las personas que intervienen en un proceso penal son titulares de los derechos humanos, los mismos que están establecidos en la Constitución y los diferentes instrumentos internacionales que se encuentran ratificados en Ecuador. Se hace hincapié en esta normativa sobre las personas privadas de la libertad, las mismas que tienen la titularidad de los derechos, sin embargo, con limitaciones por los delitos cometidos sin dejar de lado el respeto a su dignidad.
En el artículo 5 del mismo Código Orgánico Integral Penal determina el derecho al justo proceso penal, con procesos legales, con igualdades y especialmente con el respeto a su inocencia, puesto que se rige en esta normativa que cualquier persona pueda sostener su estatus jurídico de inocencia en tanto que no se efectué una sentencia condenatoria que establezca lo contrario. De igual forma, en este mismo artículo se prohíbe el doble juzgamiento, lo que quiere decir que ningún individuo puede ser juzgado más de una vez por el mismo delito o acción; se plantea también el derecho a su intimidad tanto personal como familiar. En resumidas cuentas, la normativa no ahonda sobre el pasado judicial y como este debe ser suprimido a totalidad en casos de ratificación de inocencia, ni en los casos de cumplimiento de la pena.
Ahora bien, en el año 2012 en Ecuador, se dispuso el certificado de antecedentes penales a partir del Decreto Ejecutivo 1166, el cual determina que este certificado es expendido únicamente por la página del Ministerio de Gobierno y de forma gratuita. Además, como disposición general en este Decreto, se establece la prohibición de exigir como requisito la presentación del certificado de antecedentes penales o record policial, a ningún ciudadano que aspire a un empleo o que realice cualquier trámite en las entidades de los distintos sectores tanto en el público como en el privado (Presidencia de la República, 2012). Con esta facultad las personas que necesitan un empleo pueden llevarlo a cabo con normalidad, respetando los derechos de su entorno laboral.
En relación con los expuesto, existe en Ecuador la rehabilitación de antecedentes penales, la misma que es poco conocida por parte de los profesionales del derecho y de la ciudadanía en general, pero consiste en un trámite que radica en dirigir un oficio al director nacional de la Policía Judicial, detallando los datos personales, firmado por el peticionario y el correspondiente abogado. Con ese oficio, se debe añadir las certificaciones de los tribunales penales de la provincia en donde se ejerció la detención, la misma que debe establecer que no posee causa penal pendiente o la resolución del Juez en la que constituya que finalizó el proceso legal (Carnevale, 2016).
De esta manera, con lo expuesto es posible argumentar que en la normativa jurídica ecuatoriana se presenta tanto el ordenamiento de derechos de la población en general con las garantías debidas, además de los mecanismo de los procesos penales, no obstante, el problema sobre la conculcación de los derechos fundamentales del investigado a través del pasado judicial y del sentenciado una vez cumplida la pena no ha sido desarrollado de forma pertinente, por lo que se convierte en imperiosa necesidad, debido a que esta normativa estaría enfocada a mejorar el eje estatal y salvaguardar este grupo de personas, pues el ejercicio de los derechos se puede regir a partir de los mencionados artículos de la Constitución y del Código Orgánico Integral Penal. En esta misma línea, prevalecen la falta de programas de reinserción social, laboral y económica derivadas en reincidencias delincuencial, por parte del estado ecuatoriano.
Análisis del régimen jurídico de la conculcación de los derechos en Argentina, Bolivia y Colombia
Se presentan los análisis del régimen jurídico en contexto latinoamericano:
Argentina
Desde una perspectiva general, en la legislación penal de Argentina se presenta un determinado Reglamento general de los procesados, establecido en el Decreto 303/96 del primero de abril de 1996, el mismo que estructura las diferentes leyes para el cumplimiento de los derechos de los procesados y de la aplicación del reglamento (Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social, 1996).
En este país, de igual forma se presenta la normativa que regula la Solicitud de Certificado de Antecedentes Penales, este servicio lo establece el Registro Nacional de Reincidencia, en Argentina la legislación presenta que dicho documento para ser entregado posee valores de aranceles de acuerdo con la solicitud del interesado (Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2021).
Con estas regulaciones, se generan varios conflictos en el entorno argentino, puesto que en gran parte de los empleos del sector privado se solicita el certificado de antecedentes penales, no obstante, en este entorno no existe leyes que regulen esta exigencia, sin embargo, en el sector público el reglamento si establece que las personas que aspiren un trabajo, no posean antecedentes penales de ningún ámbito (Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2021). Además, en este país se tiene por función centralizar la información relativa a los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción conforme al régimen que se regula.
Con lo expuesto, se determina que el régimen normativo argentino se encuentra dividido por varios decretos que aclaran cada uno de los procesos del derecho penal, sin embargo, no cuentan con leyes que determinan la conculcación de derechos del investigado a través del pasado judicial y del sentenciado una vez cumplida la pena. Por el contrario, se enfatiza en solicitar certificados laborales a cualquier persona en el sector público, lo que deriva a que la sociedad que han atravesado este procedimiento tenga mínimas oportunidades.
Bolivia
En Bolivia, debido al privilegio de los derechos de solamente una parte pequeña de la sociedad, se originó un mecanismo de reestructuración para la construcción de un sistema jurídico, que restaura la problemática y se distinga los derechos de los distintos grupos sociales que equipara cada una de las condiciones de la población, eliminando cualquier tipo de discriminación, con igualdad y equidad. Es decir, Bolivia intenta en su normativa fomentar los derechos humanos ajustando el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal (Código de Procedimiento Penal aprobado por Ley 1970 de 25/03/1999).
El Código de Procedimiento Penal de Bolivia, en su artículo 441, enfatiza la cancelación de los antecedentes penales, es decir el registro de sentencias condenatorias es eliminado después de trascurrir 8 años de la extinción de la pena privativa de libertad, de igual forma, en el caso que se dictó la sentencia condenatoria, concediendo la suspensión condicional de la pena y luego de tres años de la extinción para las condenas a pena de multa o inhabilitación. Este procedimiento es fundamental en el ámbito jurídico y se refleja en la suspensión condicional, por consiguiente, por orden de un juez el pasado judicial es cancelado del registro y luego de vencer el periodo de prueba pertinente (Código de Procedimiento Penal aprobado por Ley 1970 de 25/03/1999).
Colombia
En este país se rige la Ley 906 del 1 de septiembre de 2004, la cual expide el Código de Procedimiento Penal, con principios rectores y garantías procesales, en concreto en el artículo 1 especifica que las personas que atraviesan un proceso penal deben ser tratados con respeto y priorizando la dignidad humana, además en el artículo 2 se detalla que cualquier persona posee el derecho a que se respete su libertad. Conjuntamente características como la raza, el sexo, la condición social, el origen nacional o familiar, la profesión, idioma, religión o cualquier caso, no deben ser empleados en el proceso penal como factor de discriminación (Senado de la República de Colombia, 2004).
Como parte del tema propuesto Colombia establece en el artículo 15 de la Carta Constitucional el derecho al habeas data, lo que constituye que las personas poseen el derecho a su intimidad familiar, personal y a su buen nombre, además este precedente es sinónimo del derecho a conocer, rectificar y actualizar la información que se señale en bases de datos o archivos de entidades públicas y privadas, es decir en la verificación de información de su pasado con el debido respeto a su libertad y garantías (Asamblea Nacional Constituyente, 2019).
En este orden de ideas, se determina que Colombia carece de regulación expresa a cerca de los antecedentes penales, de la misma forma como sucede con distintos países de Latinoamérica, ocasiona distintas barreras de índole personal, laboral y social. Estas barreras se evidencian en tres puntos principales: la dificultad del procesado para reincorporarse en el entorno social, la infinidad de obstáculos para obtener un empleo digno como repercusión de su pasado y por último la posibilidad de reincidir en acciones que conducen en contra del ordenamiento jurídico (Urán, 2018).
En general en cada marco normativo de los distintos países la noción principal es la dignidad humana, el respeto hacia los derechos del ser humano, evitando la discriminación de cualquier índole. Además, el ordenamiento jurídico intenta establecer políticas públicas para el seguimiento de los antecedentes penales de cualquier individuo, pero no lo enfoca hacia la conculcación de los derechos fundamentales del investigado.
En primera instancia, al analizar la normativa jurídica ecuatoriana y al no encontrar ciertas leyes que deberían formar parte del Código Orgánico Integral Penal, el estudio pertinente se fundamenta en establecer un reglamento jurídico que rija el análisis y consideración de la supresión de datos de identificación jurídica o los antecedentes penales de los registros informáticos de los sistemas del procesado una vez que cumplió la pena, de aquel que no recibió sentencia, fue sobreseído o siendo sentenciado se confirmó su inocencia. Para lo cual, al fijar en la ley la cancelación del pasado judicial, se debe iniciar con la examinación de los hechos por los cuales atravesó el individuo en el ámbito jurídico.
Posteriormente, se debe tener conocimiento de las actividades que desarrolló después de cumplir una sentencia o haber atravesado una acción por la cual fue involucrado, para finalmente otorgarle este derecho. No obstante, es concerniente que se tomé como referente el artículo 441 del Código Penal Boliviano, el mismo que establece un rango de 8 años para la cancelación de los datos de un individuo, es decir, no se fijaría en el tiempo que este país obliga para proceder con la eliminación, si no con el periodo de prueba necesario.
Se entiende que el derecho a la honra e imagen es un derecho humano, sin embargo cada delito es particular y no se puede vincular unos con otros en términos de gravedad, para lo cual para lograr obtener el tiempo que se debería eliminar la información del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE, SAI Fiscalía y el Sistema Administrativo de la Policía Judicial y Nacional Ecuatoriano, en Ecuador, se debería llevar a cabo un estudio de campo, el mismo que se presentaría con el seguimiento de la realidad actual del país, esto significa que se estudiaría distintas personas como una muestra estratificada, para conocer el entorno en el que se desarrolla, la necesidad por la cual es importante la obtención de este requisito y los daños que acarrea formar parte de procesos legales.
Con este conocimiento, se podría establecer el periodo para la cancelación del pasado judicial, es decir a través de la vivencia y del contexto ecuatoriano promulgar leyes que ayuden a la ciudadanía y no simplemente se presenten como una exigencia más que no contenga un análisis previo. Además, se debe fomentar los programas de reinserción a la sociedad, el cual consiste en establecer estrategias para ayudar a los sentenciados con proyectos que se fundamente en el trabajo, además de capacitaciones que mejoren su entorno tanto laboral como social.
Al llevar a cabo estas acciones no solo se respeta los derechos de los ciudadanos (ley que debe cumplir y hacer cumplir el Estado), se fomenta la paz y las garantías de seguridad en el país. Esta programación no solo se debería realizar una vez cumplida la pena, se debería mantener un seguimiento de al menos 8 años posteriores en favor de las personas que cumplieron una sentencia, partiendo también del tiempo de la última condena y el número de anteriores condenas.
Se debe obtener un mayor apoyo institucional en las cárceles del país, puesto que, al obtener una gran población carcelaria en todo el país, existe hacinamiento y los individuos se dedican a sobrevivir de sus “propias leyes”, lo que genera una problemática aun mayor dentro de las penitenciarías.
Al mencionar el hacimiento de las cárceles, es una problemática que se vincula a los antecedentes penales del individuo, en este sentido se obtiene un claro ejemplo del número de causas ingresadas al sistema judicial del cantón la Troncal, entre los años 2018 al 2021 existe alrededor de 2712 causas ingresadas por contravenciones y delitos y 6415 expedientes por archivos de investigaciones previas, actos urgentes y aplicaciones de principios de oportunidad. En el año 2022 entre los meses de enero a marzo el número de causas están en 91 y ya existe 263 expedientes (datos tomados por los autores en visita al Sistema Judicial Ecuatoriano, 2022). Con esta información se denota el gran número de delitos en el sistema judicial y por ende un trabajo arduo en las penitenciarías del país.
CONCLUSIONES
La conculcación se mide mediante las violaciones de los derechos de las personas, en este caso de las personas que atraviesan un proceso judicial, que cumplieron una pena o que después de las investigaciones pertinentes fueron declarados inocentes, sin embargo, en el estado ecuatoriano en el ordenamiento jurídico no se estructura leyes que colaboren con estos casos, simplemente se instaura que es su obligación respetar, proteger, garantizar y promover los derechos, por esta razón se encontró conveniente la promulgación de políticas públicas que avalen estas obligaciones.
En este estudio se encontró la prevalencia de la discriminación en el ámbito laboral por la falta de normativa jurídica sobre el pasado judicial, el mismo que debe estar acompañado de la reinserción social. Debido a que en general la discriminación en ciertos países no está sancionada, puesto que no existe leyes que promulguen la conculcación de los derechos, pero que si avala la prohibición de contratar personal con pasado judicial.
Además, se realizó una contraposición del régimen normativo de países de Latinoamérica, para entender las acciones que cada uno realiza, en el caso de Argentina, la mayor problemática que experimenta es la exigencia del certificado de antecedentes penales, el mismo que trae consigo la discriminación en el entorno de trabajo, en base al temor de contratar personal con pasado judicial y que infrinja algún tipo de delito dentro de una empresa.
En el caso de Colombia, no mantiene leyes claras sobre la eliminación de los antecedentes penales de un individuo, sin embargo, este país cuenta con la denomina habeas data, la misma que se enfoca en el derecho de cada ciudadano para conocer, rectificar y actualizar la información que se señale en bases de datos del sistema penal o archivos de entidades públicas y privadas.
Otro país que fue pertinente indagar es Bolivia debido a que, de los países analizados, es el único que contiene una ley para la cancelación de los antecedentes penales, el cual parte de un periodo de prueba para obtener este derecho.
En resumen, se determina que países como Argentina requieren de un certificado de antecedentes penales en el sector público para contratar a un empleado, en Colombia y Ecuador, no existe un reglamento jurídico claro que permita a los individuos ampararse de leyes que protejan este derecho y solamente Bolivia tiene una ley que posibilita la cancelación de los antecedentes penales, al analizar el pasado judicial de los implicados.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Católica de Cuenca; por motivar el desarrollo de la investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
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